Este artículo analiza los factores que llevaron a personas sin activismo político previo a participar en la campaña del movimiento de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
This paper examines the factors that led people without previous political activism to take part in the campaign of the PAH’s (
El mercado de alquiler de viviendas en el Estado español está por debajo de la media europea. Las causas de esta inferioridad de arrendamientos se remontan medio siglo atrás (Alguacil Denche
En 1998 hubo un punto de inflexión en la historia de la vivienda en el Estado español, con la aprobación de la ley del suelo. Esta ley llevó a la liberalización de las recalificaciones del suelo y se transfirieron las competencias de urbanización de este a las comunidades autónomas y a los gobiernos locales, sin mecanismos de control. De este modo, el nuevo contexto desembocó en un auge de la construcción de nuevos edificios; de las 200.000 viviendas iniciadas al año durante el período 1990-1995 se pasó a las 400.000 en 1998 y a las 500.000 al año entre 1999 y 2003, llegando al máximo con más de 650.000 durante el período 2004-2007 (Alguacil Denche
Con relación al derecho a la vivienda y a las políticas para desarrollarlo, en 1978 la nueva constitución española incluía el derecho a la vivienda en el artículo 47
Otro factor importante en esta investigación es la ley hipotecaria vigente, escrita y aprobada en 1946 durante la dictadura franquista. Entonces las hipotecas no estaban tan extendidas y eran pactadas por períodos cortos. En el año 2000 se produjo otro hecho relevante: el gobierno español alteró la ley estableciendo que los titulares de las hipotecas pasarían a ser plenamente responsables de la totalidad de la deuda aunque no pudieran pagarla y el banco hubiese embargado dicha propiedad, con la agravante de que la modificación también establecía intereses de demora y costas judiciales.
En los casos en que los titulares contrataran una hipoteca por primera vez, o las hipotecas supusieran más del 80% del valor económico de la vivienda, era necesario tener avalistas. Estos avalistas podían pasar a ser responsables de la deuda en el caso de que los titulares no pudiesen pagar, como sucedió en muchos casos (Palomera,
La entrada del Estado español en la Unión Europea permitió a los bancos ofrecer créditos a un interés más bajo, al mismo tiempo que les llevó a vender más crédito para incrementar los beneficios (Naredo,
En 2008, cuando el mercado hipotecario de Estados Unidos entró en crisis, la economía española cayó en recesión. El incremento de precios en los inmuebles se detuvo y su venta empezó a disminuir. Dentro de este contexto, también la denominada economía real se resintió y la tasa de desempleo empezó a subir, llegando al 27,16% en el primer trimestre de 2013 (véase
La exclusión social debida a factores residenciales se incrementa (Alguacil Denche
Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial publicó que entre 2009 y 2015 se realizaron 580.000 ejecuciones hipotecarias (véase Poder Judicial España.
El movimiento social llamado Plataforma de Afectados por la Hipoteca surgió en Barcelona en febrero 2009 para apoyar a las personas en riesgo de ser desahuciadas. Se han formado grupos en diferentes ciudades y pueblos que por sí mismos se coordinan en reuniones periódicas, en las que los afectados explican su situación, y otras personas, en su mayor parte afectadas también, proponen acciones, comparten vivencias, así como su conocimiento burocrático y legal. En diciembre de 2015 había en Cataluña 78 grupos de la PAH constituidos (véase Cómo
La finalidad de la PAH es la de trabajar por el derecho a una vivienda digna, denunciando la especulación y acumulación de inmuebles vacíos que ha caracterizado la expansión del urbanismo, sobre todo en la primera década del siglo XXI. Así, las acciones de la PAH apelan al derecho a la vivienda contemplado en el artículo 47 en la constitución española, y también en tratados internacionales como la carta de los derechos humanos.
La PAH ha desarrollado diferentes campañas. Cabe destacar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular la dación en pago retroactiva y otros aspectos
La campaña
El código civil español establece que la vivienda tiene una función social y que los edificios vacíos no están realizando dicha función. En este marco la campaña
La campaña de la PAH ofrece los edificios vacíos a personas y familias vulnerables que no tienen alternativa habitacional, exigiendo a los gobiernos (el español, los regionales y los locales) y a los bancos una negociación para obtener un alquiler asequible para esas familias. La selección de los individuos se hace según criterios económicos y en función de sus posibilidades de encontrar alternativas habitacionales. Hay otros criterios, como la existencia de menores, que se acuerdan en cada núcleo de la PAH. Las personas que entran a vivir en un edificio de la PAH necesitan acreditar sus ingresos y la ausencia de alternativas habitacionales a través de un informe de servicios sociales.
