DOS CIUDADES ALOJADAS EN UNA. TRABAJO, MUJERES Y ECONOMÍAS EN LA CIUDAD DE AMÉRICA LATINA

1. INTRODUCCIÓN

No es innovador describir las ciudades (en particular las latinoamericanas) como desiguales, divididas, segregadas, duales. Wacquant (2006)Wacqant, Loic (2006). Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias, Estado. Buenos Aires-México-Madrid: Siglo XXI. en su estudio sobre las ciudades de Chicago y París señalaba que existía una nueva marginalidad avanzada. El nuevo régimen laboral asociado al debilitamiento del trabajo asalariado, el retroceso del Estado Social y la concentración económica daba lugar a fines de los noventa a nuevos guetos dentro de las ciudades. Pero en América Latina, los mercados de trabajo polarizados se han acentuado desde antes de los noventa y, en el contexto de la pandemia, los procesos de expulsión del mercado de trabajo y de precarización laboral se han acelerado. La concentración de la población urbana en las ciudades latinoamericanas, sumada a la debilidad de los sistemas de salud, hizo de América Latina el gran epicentro de la crisis de la COVID-19 (Benza y Kessler, 2021Benza, Gabriela y Kessler, Gabriel (2021). La ¿nueva? estructura social de América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI. ). Argentina no está exenta de estas tendencias. Durante la pandemia la pobreza aumentó marcadamente: pasó del 35,5% en el segundo semestre de 2019 al 42% del total de la población (el 10,5% son indigentes) en el mismo semestre del año siguiente. En particular, las mujeres tienen más probabilidad de estar afectadas por el aumento del desempleo, la pobreza y la sobrecarga de los cuidados. Ellas suelen estar sobrerrepresentadas en las ramas laborales de menores pagas, en las de salud y en las primeras líneas de fuego de combate frente a la COVID-19 (Bárcena, 2020Bárcena, Alicia (2020). Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. Hacia Sistemas Integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación. En: Informe de presentación para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_final-200819_propuesta_informe_cuidados_rev_abi_0.pdf ).

Estos procesos se registraron en la ciudad de Mar del Plata (Partido de General Pueyrredón) de manera singular.

Aunque el crecimiento de la pobreza y la indigencia se profundizó en la ciudad en el año 2020 (como en el resto del país), esta es una tendencia de larga data (véase el gráfico), asociada a su vez con la dinámica del mercado laboral en el contexto de las políticas neoliberales. Además de esta tendencia, hay que tener en cuenta que las políticas neoliberales implementadas a nivel nacional por el gobierno de Macrí (2015-2019), que reeditaron el consenso de Washington, impactaron de manera negativa en el mercado de trabajo local, principalmente en la precarización de los puestos de trabajo¹Las políticas neoliberales o del denominado consenso de Washington se caracterizaron por las privatizaciones de empresas públicas y del sistema de seguridad social, la apertura de los mercados de los países subdesarrollados a la exportación de los bienes industriales que no tenían demanda interna, la desregulación de los mercados, etc. Pero la pieza clave de esas políticas fueron los cambios en las relaciones asalariadas. En concreto durante el gobierno de Macrí la caída del salario real redujo aún más el mercado interno y, al frenar la demanda y la producción, se incrementaron los problemas de empleo. La inflación impactó especialmente a aquellos que percibían bajos salarios (Neffa, 2020).. Este dato es interesante porque estas políticas afectaron a la población que vamos a estudiar por varias vías, pero principalmente porque la condenó al trabajo precarizado (que después será redesignado como economía popular) y, en particular, a las labores asociadas a la reproducción social²Es importante aclarar que el concepto de reproducción que se tiene en cuenta aquí es el que propone la economía feminista (Picchio, 1992). Este supone que cualquier sistema necesita, para asegurar su permanencia, reproducir los elementos y relaciones de producción, entre los cuales están los medios de producción y los bienes de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. Ahora bien, la crisis de reproducción social puede caracterizarse por el aumento generalizado de la precariedad de la vida, por la proliferación de situaciones de exclusión social y por la multiplicación de las desigualdades sociales (Pérez Orozco, 2014). de las comunidades más humildes.

