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CONCILIACIÓN O REVOLUCIÓN: LOS CAMINOS ENFRENTADOS DEL LIBERALISMO PENINSULAR (PORTUGAL Y ESPAÑA, 1863-1866)

Ignacio Chato Gonzalo

Profesor del I.E.S. “Jaranda” (Jarandilla de la Vera)

Ignacio.chato.g@gmail.es

RECONCILIATION OR REVOLUTION: THE TWO PATHS OF LIBERALISM ON THE IBERIAN PENINSULA (PORTUGAL AND SPAIN, 1863-1866)

CONTENIDOS

1. REGENERACIÓN POLÍTICA Y RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PARTIDOS PENINSULARES
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A pesar de los aparentes paralelismos y similitudes, las trayectorias políticas de España y Portugal han marcado notables disimetrías. En el caso peninsular, ni la vecindad y la mutua influencia, ni la vivencia coetánea de determinadas experiencias históricas, ni siquiera la afinidad de corrientes y tendencias políticas, deben difuminar las singularidades del devenir político de ambos países. Y si este criterio debe tenerse en cuenta ya en la primera mitad del siglo XIX, mayor aún es la divergencia a partir de 1851, a raíz del proceso histórico que dio nacimiento en Portugal el nuevo régimen de la Regeneração. Fue precisamente desde esa coyuntura histórica cuando los derroteros de los sistemas liberales de uno y otro país trazaron rumbos bien diferenciados, definiendo, en gran medida, la particular evolución política de uno y otro país hasta bien entrado el siglo XX[1]. Aunque resulte innecesario justificar la pertinencia de los estudios comparados, conviene destacar el potencial renovador que, en el ámbito de la historia política, puede aportarnos el análisis conjunto de las dinámicas políticas seguidas en ambos países. 


La elección de este particular marco temporal, desde inicios de la década de los cincuenta hasta el tercer cuarto del siglo XIX, que puede parecer escasamente significativo, permite sacar a la luz procesos que han pasado desapercibidos, observando desde un nuevo prisma experiencias que ayudan a repensar la dinámica del régimen liberal. Es el caso de las que hemos venido a denominar “estrategias de conciliación”, que supusieron una nueva vía dentro del sistema de partidos, dando nacimiento a objetivos, dinámicas y proyectos políticos alternativos. Una reconsideración de determinadas posturas políticas y partidistas que, enajenándose de la inercia de la confrontación y del círculo de la violencia, planteaba nuevos espacios para el acuerdo, la unión y el pacto. Se trataba de abrir vías de entendimiento para salir del círculo vicioso al que había conducido la concepción exclusivista del poder y la ineludible tendencia a excluir al adversario. Solo así se pueden analizar de una forma más cabal y correcta los postulados del puritanismo español, o las experiencias llevadas a cabo posteriormente por la Unión Liberal, y emparentarlas con el proyecto regenerador portugués, que consiguió con más acierto y consentimiento consolidar sus principios en la cultura política del país. Más allá del predominio de la línea interpretativa que impusieron moderados y progresistas, además de los demócratas y los propios carlistas, que descalificaron estas alteraciones del juego político y del funcionamiento del sistema de partidos, es necesario poner en valor las experiencias conciliatorias del unionismo. De este modo podremos ir trenzando la frágil cuerda que, en la evolución política española y peninsular, se extiende por los difíciles derroteros del acuerdo y del consenso.


La década de los cincuenta, como hemos mencionado, marcó un punto de inflexión en la evolución de los regímenes liberales de España y Portugal. El deseo de superar la etapa caracterizadamente revolucionaria que hasta entonces se había prolongado, condujo a la puesta en práctica de nuevas estrategias tendentes a la regeneración política y a la renovación del sistema de partidos. Se buscaba alcanzar la anhelada estabilidad constitucional por medio de la minoración de los maximalismos de partido, una pretendida desideologización de las fuerzas políticas que, a cambio de la asunción de unas bases constitucionales comunes, creían compensar con la modernización del país, las mejoras materiales, el correcto funcionamiento del parlamentarismo y la estabilidad política[2]. Eliminado el uso de medios extrapolíticos para acceder al poder y retirado el ejército del escenario político, la corona podría cumplir sin presiones sus prerrogativas, facilitando el juego de los partidos y consolidando un sistema de alternancia pacífica en el gobierno. Pero para alcanzar este propósito se hacía indispensable transformar sustancialmente las relaciones entre los partidos mayoritarios existentes (cartistas y setembristas en Portugal, moderados y progresistas en España), por medio de lo que vinieron a denominar conciliación política. Un proceso convergente que, a través de la mesura doctrinal y el acercamiento de sus fundamentos políticos, tendía, consciente o inconscientemente, a la transmutación de los partidos históricos y, llegado el caso, a su disolución. Fue en ese contexto en el que vinieron a reformularse cuestiones principales acerca de los partidos políticos, de la situación crítica que atravesaban, del número de fuerzas contendientes que debía albergar el sistema y aun sobre su naturaleza y la necesidad –o no- de su existencia[3].


Las estrategias conciliatorias que se aplicaron en uno y otro país vinieron a coincidir no solo en su formulación semántica –fusionismo en Portugal y unionismo en España-, sino en la pretensión de trastocar, al menos temporalmente, la dualidad existente en el sistema de partidos. En sustitución de la confrontación política proyectaron establecer un marco de relaciones basado en la formación de entidades interpartidarias o suprapartidarias, sustentado en la tolerancia política y en la disolución de los límites y fronteras existentes entre los partidos históricos. Por medio de la formación de coaliciones parlamentarias y gubernamentales, que los ministerios históricos de Loulé ejemplificaron con la presencia del avilismo, o que los “resellados” creyeron efectuar con su participación en la unión liberal, se daba una imagen, no del todo falsa, de superación de las anteriores luchas partidistas. Mientras en Portugal se lograba crear con notable éxito una cultura política compartida, que obligaba a reformular los agrupamientos políticos –los nuevos partidos histórico y regenerador definían un nuevo escenario partidario, basado antes en coincidencias y elusiones que en divergencias claramente definidas-, en España la unión liberal no alcanzaba a convertirse en el partido único que ideaba. Incapaz de superponerse a moderados y progresistas, celosos estos de sus respectivas identidades políticas, terminaba convirtiéndose en un partido más en la pugna política, dando por truncado su proyecto unionista[4].


Lo cierto es que a la altura de 1863, terminado el gobierno largo de O’Donnell, el legado de la unión liberal resultaba discutible. Aunque era reconocible un largo periodo de estabilidad y de calma política, destacando la actividad parlamentaria desarrollada en ese quinquenio, el sistema de partidos mantenía los mismos desajustes e inconsistencias de hacía una década. La corona, único mecanismo de cambio de gobierno, y los grupos de poder que la tutelaban –esencialmente las diversas fracciones compuestas por las elites moderadas-, seguían constriñendo la dinámica parlamentaria, ajena al juego de los partidos e impermeable a la opinión pública y sus reflejos electorales[5]. Tampoco en Portugal, a pesar del transformismo político operado entre setembristas y cartistas, las migraciones de personajes políticos de uno y otro partido y las uniones “pasteleiras”, surgidas al socaire de los nuevos postulados regeneradores, la dinámica parlamentaria recibía los efectos salvíficos de la supuesta modernización política orquestada. La estrategia de unionistas y regeneradores se había dirigido hacia la disolución de los partidos preexistentes, que consideraban moribundos y prescindibles, siendo sustituidos, transitoriamente, por otro tipo de instancias políticas superpuestas que los integraran. Pero ni en España ni en Portugal –en este país tras doce años y la formación de cuatro ministerios (dos regeneradores y dos históricos)- se habían dado los pasos, las intenciones siquiera, de establecer un sistema de alternancia política. Es más, en ambos casos no se contemplaba como deseable, a corto plazo al menos, la configuración de un nuevo sistema de partidos dual. Las amalgamas y conciliaciones políticas y el debilitamiento de los partidos históricos parecían preferibles a la repetición de un bipartidismo, a todas luces imperfecto, que, durante los años de instauración del régimen liberal, había impedido la alternancia y dirigido al país al círculo cerrado de la revolución y la reacción.