De 2011 a 2014 hubo 40 bloques de pisos ocupados y aproximadamente 3.000 personas realojadas en el Estado español; algunos bloques lograron el alquiler social
Finalmente cabe mencionar y contextualizar la existencia del fenómeno
A mediados de la década de los 90, en toda Europa hay cambios significativos en el movimiento
Dada la naturaleza de la pregunta de investigación, ¿cuáles son las razones que llevan a personas sin activismo político previo a participar en la campaña de ocupaciones colectivas
La muestra consiste en dieciocho entrevistas a diecinueve personas mayores de edad, que participaban en el momento, que habían participado, o que habían ayudado a participar (en el caso del portavoz) en la campaña
Fuente: Elaboración propia.
En los casos de Salt y de Barcelona las personas ya no vivían en pisos ocupados, sino que habían conseguido un alquiler social u ocupaban por su cuenta
Como se recoge en la
La mayoría de las personas entrevistadas, concretamente catorce de diecinueve, tenían hijos conviviendo con ellas en los pisos ocupados. De las personas entrevistadas seis eran mujeres solas con sus hijos, que en la mayoría de casos no recibían la pensión correspondiente por parte de sus exparejas. Finalmente, en términos de inmigración, ocho de las personas entrevistadas eran nacidas fuera del Estado español, concretamente en países de Sudamérica y de África. Ninguna de las personas entrevistadas había estado previamente implicada en luchas sociales o en entidades reivindicativas (excepto el portavoz).
El objetivo de las entrevistas era analizar las experiencias de los interlocutores en la PAH y su discurso en torno a la legitimidad de las prácticas de desobediencia civil en las que estaban o habían estado implicados. Se ofreció anonimato a los interlocutores para protegerlos de represalias a causa de su implicación con las prácticas de desobediencia civil. En cuanto al lugar de la entrevista, fue generalmente en casa del entrevistado.
En este estudio se han usado diferentes teorías para aproximarnos al fenómeno estudiado en su complejidad. Ciertos elementos coyunturales como la crisis financiera global, la función social de la vivienda, el análisis del movimiento
Harvey (
Irene Sabaté (
En la ausencia de un inmueble donde vivir, como serían los casos de desahucio o sinhogarismo, la pérdida afecta a los espacios donde se lleva a cabo parte de la vida diaria como ya se ha mencionado anteriormente, propiciando la exclusión social. Además, Sabaté (
Con relación a las ocupaciones de viviendas en Europa, Hans Pruijt (
Pruijt (
La otra categoría de ocupación significativa para la investigación es la ocupación política, comúnmente conocida como
La desobediencia civil y su uso también es uno de los elementos esenciales que se estudian en esta investigación. John Rawls (
En esta senda la justificación y la comunicación de las acciones de desobediencia civil tienen un rol crucial. Habitualmente la comunicación de las razones y de los derechos que se pretende defender con la acción transgresora busca llamar la atención, para posteriormente crear debate en torno a las demandas y así aumentar la presión hacia un cambio de políticas o de leyes. En ocasiones supone la interpelación a personas con capacidad ejecutiva y legislativa para que ofrezcan argumentos para mantener la ley cuestionada. Partiendo de la base de que la ciudadanía tiende a obedecer la ley, la desobediencia civil se ejerce después de haber recorrido los mecanismos legales a disposición. De acuerdo con Rawls (
Finalmente, Tarrow (
Gamson (
En el análisis de las entrevistas se identificó el proceso de construcción de un relato justificativo del uso de la desobediencia civil y de la legitimidad de la citada campaña. En este apartado se irán detallando algunos de los aspectos más relevantes del análisis del discurso.
