Convencionalmente la pobreza de las familias, y de los individuos, se ha venido valorando básicamente a partir de los ingresos disponibles. La medición de la pobreza relativa se basa en los ingresos como variable principal de cálculo (el umbral de pobreza se sitúa bajo la línea en la que los ingresos, de la unidad familiar o del individuo, no superan el 60% de la mediana). La necesidad de complementar los análisis de pobreza con otras variables, no estrictamente monetarias, ha sido un aspecto de interés para los expertos en esta materia. La inclusión del tiempo como recurso disponible para dar cuenta de la situación de pobreza de los hogares se encuentra en el trabajo pionero de Clair Vickery (1977). Los indicadores convencionales de pobreza presuponen que la situación de pobreza depende de los ingresos básicamente, y cuando esos ingresos caen por debajo de una línea establecida, o mediana, las familias se encuentran en situación de pobreza. Vickery considera que los hogares, para mantener un estándar básico de calidad de vida, precisan de unos ingresos mínimos, pero también de tiempo que, destinado a la producción doméstica, permita garantizar el bienestar de los miembros del hogar. La propuesta de Vickery consiste en añadir la variable tiempo como un factor esencial para determinar el umbral de pobreza, de manera que para valorar la calidad de vida de los hogares contaría tanto el input de los ingresos disponibles como el input de tiempo disponible. La relación se representa gráficamente en la Figura 1.

El eje de ordenadas representa los ingresos y el de abscisas el tiempo. Tm es el tiempo disponible con el que cuentan los hogares para destinar al trabajo, tanto a trabajo de mercado como a producción doméstica. Algunas características de los hogares, como el número de miembros, determinarían los parámetros de la curva DBAC. El umbral de pobreza de ingresos viene determinado por la línea IoC, por debajo de la cual se encuentran los hogares pobres por razón de ingresos; pero a su vez, la pobreza de tiempo vendría dada por la línea ToB, por debajo de la cual se encontrarían los hogares con pobreza de tiempo. De ello resulta que los hogares pobres de ingresos, de tiempo, o de ambos, quedarían bajo la curva DBAC. La forma de la curva vendrá dada por la capacidad de los hogares para sustituir dinero por tiempo; es decir, si los ingresos son altos pueden comprarse bienes y servicios en el mercado, o adquirirse con prestaciones públicas, para compensar la falta de tiempo. La autora pretende mostrar, por un lado, lo desacertado de contemplar únicamente la variable ingresos para estimar la pobreza de los hogares y, por otro lado, el papel que pueden tener las transferencias o prestaciones públicas para compensar los ingresos familiares de los hogares con pocos recursos.

Los análisis de Vickery suponen un tratamiento novedoso en la consideración de la pobreza, al introducir un sistema comparativo y complementario entre el tiempo y la renta necesaria para superar el umbral de pobreza de los hogares. La autora analiza los hogares de EE.UU. en los años setenta a través de una estimación de los ingresos, de la participación de los trabajadores en el mercado de trabajo y de las horas dedicadas al mismo, así como de las necesidades de tiempo según el tipo de hogar. Sus resultados muestran que los más expuestos a la pobreza son los monoparentales compuestos por mujeres (madres) conviviendo con niños menores. De su estudio se concluye que el hecho de que los adultos dispongan de más tiempo no revierte en mejor calidad de vida si los ingresos no superan una línea crítica (IoC). Por el contrario, puede observarse pobreza de tiempo con ingresos elevados, aunque se disponga de dinero para sustituir la carencia de tiempo por bienes y servicios adquiridos en el mercado. Sin embargo, cuando a la carencia de tiempo se suma la de ingresos, la pobreza se multiplica.