Así pues, a la altura de 1863, cerrados ya los períodos en que vinieron a aplicarse las estrategias conciliatorias –desde 1851 en el caso de Portugal y desde 1854 en el de España-, ni en uno ni en otro país se había conseguido establecer un sistema de partidos claramente dual, en el que dos partidos mayoritarios se alternaran pacíficamente en el gobierno, bajo el arbitraje de la corona y al son que marcara la acción del ministerio, la situación de los partidos en el parlamento y los ecos de la opinión pública. En España, además de los dos partidos históricos que habían resistido los embates disolventes del unionismo, la unión liberal se conformaba como un tercer partido en la pugna política, a los que se sumaban, en las fronteras de la legalidad, demócratas y carlistas, ejerciendo un efecto gravitatorio irresistible sobre progresistas y moderados respectivamente. En Portugal, a pesar del transformismo operado entre los antiguos setembristas y cartistas -a excepción de los setembristas que nunca dejaron de ser radicales y de aquellos cartistas recalcitrantes que nunca dejaron de ser conservadores-, aquéllos transmutados en el partido histórico y estos con una presencia exigua y testimonial, los nuevos partidos no alcanzaban a situarse sólidamente en la escena política. El recurso a las coaliciones electorales y de gobierno, más allá de las inercias fusionistas que pudieran representar, resultaba antes un síntoma de la debilidad e inconsistencia de históricos y regeneradores, incapaces de articular un sistema que viniera a tomar forma en torno a ellos. De hecho, el radicalismo, con un protagonismo político inusitado, sin disponer de un espacio de representación propio y solapado a los históricos, constituía un tercer polo en el entramado de los partidos, dificultando el asentamiento próximo de un sistema bipartidista.


2. EL FRACASO DEL PROYECTO CONCILIATORIO DEL UNIONISMO ESPAÑOL
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En marzo de 1863, tras casi cinco años ininterrumpidos de gobierno, daba fin la experiencia unionista liderada por O’Donnell, sin haber alcanzado sus proyectos políticos –la formación de un “partido nacional” que sustituyera y englobara a moderados y progresistas- y frustrando las expectativas reformistas de los principales hombres políticos que habían dado cuerpo y solidez a la unión liberal[6]. La llegada al gobierno del marqués de Miraflores, tras la crisis ministerial que le precedió[7], marcaba el punto final del unionismo, iniciándose una nueva dinámica política tendente <<a la reconstrucción de los dos partidos históricos ya semidisueltos, confundidos y perturbados a la sazón>>[8]. Una salida que acogían con agrado tanto los progresistas puros como los moderados históricos, en cuanto recompensaba su actitud resistente y eliminaba, al parecer definitivamente, los ataques diluyentes que consideraban causa, y no efecto, de las crisis que padecían. Como reconocía Rivero, <<nunca mueren los partidos, porque hay ciertas ideas fundamentales, ciertas ideas dialécticas en la vida de los pueblos, que nunca perecen, y estas se representan por los partidos, que varían en su forma, pero en la esencia no>>[9]. Y es que, frente a la idea de que los partidos históricos habían dejado de tener lugar en la escena política, defendida por la unión liberal, postulando su desaparición, aquéllos defendían su ineludible e inevitable vigencia: <<Los partidos en mi concepto viven siempre cuando son tales partidos –[clamaba González Bravo]-. Los intereses que representan existen siempre; puede desaparecer un partido; puede marchar con el tiempo para adaptarse a las nuevas circunstancias; puede perder su disciplina; puede perder una parte de la organización que tiene; pueden separarse de él algunos hombres que le representaban; pero los partidos nunca mueren, porque o no son partidos, o representan cosas que no perecen jamás en la sociedad>>[10]. Una forma de justificar la pervivencia de un partido, el moderado, cuyo estado de fragmentación impedía considerarlo con la suficiente solidez como para garantizar una mínima estabilidad política y mantenerse en el poder. Además del grupo atemperado y liberalizador capitaneado por González Bravo –líder de la minoría moderada durante los gobiernos unionistas-, orquestado en torno a “El Contemporáneo”, podían identificarse de centro a derecha del conservadurismo, sin contar con el propio marqués de Miraflores, carente de significación partidaria, con las fracciones de Mon, Narváez –incapaz de aglutinar, como antes, tan dispares intereses y sensibilidades- y Nocedal. Este último, junto al marqués de Orovio, había comandado el núcleo neocatólico, que en los últimos años había ejercido la mayor influencia dentro de un partido que, falto de cohesión y de liderazgo, se había ido extremando en respuesta a los gobiernos disolventes y permisivos de la unión liberal[11].


Desde la década que lleva su nombre, el moderantismo no había sido capaz de prescindir de la que vino a definirse como “política de resistencia”[12]. Una postura reactiva frente a los accesos revolucionarios, que difícilmente podía justificarse y mantenerse en la nueva era conciliatoria patrocinada por la unión liberal. Ni siquiera los sucesos de Loja, que esgrimieron como prueba de nuevos y más inquietantes movimientos insurreccionales, permitían legitimar la deriva reaccionaria en la que venía a sumirse el partido moderado. La crisis política surgida a raíz del fracaso del proyecto unionista, había dejado al descubierto la incapacidad del partido moderado de reafirmar su credo político sobre otras bases más liberales y contemporizadoras, recurriendo a sus fuentes doctrinales tradicionales, parapetadas tras la ineluctable figura de Narváez. Se truncaba así el proceso modernizador que, desde dentro del partido, habían iniciado González Bravo y otros personajes reunidos en torno a “El Contemporáneo”, diario dirigido por José Luis Albareda. Tal y como Calvo Asensio vendría a denunciar en el congreso: <<no podíamos creer, repito, que la bandera allí levantada y que era la que iba a seguir el nuevo partido moderado, fuese a empuñarla el general Narváez, haciendo con esto responsables y solidarios de su historia a todos los que denodadamente se lanzaban a esa reorganización; no podíamos creer, digo, que por la ley de la necesidad, ciertas personas que han venido trabajando dentro del parlamento para trazar la nueva senda de ese partido, se prestasen, no solo a formar parte del gabinete del general Narváez, sino a querer rehabilitar su nombre, como cabeza o jefe de esta nueva organización>>[13]. El líder progresista avisaba de la postura que, en su propia defensa, vendría a adoptar el progresismo en el caso de que los moderados vinieran a seguir esta nueva línea de conducta, apartada del clima de tolerancia y apertura política que habían asumido, en los últimos años, todos los partidos[14]. 


Porque, en efecto, los progresistas puros habían conformado, tanto en las cortes como en la opinión pública –y muy especialmente en su órgano de expresión, “La Iberia”-, una imagen atemperada de sí mismos. Los elementos más sensibles de su ideario político, desde el principio de la soberanía nacional y su expresión programática, incluyendo cuestiones como su monarquismo, el respeto a la dinastía reinante, la estrategia insurreccional, el mantenimiento del orden o el restablecimiento de la milicia nacional, hasta el punto de mayor calado que suponía el cambio constitucional y la derogación de la constitución del cuarenta y cinco, habían sido templados o silenciados, al objeto de resultar lo más admisibles y atenuar las reticencias. Una estrategia que perseguía el ser considerado un partido de gobierno, que pudiera ser llamado, en un corto plazo, a formar ministerio. Y es que los progresistas, y en esto coincidían con los moderados[15], se mantuvieron firmes en la defensa de un sistema bipartidista, cerrado a la participación de ninguna otra fuerza política, que tuviera como antagonista a un solo partido conservador. De ahí su tenaz oposición al proyecto originario del unionismo –acabar con los partidos tradicionales-, y su resistencia posterior a admitirlo como un partido más en el juego político; así como su afán de ver reconstituido un partido moderado “liberalizado”, ajeno a su tradición reaccionaria y compatible con los presupuestos políticos del progresismo[16]. Pero no resultaba fácil, cuando la situación política parecía propicia para la llegada al poder de los progresistas[17], prescindir de los prejuicios asentados en el imaginario conservador y permitir una acción de gobierno que, sin duda, superaría los límites de un sistema político que pretendían escasamente mudable[18]. De hecho, a pesar de las esperanzas que los progresistas tenían fundadas de ser llamados con prontitud al gobierno, confiados en el robustecimiento organizativo de su partido tras el regreso de los “resellados” y una opinión que creían mayoritaria a favor de una salida política reformista[19], sus expectativas quedaron frustradas, precisamente, por la prevención de la que el moderantismo no tuvo capacidad de prescindir. 