En primer lugar, las personas entrevistadas se presentaban como ciudadanos comunes que se habían visto afectados por el contexto de crisis y que en su imaginario no esperaban vivir jamás esta situación. De este modo apelaban frecuentemente a la empatía con el resto de los ciudadanos de clase media o baja, cuyo estatus socioeconómico hasta hace poco compartieron. En su discurso explicitan una autopercepción notoriamente dispar con respecto a los movimientos
Los entrevistados citaban un sueldo digno, la ausencia de deudas y el hecho de regentar un pequeño negocio como características acreditativas de personas cumplidoras con el deber de ciudadanía y poseedoras de una autonomía económica. No obstante, la aparición de dificultades económicas en su vida, como la pérdida del trabajo, la separación del cónyuge o la aparición de una enfermedad que les impedía trabajar (por citar tres de las más frecuentes) había hecho que perdieran la estabilidad y empezaran a tener incumplimientos con los pagos de la hipoteca y con otros gastos básicos. Reiteraban que no se habían podido imaginar que les cambiaría la vida de esta manera, e incluso que se arrepentían de haber acometido ciertos gastos cuando las cosas les iban bien:
“No me había imaginado nunca que tendría que ocupar porque mi padre trabajaba en una empresa en Sallent, era un encargado, cobraba 3.000 euros… por eso es mucho más difícil que bajes. Estás muy arriba. Ahora no trabaja ninguno de los cinco” (Abdelhali).
La responsabilidad de tener hijos conviviendo con los entrevistados era una de las razones que identificaban como determinantes para participar en la campaña de la PAH, ya que sentían el deber moral y legal de evitar que durmieran en la calle:
“Si fuera yo sola en la calle, no pasaría nada. Si fuera con mis hijos es otra cosa. Mis hijos son pequeños aún, la mayor tiene trece años, la segunda nueve años, después uno de ocho años. Y Hannan tres años” (Abbie).
“Si no tengo sitio donde ir, tengo que ocupar, no puedo dormir en la calle con mis hijos y la mañana siguiente los servicios sociales me quitan a mis hijos” (Fatou).
Aparte de tener un techo, aspectos relacionados con los beneficios individuales son citados también por los informantes en términos de políticas afectivas (Sitrin,
Sanae explicó que ella, junto con sus hijos y su marido, había pagado a unas personas para que les abrieran un piso que era supuestamente del banco. Pero al cabo de pocos días, les llamaron informándoles que el piso tenía una orden de desahucio y que se tenían que ir. Ella mencionaba que “el hecho de ocupar con la PAH hace que tengas menos miedo. Sientes que estás protegida y no estás sola”.
Gladys había ocupado por su cuenta antes de conocer la PAH y narraba así su experiencia:
“Aquí en esta ocupación [refiriéndose a la de la PAH] no estás solo, es una acción colectiva, somos mucha gente. Además, tú aprendes que, si cuelgas un cartel anunciando que estás dentro, la policía no puede entrar. También te puedes empadronar con esta dirección en el ayuntamiento. Antes de vivir aquí, ocupé por mi cuenta y estaba muy muy asustada. Entré en la casa a las 3 de la noche, y no salí en dos días porque pensaba: «¿y si me vienen los vecinos o la policía?»” (Gladys).
Haber sido engañados a la hora de adquirir una hipoteca por personas en las que tenían confianza también es citado reiteradamente entre las personas entrevistadas, confirmando la hipótesis de Contreras Jiménez de que se contrae la hipoteca sin tener un conocimiento técnico adecuado.
“Mi director de banca me dijo que yo aseguraba el futuro de mis hijos porque me quedaba con el otro piso, me subrogaron una hipoteca que era de mi ex marido, que solo se debía en ese momento 28.000 euros. Pero claro… dónde llegó mi ignorancia cuando me incluyeron los adeudos de él: hacienda, embargos de hacienda, de tráfico, de las comunidades, retrasos que tenía de la empresa que él tenía…” (Carmen).
“Yo en ese momento confiaba mucho en mi expareja y en mi director de caja. Mi director de caja era una persona de buen trato, que yo siempre había confiado. Él me decía que yo era una persona que sabía pensar, que como los niños iban creciendo… pues esto era para su futuro. Yo no sabía en lo que me metía” (Carmen).
En este sentido, los interlocutores destacaron que la PAH les sirvió como empoderamiento individual y como adquisición de consciencia de sus derechos y obligaciones como ciudadanos y especialmente en materia financiera (McAdam y Snow,
“La experiencia de la PAH me gusta, estoy estudiando muchas cosas, llevo aquí [en Cataluña] muchos años y nunca sabía tanto sobre derechos. Ahora sé cuales son mis derechos, antes no lo sabía, estaba como si viviera en otro mundo. Ahora gracias a Dios he aprendido muchas cosas. Antes, cuando yo iba por los sitios me ponían muchas tonterías en la cabeza, lo aceptaba y me iba a mi casa. Pero yo ahora sé que hay algunas cosas que tengo que enfrentar“ (Fatou).