Tres décadas más tarde, el estudio de Vickery ha servido de inspiración a los canadienses Andrew Harvey y Arun Mukhopadhyay (2007), quienes lo consideran un punto de partida básico para avanzar en las relaciones entre tiempo, dinero y pobreza. Consideran el tiempo como un componente que debe acompañar a los ingresos porque, como dicen, “el dinero no sirve para comprarlo todo”. A partir de las encuestas de uso del tiempo estudian las situaciones de carencia de tiempo -déficit de tiempo- en hogares compuestos de padres o de madres conviviendo con menores de 15 años. Su aportación se centra en estudiar el déficit de tiempo entre grupos de trabajadores que dedican largas jornadas a su ocupación laboral para ganarse la vida. En estos casos, cuando se carece de tiempo para dedicar a actividades domésticas se precisa de dinero para comprar bienes y servicios en el mercado si se quiere mantener el mismo nivel de consumo; lo relevante es que muchas familias con bajos ingresos carecen también de dinero suficiente para compensar su carencia de tiempo doméstico mediante la compra de bienes y servicios. A diferencia de Vickery estos autores llaman la atención sobre la escasa capacidad con la que cuenta la población trabajadora para decidir sobre el tiempo que desea dedicar al empleo, dada la situación de incertidumbre que presentan los mercados laborales, así como la baja participación de la población asalariada en las decisiones que conciernen a la gestión y organización de los tiempos del empleo.

Para conocer cómo Harvey y Mukhopadhyay (2007, p. 60) entienden el déficit de tiempo es preciso partir de la clasificación de Aas (1982), para quien el tiempo es un recurso disponible y cuantificable, que puede ser distribuido entre cuatro categorías de actividades: a) el tiempo necesario para el cuidado de uno mismo; b) el tiempo obligado, impuesto por el empleo y la formación; c) el tiempo comprometido por las responsabilidades familiares y domésticas; y d) el tiempo libre, que es el resultado de restar las 24 horas del día del tiempo gastado en los tres grupos de actividades citadas (cuidados personales + empleo + hogar). De esta forma, considerando el tiempo diario disponible al que se le resta el tiempo necesario (de cuidados personales) más el tiempo comprometido (para el hogar), si una persona se emplea por más tiempo que el resultante de esta resta sería pobre de tiempo, es decir, presentaría déficit de tiempo.

La aportación de Harvey y Mukhopadhyay incluye un cálculo del valor económico que supone el déficit de tiempo. Para ello, otorgan un valor a ese tiempo de acuerdo con el salario mínimo. Tras sus estimaciones se destaca que el déficit de tiempo se encuentra en mayor medida en los hogares monoparentales de personas empleadas con dos o más menores a cargo. Afirman que es también en estos hogares donde se encuentra la mayor incidencia de pobreza observada en tiempo e ingresos conjuntamente. Señalan que para muchos de estos hogares es muy difícil escapar de la pobreza de tiempo, por lo que proponen que deberían verse compensados con una retribución equivalente al valor económico que supone su déficit de tiempo (Harvey y Mukhopadhyay, 2007, p. 70).

A partir de los trabajos de Vickery (1977) y de Harvey y Mukhopadhyay (2007), Antonopoulos y Memis (2010) han aplicado el estudio sobre déficit de tiempo a distintos países con diferente nivel de desarrollo. En su investigación llevada a cabo para el caso de Sudáfrica ponen de manifiesto que los indicadores que se utilizan para medir la pobreza de tiempo en los países desarrollados a menudo no son útiles para dar cuenta de lo que sucede en otros países menos industrializados que cuentan con diferentes modos de vida y contextos de trabajo distintos. En estos países buena parte de la actividad desempeñada diariamente es trabajo no remunerado, como acarrear agua, atender a las criaturas y otras variadas tareas para la subsistencia, las cuales no pueden ser sustituidas por servicios adquiridos en el mercado, ni son compensadas con prestaciones proporcionadas por el Estado. El desempeño del trabajo de subsistencia puede llegar a sustraer tiempo del necesario para dormir, lo cual no puede ser valorado en términos de déficit de tiempo sino más bien como privación o penuria de tiempo. Con frecuencia puede producirse excedente de tiempo a la vez que se padece penuria o privación de tiempo. Para estas autoras el concepto privación de tiempo se adapta mejor a las condiciones de vida y de trabajo de buena parte de la población de los países en vías de desarrollo, aunque, como recuerdan, puede también encontrarse en prácticas laborales de los países desarrollados; de hecho, se halla entre aquellos grupos de trabajadores que carecen de jornadas de trabajo regulares y deben estar disponibles para el empleo a cualquier hora del día.