Un fenómeno marcado en la ciudad es el proceso de precarización general. La cantidad de personas con salario fijo fue cayendo (del 70% en 2016 al 64,8% en 2019), aumentó el empleo no registrado, creció el monotributismo y el trabajo en la economía popular (ReNaTEP, 2020Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, ReNaTEP (2020). Reporte General del ReNaTEP. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/mas-de-un-millon-de-personas-ya-se-inscribieron-en-el-renatep ; Grupo Estudios del Trabajo, 2021Grupo Estudios del Trabajo (GET) (2021). Informe Socio laboral del Partido de General Pueyrredón. Disponible en:http://nulan.mdp.edu.ar/infosociolaboral/ ). Además, el Partido de General Pueyrredón se presenta con una estructura heterogénea o dualizada, es decir, que aparece en la brecha entre las posiciones más altas y las más bajas dentro de la estructura ocupacional (sobre todo si se compara con el total del país) (Chávez Molina y Derteano, 2020Chávez Molina, Eduardo y Darteano, Pablo (2020). Contexto socioeconómico del aglomerado Mar del Plata-Batán en el segundo semestre 2019. En: María Antonia Muñoz (coord.) Impacto territorial de las políticas de articulación local implementadas en el contexto del COVID19 en barrios populares del Partido de General Pueyrredón: capacidad de respuesta a las necesidades emergentes y propuestas para su fortalecimiento. Primer Informe. Disponible en: http://humadoc.mdp.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/895 ). Pero además de ser una ciudad dual en el sentido de la heterogeneidad de su estructura laboral y de ingresos, también lo es por la distribución geográfica de la población (Canestraro y Zulaica, 2020Canestraro, María Laura y Zulaica, Laura (2020). Transformaciones recientes y conflictos urbanos hacia el sur de Mar del Plata. Revista Vivienda y Ciudad, 7: 192-213.). El paisaje de la ciudad aparenta ser el propio de dos ciudades alojadas en una misma distribución político-institucional, el Partido de General Pueyrredón. A esta caracterización hay que sumarle la respuesta organizativa de parte de la población a través de los comités barriales de emergencia (CBE), organizaciones de carácter comunitario, que cuentan con la ayuda estatal en materia de recursos, que surgieron para asistir a la población en lo relativo a la crisis alimentaria y a la violencia de género. En este trabajo se analizará especialmente el litigio que establecieron en el marco de la ciudad, situando al gobierno municipal como uno de los responsables de la crisis de reproducción social.

El objetivo del artículo es doble. En primer lugar, se discutirá cómo la creación de los CBE supone la aparición de un litigio político asociado a las condiciones de reproducción social. Para ello es necesario discutir cómo se crearon los CBE, entendidos como acciones comunitarias distribuidas en todo el Partido de General Pueyrredón con el objeto de combatir la crisis de reproducción social al inicio y en el transcurso de la pandemia de la COVID-19, en marzo de 2020 y durante el primer trimestre de 2021. En segundo lugar, se mostrará que los CBE no solamente establecen una escena polémica, donde el principal contradestinatario es el gobierno municipal, sino que ponen en discusión el lugar de las mujeres organizadas en relación con las tareas de reproducción social.

El artículo se dividirá en las siguientes secciones: en la que sigue se desarrollará la categoría de litigio o escena polémica como clave de lectura para el análisis del conflicto; en la tercera sección se mostrará cómo los CBE tienen la particularidad de ser una organización comunitaria distribuida en los barrios más vulnerables de la ciudad que resuelve parte de las demandas asociadas principalmente a lo alimentario y a la violencia de género en estas poblaciones, pero también se mostrará que no solo atienden a la crisis de reproducción social que impacta sobre todo a los sectores más vulnerables, sino que establecen un conflicto político con el municipio en relación con esa crisis; en la cuarta sección se reflexionará sobre el proceso de subjetivación política por razón de género, sus tensiones, potencialidades y limitaciones; finalmente se establecerán una serie de conclusiones a modo de síntesis del artículo. Para escribir el mismo se realizaron 32 entrevistas en profundidad a informantes clave de los CBE y de los tres niveles de gobierno, y una encuesta a 250 personas distribuidas en las cuatro zonas en que están organizados los CBE. Además, se participó en numerosos procesos asociados a la dinámica de reunión de los CBE y a la distribución de recursos públicos y comunales, e igualmente se recopiló información documental y se analizaron fuentes estadísticas y documentos políticos oficiales.

2. ESCENAS POLÉMICAS Y SUBJETIVACIÓN POLÍTICA

En marzo de 2020, declarado el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) en toda la nación, las organizaciones sociales y los diferentes niveles del Estado (local, provincial y nacional) impulsaron los CBE con el objetivo de poder asistir con alimentos a la población en el Partido de General Pueyrredón. Por ese entonces, se creía que la prohibición de la circulación iba a impactar sobre todo en la población con trabajos informales o de la denominada economía popular³Esta población vive del ingreso diario porque no tienen un salario, ni una relación laboral con un empleador estable, y escasos o nulos derechos laborales (Muñoz, 2018a) por lo que, en el contexto de las medidas asociadas al aislamiento social, preventivo y obligatorio, se enfrentó al dilema de seguir trabajando en la ilegalidad o no tener ningún ingreso para la subsistencia diaria, poniéndose en riesgo en cualquiera de las dos opciones. . Esas personas no podrían circular, por lo que no podrían asistir a sus trabajos, que contaban con poca o ninguna protección social y, como consecuencia, los perderían o se verían impedidos de cobrar un jornal diario. En este sentido, la crisis alimentaria (declarada ya en el año 2019 en Argentina) se profundizaría. Los comités desplegaron entonces una red de comedores y merenderos para asistir a esta población, aunque también trataron cuestiones de violencia de género, violencia institucional, condiciones sanitarias y aspectos asociados al hábitat precario en el que usualmente vive la población con trabajos precarios.

Para fines del año 2020, todavía en plena pandemia, aunque con cambios en las restricciones de circulación, el municipio dejó de entregar alimentos frescos (carnes y verduras), mientras que la entrega de comestibles secos por parte del gobierno provincial y nacional continuó. Esto disparó un conflicto a nivel local. El municipio, por su parte, no habilitó el diálogo a través de mecanismos que ya existían para negociar la cantidad de alimentos y, en otros casos, los reabrió sin restituir la misma cantidad que se otorgaba a principios de la pandemia. Es notorio que no hubo declaraciones públicas para argumentar las razones.