Fue la crisis ministerial ocurrida a raíz de los incidentes de las celebraciones del 2 de mayo la que vino a expresar, de manera fehaciente, la resistencia del frente conservador, incluyendo a figuras –disidentes y no disidentes- del unionismo, a admitir un gobierno progresista. Truncada la vía legal y directa, único modo de acceder al poder, el progresismo optó por una salida hacia delante, abandonando la estrategia complaciente mantenida hasta entonces y abanderando un programa claramente rupturista con el sistema político vigente[20]. Defendiendo ahora de forma abierta la reforma de la constitución, exigiendo la convocatoria de cortes constituyentes, venía a cerrarse la dinámica conciliatoria puesta en marcha desde julio de 1854. Las circulares dictadas por el gobierno de Miraflores ante la contienda electoral, mostraban la posición que moderados y unionistas iban a adoptar ante el envite del progresismo, despertando de nuevo las actitudes intransigentes que reavivaban, inevitablemente, el discurso preventivo del conservadurismo y el recurso al victimismo de los progresistas[21]. Previendo una exigua minoría, en caso de concurrir a las elecciones, efecto del uso de la consabida “influencia moral” del gobierno, el partido progresista decidió adoptar finalmente la política del retraimiento[22]. 


Con esta estrategia, los progresistas renunciaban a participar dentro de la dinámica propia del régimen parlamentario, haciendo de su retirada <<un arma de combate, un medio de pelear que el gobierno ha puesto en nuestras manos>>[23], situándose en una posición difícilmente compatible con el respeto a la legalidad[24]. “Revolución pacífica”, venían a denominarla los demócratas, congratulados por su reencuentro táctico con el progresismo y por la nueva etapa de convergencia que creían inaugurar[25]. Pero, a diferencia de aquéllos, los progresistas buscaban el restablecimiento de un sistema de partidos dual, en el que vinieran a turnarse en el poder con los moderados, sin buscar más alteración que el implantar una constitución aceptable para ambos, <<a fin de que al subir uno y otro no tengan necesidad de alterarla>>[26]. Es más, todavía confiaban en que la crisis política que se atravesaba, y a la que contribuía definitivamente su retraimiento, no diera más opción que llamar a los progresistas al gobierno, sin tener que recurrir a ninguna otra vía: << Subiendo el partido progresista al poder de un modo pacífico, no habrá turbación alguna para su subida, ni él la producirá después, y por eso se verá lo que es en sí y lo que son sus principios, que podrá desarrollar tranquilamente>>[27]. Esta posición mesurada del progresismo -que los demócratas constataban y repudiaban, y que suponía la limitación y perversión de sus ideales y principios-, colocaba a este partido en un mismo frente junto a la democracia, decidida hacia una política de total y plena “abstención”[28]. Una subordinación, sumisión si se quiere, de sus presupuestos y sus fines en aras de una posición táctica de la que, en el plazo de unos años, obtendrían los demócratas evidentes resultados, arrastrando la conjunción de ambas fuerzas políticas hasta la línea de la revolución[29]. No obstante, desde el partido democrático, no todos veían con la misma benevolencia la llegada del progresismo, recelosos de la conversión de un partido que seguía aspirando a ser poder bajo la monarquía de Isabel II[30]. Una ambigüedad que se mantuvo durante meses en el seno del partido progresista, efecto de puntos de vista encontrados, entre los que pretendían que el retraimiento no era sino una apuesta estratégica y, por lo tanto, circunstancial, puestas las ambiciones en una pronta llamada al poder, y los que abogaban por una postura rupturista, a pesar de las consecuencias seguras que traería una revolución.


Es cierto que, desde el fin del ministerio O’Donnell, hubo tendencias proclives a que los progresistas entraran a formar gobierno, criticando las medidas electorales que servían de justificación al retraimiento de progresistas y demócratas. El propio Moreno López, ministro dimisionario del gobierno de Miraflores, reconocía abiertamente el derecho usurpado al progresismo: <<Era la primera vez que en el espacio de treinta años había merecido el partido progresista el poder por las vías pacíficas y legales. Era la primera vez que se habría negado contra toda razón y derecho. Era la primera vez que podría haberse apellidado con verdad el partido desheredado. Era la primera vez que habría tenido, no razón, pero sí pretexto para convertirse en partido antidinástico. Era la primera vez que podía haber llamado a las puertas de la revolución con visos de justicia. Era la primera vez que el país habría podido ponerse de su lado para vengarle>>[31]. Ausentes los progresistas del parlamento, los diputados se reconocían, efectivamente, miembros de fracciones heterogéneas, consecuencia de la ineludible “disolución de los partidos”. De ahí que, conscientes de la imposibilidad de aglutinar mayorías con los principios y la organización de los antiguos partidos –y muy particularmente del moderado-, se hiciera necesario formar gobiernos de concertación o de coalición, en lo que algunos venían a identificar los nuevos propósitos y el nuevo significado de la unión liberal. Una forma de entender el unionismo despojado de la idea de partido que una parte importante de sus fieles concibieron, así como del proyecto político reformista y regenerador que albergaba, para convertirse en un simple procedimiento para la formación y mantenimiento de ministerios y la cohesión y amalgama de mayorías parlamentarias. <<He aquí el gran triunfo, la excelencia de la unión liberal –[clamaba Mena y Zorrilla en el congreso]-, y porque todos, cuando no son de unión liberal, quieren imitarla […]. La agrupación se hace como la hizo la unión liberal, reuniendo grandes grupos, grandes ideas, estableciendo un dogma común en lo esencial, transigiendo en lo intransigible, en lo demás dejándolo a la libertad>>[32]. Una concepción “bastarda” de la unión liberal de la que se sentía forma y parte el propio gobierno de Miraflores, encarnando aquel “panunionismo” que Cánovas tiempo atrás anunciara[33], tal y como reconocía Rodríguez Vaamonde, ministro de la gobernación: <<Yo nunca tuve la unión liberal en los labios, nunca. Yo lo que tuve en mis labios fue el deseo de que con los centros de la cámara se pudiera formar un partido, una agrupación poderosa que pudiera sostener un gobierno; de la unión liberal no hablaba; yo me ocupaba de ella porque había querido estrecharse mucho, reducirse demasiado, y se había pretendido unirla a un solo nombre, y yo no quería esa unión liberal; yo quería para mi patria una agrupación política anchurosa, donde pudieran entrar todos los elementos conservadores liberales del país; donde quedaran fuera los extremos del partido moderado; donde quedara fuera el partido progresista>>[34]. Una perversión de la idea genuina de la unión liberal, que los aún verdaderos unionistas, más allá de las disidencias surgidas dentro de sus filas, defendían en su verdadero significado, distanciando sus auténticas expectativas con las pretendidas por este nuevo unionismo de bajo alcance –“pseudo-unionismo” o “unionismo apócrifo”, como lo definiría Herrera[35]-. Así lo venía a manifestar Ulloa en las cortes: <<Nosotros queríamos hacer una fusión, y la haremos de seguro, porque lo sucedido habrá abierto a todos los ojos, y todos sabrán sacrificar cuestiones pequeñas en aras de ese gran pensamiento político. Vosotros no habéis hecho eso. ¿Sabéis lo que habéis hecho vosotros? Una coalición, primer acto parlamentario de este gobierno, cuando es el último recurso de la oposición. ¿Y sabéis qué es en política una coalición en el gobierno? Pues yo os lo diré en tres palabras: una mentira que va a lo desconocido por la desconfianza>>[36].