Con similar orientación, Antonopoulos, Masteron y Zacharias (2012) han llevado a cabo más recientemente su investigación sobre pobreza de tiempo en países latinoamericanos (Argentina, Chile y México) donde han aplicado un indicador que combina el nivel de ingresos y el tiempo necesario para la producción doméstica en distintos tipos de hogares. Sus resultados muestran que la pobreza se esconde en hogares donde hay al menos un ocupado cuyos ingresos son demasiado bajos para cubrir su déficit de tiempo doméstico mediante el acceso a servicios en el mercado. Al igual que en las investigaciones citadas anteriormente estos autores encuentran que la pobreza de tiempo es más frecuente en hogares monoparentales y, especialmente, en los encabezados por una madre con dos o más hijos. Tras sus resultados, los autores plantean la necesidad de que los programas de ayuda pública, para paliar la pobreza escondida causada por el déficit de tiempo, se extiendan a los grupos de población afectados también por pobreza de tiempo.

En el pasado, el desarrollo de los estados de bienestar en Europa se ha identificado con asignación de gasto público a asuntos sociales, así como con la implantación de servicios públicos que pudieran facilitar la desfamiliarización, entendiendo como tal la posibilidad de que todo individuo, con independencia de su situación familiar, pudiera llevar a cabo sus expectativas de participación en la vida social y especialmente en la vida laboral. El ya débil estado de bienestar español está experimentando en los últimos años un paulatino retroceso, en tanto que manifiesta una dejación de responsabilidades y compromisos en la resolución de problemas sociales que reclaman su intervención. La reducción de la labor social que compete al Estado está repercutiendo, de distintas formas, en la vida personal y familiar, provocando un incremento del trabajo no remunerado y del tiempo destinado a la producción doméstica.

En España las políticas de ajuste estructural aplicadas en los últimos años están afectando negativamente a la oferta de servicios públicos básicos, educativos, sanitarios y sociales (en especial a la atención a las personas en situación de dependencia), por citar algunos de los campos más relacionados con la producción y la reproducción doméstica. El debilitamiento del estado de bienestar tiene como consecuencia una derivación al ámbito privado familiar de demandas que podrían ser atendidas por los poderes públicos. Esta práctica significa un refuerzo del modelo familiarista, en tanto que traslada la responsabilidad del cuidado a las mujeres (y a las familias) provocando un incremento del tiempo destinado a trabajo doméstico en tareas que (aunque solo fuera parcialmente) estaban siendo asumidas por los poderes públicos. Como ejemplo de ello se encuentra la disminución del presupuesto destinado a la educación que ha tenido como consecuencia la desaparición de algunos programas educativos, como el encargado de la educación infantil -Educa3- o la supresión de servicios complementarios, como los comedores escolares, cuyo vacío ha de llenarse con mayor dedicación temporal por parte de la familia (madres, padres, abuelos) a cuidados infantiles, atención de los escolares en casa y otras tareas domésticas. En el campo de la salud pública, la reducción de servicios y de personal sanitario, además de tener efectos negativos sobre el estado de salud de la población más vulnerable, revierte sobre los hábitos de provisión de cuidados en el hogar. En ese sentido, la reducción de los periodos de hospitalización en los centros públicos, así como la implantación de programas de atención médica domiciliaria se apoyan sobre la disponibilidad de algún miembro de la familia que pueda (y disponga de tiempo para) sustituir la atención especializada.