En este sentido, se entabló un conflicto en torno a los objetivos de los CBE y de los municipios, sobre la calidad en tanto partícipes en resolver la crisis alimentaria, e incluso un debate sobre si existía crisis alimentaria. Ahora bien, no se trató de un enfrentamiento en torno al modo de gestionar la pandemia, sino que fue más allá, y por eso la hipótesis es que se entabló una polémica en la que emergió una subjetividad política específica. Por polémica o desacuerdo se entenderá una situación conflictiva en donde los interlocutores establecen un litigio o conflicto singular:

Dicho de otra manera, no se trata de un conflicto donde simplemente hay negociación de intereses, puesto que esto supondría que el escenario es compartido e institucionalizado y que los sujetos se reconocen plenamente como adversarios en pugna. La estructura de este antagonismo supone una polémica sobre la emergencia de un sujeto (colectivo) que no es reconocido como tal, sino que es objeto del litigio y el campo de la disputa misma⁴En el caso que se analizará se podrá observar que mientras unos sostienen que hay una crisis alimentaria que resolver, otros no la conciben como tal. Mientras unos sostienen que hay una forma de resolver esa crisis (de manera comunitaria) otros, al no reconocer la crisis, siguen gestionando los recursos institucionales para que las vías de solución vengan a partir de la privatización de las soluciones. Finalmente, mientras los CBE y las mujeres organizadas quieren sostener que se trata del terreno de lo laboral, otros ni siquiera consideran relevantes las tareas realizadas..

Esta estructura de la polémica política supone también que el tipo de lógicas de intervención es diferente. Antes de avanzar sobre esto es importante aclarar que no se trata de reducir las intervenciones a las prácticas lingüísticas, sino que se incluyen las no lingüísticas también. Dicho de otra manera, los procesos de conflictividad suponen posturas antagónicas que no solamente se pueden interpretar por lo que se dice, sino por el conjunto de prácticas que producen significación social, como los repertorios de acción, las formas de organización y presentación de demandas, las propuestas y las relaciones con las instituciones públicas, etc.

Para Rancière (1996Rancière, Jacques (1996). El desacuerdo. Política y Filosofía. Buenos Aires: Nueva Visión y 2000)Rancière, Jacques (2000). El odio a la democracia. Buenos Aires. Amorrortu ediciones. el concepto de polémica está asociado a la emergencia de sujetos políticos que puede ser abarcada a través de la categoría de subjetivación política. Esta remite a un proceso de formación de un colectivo que no se corresponde con una categoría sociodemográfica (por ejemplo, mujeres, pobres, trabajadoras, madres), sino con la creación de un «nombre impropio» que da cuenta de un lugar de enunciación novedoso, que irrumpe en la distribución normal de las funciones y los roles (por ejemplo, trabajadoras de la economía popular). Por ello lo considera «impropio», porque se refiere a un colectivo que intercepta, no solo nominalmente, sino a través de prácticas efectivas, la lógica de la ordenación social.

Hay que aclarar que Rancière denomina «lógica policial» a los procesos de gobernación y dominación; es decir, a las prácticas guiadas por la fijación de roles y funciones (Muñoz, 2019Muñoz, María Antonia (2019). Estrategias políticas y emancipación. Laclau discutiendo con Rancière. Revista Simbiótica, 6 (1): 12-45.). En el polo opuesto están las prácticas guiadas por la presunción de la igualdad. La igualdad no se presenta en Rancière como un principio organizador de lo social. Más bien todo lo contrario: se revela como un conjunto de prácticas guiadas por el supuesto de la igualdad de «cualquiera con cualquiera» y que, por tanto, tienen la capacidad de interceptar la ordenación social. El conflicto polémico o el desacuerdo se realiza efectivamente cuando se crea un sujeto colectivo que pone en cuestión un conjunto de relaciones sociales a partir de la constatación de que la igualdad ha sido dañada y, por lo tanto, tiene las capacidades igualitarias de resolver esa situación reorganizando las relaciones sociales. En este sentido, a la polémica política hay que agregarle otra característica especial, la de ser encuentro entre la lógica policial y la lógica de la igualdad. Allí, en ese instante, es donde surge la política, la cual emerge como «modalidad concreta de acción en la que se somete a verificación empírica la igualdad, y que surge de un tipo particular de sujeto, individual o colectivo, en tanto que la igualdad está llamada a convertirse en un “universal político” sólo cuando guía las prácticas» (Lesgart, 2018: 36Lesgart, Cecilia (2018). La singularidad de la política, lo político y la democracia: Jacques Rancière y Chantal Mouffe. Revista Argentina de Ciencia Política, 18: 35-53.).

En esta escena, la polémica o el desacuerdo no es sobre cómo resolver un problema público, sino sobre si efectivamente ese problema es público o no: es el escenario, las partes hablantes, el idioma… todo lo que se pone en litigio.