Uno de los aspectos cruciales en la construcción del relato en torno a
“Aquí estamos bien. Lo que me preocupa es el trabajo. Si uno de los dos encuentra trabajo, buscamos directamente un piso de alquiler y dejamos este piso. Así tendría mi contrato, una cosa mía. Ahora me siento que tengo piso y no tengo piso” (Hafida).
En el caso de los informantes de Blanes la existencia de un contador social impulsado por el área de servicios sociales del ayuntamiento y la empresa de agua era mencionada como prueba de que tenían voluntad de pagar un precio adaptado a su nivel adquisitivo.
“Nosotros no queremos ocupar y no pagar, no. Queremos un alquiler social, que a lo que ganamos nosotros podamos pagar. Y nosotros no queremos ser
También se encontraron dos casos ligeramente diferentes, ya que estos expresaron la voluntad de tener un alquiler social, pero mencionaron que no tenían interés por regular su situación en aquel momento ya que, debido a su inestabilidad económica, temían no poder pagar el alquiler social y ser desahuciados nuevamente.
“Yo no estoy negociando con el banco ni los voy a ir a buscar. Si firmas un alquiler solidario y te estás tres meses sin pagar te pueden echar. Que vengan ellos y negociemos una cantidad. Yo ahora en verano voy a estar cobrando 800… 900 euros y con eso me tengo que organizar todo el año. No voy a pagar 700 euros entre alquiler, agua y luz… y quedarme con 200 euros para comer. ¡No! Mi intención es que ellos vengan, no vamos a ir nosotros a buscarlos” (Raúl).
Aquellos interlocutores que ya estaban pagando un alquiler expresaban su conformidad, pero albergando cierta desconfianza respecto al cumplimento del período de cinco años que se les había concedido.
Otro aspecto que muestra su inexperiencia en ocupaciones y su voluntad de ser “buenos ciudadanos” es el caso de dos mujeres que destacaron haber tenido sentimientos de vergüenza y culpabilidad durante las ocupaciones. En un caso, la persona pensaba que el resto de vecinos del edificio que no estaban ocupando la miraban mal, porque ella no estaba pagando los suministros ni el alquiler. En el otro caso, Carmen se sentía avergonzada porque creía que estaba utilizando un piso que no era suyo:
“A mí la desobediencia civil me costó, los primeros días que vivía en el bloque ocupado, yo me moría de la vergüenza, entraba corriendo. Pero un día el niño me dijo «mamá, esta es nuestra casa». Yo me les quedé mirando y vi que tenía que aprender mucho de mis hijos, ellos lo vivían como felicidad, ellos ya no vivían en el salón o en el sofá de nadie. Después dije: «¡a la porra los complejos!» Y además mi objetivo era el alquiler social, lo que teníamos que hacer era presión al banco” (Carmen).
Paralelamente a la voluntad de ser inquilinos formales que, como hemos visto, se desarrolla conjuntamente con la reivindicación de unos precios accesibles, también se subrayaba la necesidad y la voluntad de encontrar un trabajo como medida de sustento. No obstante, los entrevistados de alrededor de 50 años mostraban ciertas dudas sobre la posibilidad de encontrar trabajo, comparándose con personas jóvenes supuestamente más preparadas.
“Yo había trabajado en la construcción, en el matadero, en una empresa de cables. De lo que me salía. Pero ahora no sale nada. ¿A mi edad ahora? Si no encuentran mis hijos que tienen 22 y 18. Mi mujer tampoco encuentra trabajo. Quizás ella encuentra a lo mejor por un mes, por una semana…” (Luis).
Dos personas entrevistadas señalaron incluso que las ayudas provenientes de la asistencia social sin una obligación de trabajo a cambio les hacían sentir inútiles y, en un caso, no estar trabajando contradecía el objetivo por el cual su familia había venido a Cataluña.