Otro ámbito en el que el abandono de la labor social por parte del Estado repercute en el trabajo no remunerado de los hogares se encuentra en los servicios de atención a la dependencia. Los indicadores de cobertura de población atendida muestran una práctica paralización de este sistema, que ha sido nombrado como “cuarto pilar del estado de bienestar”. A pesar del paulatino envejecimiento de la población española, en los últimos años se ha experimentado un descenso en el número de personas atendidas por el sistema público. Desde 2012 los requisitos de acceso son más restringidos, menos personas dependientes pueden optar al catálogo de servicios disponible y se constata un mayor retraso, un abandono entre quienes, habiendo sido valorados como dependientes, quedan sin ser atendidos (Barriga Martín, Brezmes Nieto, García Herrero y Ramírez Navarro, 2013). Estos cambios generan un ahorro para la administración pública, pero se consigue incrementando el gasto asumido por los usuarios. Al mismo tiempo se ha aplicado un recorte a las prestaciones económicas y sociales otorgadas a los cuidadores que se hacen cargo de familiares dependientes. La atención de las personas adultas dependientes requiere de una respuesta social y de un tratamiento con perspectiva integral; sin embargo, las medidas aprobadas recientemente van únicamente en la dirección de revertir el cuidado hacia la institución familiar. Los efectos de estas políticas impactan más negativamente en los hogares con menos recursos, los que cuentan con personas que requieren una demanda intensiva de cuidados y en las cuidadoras no profesionales.

El debilitamiento del poder de los Estados a la hora de hacer frente a las necesidades sociales contrasta con el poder con el que se impone, desde el fundamentalismo del mercado, la gestión privada y la eliminación de servicios públicos (Stiglitz, 2012; Ruesga, 2012). Los gobiernos muestran una capacidad cada vez menor para responder a los retos sociales que la sociedad plantea. Lejos de promover la universalización de los servicios públicos, se tiende a aminorarlos o se promueve su privatización, lo que deja a gran parte de población sin recursos desasistida. Estas pautas de desestatalización conducen a que sean las familias quienes tengan que buscar soluciones privadas, de uno u otro signo (externalización, voluntariado, trabajo no remunerado, empleo informal, etc.) dependiendo sobre todo de su capacidad adquisitiva. El trabajo familiar no remunerado se incrementa cuando no se cuenta con servicios públicos ni es posible adquirir los servicios en el mercado. El incremento del trabajo doméstico termina provocando déficit de tiempo en los individuos y grupos sociales con mayor dedicación al mismo y pobreza de tiempo en aquellos con menores ingresos.

El tiempo comprometido en la producción doméstica está estrechamente vinculado con el orden social de género. La división sexual y social del trabajo, que rige en la mayor parte de las sociedades, atribuye a las mujeres el trabajo reproductivo, de manera que son ellas quienes tienen más comprometido su tiempo con el desempeño de actividades domésticas no remuneradas. La proporción de mujeres que dedica tiempo a trabajos domésticos es más elevada que la de varones. En España un 91,9% de mujeres desempeña actividades relacionadas con el trabajo doméstico familiar frente al 74,7% de varones. El tiempo dedicado a estas ocupaciones también es mayor entre la población femenina: 4 horas y 29 minutos diarios frente a las 2 horas y 32 minutos que dedican los varones (Instituto Nacional de Estadística, 2010). Esta participación coloca a las mujeres en un punto de partida desfavorable en relación con la dedicación al empleo y con la obtención de ingresos suficientes para compensar el déficit de tiempo. Si se observa la dedicación según la composición del hogar, los datos muestran que la presencia de menores o de mayores dependientes en el mismo provoca las situaciones que mayor cómputo de tiempo requieren. Así, cuando el hogar cuenta con miembros menores de diez años o cuando hay adultos dependientes, la dedicación de tiempo, para ambos géneros, supera las cuatro horas diarias, aunque las diferencias entre mujeres y hombres siguen siendo significativas.