En esta operación de la igualdad la escena no es de mutuo entendimiento, de enunciados comprensibles, de transparencia del lenguaje. Lo común es el desacuerdo, la medida que separa las partes. La subjetivación política entonces supone un proceso de desidentificación o desclasificación social y no la emergencia de individuos interesados (yo), ni la intersubjetividad compartida (yo-tú). Dicho de otra manera, la subjetivación política implica un momento de negación del orden social, de rechazo de un conjunto de relaciones sociales a través de prácticas que prefiguran realidades futuras. Es importante aclarar que esta categoría no se está refiriendo a la constitución de una identidad cerrada con un conjunto de valores específicos que delimitan ese grupo social. Más bien supone la formación de un antagonismo en un sentido específico (Rancière, 2006Rancière, Jacques (2006). Política, Policía y Democracia. Santiago: LOM.). La existencia de un sujeto político colectivo se define por la negación de un conjunto de relaciones a través de prácticas que las interceptan, constituyendo un proyecto en la forma de un mundo alojado en otro. De esta manera, se trata de distanciarse de las teorizaciones que parten de la determinación de la posición del sujeto en el modo de producción, o de asociar al sujeto un conjunto finito de características sociales. Si la ordenación social asigna un lugar y una función que daña la igualdad, entonces su práctica colectiva está ligada a la necesidad de constituir un ser por venir, una desidentificación de los roles asignados, y una identificación imposible con un orden social que todavía no es.

3. LOS COMITÉS BARRIALES DE EMERGENCIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCENA CITADINA POLÉMICA

En esta sección se explicará cómo la aparición de los CBE establece un litigio en torno a la resolución de la crisis de reproducción social en el contexto de la pandemia y de las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio.

Los CBE son esfuerzos intercomunitarios, de carácter voluntario, para la contención y el tratamiento de situaciones de emergencia social en el contexto de crisis sanitaria producto de la pandemia en el 2020 (Muñoz, 2020Muñoz, María Antonia (2020). Impacto territorial de las políticas de articulación local implementadas en el contexto del COVID-19 en barrios populares del Partido de General Pueyrredón: capacidad de respuesta a las necesidades emergentes y propuestas para su fortalecimiento. Primer Informe. Disponible en: http://humadoc.mdp.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/895 ). Surgieron de la densidad organizativa de la ciudad, tanto por los movimientos asociados al trabajo en la economía popular como por las redes institucionales que se extienden en la sociedad civil marplatense. Se crearon por iniciativa de las diversas organizaciones sociales al iniciarse las medidas del ASPO implementadas por el gobierno nacional en marzo de 2020 en todo el territorio. Entre marzo y mayo de ese año se crearon 33 CBE distribuidos por el territorio local (Partido de General Pueyrredón).

Cada uno de los CBE es distinto de los demás y, según las particularidades de cada barrio, participan unos u otros referentes de las organizaciones populares y sociales. La creación de los CBE tenía, en un principio, como objetivo articular los recursos de la sociedad civil y distribuir los del Estado (en todos sus niveles) en el territorio de la ciudad para responder a una serie de demandas que se dieron en llamar alertas: alerta alimentaria, alerta ante la violencia por motivos de género, alerta ante la violencia institucional, ante el derecho a la salud y ante el derecho a la ciudad. Debido al grado de inserción territorial de las organizaciones, sobre todo en las zonas más vulnerables de la ciudad (véase figura 1), los CBE pudieron detectar cuáles eran las demandas prioritarias.

La alerta alimentaria dio lugar a uno de los dispositivos claves de distribución de alimentos que provenían del gobierno nacional, del provincial y del local. Mientras estas instancias entregaban toneladas de alimentos sin cocción, los CBE se encargaban de impulsar cocinas populares insertas en los territorios más humildes para la cocción de los alimentos y para distribuirlos entre la población cercana. Para coordinar los tres niveles del gobierno se creó una mesa social, en donde confluyen funcionarios públicos y referentes de las organizaciones sociales, frentes y asociaciones. Además, existe una mesa de coordinación con representación solo de las organizaciones y asociaciones territoriales de los diferentes CBE. Agregado a ello, cada una de las alertas es tratada por mesas específicas dedicadas a resolver las demandas.

En particular, la alerta alimentaria fue una de las que más dinámica alcanzó a razón del crecimiento de la pobreza y de la precarización laboral. Los CBE argumentaron que las necesidades asociadas a la insuficiencia nutricional y al abastecimiento alimentario que sufre una importante parte de la población del Partido de General Pueyrredón eran producto de la combinación de factores como el ASPO (un período en el que muchas trabajadoras y trabajadores no podían salir a realizar sus actividades y, por tanto, no generaban ingresos diarios) y la crisis económica y social (que es un proceso que había comenzado antes de la pandemia).

En este sentido, la reproducción de la vida en general y la sostenibilidad de los sectores populares en particular es lo que se puso en disputa, lo que para los CBE era territorio del conflicto con el municipio, pero también un modo de vida privatizado:

Pero los CBE no solamente presentan demandas, sino que ponen en práctica el proyecto político que contienen. Por ello, en septiembre de 2020 se habían creado y articulado 369 comedores y merenderos distribuidos por toda la ciudad con recursos de los tres niveles del Estado, de los sectores privados y de las propias organizaciones que participan en los comités. Además, muchas de estas unidades productivas o unidades barriales, como ellas mismas se autodenominan, han desarrollado huertas comunitarias como forma de proveer de alimentos saludables al comedor o al merendero o para venderlos a precios económicos a la población circundante. Igualmente, en algunos de ellos se encuentran espacios de cuidados para las mujeres que van con sus hijos e hijas.

