La responsabilidad es uno de los conceptos de la Filosofía Política que junto a otros, como el de justicia y solidaridad, ha ocupado un lugar central en la reflexión ética y política de las dos últimas décadas debido a la necesidad de repensar y reenmarcar su significado en un contexto que exige respuestas complejas, globales e interdependientes para la interacción social, y en el que, además, está arraigado un tipo de injusticia para el cual no se ha logrado articular un marco normativo adecuado (de la Cruz Ayuso, 2013). La globalización ha visibilizado una extensa red de interdependencia cimentada en estructuras sólidamente institucionalizadas que crean y reproducen nuevas y viejas relaciones de desigualdad profundamente injustas. Las narrativas de la responsabilidad entendida como culpa, obligación, deber o imputación son variedades de una retórica que, hasta el momento, han servido para mostrar su raigambre en trayectorias y espacios sociales concretos pero que resultan insuficientes en el contexto de la globalización. ¿Quién es responsable, y ante quién, en ese contexto? (Singer, 1993; Arendt, 2007; Young, 2011). Esa pregunta advierte de la necesidad de fortalecer un sentido ampliado de la responsabilidad más allá de la relación de causalidad o el enfoque estrictamente individual, que incorpore su carácter intersubjetivo y proyecte su alcance hacia el mundo1. Esta es una idea eminentemente moderna que, tal y como plantea Jonas, deja el mundo en nuestras manos (Jonas, 1995; Muguerza Carpintier, 2002) pero que, al mismo tiempo que abre un campo de múltiples posibilidades para la acción, muestra limitaciones importantes a la hora de afrontar las consecuencias que tiene el despliegue de la responsabilidad política.

Por un lado, en primer lugar, muestra las limitaciones que la práctica de la responsabilidad tiene en sus diferentes escalas macro-meso-micro. La apelación a la responsabilidad en el contexto de la globalización se tiende a plantear desde una escala macro incidiendo en la necesidad de revisar los procesos y los marcos normativos que articulan el orden político, económico y social de ese mundo “global”. Esa llamada a la responsabilidad muestra sus debilidades en el momento en el que quedan interpeladas las instituciones llamadas a asumir sus demandas y a operativizar esas normas y procesos desde una lógica de interacción simple (acción-consecuencia) que no responden al carácter global que exigen. Es, efectivamente, a este nivel meso donde afloran las dificultades de las instituciones para afrontar las consecuencias locales que tienen en el corto y medio plazo las decisiones que se toman en el nivel macro, generando desequilibrios intolerables y muchas veces insalvables. Uno de los retos que tiene la institucionalización de ese enfoque de la responsabilidad política está relacionado con su capacidad para articular procesos que incorporen ese enfoque global para intervenir en las estructuras sociales que producen y reproducen las injusticias sociales.

Por otro lado, en segundo lugar, el despliegue de la responsabilidad implica decisiones que necesitan de un tipo de respaldo que no siempre prioriza la búsqueda del bien común y que, por este motivo, termina desdibujando sus contornos en la esfera pública. Las respuestas que exige afrontar transformaciones en estructuras injustas se deben tomar en espacios y a través de procesos que implican a las mismas instituciones que las crean y dentro de unas reglas de juego hegemónicas que terminan naturalizando esas injusticias. Otro de los retos que tiene la institucionalización de ese enfoque de la responsabilidad política está relacionado, por tanto, con su capacidad para articular redes de conexión social entre personas y organizaciones que asuman colectivamente una responsabilidad compartida para luchar contra las injusticias estructurales priorizando, frente a intereses o motivaciones propias, la búsqueda del bien común.

En tercer lugar, ese despliegue de la responsabilidad tiene distintos y diferentes sentidos que la orientan en la práctica hacia direcciones opuestas. No resulta difícil de hecho identificar diferentes tendencias tanto conservadoras como progresistas que inciden, en el caso de las primeras, en la responsabilidad de los individuos para asumir las consecuencias de sus actos o, por el contrario, en el caso de las segundas, en la responsabilidad que todos tenemos frente a desigualdades que dependen del azar social o natural, y por tanto son injustas (Ovejero, 2012). Ambas perspectivas trazan una línea que desplaza la idea de responsabilidad desde un enfoque eminentemente liberal que pone el foco en la independencia y autonomía de las personas, hacia otra idea de la responsabilidad que prioriza aspectos como la interdependencia, la conexión y la relación entre los individuos. Por tanto, otro de los retos que tiene la institucionalización de ese enfoque de la responsabilidad política apunta a la capacidad de liderar procesos de acción colectiva eficaces basados en una solidaridad descentrada en la que personas y organizaciones se vinculan para desarrollar actuaciones en favor de terceros. La motivación para generar estos procesos en el seno de instituciones y organizaciones es complejo, como lo es también el armazón sobre el que se construye dicha motivación. En algunos casos puede estar sustentado en una densa carga ideológica. En otros en sólidos liderazgos personales o grupales. En cualquier caso, ese compromiso de actuación a favor de terceros es uno de los rasgos a través de los cuáles esas instituciones definen su lugar social y asientan las bases de su legitimidad.