Por otra parte, la caída de poder adquisitivo de los individuos y las familias, debida al descenso de los salarios y la disminución de los ingresos, está provocando una reducción del gasto en productos y servicios. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (2013) el gasto medio por hogar ha descendido significativamente en 2012, con relación al año anterior, en dos conceptos muy relacionados con la actividad doméstica: hoteles, cafés y restaurantes (-7,5%) y artículos de vestir y calzado (-10,2%), lo que significa que una parte de ese consumo ha dejado de realizarse y que otra parte se ha sustituido por producción doméstica familiar. En relación con las pautas de consumo de la población española un reciente informe muestra que se ha producido un descenso del gasto en alimentación (-1,3%) en relación con el año anterior, y una disminución de un 4,1% en el consumo alimentario extradoméstico (Alimentación en España, 2012). El descenso del consumo alimenticio no es uniforme, sino que presenta gran disparidad según el tipo de hogar: ha disminuido con relación a la media, en un 11,3%, en los hogares de renta baja y un 2,0% en los de renta media, mientras que se ha incrementado en un 12,0% en los de renta alta, lo que da cuenta de la distancia creciente entre clases sociales en el acceso a productos básicos. En relación con la composición de los hogares se observa que los monoparentales con criaturas pequeñas se encuentran entre los más perjudicados por el descenso del gasto en productos alimenticios. De hecho, son estos hogares compuestos por una persona adulta y uno o más niños dependientes los que presentan las mayores tasas de riesgo de pobreza en España y en Europa (Instituto Nacional de Estadística, 2012; Eurostat, 2013).

Como resultado de la caída de los ingresos familiares los hábitos de compra de los hogares también se han modificado. Según el informe de Mercasa, Alimentación en España 2013, los consumidores españoles han incrementado el tiempo que dedicaban a compras de alimentos, rompiendo así la tendencia manifestada en los últimos años. Si en 2008 el tiempo invertido en esta tarea era de 2 horas y 45 minutos, en 2012 este tiempo se ha elevado hasta una media de 3 horas semanales. El citado informe señala que los consumidores examinan más que hace cuatro años los productos y los precios, y seleccionan el establecimiento de compra de acuerdo con el ahorro que calculan. Como resultado, en el citado periodo, los consumidores han incrementado el tiempo de dedicación a las compras alimenticias prácticamente en un 10%.

La recesión económica ha provocado una intensificación del trabajo y un incremento del trabajo doméstico y de cuidados (Benería, 2010, p. 1522). El incremento del tiempo destinado a la producción doméstica es consecuencia tanto de la dejación del Estado en asuntos sociales como de la inaccesibilidad de las familias a los servicios que oferta el mercado, provocada por la caída de sus ingresos. Su impacto en los hogares no está siendo neutralizado por un mayor acceso y una mejor calidad de los servicios públicos, sino que depende de la posición socioeconómica de las familias y de las redes de solidaridad formal e informal. Por otra parte, la composición de los hogares tiene efectos en el grado de corresponsabilidad doméstica y el reparto del trabajo en el hogar; aunque queda aún por explorar cuál es la contribución de los varones a la producción doméstica en el contexto de la crisis, cuando la incertidumbre y la precariedad del empleo debilitan las normas de género que les asignaban (en exclusiva) el rol sustentador. A su vez, las condiciones del empleo y la organización de los tiempos laborales dificultan, aún más, la distribución equilibrada del trabajo entre los miembros del hogar.

En relación con la estructura productiva, el aumento del trabajo no remunerado de los hogares está contribuyendo a descompensar la distribución económica del trabajo entre actividades domésticas y remuneradas, en perjuicio de las primeras. Esta circunstancia no solo tiene repercusiones entre los individuos más activos en trabajo doméstico, sino que tiene derivaciones de índole estructural, en la medida en que refleja un descenso del sector mercantil, que arrastra consigo una caída de la producción de bienes y servicios y, con ella, de la recaudación de las haciendas públicas. El desequilibrio de la carga de trabajo en favor del trabajo no mercantil aproxima a España a países menos desarrollados, donde la proporción de trabajo no remunerado (contabilizada en horas de trabajo) tiende a ser elevada, mientras que la aleja de otros países europeos como Bélgica, Holanda, Francia y Alemania, además de los nórdicos, donde la diferencia de tiempo de dedicación a ambos tipos de trabajo es menor y también es más pequeño el volumen de la carga global de trabajo (OECD, 2011; World Development Report, 2012).