La fuerza de trabajo en esos espacios (no asalariada, voluntaria, aunque en algunos casos reciben un salario complementario del Estado) es también, como en el resto de las actividades, en gran parte femenina (1.960 mujeres contra 952 hombres, más 164 personas que se identifican con otro género). La abrumadora mayoría de ellas viven en las mismas condiciones de pobreza e indigencia padecidas por la población que alimentan. Más de la mitad de los comedores y merenderos son impulsados por los movimientos sociales, organizaciones populares y de trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Las actividades en los comedores y merenderos no son solamente cocinar, entregar alimentos y limpiar: son espacios de reunión de los vecinos y las vecinas, donde se distribuye información, se genera contención en casos de violencia de género, y también se discuten los lineamientos políticos de las organizaciones y se reciben las demandas de la población cercana.

En este sentido, en las entrevistas realizadas a referentes de los CBE se percibe que, al margen de la crisis alimentaria, se encuentra en los comedores y merenderos algo más que un dispositivo asistencialista: son una forma de poder popular (como lo denominan) que representa las demandas de los sectores más humildes. Lo que se hace a través de estas prácticas es afirmar que hay otras formas de organizar colectivamente la provisión de alimentos y de resolver la crisis de reproducción social.

Una de las primeras medidas del gobierno municipal fue sostener la entrega de alimentos frescos (lácteos, carnes, frutas y verduras) a los CBE en distintas cantidades, aunque en términos generales entre julio y diciembre de 2020 fue de 20.000 kilos para los 33 CBE. No obstante, el reclamo de los CBE hacia los funcionarios se sostuvo sobre todo porque no alcanzaban para proveer de viandas saludables a las personas que acudían a sus comedores y merenderos. A pesar de que tanto el gobierno nacional como el provincial tampoco fueron constantes en la entrega de alimentos secos (perdurables), las líneas de conflicto de los CBE se establecieron fundamentalmente con el municipio (este es de signo partidario opuesto al del gobierno nacional y al del gobierno provincial, y tiene un perfil de gestión neoliberal).

Durante el primer año de la pandemia, los CBE coordinaron varias acciones de protesta en la ciudad por diferentes motivos, pero siempre dirigidas contra el gobierno municipal, por razones de reducción del personal de salud, por la estrategia sanitaria implementada, por la poca eficacia del municipio en relación con la violencia de género, pero sobre todo por los alimentos frescos. A fines de 2020 y principios de 2021 el gobierno municipal disminuyó o interrumpió (en función de las semanas que se observen) la provisión de alimentos frescos a los CBE, lo que multiplicó las acciones de protesta.

Los CBE se manifestaron repetidas veces, a través de marchas, movilizaciones y puestas en escena, para protestar en los lugares más céntricos, de mayor circulación y de mayor concentración de la riqueza de la ciudad (si se observa en la figura 1 se estarían movilizando por las zonas céntricas donde no hay barrios vulnerables, como una forma de mostrar la otra ciudad):

En este contexto, algunos legisladores locales de la oposición solicitaron al municipio que informara oficialmente de esta realidad, instándolo a que atendiera la situación de falta de alimentos en un contexto inflacionario y de aumento de la pobreza. La postura del gobierno municipal al respecto fue variando:

Más allá de la inexactitud en relación con las entregas y los acuerdos en torno a la cantidad de alimentos, lo mismo que las ambigüedades de las intervenciones, el municipio suspendió la mesa social o la reactivó sin reconocer a los CBE como interlocutores de los sectores más vulnerables de la ciudad, y juzgó que las condiciones actuales no pueden considerarse como críticas (como al principio de la pandemia).

Para el municipio, los CBE son espacios surgidos en el contexto de las medidas de aislamiento. Dicho de otra manera, no es la pandemia en sí, sino el aislamiento como medida pública, lo que legitima que se organicen los CBE y sus comedores y merenderos. Los cambios en las políticas asociadas a la circulación de las personas hacen que estas puedan volver a la normalidad económica, encontrar trabajo, y que por tanto no sea necesaria la continuidad de los CBE. Para el gobierno municipal estos fueron una medida transitoria, no son un interlocutor al cual reconocerle un espacio de negociación efectivo en torno a los alimentos.

En síntesis, los CBE fueron no solo un síntoma de la crisis de reproducción social en el contexto de la pandemia, también marcaron los principales conflictos asociados a esta. Una subjetividad política singular dividió posiciones y reflejó la ciudad polarizada, o más bien mostró que había dos ciudades en una. En este sentido, la polémica puede resumirse de la siguiente manera: consiste en inscribir en el corazón de la ciudad el litigio a través de las prácticas de comunalización de la sostenibilidad de la vida. Por la discusión que se viene sosteniendo, los CBE pueden ser clasificados como un proceso de comunalización que reorganiza la ciudad polemizando tanto el escenario como el objeto del conflicto y los sujetos que tienen derecho a hablar, polemizando con el gobierno municipal, pero también con una forma capitalista, individualizante y privatizante, las cuestiones asociadas al acceso a los derechos básicos, como el derecho a la alimentación de las poblaciones más vulnerables. Los CBE crean un litigio al plantear si se trata de una forma de organización permanente o pasajera, y se establecen como interlocutores con legitimidad para garantizar parte de los procesos de sostenibilidad de ciertos sectores sociales, a pesar de que el municipio no lo considera así.