Se definía así el nuevo marco político que, hasta 1866, y muy especialmente el segundo gobierno de Narváez, iba a determinar y condicionar la dinámica partidista y parlamentaria. Sobre la común aceptación de un talante expresamente liberal, alejada toda tentación de adoptar posturas resistentes y, mucho menos, reaccionarias, se impuso un lenguaje centrado –con mayor o menor sinceridad- en los conceptos de tolerancia y conciliación. Una pugna por el centro, una verdadera “competencia de liberalismo”, como vendría a calificarla Mena y Zorrilla[37], de la que no fueron capaces de sustraerse las distintas fracciones moderadas y unionistas, confundidas unas y otras bajo la común pretensión –y necesidad- de amalgamar unas mínimas mayorías[38]. Y aunque algunos “moderados históricos”, tanto de las filas más conservadoras apegadas al “neísmo”, ejemplificadas en Nocedal, como desde tendencias más liberales, como la representada por Silvela, se combatían los postulados diluyentes de este nuevo unionismo, base de alianzas y coaliciones, y se defendía la exigencia de reconstituir el sistema sobre los partidos tradicionales, esta estrategia conciliatoria y pro-liberal no era fácilmente prescindible[39]. Faltos de confianza en el restablecimiento de un sistema bipartidista, solo parecía conveniente y posible la reformulación de esa especie de unión liberal o, como vendría a bautizarlo Herrera, desde una posición escorada a la derecha, partido “conservador liberal”: <<Y en esta situación, ¿cuál es el interés de todos los que nos llamamos conservadores liberales? Estamos divididos, estamos separados por diferencias más o menos pequeñas; estamos distribuidos en grupos bajo distintas denominaciones. ¿Cuál es el interés de este gran partido que con una mano tiene que luchar con la revolución, y con la reacción con la otra […]? ¿Cuál es la misión de este gran partido si no ha de comprometer las instituciones del país? Conciliar, transigir diferencias, estrecharse, establecerse sobre bases sólidas>>[40]. El propio Narváez, la figura más caracterizadamente resistente y reaccionaria, se veía obligado a recurrir, en este nuevo clima político, a la táctica de la tolerancia y la conciliación: <<Yo he sido político de resistencia cuando el país la ha necesitado; pero hoy la resistencia labraría mi descrédito, y eso es lo que buscan mis émulos, anularme para siempre. […] si S. M. me llama, acudiré con apresuramiento y cogeré el mando con gusto por el placer de dejar al duque de Tetuán con un palmo de narices, porque voy a ser más liberal que Riego, porque como hoy no llueven progresistas a chaparrones, puedo salir a la calle sin paraguas y en mangas de camisa>>[41]. De tal manera que hasta los diputados que seguían considerándose miembros del partido moderado, abjuraban de la política de resistencia abanderada por Nocedal, que trataba de simbolizar en su postura reaccionaria las esencias tradicionales del moderantismo[42].


En este escenario marcadamente liberal y pretendidamente conciliador, el retraimiento de los progresistas provocaba una clara inconsistencia entre el discurso y la realidad política. De ahí que la reintegración de este partido a la arena parlamentaria se convirtiera en el tema central del debate político, utilizada como argumento principal en la “pugna de liberalismo” en el que combatían las distintas fracciones presentes en el parlamento[43]. Hasta un moderado recalcitrante como Benavides, enemigo de las tendencias conciliatorias en boga y defensor del bipartidismo, ponía sus esperanzas, además de en la resurrección del partido moderado, en el próximo regreso de los progresistas: <<El partido moderado no puede existir sin el partido progresista enfrente, porque el partido moderado es un partido de doctrinas; a reconstruirle pues dejándose de esos términos medios que no sirven para nada más que para crear la confusión en que hemos estado. Lo siento en el alma que el partido progresista no esté aquí; entonces nos uniríamos para resistir al enemigo común; con lealtad y con franqueza procuraremos todos que el partido progresista tenga las condiciones convenientes para gobernar; y el día que el partido progresista, reorganizado, se presente en lucha, el partido moderado estará en la brecha. No puede existir uno sin otro; tienen condiciones iguales, tienen una misma existencia; son dos gemelos que nacieron en un mismo día, y vendrán a morir en un mismo día>>[44]. Pero para conseguir mover al progresismo de su retraimiento era necesario admitir un espacio de concesiones que, muy difícilmente, moderados y unionistas convendrían en aceptar. Entre estas, debía admitirse, además de una nueva ley electoral que garantizase una presencia parlamentaria capaz de neutralizar la habitual “influencia moral” del ministerio en cuestión, el planteamiento de un cambio constitucional, abriendo la posibilidad de prescindir de la constitución vigente y reinstaurar bien la constitución de 1837, bien la nonata de 1856[45]. Pero la reapertura del proceso constituyente no estaba en las miras ni en las conveniencias del grueso de las fuerzas políticas, desde el centro a la derecha, de las distintas fracciones representadas en la cámara. Los sucesivos cambios de gobierno que se produjeron venían a cerrar toda opción a remover el texto constitucional. El breve gobierno presidido por Arrazola, que si bien se consideraba “moderado histórico” se declaraba, al mismo tiempo, “templado y conciliador[46], y el posterior ministerio de Mon –con Cánovas en la cartera de gobernación-, de clara filiación unionista, mantuvieron la línea tolerante y conciliatoria iniciada, pero sin dar opción a modificar la constitución de 1845[47]. La derogación de la reforma constitucional de 1857, aprobada finalmente bajo este último gobierno, servía antes para aglutinar a la mayoría parlamentaria que para disponer al progresismo a favor de una improbable reincorporación en el juego político[48].


En el lenguaje político del progresismo, el sometimiento a la legalidad vigente no escondía su explícita decisión por modificar la constitución y restablecer el texto de 1837. Y aunque todavía mantenía una mínima confianza en ser llamado a formar gobierno, fue progresivamente introduciendo en su discurso, eso sí, con voluntaria ambigüedad –y hasta con confusa complejidad-, la opción de una futura revolución: <<Se dice que para variar de política habría necesidad de hacer una revolución. Sí, en el buen sentido de la palabra. Es necesaria una revolución que establezca el orden, hoy subvertido. Esa revolución puede ser pacífica o violenta. Para hacerla pacífica basta el nombramiento de un ministerio y la publicación de un real decreto que destruya el obstáculo que impide la alternativa de los partidos en el poder. Si no se acepta la revolución pacífica, la revolución violenta vendrá o no vendrá; pero si no viene la revolución violenta política, será porque venga la revolución social, que solo la revolución política puede impedir>>[49]. En el multitudinario banquete de los Campos Elíseos de Madrid, todo un alarde de fuerza del progresismo, Prim presentaba, antes de lanzar su memorable profecía, las dos vías abiertas al progresismo: <<Si el gobierno actual o el que le suceda nos abre el campo electoral; […] si renuncia a ejercer la no menos bastarda influencia moral; si nos da, en fin, garantías de que las elecciones serán libres, completamente libres, podremos ir a las elecciones; y si no vencemos en las primeras cortes que se nombren, vendrá una muy fuerte minoría que preparará el terreno para que a otras elecciones venga mayoría. Si no sucede nada de eso; si los hombres del partido moderado o de la unión, que para nosotros viene a ser lo mismo, vuelven a las trampas, a la coacción, a las violencias electorales, considerándonos parias como hasta aquí; entonces, fuertes en nuestra conciencia de haber sido resignados y transigentes hasta el fin para evitar males a la patria, fuertes en la razón que tendremos en justicia y el derecho que estarán por nosotros, y fuertes, en fin, en la fuerza que tenemos, levantaremos erguidos la cabeza, haremos una declaración solemne>>[50]. 