En cuarto y último lugar, el despliegue de la responsabilidad en un contexto como el de la globalización que pone el foco en las estructuras, apela también al reto de armonizar la tensión entre ese ámbito estructural y las exigencias de inmediatez a las que remite la injusticia, sin asignarles a las iniciativas de responsabilidad un sentido imaginario sino insertándolas en la experiencia de lo social. Las acciones que se desencadenen en nombre de esa responsabilidad deben hacerlo desde una posición “situada”; es decir, desde la propia experiencia de lo real y lo inmediato: explorando, por un lado, las posibilidades que la realidad social proporciona para mostrar algunos gérmenes de transformación y, por otro, analizando el marco de normas y valores de ese contexto social con el fin de que las concepciones de justicia e injusticia que están latentes en él puedan aflorar.

Estas son las claves sobre las que quiero plantear en este artículo la relevancia de las iniciativas de responsabilidad social universitaria (RSU) promovidas por las universidades jesuitas. Estas incorporan un sentido político de la responsabilidad basado en una concepción de la justicia pensada en términos globales y fundada en la solidaridad que, sin rechazarlo, pone de manifiesto la insuficiencia del enfoque de la responsabilidad como obligación. Su énfasis lo dirige hacia una responsabilidad política compartida que aspira a la transformación de las injusticias estructurales. Desde un concepto de responsabilidad como obligación, hay muchas dificultades para identificar y concretar, al mismo tiempo, la injusticia estructural y la forma de eliminarla. Esta concepción de justicia solidaria es uno de los rasgos propios de la Identidad y Misión de las universidades jesuitas que contribuye a definir su lugar social. También es el eje vertebrador de su proyecto universitario que, en la práctica, se concreta y articula en torno a la promoción de estrategias de responsabilización en el ámbito social orientadas a descubrir las múltiples posibilidades que el entorno ofrece para “transformar las estructuras de convivencia que encarnan relaciones injustas” (véase Los Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús y su Responsabilidad Social, p. 3). Mi tesis es que la articulación en la práctica de esta concepción de la responsabilidad de las universidades jesuitas, en torno a lo que ha venido a llamarse “responsabilidad social universitaria”, aporta elementos para hacer frente a las limitaciones a las que he hecho referencia anteriormente.

De manera general, las universidades han abordado con distinta y desigual motivación y alcance la integración de políticas e iniciativas de responsabilidad social universitaria ante las exigencias de un contexto que las insta, al igual que al resto de instituciones sociales, políticas y económicas, a asumir este enfoque y articular procesos de responsabilización en todos sus ámbitos de actuación.2 Los esfuerzos de las universidades jesuitas se sitúan en la actualidad en ese contexto. Esta es una cuestión que no se puede obviar. Sin embargo, un análisis de las distintas estrategias abordadas por las universidades para responder a esta demanda permite visibilizar algunos rasgos propios que caracterizan la particularidad del enfoque de los centros universitarios de la Compañía de Jesús. Esos rasgos ponen de manifiesto un sentido profundo de la idea de justicia social en el que, acorde a su condición y tradición jesuitas, nociones como la responsabilidad, la solidaridad descentrada, el trabajo en red, o la incidencia política adquieren unos contornos muy particulares, concretados en los Decretos de las Congregaciones Generales 32 a la 353.

La particular expresión que las respuestas a los desafíos que la promoción de la justicia plantea a los centros del sector universitario de la Compañía es muy diversa y se traduce finalmente en un sinfín de iniciativas que, si bien son muy diferentes entre ellas dependiendo del contexto, región, continente (e incluso de las diferentes culturas institucionales que cada una de ellas tiene), comparten, sin embargo, una muy concreta manera de proyectar su vocación y responsabilidad por la justicia. Todas esas iniciativas están (o podrían estar) integradas dentro de ese concepto de responsabilidad social universitaria como expresión de la forma en la que se concreta en el sector universitario la identidad y misión jesuitas. Estos son los aspectos que desarrollaré en los siguientes tres apartados.