Al igual que en otros países europeos, en España las relaciones laborales experimentan actualmente un proceso de cambio en el que las condiciones de trabajo se ven deterioradas, especialmente entre los grupos de trabajadores de baja cualificación y bajos salarios, subempleados, que se ubican en las zonas de mayor inseguridad y riesgo del mercado de trabajo (Beck, 2002, p. 180; Alonso, 2009, pp. 149-150). Con las políticas de ajuste y las normas aprobadas en la crisis, algunos derechos laborales tradicionalmente asentados, como la negociación colectiva y la protección social pactada en los convenios, se han perdido para miles de personas ocupadas y con ellas la oportunidad de que los trabajadores participen en la organización de los tiempos en sus empresas. Cada vez más, las prácticas laborales presentan una disociación entre el tiempo acordado en el contrato y el efectuado, de manera que las horas pactadas en el contrato no se corresponden con las efectivamente realizadas (Moreno Colom, 2010, p. 307).

Con carácter general, la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la vida laboral ha permitido incrementar la productividad, pero también ha contribuido a incrementar el tiempo más allá del desempeñado en el centro de trabajo. La estandarización de las relaciones de empleo del fordismo significaba, entre otras cosas, que el trabajo (asalariado) se realizaba fuera de casa (en oposición al doméstico), pero tal frontera ha quedado difuminada tras los cambios temporales aplicados actualmente a la relación laboral (Prieto y Ramos, 1999; de Castro, 2007), con la aplicación de las TIC y, en concreto, con el teletrabajo. Con esta modalidad de flexibilidad del lugar de trabajo se lleva a cabo una penetración de la actividad laboral en la vida personal y familiar, una intromisión que no resulta gratuita para el entorno doméstico ni para los miembros que lo componen, puesto que invade los espacios y altera los tiempos de la cotidianeidad compartida (a la hora de cenar, de descansar, de dormir, etc.). La realización de prácticas laborales como el teletrabajo afecta al ámbito doméstico e incrementa el trabajo del hogar. S. Ladner ha observado la influencia que tienen las TIC en el trabajo y en la prolongación de la jornada, así como en la percepción que hombres y mujeres tienen acerca de esta situación. Para los varones, trabajar más horas de las habituales es entendido como una necesidad que finalmente revierte en beneficio de la familia, y así es compartido por sus parejas. Las mujeres, sin embargo, no lo conciben de la misma forma, no lo aceptan como un sacrificio necesario; ellas mismas, al igual que sus parejas, tienden a rechazarlo por las distorsiones que introduce en la vida familiar. La prolongación de la jornada, a la que se ve expuesta buena parte de la población empleada, repercute negativamente en quienes desempeñan habitualmente el trabajo doméstico, que lo asumen sin compensación alguna, contribuyendo indirectamente al desempeño laboral (Ladner, 2009, pp. 298-299).

Por otra parte, las políticas de ajuste estructural, que han liberalizado y desregulado los mercados, para facilitar el beneficio a corto plazo, se materializan en el mercado de trabajo en una flexibilidad contractual, que conduce a reducciones drásticas de efectivos, y en una flexibilidad salarial que ajusta los salarios a la baja (Ruesga, 2012, p. 421). El resultado es un deterioro de la relación laboral que genera incertidumbre y riesgo a la población afectada, que busca oportunidades para mejorar su situación. Las estadísticas laborales muestran que, entre 2006 y 2012, la población ocupada que busca otro empleo por “inseguridad en su empleo actual” se ha incrementado en un 92,5% y que el número de ocupados que busca otro empleo para mejorar sus ingresos se ha incrementado en un 22,7% en ese mismo periodo (Instituto Nacional de Estadística, 2012). Muchos asalariados amplían el tiempo de trabajo con ocupaciones complementarias o prolongan la jornada por exigencias de la producción. Sin embargo, el hecho de trabajar muchas horas no supone una garantía de suficiencia de ingresos para estas personas, ya que los sueldos no les permiten, en muchos casos, superar el umbral de pobreza. Paradójicamente, el mercado laboral español ofrece jornadas laborales elevadas (en comparación con otros países del entorno europeo) junto con tasas muy altas de desempleo, lo que se traduce en una intensificación del empleo entre la población ocupada que trabaja muchas horas, frente a desocupación de otras muchas personas que no pueden dedicar jornada alguna, o dedican un tiempo escaso, al trabajo remunerado.