4. MUJERES, TRABAJO Y SUBJETIVIDAD POLÍTICA

Es interesante inscribir este proceso en otro más amplio. Los CBE fueron impulsados por múltiples organizaciones sociales, redes institucionales y, en particular, por formaciones asociadas a los movimientos de trabajadoras y trabajadores de la economía popular, que elevan la consigna de tierra, techo y trabajo. Con el cambio de gobierno en el año 2019, de uno neoliberal a otro más afín a estas organizaciones, autodenominado nacional-popular, se declaró públicamente la necesidad de incluir a trabajadoras y trabajadores. Con ese objetivo, a mediados de 2020 se creó el registro nacional de trabajadoras y trabajadores de la economía popular. En el mes de octubre, de 1.025.285 personas inscritas, el 57% eran mujeres. Del total de las actividades, las más recurrentes fueron los trabajos sociocomunitarios (31%), entre los cuales destacan los comedores y merenderos (52%) (Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, ReNaTEP, 2020Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, ReNaTEP (2020). Reporte General del ReNaTEP. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/mas-de-un-millon-de-personas-ya-se-inscribieron-en-el-renatep ). En estas actividades más de la tercera parte de las personas que las realizaron fueron mujeres. Ellas fueron las que desde múltiples actividades atendieron la emergencia alimentaria en el contexto de un proceso de deterioro de las posibilidades de acceso a los alimentos, un proceso que se venía produciendo desde hacía varios años, aunque con la pandemia se agravó.

En el contexto de precarización de la vida en general, las organizaciones y las mujeres de los CBE entendieron esas crisis como un daño colectivo, las convirtieron en demandas de redistribución e instauraron el conflicto en el espacio público. En particular, en el Partido de General Pueyrredón, la expectativa de las organizaciones territoriales al inicio de la pandemia en marzo de 2020 era la escasez de alimentos entre los sectores populares, aunque esto debe enmarcarse en momentos previos. Durante el año 2019, en Argentina se declaró la Ley de Emergencia Alimentaria. Esta ley había sido impulsada por movimientos populares que demandaban las tres tes (tierra, techo y trabajo) y por organizaciones sociales que tuvieron gran capacidad para situar en la esfera pública el problema del acceso a los alimentos y, en la esfera institucional, para captar recursos del Estado y redireccionarlos a los sectores vulnerables (Muñoz, 2018bMuñoz, María Antonia (2018b). Voluntades populares, voluntades laborales. Los gobiernos y la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. Trabajo y Sociedad, 32: 1-30.). En particular, el marco discursivo fue situar la emergencia alimentaria como parte del problema de la inflación y del empobrecimiento de la población, sobre todo la femenina. Además, se quería visibilizar la extensa red de comedores y merenderos que se ubican en los barrios, donde la mayoría de las que dirigen este proceso son mujeres.

Pero ¿qué perspectiva de género tienen los CBE si las tareas siguen siendo asignadas a las mujeres, independientemente de los esfuerzos de los colectivos militantes feministas por valorizar aspectos claves de la reproducción social en el contexto de la pandemia? No se puede responder a esta cuestión sin contextualizar la significación local de las luchas en el plano nacional. Durante más de una década el movimiento feminista y el movimiento de trabajadoras y trabajadores de la economía popular en Argentina consiguieron instalar en la discusión pública una serie de demandas y problemas distintivos: el aborto legal, gratuito y obligatorio, las políticas públicas y el cambio cultural contra la violencia de género y el reconocimiento del trabajo en la economía popular. Estas demandas no son exclusivas de uno u otro movimiento, sino que los atraviesan de diferente manera a todos. Mientras que la violencia siguió siendo un fenómeno persistente, las otras demandas fueron atendidas en mayor o menor medida⁶En el año 2021 se aprobó la ley (27.610) de Interrupción Voluntaria del Embarazo. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239807/20210115.. En particular, el reconocimiento de las trabajadoras y trabajadores de la economía popular fue dilatándose, aunque en materia distributiva y de dignificación de la vida siguen estando pendientes muchas medidas.

En síntesis, se logró un conjunto de políticas públicas asociadas a estos sectores como, por ejemplo, la Ley de Emergencia Social, que creó un salario social complementario⁷Consiste en que el Estado otorga medio salario mínimo a trabajadores y trabajadoras que realizan su actividad sin empleador directo y en la precariedad., la participación de las organizaciones y sus representantes en la mesa de negociación del salario mínimo, vital y móvil, y los registros de datos certeros de los y las trabajadoras de este sector.

No obstante, la mayoría de las personas que viven de la economía popular se encuentran cerca de la línea de pobreza (como gran parte de los trabajadores y trabajadoras no registradas, e incluso parte de quienes sí lo están). Ahora bien, estos avances en algunas políticas representan un marco significativo para la formación de otras demandas y rupturas asociadas al feminismo popular. Por ejemplo, la creación del salario social complementario permitió que las mujeres asociadas a las tareas de reproducción social en los barrios y en los CBE (actividad denominada por muchas de ellas la rama sociocomunitaria) se puedan organizar con varias potencialidades políticas que analizaremos a continuación.