El debate sobre el lugar social de la universidad tiene una larga trayectoria que se ha ido construyendo con reflexiones que tratan de mostrar las distintas respuestas de la universidad a los retos que, a lo largo de su dilatada trayectoria, se le han ido presentando en cada momento. La novedad del debate actual consiste en que probablemente nunca como hasta ahora ha habido tanta distancia entre lo que se espera que las universidades asuman como parte de su responsabilidad con la sociedad y la respuesta que éstas están dando para responder a esas expectativas. En Julio de 2009, la Conferencia Mundial de la Educación Superior de la UNESCO en París resaltaba su papel tan fundamental en esta tarea de definición y construcción de la sociedad.

Desde la mitad del siglo XX se viene insistiendo en la idea de que estamos viviendo una transición de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento. Esta transición afecta de manera radical a la universidad, principal productora del mismo hasta el momento, obligándola, entre otras cosas, a adecuar sus tradicionales funciones docentes e investigadoras a un contexto en el que se le exige también el desarrollo de la capacidad de innovación y la adaptación a un mercado del conocimiento cada vez más competitivo. Esta transición ha sido uno de los principales factores de cambio que obligan a repensar el papel de la universidad en la sociedad.

No ha sido el único. El fenómeno de la globalización es otro de los factores que, como señalaba anteriormente, ha transformado nuestro mundo. Algunos de los cambios que ha traído consigo han sido y serán muy determinantes para la universidad: la educación virtual y a distancia; nuevos modelos y métodos de enseñanza y aprendizaje; la formación directa y aplicada en contextos de realidad específicos, etc. son algunos de los rasgos que visibilizan ese cambio en las universidades. El uso de las tecnologías, la mayor diversificación de títulos y diplomas universitarios, la vertiginosa velocidad de la internacionalización de la enseñanza, la importancia de la educación permanente a lo largo de la vida, etc. son también elementos nucleares relacionados con la calidad, el acceso, la diversidad, la financiación, y la autonomía de las instituciones de Educación Superior.

Todo esto, además, coincide en el tiempo con un estancamiento general del gasto público en Educación que afecta notablemente, entre otras cosas, al modelo de gobernanza de las universidades e incluso, en algunos casos, a su propia autonomía. Los cambios –se dice- exigen mayor especialización y profesionalidad en el ámbito de la gestión, desarrollar una visión de la Universidad distinta a la tradicional, reorganizar las reglas de representatividad, funcionamiento y de toma de decisiones, diferenciar entre las responsabilidades de gestión y las responsabilidades académicas en el gobierno de las universidades, adoptar principios y mecanismos de funcionamiento de transparencia y buen gobierno, e impulsar la cultura de innovación en la comunidad universitaria. Estos cambios inciden en el significado mismo de la Educación Superior, en sus funciones y atribuciones, e imponen también nuevos modelos de gobernanza de las universidades que afectan y han transformado sus tradicionales lógicas de funcionamiento.

La universidad ha reaccionado ante la necesidad de tener que ir transformando paulatinamente sus estructuras de gestión, formación e investigación para adaptarse a ese contexto. La misma pregunta por la responsabilidad social de las instituciones de la Educación Superior es una pregunta que constata que la universidad es consciente de ese proceso de cambio. Y las respuestas que está dando son manifestación de su interés por formar parte activa de ese proceso y de los ámbitos donde se están decidiendo las líneas básicas de actuación de la Educación Superior en las próximas décadas.

No obstante, es preciso señalar que, siendo ese el escenario donde la responsabilidad social universitaria va cobrando relevancia en la última década en la Educación Superior, las universidades han reaccionado de manera distinta y desigual a las exigencias de impulsar políticas o estrategias para su integración en el ámbito universitario.

En este artículo defiendo el carácter distintivo de este último enfoque de responsabilidad promovido por las universidades jesuitas argumentando que ésta es una noción de justicia pensada en términos globales y fundada en la solidaridad. Su énfasis lo dirigen hacia una responsabilidad política compartida que aspira a la transformación de las injusticias estructurales. Este es un enfoque propio que incide el ámbito universitario jesuita pero que, al mismo tiempo, lo desborda ya que está imbricado en el corazón de la misión de la Compañía. Es único entre las universidades precisamente por el carácter jesuita que las define. Pero no es exclusivo únicamente de las obras del sector universitario de la Compañía, sino del conjunto de todas ellas.