Pero esta posición, aunque velada, desafiante, iba a ser aprovechada por aquellas fracciones poco proclives a las tendencias conciliatorias, que exigían una actitud intransigente frente a un partido que se atrevía a expresar tan abiertamente su repudio al marco constitucional[51]. A pesar de las acusaciones que se lanzaban contra los progresistas de conspirar y alentar insurrecciones, La Iberia mantuvo la estrategia del “todo o nada”, a sabiendas de que el acceso al gobierno por medios legales –más allá de los últimos cantos de sirena- resultaba imposible y que solo había opción de alcanzar el poder por medio de una revolución[52]. La subida al gobierno de Narváez y la convocatoria de elecciones, reabrió nuevamente la oportunidad de que los progresistas salieran de su retraimiento[53]. El duque de Valencia, tal y como había anunciado, puso en acción una política amable y benevolente, al objeto de conseguir lo que sus antecesores no habían logrado[54]. Pero el partido progresista, renovado en su cuadro dirigente[55], se mantuvo firme en su retraimiento electoral: <<Se nos halaga con el turno pacífico en el gobierno, y los obstáculos tradicionales son el reaccionario grito de guerra, cuando la opinión pública señala al partido progresista como única tabla de salvación en las tormentas que, rugiendo, pasan y vuelven sobre la patria amada. Se nos brinda con legalidad en las elecciones, y no bien articulada la promesa […] el derecho electoral abdica y la esperanza de todo bien desaparece. Se nos amenaza con ponernos fuera de la ley si no luchamos, y aparentan desconocer que nuestro estado normal es vivir fuera de los consejos de la corona, y olvidan que no usar del sufragio es acto lícito en la moral y legítimo en el derecho>>[56]. Fracasado este último intento, Narváez corregía el talante conciliatorio exhibido en la contienda electoral para implantar una política represiva, especialmente en lo relativo a la cuestión de imprenta, que, a fin de cuentas, le resultaba más propia y ajustada. De hecho, la política tenue y contemplativa ejercida había provocado no poca perplejidad, y hasta desazón, en diversos elementos del partido moderado[57]. La política reaccionaria que vendría a imponerse a partir de entonces, claramente inspirada en las demandas apocalípticas de los “neos”, no hacía sino confirmar al progresismo en la estrategia de la revolución[58]. Como expondría el propio Narváez: <<Es preciso poner a cubierto el trono de nuestra reina, la persona del monarca, la dinastía, el decoro público, la paz de la familia, la honra de las gentes y el sagrado de la vida privada. Los abusos que se cometan contra las instituciones, es preciso contenerlos con mano fuerte, castigarlos con energía, porque si seguimos como hasta aquí, nos iremos connaturalizando con esos excesos, y poco a poco llegaremos al punto que se extinguirán en nuestro corazón hasta el último átomo del honor y de la vergüenza>>[59].


Ni siquiera el retorno de O’Donnell a la jefatura del gobierno en junio de 1865, con la puesta en acción de medidas cargadas de simbolismo para engatusar a los progresistas, tales como el reconocimiento del reino de Italia, la aprobación de una nueva ley electoral, la retirada de la ley de imprenta elaborada por el anterior ministerio o las que buscaban reducir la influencia de la camarilla sobre la reina, alcanzaban a reconducir a los progresistas[60]. Pues si bien la salida de Narváez podía significar un giro en la política reaccionaria con la que no podía dejar de asociarse, el unionismo representado por el conde de Lucena no ofrecía al progresismo ninguna garantía para la efectiva liberalización de la situación[61]. De ahí que cualquier política u ofrecimiento que hiciera el nuevo ministerio se viniera a estrellar contra la intransigencia de los progresistas, en un punto sin retorno que no les iba a sacar del retraimiento[62]. El 3 de enero de 1866, el general Prim comandaba una sublevación militar, a la postre fracasada, en Villarejo de Salvanés, que daba por finiquitado el período de las experiencias conciliatorias. Llegaba, de nuevo, el turno a la revolución.


3. EL “FUSIONISMO”: LA ESTRATEGIA IMPERFECTA DE LA CONCILIACIÓN LIBERAL
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Los “sucesos de Natal” de 1861, acaecidos a raíz de la muerte de Pedro V y de dos de sus hermanos, pusieron en cuestión, después de una década de funcionamiento, la estabilidad política inaugurada desde el triunfo de la Regeneração. No se trataba de una mera cuestión de orden público, sino de la debilidad o vulnerabilidad de un gobierno que, debido a los apoyos recibidos de los medios populares, fruto de las coaliciones que cobijaba, no era capaz de asentar una política vigorosa y coherente. Es cierto que, desde los inicios de la Regeneração, los principios de tolerancia y conciliación tuvieron una perfecta aplicación sobre los partidos históricos, acabando con las antiguas pugnas partidistas, integrando a antiguos enemigos políticos bajo una nueva cultura política común. Una especie de reformulación del primigenio liberalismo, resucitando la “unión de la familia portuguesa”, por medio de uniones, coaliciones y agrupaciones “pasteleiras” que bien podemos considerar efecto del “fusionismo”. Un concepto político que, sin ser novedoso –y a pesar de las connotaciones que recibiría a partir de septiembre de 1865-[63], venía a identificar, sobre la renuncia a las tendencias exclusivistas, la permeabilidad de las fronteras partidarias, la transformación de las antiguas filiaciones y la agrupación de personalidades de signos dispares, más allá de sus antiguas –y también presentes- identificaciones políticas. Pero lo que había servido para terminar con la era de violencia partidista[64] y regenerar, en gran medida, el sistema político, no solo no facilitaba la nueva articulación de los partidos, sino que hasta dificultaba el funcionamiento del parlamentarismo. 


La reformulación de las antiguas fuerzas políticas, transmutadas en los partidos histórico y regenerador, había generado entidades de escasa solidez, en las que se aglutinaban tendencias y fracciones heterogéneas. La vaguedad de sus principios ideológicos y la escasa diferenciación programática con sus pretendidos antagonistas, manteniendo una notable contigüidad las políticas de uno y otro partido en las tareas de gobierno, no facilitaban ni la identificación política ni la cohesión interna. Por otra parte, el mantenimiento de una tendencia pretendidamente conciliatoria y “fusionista”, que favorecía antes la flexibilidad y la ductilidad de los partidos que el retorno a los maximalismos y la confrontación, y que constituía el fundamento para la realización de amalgamas y coaliciones, provocaba la inconsistencia de estas nuevas agrupaciones políticas. Una fragilidad que se hacía notar en las políticas ministeriales de uno y otro partido, como ocurrió con el breve gobierno regenerador de Terceira y Aguiar (de marzo de 1859 a junio de 1860) o con su antecesor, el ministerio histórico presidido por Loulé desde julio de 1856[65]. Y es que a la altura de 1861, no se planteaba siquiera la posibilidad de consolidar un sistema basado en el bipartidismo, ni opción había para poder materializarla, dado el estado en el que se encontraban los partidos y la resistencia existente a resucitar una dualidad política que, vivas todavía las consecuencias nefastas que había provocado, se creía prescindible.


La prematura muerte de Pedro V y, especialmente, los conflictos que se sucedieron ante el cúmulo de infortunios que aquejó a la familia real, iban a poner en cuestión la conveniencia y efectividad de unos principios que, ya entonces, empezaban a considerarse inconvenientes[66]. El gobierno de Loulé, que con la presencia en el ministerio de Ávila y Carlos Bento –excartistas que formaban una filiación propia[67]- encarnaba perfectamente ese espíritu “fusionista”, se veía obligado –en febrero de 1862- a defenestrarles para contener las demandas de los radicales, que lideraban la base social de los históricos y de quienes dependía para su sostenimiento[68]. Y es que dentro del partido histórico se había ido desarrollando una corriente “proto-republicana”, exigente de una mayor firmeza doctrinal que pretendían se tradujera, por vía ministerial, en políticas activas acordes con los principios secularizadores y “republicanizantes” con los que se identificaba[69]. Su involucración en la organización de los acontecimientos de diciembre, a través de la Asociación Patriótica que controlaba y dirigía, mostraba el grado de incompatibilidad que empezaba a manifestarse entre la “unha branca” y la “unha preta”, las vertientes moderada y radical que conformaban, en difícil convivencia, este partido. De hecho, Loule no tuvo más remedio que mostrarse excesivamente suave y taimado en cuanto a las medidas de represión y castigo de los responsables de los “sucesos de Natal”, a sabiendas de su connivencia con los líderes de la Asociación Patriótica, cuyos dirigentes y miembros lo eran también de la mayoría que lo sostenía[70]. 