La rama sociocomunitaria agrupa las actividades asociadas a los comedores y merenderos, a los cuidados de niños, niñas y personas mayores de edad, a la organización de actividades deportivas y recreativas, etc. En resumen, está asociada a las necesidades sociales que se resuelven colectivamente en los barrios más humildes y que están directamente relacionados con la reproducción social de estos sectores. Si la discusión del feminismo en Europa en los sesenta y setenta señalaba que las mujeres dentro de los hogares realizan tareas no remuneradas para la reproducción de la fuerza de trabajo (y que, por tanto, debían ser reconocidas como trabajo y pagarse con un salario), aquí la discusión se desplaza espacialmente a lo comunitario o barrial. En particular, los CBE instituyen esta tercera jornada laboral como un proceso colectivo de sostenibilidad de la vida de manera comunitaria, desplazando el eje de la familia como unidad de resolución de lo reproductivo a lo público político.

La rama sociocomunitaria es denominada así en virtud de lo que en Argentina se denominan las ramas productivas. De esta manera, en vez de denominarse actividades de cuidados, las organizaciones las impulsaron como una actividad más allá de la división entre lo productivo y lo reproductivo. Estas redefiniciones en el seno de las políticas públicas están, así, asociadas a las luchas y a las conquistas de los movimientos populares que se orientaron a señalar que algo que no era considerado ni empleo digno ni trabajo legítimo debía ser recodificado. Este desplazamiento supone una relocalización de las mujeres dentro de las organizaciones, puesto que son ellas las que principalmente llevan a cabo las actividades que las propias organizaciones realizan.

En este sentido, las organizaciones de la economía popular atravesadas por el movimiento feminista (y a la inversa) construyeron una escena polémica a nivel nacional antes de la pandemia: las tareas asociadas a lo sociocomunitario son producto de un modelo económico que excluye y que reorganiza a las familias (Muñoz, 2021Muñoz, María Antonia (2021). La subjetivación política desde un caso de las trabajadoras de la economía popular. Ciencia e Interculturalidad, 28 (1): 101-113. https://doi.org/10.5377/rci.v28i01.11462 ). Esta polémica fue retomada por los CBE en la ciudad. Como se analizó en el apartado anterior, construyeron una ciudad dual, dos ciudades alojadas en una, donde se relocalizan las actividades asociadas a lo alimentario en el centro de lo comunitario y público, interceptando la normalidad que las caracteriza en el ámbito privado (del mercado o de la familia).

Pero de nuevo el problema que surge es que siguen siendo las mujeres las encargadas de estas tareas y están subrepresentadas en las mesas de toma de decisiones tanto dentro de las organizaciones como en la coordinación de los CBE. En apariencia las mujeres se identifican con el rol asignado socialmente (el de los cuidados) y no presentan disputas igualitarias en torno al reparto en la toma de decisiones ¿En qué sentido se trata de un sujeto colectivo que surge para interceptar la distribución normal de los roles asignados a las mujeres y al trabajo? Para algunas, se trata de una economía popular feminista que, por el alcance de las prácticas, es clave tanto para cubrir las necesidades sociales del barrio inmediato como de la ciudad. Por eso una de las luchas es el reconocimiento de esos trabajos como esenciales, con un pago justo y con un estatus digno. Las promotoras de salud y las de género, que trabajan en los barrios, son de hecho figuras creadas por las organizaciones territoriales y reconocidas por el Estado, aunque con retribuciones, derecho y condiciones laborales muy precarias.

Es importante centrarse en el reconocimiento de estas mujeres en su calidad de trabajadoras, lo que le da a la experiencia de los CBE una perspectiva de género que se inscribe en el corazón de la ciudad, proceso que no está exento de debilidades y tensiones. Algunas de las luchas específicas impulsaron un registro de comedores y merenderos, y una bonificación extra a las mujeres que trabajaban en esa actividad. La ley Ramona fue presentada por representantes de las organizaciones sociales asociadas a la economía popular (por nombrar algunas de ellas presentes en la localidad y también a nivel nacional: Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Frente de Organizaciones en Lucha y Frente Popular Darío Santillán). Esta política consistía a finales de 2020 en un plus de 5.000 pesos argentinos para aquellas personas que ya cobraban un salario social complementario (9.500 pesos o 98 dólares a fines de 2020) como un reconocimiento a las tareas asociadas a los cuidados populares en el contexto de pandemia (previendo su culminación hacia el fin del año 2021). La ley se llama Ramona en conmemoración de una de las cocineras populares y militante de la organización La Garganta Poderosa que murió por contraer la COVID-19 entregando alimentos en su barrio.

En la ciudad esto se tradujo en la campaña asociada a No solo es amor, es trabajo y a las jornadas «#DíaDeLasCocinasPopulares» (junio de 2020). Además, las trabajadoras asociadas a la rama sociocomunitaria en la ciudad lograron que algunos legisladores presentaran un proyecto de ordenanza para reconocer a quienes sostienen las cocinas populares y a quienes tienen comedores y merenderos en sus propias casas (con el objetivo de facilitar insumos como la garrafa de gas). La particularidad de la escena es que algo que se asigna socialmente a las mujeres como su rol natural es objeto de polémica cuando se trata de valorar como una jornada laboral.