Defiendo además que este enfoque de la responsabilidad, así entendido, permitiría superar algunas de las limitaciones a las que se enfrenta una noción de la responsabilidad como obligación en un contexto como el de la globalización y un problema como el de la injusticia estructural en el que es muy difícil determinar no solo quiénes son los culpables sino también quiénes son sus responsables. Existen injusticias provocadas por actos claramente individuales y existen injusticias provocadas por una pluralidad de acciones de difícil imputación. No sirve el mismo sentido de la responsabilidad para las primeras que para las segundas ya que éstas no tienen que ver con agravios con interacción individual. Es preciso ahondar en la naturaleza y el alcance que exige responder a las segundas desde un concepto de responsabilidad ampliada, vinculada a su carácter político, y analizar lo que supone en la práctica para una universidad que lo toma de referencia para impulsar su política de responsabilidad social universitaria.

Aunque en la parte final señalaré brevemente algunos de los rasgos en los que este sentido de la responsabilidad se especifica en distintos ámbitos de docencia, investigación y proyección social, el objetivo principal es subrayar, más allá de su concreción práctica y de la evaluación que se pueda hacer de sus prácticas y resultados, el valor que en sí mismo tiene ese planteamiento en este momento en el que “no se puede prescindir de las universidades para responder a los desafíos de la injusticia” (Kolvenbach, 2009) y en el que es preciso articular visiones que permitan “repolitizar” esa respuesta.

La Congregación General 32 (CG 32) introdujo la promoción de la justicia como una exigencia de la misión de la Compañía de Jesús. Servicio de la fe y promoción de la justicia quedaban consagrados así como los dos aspectos nucleares de la misión, llamados a hacerse presentes en la diversidad de las Obras de la Compañía. Este aspecto venía a recoger una dilatada historia sobre el compromiso de la Compañía con la sociedad. Se ha señalado que una de las características del concepto de justicia social “jesuita” es su ambigüedad y que es precisamente esa ambigüedad la que realza al término, aunque de hecho dificulte el análisis crítico sobre los modos en los que es promocionada (Greene, 2012). Sin embargo desde el prisma de la “injusticia estructural”, ese carácter ambiguo y abstracto adquiere un rostro real y cercano. Precisamente el Decreto de la CG 32 señalaba la opción preferencial por los pobres como un elemento nuclear en la misión y el compromiso por la transformación de las estructuras económicas políticas y sociales injustas. La CG 33 confirmó esta opción por los pobres y la necesidad de trabajar en la transformación de las actitudes y tendencias sociales, desde la noción de “amistad”. La amistad política es un concepto que, en el marco de la CG33, aúna dialécticamente amor y justicia. Es definida como la afirmación y reconocimiento comunitario tanto de los valores existentes en los vínculos y estructuras sociales, como de la participación del bien común correspondiente a los individuos y a los grupos. Su práxis en la vida pública, cívica y política está relacionada con un profundo compromiso por la justicia con los pobres y el bien común, e implica interés, compromiso y responsabilidad por las personas concretas y por las condiciones en que esas personas viven.

La CG 34 insistió en la necesidad de transformar las estructuras socioculturales ya que están en la base de las políticas y económicas. La transformación debe ser cultural. Las comunidades de solidaridad aparecen, también en el decreto de la CG34, como instrumentos para promover la solidaridad y desafiar de manera significativa las estructuras sociales injustas. Hay injusticia estructural cuando determinados grupos son susceptibles de caer en determinadas vulnerabilidades por carecer de los medios necesarios y suficientes para poder desarrollar sus capacidades, cuando sus acciones son injustamente obstaculizadas y sufren la amenaza de privaciones, mientras que otros obtienen beneficios significativos. La injusticia estructural se produce sin intencionalidad clara y directa, y sólo en contadas ocasiones la causa un solo individuo singular, puesto que es el resultado inconsciente de acciones habituales y costumbres de mucha gente (Young, 2011). La promoción de la justicia, frente a estas realidades de opresión, va más allá por tanto de la mera obligación y exige un compromiso de carácter relacional (Greene, 2012) que queda vinculado con la solidaridad. No se trata de rechazar o reemplazar un sentido de la responsabilidad por otro, sino constatar que el que está basado en obligaciones no es suficiente para responder a esas injusticias estructurales globales. Ese carácter relacional es un elemento de referencia en los textos ignacianos acerca de la justicia. La relación con el otro y un sentido de la solidaridad basado en la idea de “amistad política” son sus pilares: un vínculo frágil pero rico de acción colectiva entre personas e instituciones implicadas en prácticas de solidaridad, que deciden estar juntos para sostener el mismo proyecto de justicia social y tratar de cambiar los procesos sociales que producen injusticias.