De tal modo el gobierno y la corriente moderada que representaba se sentían rehenes de los radicales, que el recambio ministerial se hizo bajo las directrices de José Estevão, convertido en la personalidad más influyente de entre las fuerzas democráticas y en el mayor condicionante de la política elusiva e inconsistente de Loulé. El nombramiento de Mendes Leal y de Lobo D’Ávila como nuevos ministros, representantes ambos de la “unha preta”, mostraba la línea condescendiente del ministerio y su falta de vigor para defenderse de la oposición, aquejada igualmente de falta de solidez para convertirse en alternativa de gobierno[71]. Pero ni siquiera la formación de un gobierno monocolor, superada toda tentación “pasteleira”, integrando todas las corrientes del partido histórico, desde los más atemperados como Sá da Bandeira, Braancamp o el propio Loulé, hasta el radicalismo encarnado en los nuevos ministros, iba a dar mayor firmeza al ministerio. Esta experiencia gubernativa demostró que no había suficiente fuerza política para imponer, en esas tempranas fechas, un programa político radical[72]. De hecho, el radicalismo, a pesar de su nueva presencia ministerial, seguía siendo el principal elemento desestabilizador. Su mantenimiento dentro del partido histórico, sin formar una agrupación autónoma e independiente, si bien marcaba los límites de su acción política y evitaba toda deriva revolucionaria, había escorado la acción del gobierno hacía una política más extremada, y ello en un contexto común ya de por sí caracterizadamente progresista. Su influencia seguía haciéndose notar en las distintas esferas políticas, desde la propia monarquía, que venía a enlazarse con la impía dinastía de Saboya[73], hasta las distintas manifestaciones públicas que continuaba promoviendo, por medio de las asociaciones que controlaba, los clubes, los centros electorales y la propia masonería, en línea con su programa de construir una nueva ética cívica a través de la ideologización de las masas[74]. 


Si el radicalismo había supuesto para Loulé una base sociopolítica indispensable sobre la que asentar su preponderancia, no era menos cierto que representaba, para el gobierno y para el propio régimen político, un preocupante foco perturbador. Una situación frágil, dado el estado de los partidos, que bien pudiera ser aprovechado por quien pudiera capitalizar la movilización popular existente y dispusiera de la influencia y el poder suficientes como para provocar un cambio o liderar un golpe. Y ese personaje parecía identificarse con el mariscal Saldanha, el prohombre de la Regeneração, que gracias a su enorme versatilidad, su preeminencia militar y su abierta popularidad parecía el elegido. En el gran mitin de 10 de marzo de 1861[75], orquestado por la Patriótica, Saldanha –y no Loulé- había sido el aclamado para servir de ariete frente a la pretendida reacción y avanzar por la senda liberalizadora. En los recientes sucesos de diciembre de 1861, se identificaron varios responsables afines al propio duque, llegándose a plantear incluso su responsabilidad en el mismo[76]. Con cierto fundamento podían mirar los partidos con recelo la figura del mariscal, dado que Saldanha venía a identificarse él mismo como una figura salvífica, por encima de los partidos y del propio sistema parlamentario, ofreciéndose al entonces Pedro V para liderar, en comandita, una especie de dictadura ministerial[77]. Con la salida de Saldanha de Lisboa, que Loulé alcanzaba gracias a un goloso puesto al frente de la legación portuguesa en Roma, se conseguía neutralizar, por el momento, cualquier tentativa de golpe militar[78]. Incluso en su ausencia, su nombre volvería a sonar en las voces de los amotinados de la región del Minho –la revuelta de María Bernarda- y en la intentona insurreccional de Braga, levantamientos populares de inspiración nada radical, antes al contrario, críticos contra el gobierno de Loulé y las medidas fiscales adoptadas –herencia, por otra parte, del anterior ministerio-, que fueron, en esta ocasión sí, duramente reprimidos[79].


Pero el movimiento radical iba a seguir condicionando e influyendo la política del gobierno, cuya posición se había debilitado más aún con la salida de los avilistas, que acrecían el número de opositores en las cámaras. Y es que Loulé no podía desprenderse de los radicales, en una coyuntura en la que estos, bajo el liderazgo de José Estevão, insatisfechos con la política ministerial y conscientes de su peso y de la creciente identidad que albergaban, trataban de establecer una fuerza política propia. <<Pretendemos reconstruir, por medio de buenas adherencias y simpatías, ampliar el partido progresista, congregando todos los elementos de él dispersos por los diferentes gremios que las circunstancias crearan, tomando por núcleo de esta agregación política la parte de ese gran cuerpo que juzga necesario poner término a sus concesiones y tornar a su natural servicio de velar por las cosas públicas, apreciándolas no por el antiguo prisma de aquel partido, que no podía quedar inmutable, sino según están enseñando la experiencia de los acontecimientos y el influjo de los tiempos>>[80]. Lo que suponía dar resurrección a los antiguos partidos y retroceder a la lucha política que había logrado pacificar la Regeneração, una vuelta al partidismo que no era fácil restablecer. <<El retroceso para ese sistema –[respondía el diputado regenerador Martens Ferrão en la cámara, contestando precisamente a José Estevão]- sería imposible, porque no se pierde una conquista feliz de las ideas, sustentada desde hace muchos años. No se pierde así el resultado del trabajo consecutivo de once años en el que los hombres públicos que se preocupan del bien de este país, se han empeñado en olvidar el viejo exclusivismo de los partidos, con sus odios y con sus intolerancias>>[81]. Pero el grueso de la clase política que formaba los nuevos partidos políticos no estaba dispuesto a prescindir de los principios fusionistas y conciliatorios que habían logrado imponer sobre el exclusivismo partidista, ni iban a permitir el reavivar un proceso constituyente que el Acto adicional, con sus evidentes limitaciones, había logrado cerrar[82]. 


De cualquiera de las maneras, Loulé se vio obligado a ceder más aún ante el influjo del radicalismo, decidiéndose finalmente a integrar a José Estevão en el ministerio, a costa de la línea templada del partido, viniendo a sacrificar a Sá da Bandeira y Braamcamp, lo que expresaba el grado de subordinación y la debilidad política de los históricos, incapaces de sostenerse sin el soporte de las fuerzas democráticas. La muerte del líder radical[83], sin llegar siquiera a tomar posesión de su nuevo cargo, que anulaba la mudanza ministerial anunciada, ponía aún en mayores dificultades al gobierno, al descabezar a los radicales y dejar a Loulé sin uno de sus más eficaces apoyos, una situación de fragilidad ni siquiera compensada con la nueva remesa de pares concedida por D. Luis. El cambio de gobierno no vendría a materializarse sino hasta enero de 1864, labrándose cada vez más las desavenencias existentes entre la “unha branca” y la “unha preta” y marcando el predominio de esta en la política errática de Loulé[84], que desde tiempo atrás daba muestras de agotamiento y cuya resistencia a ceder el poder provocaba el desquiciamiento de las oposiciones[85]. También en el seno de los radicales, que mantenían su apoyo al gobierno, pesaba la colaboración con un ministerio que respondía solo mínimamente a sus proyectos y expectativas. Latino Coelho, que tras la muerte de José Estevão se había convertido en la imagen destacada de aquel “partido nuevo” al que los demócratas aspiraban, se veía obligado, por sus diferencias e insatisfacciones con la mayoría histórica de la cámara, a renunciar a su acta de diputado[86]. Una posición que planteaba los riesgos e incertidumbres a los que se enfrentaba el gobierno, dado el proceso rupturista que venían a trazar los radicales, dejando a Loulé sin las bases sociales y políticas que le daban cuerpo y cobertura. Pero también para el futuro próximo del propio régimen político, al presentar el radicalismo una vía política propia, desintegrada de los partidos medios y proyectando un horizonte que superaba los límites establecidos por la Regeneração. Por medio de los clubes, los centros políticos, las logias masónicas, la prensa y otras formas de socialización y movilización, el radicalismo, que no cejó en su tarea educadora y proselitista, favorecía la creación de un clima revolucionario que ponía en cuestión la calma política existente[87]. Un escenario especialmente proclive para la materialización de diversas expresiones populistas, que entraban en competencia con los partidos políticos, las únicas fuerzas políticas que daban sustento al sistema parlamentario, a las que de una forma u otra trataban de suplir.