Las trabajadoras de los comedores y merenderos son las referentes sociales de los barrios. Estos espacios suelen ser lugares de encuentro entre las vecinas y los vecinos donde se producen las demandas que luego son elevadas al espacio público por las organizaciones sociales. Dicho de otra manera, son los lugares de encuentro entre las necesidades individuales y la elaboración de las reivindicaciones colectivas. Además, las trabajadoras de estos espacios participan en la mayoría de los casos en asociaciones que están organizadas por ramas de actividad y buscan el reconocimiento de sus tareas como trabajo. La ley Ramona es resultado de la insistencia colectiva en la solicitud de este reconocimiento. Como contracara, es importante señalar que, aunque existen las demandas asociadas a la representación y a la posibilidad de participar en la toma de decisiones, ocupa un lugar más central el reconocimiento de sus tareas como trabajo.

En la experiencia de los CBE se observa cómo las mujeres se concentraron en la organización y en la gestión de las demandas asociadas a la alerta de violencia género, la cual priorizó la atención de las mujeres que estaban expuestas a la violencia doméstica. En la conformación de esa mesa de trabajo, la disputa por el reconocimiento se planteó a las direcciones institucionales. No obstante, en el organigrama de los CBE el lugar marginal que se asigna a las mujeres en la toma de decisiones es notorio, además de que se las expone a la sobrecarga de tareas en la gestión de los cuidados comunitarios (la alerta por violencia de género entre ellas), al mismo tiempo que se las hace responsables de la distribución, logística y resolución de las necesidades de alimentación del CBE del que formaban parte, no siempre con reconocimiento.

5. CONCLUSIONES

La ciudad de Mar del Plata no está exenta del proceso general que da lugar a la aparición de grandes ciudades dualizadas. Los mercados de trabajo impactaron sobre los paisajes y sobre la distribución de la ciudad, generando una segregación que ha parecido profundizarse durante la pandemia. No obstante, como en el caso de otras ciudades, se trata de escenarios de conflictos políticos en torno a cómo sostener la vida y la reproducción social, donde la ciudad aparece unida por aquello que la divide. La creación de los CBE es una muestra de esto, pero no es una novedad traída por la pandemia, sino el resultado de un largo proceso asociado a la forma neoliberal de organizar la vida de las sociedades. Por un lado, a través de sus prácticas y acciones de protesta, los CBE argumentan que es el trabajo (en gran parte feminizado) realizado en los comedores, merenderos, huertas…, que son las acciones contra la violencia de género, entre otras, las que garantizan las condiciones mínimas de la vida de las poblaciones más vulnerables en los barrios populares. Por otra parte, el municipio considera que eso debe ser resuelto, una vez culminado el ASPO, por las familias y por el regreso a la normalidad económica.

Una vez declarada la pandemia, así como las medidas asociadas al aislamiento social, los CBE lograron instalar en la escena pública la convicción de que la alerta alimentaria debía ser una de las tareas prioritarias a resolver de manera comunitaria, y efectivamente lograron que los tres niveles de gobierno les otorgaran toneladas de alimentos a lo largo del año 2020. Este fue uno de los ejes de disputa durante el período del ASPO en la ciudad, donde no solo los diarios se involucraron en este conflicto, sino también los sindicatos, las universidades y las autoridades. Desde este punto de vista, los CBE lograron polemizar en torno a cómo situar el tema en el espacio público y en la mesa de negociación con los diferentes gobiernos (local, provincial y nacional), y crearon una escena pública en torno a los daños específicos generados por las condiciones de reproducción social y en torno a quiénes son los responsables de esa crisis en el contexto de la pandemia. Desplegaron una escena donde lo reproductivo asociado a la supervivencia de la población en el contexto de la COVID-19 no es soberanía de las familias y no debe estar encerrado en el ámbito de lo privado, sino que corresponde a las comunidades y al Estado en todos sus niveles, pero sobre todo en el local. Si en nuestras sociedades el trabajo es la forma normalizada en que las familias logran generar un ingreso para su existencia y en el neoliberalismo la precarización del trabajo pone en jaque este modelo de la sociedad asalariada, durante la pandemia esta situación se agravó, evidenciando la necesidad de una salida colectiva y política.

Hay que agregar que el protagonismo de las mujeres, quienes impulsaron estas acciones reorganizando lo territorial durante el ASPO, llevó a situar esta tarea en el marco del trabajo sociocomunitario. El gran número de mujeres al frente de los comedores y de los merenderos en los CBE de la ciudad refleja sobre qué grupo de población recaen los costos de la crisis de la reproducción social. Es importante recordar que en el año de la pandemia el mercado de trabajo sufrió menores presiones, es decir, menos personas buscaron trabajo, pero sobre todo menos mujeres, Eso no significó, sin embargo, que se quedaran sin hacer nada en sus casas o en el territorio cercano: fueron las mujeres las que se encargaron de la atención de las tareas asociadas a la alimentación y a los cuidados, pero esta vez no solo en el ámbito de lo privado, como en otras crisis, sino también en el de lo comunitario.

En este sentido, las luchas feministas y de las trabajadoras y trabajadores de la economía popular patrocinan en el corazón del neoliberalismo nuevos nombres para pensar otros mundos posibles. Justamente la rama sociocomunitaria representa una innovación institucional que resulta del proceso de resignificación que lleva a reconocer la importancia del trabajo que usualmente es asignado a las mujeres, no valorado monetariamente y realizado en el contexto de las comunidades con menores recursos. Es de esperar que estos procesos de resignificación, reconocimiento y redistribución que tienen como protagonistas a las mujeres de sectores populares de la ciudad puedan impactar sobre cambios institucionales que garanticen mayor igualdad y un contexto local más justo.