En este contexto de prolongación de los tiempos de trabajo, coincidente en el tiempo con una creciente participación laboral femenina, se han ido poniendo en marcha desde la década de los noventa, diversas medidas de conciliación de la vida laboral y familiar-personal, con el objeto de facilitar la compatibilidad entre el empleo (sobre todo femenino) y el desempeño de tareas domésticas y familiares. Los estudios sobre conciliación han puesto de relieve los desajustes y conflictos generados en torno al tiempo de trabajo y la desigualdad de género. Buena parte de las investigaciones realizadas sobre conciliación han destacado los efectos que las largas jornadas laborales tienen sobre el ejercicio de responsabilidades domésticas, en especial sobre la demanda de cuidados familiares, de menores y de adultos dependientes. Algunos informes europeos (Kotowska et al., 2010; Eurostat, 2012) han visibilizado los “conflictos de tiempo”, derivados de una alta dedicación al empleo, y la tensión que perciben las personas ocupadas al considerar que dedican demasiado tiempo al trabajo, laboral y familiar, frente al escaso tiempo que destinan a las relaciones sociales y las aficiones.

Una mirada crítica a las políticas de conciliación, tal y como se han planteado en España, la aportan Borrás, Torns y Moreno (2007) quienes destacan que no se trata únicamente de procurar el equilibrio entre tiempos dentro y fuera del empleo, sino de atender los conflictos de la propia relación laboral derivados de una ordenación unilateral de los tiempos de trabajo, no consensuada ni pactada. Estos autores consideran que las políticas de conciliación no serán efectivas si no adoptan medidas que combinen el objetivo de igualdad de oportunidades con medidas de índole laboral sobre el tiempo de trabajo. Su posición acerca de la orientación de estas políticas toma forma en una propuesta que articula tres niveles de actuación: individual, social y laboral. Individual, en tanto que las medidas han de responder a necesidades reales que los sujetos experimentan en su vida cotidiana; social, porque se trata de un problema de organización social, institucional, y no solo de tiempos, ni concerniente únicamente a las mujeres; y laboral, porque tales medidas deben implementarse en conjunción con una ordenación razonada y negociada de los tiempos de trabajo.

Las políticas laborales implantadas en los últimos años añaden más riesgo e incertidumbre a las relaciones de empleo, al vínculo laboral y a las condiciones de trabajo. En este contexto laboral la puesta en práctica de medidas de conciliación se convierte casi en un privilegio al que solo algunos grupos de trabajadores pueden acceder. La percepción de riesgos, como la posible pérdida del empleo, disuade a la población trabajadora de ejercitar derechos laborales, como por ejemplo el disfrute de permisos laborales para cuidar a familiares, menores o mayores dependientes. Así se puede observar en la evolución de las excedencias tomadas para cuidados de criaturas y familiares adultos, cuya cifra registra un descenso de un 14,5% en solo dos años, entre 2010 y 2012 (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012).

La reorganización de los mercados laborales globales ha generado una polarización en los empleos (Stiglitz, 2012, p. 105; Sassen, 2013, p. 397). Junto a ocupaciones de alto nivel profesional crece también un abanico de empleos precarios con jornadas y salarios reducidos (trabajos auxiliares y domésticos, entre otros). Las nuevas normas laborales, más que regular y asegurar las condiciones de la relación laboral abren la puerta a lo impredecible, especialmente en relación con el tiempo de trabajo; las prácticas en este sentido se dirigen a una reducción de las jornadas, con preferencia por el trabajo a tiempo parcial, jornadas fragmentadas, por días o por horas, en horarios discontinuos, etc., que pueden ser sometidas a cambios con facilidad. En Alemania estos empleos atípicos se conocen como minijobs y en Reino Unido toman la forma de Zero-hours contracts. Esta modalidad crece significativamente en los últimos años, en este último país, en sectores como hostelería y restauración, educación y servicios sociales (Pyper y McGuinness, 2013). Las características principales de estos empleos son su jornada flexible y reducida que, sin embargo, va unida a la plena disponibilidad temporal según las necesidades productivas, su irregularidad horaria y su bajo salario, en consonancia con el tiempo realmente trabajado (lo que implica que la remuneración no alcance, en muchos casos, el salario mínimo). Como en otros trabajos de baja cualificación en estos empleos atípicos, de reducida jornada o minijobs, el tiempo presencial (oncall, “de guardia”) no se tiene en cuenta, siendo de libre disposición para la empresa y un tiempo del que la persona contratada no puede disponer. El desempeño de estos empleos de baja intensidad temporal no se percibe como una mejora, o una ventaja comparativa con respecto a otros de jornadas más largas, sino que se valora como un “tiempo libre involuntario” (Araújo, Duque y Franch, 2013) que empobrece la calidad de vida. En estos casos el tiempo reducido del empleo se inserta en el desorden temporal, la intermitencia, el carácter esporádico y la discrecionalidad que sufren quienes los desempeñan, sometidos a privación de (su) tiempo, tal y como apuntaban Antonopoulos y Memis (2010).