“Pienso que el gobierno debería generar trabajo. Te dan una ayuda de 400 euros, pero eso lo que hace es hundirme, me estás dando 400 euros por estar en el sofá. Eso no lo veo yo bien… Yo prefiero trabajar y ganarme un dinero, no estar como un inútil” (Abdelhali).
En concordancia con la categoría de Pruijt (
“A mí nunca me gustó la idea de ocupar pisos porque para mí es como robar. Cuando estaba viviendo en la calle San Ramón había jóvenes de veinte años ocupando pisos. Entran cuando quieren y salen cuando quieren, fuman, gritan… No me gustan. Pero cuando una familia tiene que salir a la calle con tres niños o con un niño… es muy duro. Por eso yo… si encontramos trabajo alquilamos un pisito y así podremos seguir adelante. Hay que luchar” (Hafida).
“El problema es que aquí en Cataluña el movimiento
Una persona afirmó desconocer el movimiento
“En el caso de Sabadell, no es un colectivo de afectadas quien empezó, sino que es gente politizada, que viene del movimiento
No obstante, Martí también hizo constar diferencias tanto en el tipo de acción como en la comunicación, ambas facilitadas por el contexto de crisis hipotecaria. En
“A diferencia de hace cinco años, cuando alguien ocupaba, la BRIMO
La consecución de acciones de protesta previas al uso de la desobediencia civil (Rawls,
“Primero aquí en la PAH trabajamos por conseguir firmas para la ILP, para conseguir, entre muchas otras cosas, la regulación de la dación en pago. Pero no nos escucharon. También hemos estado activas con parar desahucios, concentrándonos delante de las casas, hemos hecho manifestaciones dentro de bancos. Pero, aun así, no hemos solucionado el problema, la gente sigue sin tener dónde ir cuando la desahucian, entonces solo nos queda ocupar. Y así lo explicamos, hemos luchado en todos los otros aspectos y ahora tenemos que dar solucionar a las personas que no tienen donde dormir” (Teresa).
Asimismo, de acuerdo con Pruijt (
“El hecho de que los edificios ocupados sean propiedad de los bancos y de la SAREB te legitima. Para mí los tendrían que poner en alquiler, están perdiendo dinero. Han estado acumulando a costa de la gente de este país, han estado especulando” (Eugenio).
En la construcción del relato también tiene un papel crucial el Estado que, en el caso de los entrevistados, es representado a través de las oficinas de servicios sociales municipales. Todos los informantes, excepto el portavoz, estaban en contacto con el área de servicios sociales y algunos con otras áreas, como alcaldía o vivienda.
Las personas entrevistadas habían intentado encontrar soluciones a través de servicios sociales en forma de ayuda económica o vivienda social. En general, la opinión con respecto a la administración pública local era negativa, de ineficiencia, de excesiva burocratización e incapacidad resolutiva. Los ejemplos más comunes destacan la incapacidad de ayudarlos cuando tenían problemas con la hipoteca, incluso se constata que algunas trabajadoras sociales enviaban a los afectados a la PAH para que les ayudaran con la negociación de la deuda o la dación en pago. La otra principal demanda de los entrevistados a los servicios sociales era la vivienda social, dado que, en todos los casos excepto en uno, nunca se les había ofrecido una vivienda, alegando sus bajos ingresos (incapacidad de asumir los costes) o debido a la lista de espera para entrar en esta (exceso de demanda):
“Cuando estaba pendiente del desahucio fui a la trabajadora social y me dijeron que con mis ingresos del paro no tenía acceso a un piso de protección oficial. Me tramitaron para que recibiera comida de una ONG local y ya está. No te dan soluciones allí” (Gladys).
“Cuando vas a servicios sociales te contestan: «ven mañana, a lo mejor te ayudamos»… y otro y otro día. No te dan soluciones” (Juan).
El portavoz entrevistado añadía a las críticas a la administración pública la ausencia de liderazgo y las carencias en la garantía de derechos básicos, como es el derecho a la vivienda. Apuntaba que la PAH realizaba negociaciones con los bancos para conseguir alquiler social, daciones en pago etc. de los afectados, y que en estas negociaciones raramente acudían representantes de la administración pública a dar soporte o para liderarlas.
Como se ha apuntado, entre los entrevistados había una excepción en materia de vivienda social. A Luís y a su familia (ocho personas en total) les ofrecieron dos pisos de protección oficial que rechazaron por no tener suficiente tamaño, en un caso, y en el otro porque estaba demasiado lejos de donde habían construido sus redes sociales.