Las elecciones con las que Loulé trató, en septiembre de 1864, aplacar las críticas de las oposiciones y dar una mínima cohesión al partido histórico, carente de unidad y de más aglutinante que el conseguir un acta de diputado, no iban a dotar al gobierno de mayor solidez[88]. El escándalo en el que se vio envuelto el ministro de hacienda, Lobo d’Ávila, el líder de la “unha preta”, que representaba la fracción del radicalismo todavía dispuesta a mantenerse dentro del partido histórico, iba a provocar su salida del gobierno junto a su compañero de filas, Mendes Leal, y la disolución definitiva de los lazos políticos que habían unido, en constante desarmonía, una y otra tendencia[89]. Lejos de rendirse a la situación, Loulé, incombustible, recomponía con políticos de segunda fila el ministerio, tratando de mantener en pie una situación a todas luces insostenible[90]. Ni la actitud contemplativa de la oposición regeneradora ni el apoyo inquebrantable del monarca podían hacer sobrevivir un gobierno que no tenía razón de ser, habiendo perdido toda base política sobre la que asentarse. Una situación de crisis que, dada la particular situación política del Portugal de la Regeneração, no desembocaba, como habría ocurrido en otros países, en una revolución: <<Sin agitar esta crisis las entrañas de la sociedad portuguesa –[trasladaba el Ministro de España en Lisboa, Diego Coello y Quesada]-, ha preocupado, sin embargo, lo bastante la atmósfera política del país, y demostrado la profunda división que trabaja al partido dominante y la disolución verdadera en que están todas las antiguas parcialidades políticas. En las cortes, como en la sociedad portuguesa hay grupos, individualidades, ambiciones y antagonismo de personas, no hay partidos ni verdaderas y radicales diferencias de ideas y de principios. Pero si este es un mal muy grande en todos los pueblos lo es aquí menor por el respeto que generalmente se profesa a la ley, por las consideraciones que se guardan los hombres públicos y por la falta de verdadero ardor que hay en la lucha de sus parlamentos. La estabilidad de la administración y la tolerancia que reina en las regiones oficiales, como la calma hija del temperamento del pueblo son además grandes elementos de orden, de libertad y de paz>>[91].


Obligado finalmente a dimitir, el ministerio de Loulé dio paso a otro presidido por Sá da Bandeira, una reliquia del régimen liberal que trataba, infructuosamente, mantener en pie esa aparente dualidad política centrada en los partidos histórico y regenerador. Revitalizando ese amago “fusionista” que suponía la presencia del conde de Ávila y de Carlos Bento, el nuevo gobierno se encontraba completamente desamparado, sin recibir el beneplácito de la mayoría histórica de la cámara y sin disponer de la aquiescencia de los regeneradores[92]. A pesar de los intentos de Ávila por alcanzar el apoyo de los regeneradores y de Sá da Bandeira por reunir a los históricos, el grueso de las filas de una y otra fuerza política se opusieron a lo que entendían no era sino una mera coalición parlamentaria y ministerial, una situación interina sin más trascendencia en la reorganización de los partidos políticos[93]. Y es que en esa precisa coyuntura, los líderes de ambas fuerzas políticas creían imprescindible volver a las esencias de la Regeneração, restableciendo una verdadera “fusión” de los partidos, creando nuevamente una única fuerza liberal progresista que se superpusiera a las fracciones que se habían ido conformando en torno a históricos y regeneradores. Una nueva dimensión política que el singular diputado Vieira de Castro supo explicitar perfectamente en la cámara: <<Me parece necesaria, improrrogable y urgentísima la creación de un nuevo partido que debe levantarse de la fusión de todos los partidos, menos el conservador, que tiene su misión a cumplir, y que en los buenos residuos de esta amalgama juntará nuevas y viejas adhesiones que han de honrarlo y fortalecerlo. Este partido, que debería llamarse el partido progresista, había de confundir en el primer abrazo, sincero y espontáneo, todos los grandes talentos y todas las grandes virtudes del partido histórico, todos los grandes talentos y todas las grandes virtudes del partido regenerador. Es preciso hacer solemne hecatombe, en las aras de la patria, de estos odios diminutos e insignificantes en los que hoy se divide y se descompone la más soberbia y opulenta porción de la familia portuguesa>>[94]. 


Como respuesta a la formación de un frente “fusionista”, el gobierno de Sá da Bandeira recibía la colaboración multiforme de las tendencias que veían peligrar, en un futuro orden de cosas bajo el control comanditario de históricos y regeneradores, su supervivencia y posición. Las tendencias extremas, desde los irreductibles cartistas a los radicales, pasando por el pragmatismo de los avilistas y la “unha preta” de Lobo d’Ávila, unían sus fuerzas ante una situación que iba a significar, sobre todo para estos últimos, su distanciamiento del poder, quedando los partidos medios dueños y señores del centro político, sin recibir el contrapeso del radicalismo. Luis I permitió a Sá la disolución del parlamento, lo que suponía salvaguardar temporalmente la situación de un acceso revolucionario, manteniéndose los radicales a favor, y no en contra, del gobierno[95]. Pero ni el conde de Ávila ni Lobo d’Ávila suponían un sostén suficiente para mantener el gobierno de Sá, pues si bien el radicalismo, influyente y poderoso en cuanto a su ascendencia sobre las masas populares, apoyaba al ministerio frente la nueva tentativa “fusionista”, estos ministros no despertaban ninguna confianza en ese cuerpo multiforme e inorgánico. Una situación que no hacía sino ahondar la crisis política existente, tal y como apuntaba Coello y Quesada: <<Pero, ¿qué vendrá detrás? Como no hay una bandera definida ni por parte del gobierno, ni por parte de las oposiciones que le combaten; como todos los partidos antiguos están disueltos; como las fracciones de estos mismos partidos se coaligan y se separan para destruir, y vuelven a separarse y coaligarse, para cuando empieza a vivir aquello mismo, que deseaban pocos días antes, no es posible calentar el desenlace, de todas maneras funesto para el país, de estas situaciones anormales y transitorias. Ayer las disidencias, que en ambas cámaras representaban el conde de Ávila, Aguiar y Lobo d’Ávila, principalmente, ayudadas por el partido regenerador y por los conservadores, derriban al gabinete Loulé, ya quebrantado por una lucha intestina; hoy la Regeneración, el partido cartista y los amigos del duque de Loulé, parecen unirse para derribar el gobierno, principalmente apoyado por las últimas disidencias>>[96]. 