Las estadísticas sobre condiciones de vida muestran la relación contradictoria existente entre tiempo de trabajo, duración de la jornada y riesgo de pobreza. Si se compara el tiempo dedicado al trabajo con la exposición al riesgo de pobreza entre las personas ocupadas a tiempo completo y a tiempo parcial, se comprueba que, con carácter general, en todos los países europeos, la población que trabaja a tiempo parcial tiene mayor índice de pobreza que la que trabaja a tiempo completo. Entre la población española en riesgo de pobreza según la jornada trabajada se constata que, en el año 2012, un 10,9% de las personas ocupadas a tiempo completo eran pobres, mientras que la pobreza alcanzaba a un 18,8% de las que trabajaban a tiempo parcial.

La reducción de la jornada laboral, no voluntaria, se interpreta como “subempleo relacionado con el tiempo” y se vincula a una mayor probabilidad de caer en la pobreza (Lee, McCann y Messenger, 2008, p. 91 y p. 97). El indicador AROPE, que recoge el riesgo de pobreza y exclusión social entre la población de la Unión Europea, pone de relieve que, además de la pobreza de ingresos y de otras carencias materiales, la minimización de la jornada laboral también conduce a situaciones de penuria. Este indicador señala que se encuentran en riesgo de pobreza las personas de un hogar en el que sus miembros en edad laboral se emplean por menos del 20% del total de su potencial tiempo de trabajo (Instituto Nacional de Estadística, 2012). De acuerdo con dicho indicador, el porcentaje de personas, de entre 0 y 59 años, que viven en España en hogares con baja intensidad de empleo fue de un 14,2% en 2012, una cifra solo superada por Croacia, el país que más recientemente se ha incorporado a la Unión Europea.

La temporalidad del empleo va unida a la precariedad en el caso del mercado laboral español; ambas configuran actualmente la norma social de empleo (Miguélez y Prieto, 2008). Autoras como Carrasquer y Torns (2007) y Torns (2011) han mostrado su particular incidencia en relación con el empleo femenino. Desde esta perspectiva, se plantea que las políticas de conciliación, en tanto que no atienden a este contexto, estarán llamadas a ser residuales, porque solo responden a las aspiraciones de una porción reducida del universo ocupacional. Los sectores de mayor ocupación femenina, entre los que se encuentran la sanidad, el comercio, el empleo doméstico, la limpieza, los cuidados a las personas y la restauración, se encuentran entre los más sometidos a condiciones de flexibilidad en relación con las jornadas y los horarios, por un lado, y con la estabilidad de los puestos de trabajo, por otro. Buena parte de los empleos de estos sectores son a tiempo parcial, sumergidos (como el servicio doméstico), se realizan mediante jornadas fragmentadas (como el sector de cuidados a las personas, la limpieza, la hostelería y el comercio) o a turnos (como una proporción importante del sector sanitario). La participación femenina en estos sectores agrupa prácticamente a la mitad de las mujeres ocupadas en España. Son las más proclives a sufrir pobreza de tiempo y de ingresos.