Un aspecto que se reconocía como positivo de la relación de los entrevistados y los servicios sociales era la redacción de informes alegando que su situación era de emergencia social, que en caso de juicio adquirían valor, puesto que podían presentarse para justificar la ocupación:
“La juez fue valiente y les denegó la solicitud de desalojo cautelar que presentó SAREB. Hubo una interlocutoría que venía a decir que SAREB no tenía ninguna urgencia en recuperar la propiedad, que la urgencia la tenían las familias que habían demostrado a los juzgados con informes de servicios sociales que no tenían dónde ir ni suficientes ingresos para alquilar” (Martí).
También en las entrevistas mencionaron como positivo el ambiente y las relaciones que se establecen en los edificios ocupados colectivamente, percibidos como un espacio de ayuda mutua y sentido de comunidad (Sitrin,
“Cuando finalmente nos comunicaron que se realojaría a las personas que vivían al bloque que cumpliesen los criterios, nos negamos porque lo que nosotras queríamos era seguir viviendo juntas. Aquí las mujeres nos organizábamos para cocinar, para cuidar de los niños, para limpiar, pero también para luchar, para luchar contra el capitalismo que permite que se salven los bancos y no las personas. Y eso no queríamos perderlo. Fuimos felices aquí” (Dinora).
En el caso de las informantes del bloque de Barcelona, comentaron que al principio la convivencia fue un poco difícil, por la organización de la limpieza y porque no tenían la misma situación personal y familiar, pero a lo largo del año que estuvieron en el bloque mejoraron la coordinación:
“Al principio era duro, tuvimos problemas, no es fácil tratar de convivir. Compartimos una zona comunitaria por la cual hacíamos una reunión quincenal. Hubo rifirrafes porque uno decía «que tú limpias menos, que tú limpias más». Lo típico de una comunidad. Después de todo fue una experiencia muy bonita, que son gente muy buena” (Carmen).
Cuando se establecieron los cimientos de esta investigación en 2014 ya se intuía el liderazgo de la PAH en la reivindicación del derecho a la vivienda, en el uso de la desobediencia civil y en la movilización de las personas afectadas, aunque difícilmente podía anticiparse su impacto. El presente artículo se ha centrado en los discursos legitimadores de la desobediencia civil y los resultados aportan información para la comprensión de las estrategias de protesta desarrolladas desde 2008 en la sociedad catalana y española.
En los análisis de las entrevistas se observó la construcción del discurso justificativo de la desobediencia civil, con los diferentes aspectos característicos apuntados por Rawls (
No obstante, este artículo permite apuntar las relevantes especificidades de las ocupaciones en la campaña
De esta manera, la crisis hipotecaria, la acción del estado y de los bancos, y la acumulación de legitimidad por parte de la PAH en la sucesión de anteriores campañas crean un contexto para que la campaña
Finalmente, el presente artículo apunta a nuevas direcciones de investigación, como la continuidad de la implicación de las personas con la PAH después de haber conseguido el alquiler social, la influencia que los cambios en el contexto económico y político en el nivel estatal, autonómico o local puedan tener en las estrategias de la PAH, y la evolución futura de la situación económica y social de las personas que han participado en la PAH.
Mi sincero agradecimiento a Pau, Irene y Ábel por sus sugerencias, y a las personas entrevistadas por su predisposición.
El texto del artículo 47 dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
La ILP también proponía aumentar los alquileres sociales de los pisos vacíos propiedad de los bancos y demorar los desahucios por cuestiones económicas. Se consiguieron en torno a 1.500.000 firmas de ciudadanos españoles.
El nombre de esta campaña hace referencia a
La
La SAREB es una entidad financiera creada en 2012 con capital público y privado para gestionar los “activos tóxicos” de los bancos españoles.
Por
Es decir, de forma no vinculada a la campaña de la PAH y sin el objetivo de reivindicar un alquiler social.
Desde un análisis marxista, la
Can Vies, en el barrio de Sants de Barcelona, es un Centro social okupado (CSO) desde 1997, que en 2014 fue desalojado por parte del Ayuntamiento de dicha ciudad, provocando un episodio de protestas extendidadas a toda la ciudad que terminó con el paro del desalojo y la posterior reocupación del edificio.
Brigada móvil de los