El triunfo electoral de los “fusionistas”[97], es decir, de los históricos y los regeneradores coaligados, resultaba, a ojos del representante español, la mejor garantía para la tranquilidad política, amenazada por los rumores de una pronta revolución en el país vecino: <<Es indudable que la atmósfera de este país está profundamente preocupada de la eventualidad de una revolución en la península, siendo esta una de las causas que más vivamente hacen desear a sus verdaderos hombres de estado la constitución de un gobierno poderoso y fuerte, y que, a sus sentimientos a favor de la libertad, una el apoyo de los elementos conservadores. Una fusión entre el partido regenerador, y el antiguo partido cartista, aprovechando los elementos de orden que existen en el progresismo histórico, es sin duda la solución más vivamente deseada por el sentimiento público, y de ello es una prueba elocuente el éxito, que han tenido los candidatos del partido regenerador en las recientes elecciones parciales de Oporto y de Lisboa>>[98]. Visto el desenlace electoral, Sá da Bandeira no tuvo más remedio que rendirse a la situación, dado que la única opción de mantenerse en el gobierno era recurriendo a Saldanha, ofreciéndole la jefatura del ministerio, salida que no cumplía las expectativas del mariscal, que solo aceptaría el mando asumiendo poderes excepcionales, algo que ni el rey ni el resto de las fuerzas políticas estaban dispuestos a aceptar[99]. En septiembre de 1865, verificada la crisis del gobierno, Luis I llamaba al duque de Loulé y al conde de Castro, líderes del partido histórico, y a Joaquim António de Aguiar, jefe de los regeneradores, para encargarles, bajo la presidencia de este último, la formación de un gobierno de “fusión”[100]. El nuevo ministerio, en aplicación de los principios “fusionistas” que abanderaba, optó por no disolver la cámara, ni necesidad tenía de ello, dado el rápido transfuguismo que siguió a la dimisión de Sá. La “fusión” consiguió así adormecer y neutralizar toda oposición, que pasó a formar parte de la mayoría del gobierno, desarmando a las distintas fracciones que habían ido formándose en la lucha parlamentaria, creando una sensación, no del todo falsa, de calma política.


CONCLUSIONES
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Todo parecía indicar que en Portugal, a diferencia de lo que estaba ocurriendo en España, el régimen político, y con él la propia dinastía, se encontraban completamente a salvo de todo riesgo revolucionario. La puesta en acción de los principios conciliatorios y “fusionistas”, que de hecho no se habían abandonado completamente desde su integración en la cultura política que la mayor parte de las fracciones políticas compartían, había propiciado una especie de segunda Regeneração. Los distintos síntomas de inestabilidad que habían ido asomando, al calor del movimiento de los radicales, parecían sofocarse, distendiendo la tensión política e ideológica que habían introducido en el campo de la discusión política. Pero la estrategia conciliatoria que tan buenos resultados había dado en 1851 no iba a resultar la más conveniente catorce años más tarde. Es cierto que el “fusionismo” resultaba eficaz a corto plazo, asegurando la estabilidad política y el consenso entre los distintos partidos, dejando cerrada toda cuestión constituyente y aun de reforma del régimen vigente. Pero el recurso a la “fusión” impedía, nuevamente, la formulación de un sistema de partidos dual, que pudiera basarse en la alternancia y sobre el que pudieran rotar dos fuerzas políticas mayoritarias. En esos momentos, confundidos históricos y regeneradores en un mismo partido “progresista”, no resultaba fácil establecer con qué otro partido debía disputarse la gobernación del estado, y eso considerando esta mixtura, dada su indudable heterogeneidad, como un partido mínimamente unido y con identidad propia.


Pero más preocupante resultaba la posición en la que venía a encontrase ese mundo multiforme que conformaba el radicalismo, que carente de organización y de ideología definida, suponía un magma inquietante en busca de un espacio sobre el que canalizar sus proyectos y aspiraciones. Una base sociopolítica propicia sobre la que vendrán a ensayarse, en los años siguientes, acciones populistas y formulaciones partidistas, que tratarían de dotarle de cuerpo e identidad política propios[101]. Y es que el mundo radical, mientras estuvo solapado al partido histórico, se mantuvo neutralizado en sus propósitos reformistas y democráticos, compartiendo tareas de gobierno y mayorías parlamentarias, lo que provocaba su moderación y dificultaba su unidad y organización. A cambio, se aseguraba su total fidelidad al régimen político y a la dinastía reinante, considerando a Luis I un verdadero rey republicano. No por casualidad, Luis I, como su hermano Pedro V, habían preferido gobiernos históricos, no permitiendo que la izquierda dinástica dejara de serlo, a diferencia de lo ocurrido en España con Isabel II y los progresistas, empujados estos al anti-dinastismo y a los demócratas a declararse, en una amplia mayoría, abiertamente republicanos. Pero con el nuevo gobierno de “fusión” el radicalismo se quedaba sin apenas opción en el juego parlamentario, lo que le llevaba a buscar nuevos espacios para su expresión política, libre de contenciones y mesuras, dejando abiertos sus anhelos reformistas por no llamarlos revolucionarios[102]. No obstante, por el momento, en Portugal seguía ensayándose la vía de la conciliación[103].


En España, desde 1863, fracasado el proyecto genuino de la unión liberal, siguió empleándose un lenguaje político basado en la conciliación y en la necesidad de liberalizar la situación. Una política balsámica que respondía esencialmente a las dificultades y carencias que atravesaban moderados y unionistas, necesitados de propuestas que ayudasen a aglutinar las fracciones en las que se dividían y a mantener, con evidente fragilidad, las débiles mayorías que sustentaron a los gobiernos que se sucedieron. Pero esta inercia conciliatoria, que neutralizaba, eso sí, la tradicional política de resistencia defendida por el moderantismo, resultaba completamente insuficiente para atraer al progresismo, que vio cómo se fueron frustrando sus claras expectativas de ser llamado al gobierno. A diferencia de lo ocurrido en Portugal, el unionismo no alcanzó a disolver completamente los partidos históricos, consiguiendo progresistas y moderados mantener sus identidades políticas y sus aspiraciones de poder. Una pugna política en la que entraba además la unión liberal, convertida en partido, que venía a encarnar los principios de conciliación, materializando un programa que debía haber constituido la base de una cultura política compartida y no una fuerza política más en el escenario de los partidos. Esta nueva situación –de tres o cinco partidos, si incluimos al carlismo y a los demócratas- hacía improbable una dinámica de alternancia, que exigía una estructura claramente dual, lo que relegaba a los progresistas fuera del acceso natural a los consejos de la corona. Y es que la propia monarquía -y los centros de opinión y decisión a los que estaba sujeta- no fueron capaces de prescindir de sus recelos ante un gobierno progresista, a pesar de los esfuerzos hechos por este partido para ser considerado ministerial, posición que marcaba las diferencias con la vecina dinastía de los Bragança. Una resistencia que iba a marcar el rumbo anti-dinástico que acabaría adoptando el progresismo.


Sin la posibilidad de formar parte del gobierno, los progresistas difícilmente podían aceptar un régimen que le cerraba sus puertas, lo que permitía un mayor protagonismo a las tendencias menos contemplativas, sobre las que los demócratas ejercían mayores influencias. De ahí que, primero como estrategia, medida de fuerza y presión, y, al mismo tiempo, como solución de ruptura, vista la intransigencia de los gobiernos moderados y unionistas, el progresismo fuera caminando por el retraimiento y desembocando en la revolución. Esto suponía declarar abiertamente su oposición a la constitución de 1845, sin plantear ninguna opción mesurada ante un texto que, de otro modo, tal vez hubieran estado en trance de respetar, como los históricos –y aun los radicales- habían sido capaces de aceptar en Portugal. De ahí que se plantease nuevamente la cuestión constituyente en el debate político, lo que empujaba a una espiral difícilmente solucionable, impidiendo al progresismo su retorno al juego parlamentario. Si el progresismo se declaraba en contra de la constitución vigente, su llamada al gobierno resultaba imposible; como no se permitía la entrada en el poder a los progresistas, estos desvelaban su intención de reimplantar la constitución de 1837 o la de 1856. De este modo, los recelos constituyentes de unionistas y moderados, como la estrategia del “todo o nada” adoptada por el grueso del progresismo, se convertían en las dos caras de una misma moneda, reflejo de la incapacidad de unos y otros de sustraerse a inercias, identidades y prejuicios que debían verse, a esas alturas, como extemporáneos. Lo que mostraba el rotundo fracaso de la estrategia conciliatoria que el unionismo había tratado de imponer desde hacía una década, incapaz de crear un mínimo clima de consenso sobre el que articular un nuevo sistema de partidos. De lo que unos y otros eran conscientes, y así obraron en consecuencia, es que tras los intentos conciliatorios, solo había camino para la revolución.


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