Esta idea de la justicia solidaria apela directamente a un tipo de responsabilidad política que se pregunta por las formas de organización que son necesarias en las instituciones para tener una acción significativa y en su capacidad de influir en los procesos estructurales. Una tarea fundamental que debe hacernos pensar en el ámbito de influencia propio de las universidades y en la capacidad transformadora de su agencia social. Todo ello está relacionado con sus propias condiciones estructurales y organizativas para articular procesos de acción colectiva en torno a sus comunidades de solidaridad.

La CG 35 confirmó nuevamente la misión recogida en la CG32 incorporando un énfasis en el compromiso de cuidar de la creación. Allí también se insiste en que la justicia debe de comprenderse dentro de un marco relacional, de alianzas, que conlleva compromisos más allá de las relaciones contractuales (Álvarez, 2014). Este enfoque de responsabilidad política supone una posibilidad realista de hacer viable las aspiraciones de justicia solidaria. Nos permite pensarlas en el marco de comunidades de solidaridad interconectadas y definirlas en el marco de instituciones concretas, como es el caso de la universidad. Permite proyectar grados y tipos de responsabilidad distintos, exigibles en función de la posición social que tenemos en esas estructuras o en base al vínculo que queramos establecer para sostener un mismo proyecto de justicia social. En cualquier caso, las universidades jesuitas quedan interpeladas para hacerlo realidad a través de algunos retos y tareas fundamentales que deben asumir desde el terreno de la acción.

Por un lado, deben ser capaces de articular procesos que incorporen ese enfoque global para intervenir en las estructuras sociales que producen y reproducen las injusticias sociales. Eso exige capacidad de acción a escala global y formas organizativas en red muy concretas que la favorezcan y permitan una construcción social densa para sostener un mismo proyecto de justicia social. Esto obliga a descentrarse y a construir otras lógicas de poder en las que la Universidad ni es la única ni es la principal institución en la promoción de ese proyecto.

Por otro lado, deben ser capaces de generar procesos de motivación y agregación que conecte a personas y organizaciones que asuman colectivamente una responsabilidad compartida para luchar contra las injusticias estructurales, priorizando frente a intereses o motivaciones propias, la búsqueda del bien común. La actual coyuntura de las universidades da cuenta de yugos institucionales que pueden llegar a bloquear este objetivo.

También deben ser capaces de liderar procesos de acción colectiva eficaces basados en una solidaridad descentrada en la que personas y organizaciones se vinculan para desarrollar actuaciones en favor de terceros. Esto exige que ellas mismas estén motivadas en torno a ese objetivo, lo cual no siempre es fácil en un contexto en el que las demandas a la universidad son no sólo mayores sino distintas, y muchas veces contrarias, a ese enfoque de responsabilidad política.

Finalmente, deben ser capaces de armonizar la tensión entre ese ámbito estructural y las exigencias de inmediatez a las que remite la injusticia, sin asignarles a las iniciativas de responsabilidad un sentido imaginario sino insertándolas en la experiencia de lo real, lo cual le obliga a estar ella misma muy presente y atenta a esa realidad. La tendencia de la universidad no siempre ha reconocido el valor de esta experiencia.

El enfoque de responsabilidad que promueven las universidades jesuitas, de acuerdo a su identidad y tradición, está basado, tal y como hemos señalado, en la noción de justicia solidaria. Este es un punto central para analizar las distintas iniciativas que impulsan para concretarlo e integrarlo en la realidad de sus centros universitarios. El objetivo de este apartado no es enumerar pormenorizadamente cada una de ellas4, sino tan solo destacar brevemente, y sin ser exhaustiva, algunos de los rasgos que esa promoción de la responsabilidad adquiere a través de ellas. A mi juicio, son rasgos que denotan una peculiar sensibilidad y aproximación al problema de las injusticias en todos sus ámbitos de actuación cuyos contornos he tratado de perfilar en el epígrafe anterior.

En este artículo hemos analizado la noción de responsabilidad política basada en la idea de justicia solidaria. Nuestro objetivo ha sido poner de relieve la manera en la que está presente en la identidad y misión compartida de las universidades jesuitas. Esto nos ha permitido también mostrar cómo es un enfoque que está ampliamente aceptado y asentado. Remarcando los retos a los que debe hacer frente para concretar ese compromiso y señalando algunos de los rasgos sobre los que construye algunos de los proyectos universitarios en el ámbito de la docencia y la investigación, hemos podido visibilizar finalmente la preocupación, los esfuerzos y algunos enfoques orientados a realizarlos en la práctica eficazmente.