A partir de los años 80, un entorno determinado por la denominada sociedad del conocimiento, el incremento de la importancia de las competencias científicas y tecnológicas y los cambios en las políticas de financiación gubernamental significaron una renovación del contrato social de la universidad, en el que las universidades debían dar respuesta a las necesidades de los “usuarios” en la economía y en la sociedad (Martin, 2003). Esto se relaciona con una transformación en la misión tradicional de docencia e investigación de la universidad y conlleva un mayor acercamiento de estas instituciones a las demandas y a las necesidades de diferentes actores sociales, lo que la bibliografía denomina como una tercera misión (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000, p. 110). Esto ha llevado a la universidad a convertirse en un actor clave en el desarrollo social y económico de su región de influencia, a través de una vinculación mucho más estrecha con los diferentes agentes de su entorno (Vega Jurado, Manjarrés Henríquez, Castro Martínez y Fernández de Lucio, 2011; Wang, Hu, Li y Pan, 2016), y ha permitido mejorar la competitividad y la creación de riqueza en las regiones donde se lleva a cabo esta dinámica (Barnes, Pashby y Gibbons, 2002. p, 396).

Las principales actividades asociadas a esta tercera misión se han enmarcado en procesos de transferencia tecnológica que para el caso de universidades en países desarrollados se traducen en la generación de patentes, licencias, empresas spin-off e innovaciones, así como en la realización de consultorías especializadas del trabajo articulado con empresas y en el sustento a la creación de estructuras tales como las oficinas de transferencia tecnológica (Siegel, Waldman, Atwater y Link, 2003). Particularmente en Latinoamérica se ha adoptado una perspectiva según la cual este proceso denominado extensión universitaria se asocia a la función social de la universidad, a la proyección de la cultura universitaria y a la preocupación por los problemas nacionales (Tünnermann Bernheim, 2010. p, 119). Sin embargo, a partir de la década de 1990, se materializa en América Latina un cambio en las políticas de ciencia y tecnología que, inspiradas en la experiencia de los países desarrollados, promueve en las universidades la adopción de la denominada tercera misión (Vega Jurado et al., 2011, p. 74) desde una perspectiva tecnológica.

Es así como los procesos de transferencia tecnológica cobran relevancia en el interior de las universidades como indicadores de las relaciones con su entorno, por lo que las universidades realizan continuamente esfuerzos para continuar sus vínculos colaborativos, sobre todo con el sector empresarial. Sin embargo, se está viviendo un momento clave en la reinvención conceptual de la misión social de las universidades -aquella de cara a la comunidad, al impacto en su entorno- apoyado en los cambios que conducen hacia la transferencia de conocimiento, intercambio y coproducción de conocimiento, migrando hacia un concepto de universidad comprometida (Conway, Humphery, Benneworth, Charles y Younger, 2009).

De manera particular, la relación entre la universidad y el entorno, así como su papel en la difusión del conocimiento como respuesta a problemas sociales, se sustentan en la hoy denominada responsabilidad social universitaria (RSU), que evidencia el compromiso de la universidad con las instituciones y actores con las que interactúa sobre la base de un sistema de valores que tiene en cuenta los derechos humanos y el desarrollo sostenible. En la bibliografía se han desarrollado elementos teóricos que hoy configuran las nociones básicas de la responsabilidad social en el interior de la universidad (Gaete Quezada, 2015; Gasca-Pliego y Olvera-García, 2011; Siracusa, Ardiles y Pulido, 2012; Vallaeys, 2006), centrados principalmente en acciones de intervención social y de relación directa con la comunidad interna y externa de la universidad. Sin embargo, aún se reconoce la necesidad de desarrollar y hacer mucho más operativo el concepto de responsabilidad social universitaria, de tal forma que se fortalezca el corpus de bibliografía que apoya este trabajo en el interior de las universidades.

Teniendo en cuenta la relación existente entre la denominada tercera misión, que hoy se apoya en gran parte en procesos de transferencia tecnológica, y lo que define la responsabilidad social universitaria, este trabajo tiene como propósito identificar puntos comunes de actuación que desde el ejercicio de los procesos de transferencia tecnológica puedan entenderse también como prácticas de responsabilidad social universitaria, colocándose en línea con el enfoque de universidad comprometida. Por ello busca responder al interrogante sobre cómo la transferencia tecnológica puede constituir una práctica de responsabilidad social universitaria, tomando como base una revisión sistemática de la bibliografía sobre responsabilidad social universitaria y del estado de la cuestión sobre transferencia tecnológica, identificando cómo y bajo qué acciones la transferencia tecnológica puede ser entendida como una práctica de responsabilidad social universitaria, y planteando oportunidades de investigación futura sobre esta temática.

Las conclusiones indican que los procesos de transferencia tecnológica evidencian el compromiso social de la universidad, considerando aspectos como: (i) la transferencia tecnológica incorpora problemas sociales que conllevan la generación de transformaciones, (ii) el concepto de conocimiento socialmente robusto, (iii) la divulgación de los procesos de transferencia tecnológica como mecanismo de apropiación social del conocimiento y (iv) el fortalecimiento del vínculo entre las distintas partes interesadas como parte del capital social de los procesos de transferencia tecnológica.

Este artículo se dividirá en las siguientes secciones (i) el marco teórico sobre responsabilidad social universitaria, (ii) la transferencia tecnológica en la universidad, (iii) la responsabilidad social de la transferencia tecnológica, (iv) la transferencia tecnológica como práctica de responsabilidad social universitaria y (v) conclusiones.

En las universidades ha aumentado la necesidad de demostrar que efectivamente su funcionamiento y razón de ser se orientan a la satisfacción de las necesidades y problemas de las personas, grupos o instituciones con los que interactúan (Gaete, 2011, p. 110). Es así como la responsabilidad social universitaria es concebida como un proceso global que trasciende los procesos o funciones misionales de docencia, investigación y extensión, llevando a cabo de manera sinérgica e integral el compromiso de la colectividad universitaria hacia la vinculación social con las comunidades, donde particularmente se debe conformar un sistema de valores éticos fundamentado en los derechos humanos y en el desarrollo sostenible (Aristimuño y Rodriguez Monroy, 2014, p. 377).

La evolución del concepto de responsabilidad social universitaria ha presentado cuatro etapas diferenciadas temporal y circunstancialmente: (i) el paso de una universidad de élite a una universidad inclusiva, generando oportunidades para más personas, independientemente de su posición social y nivel económico, (ii) la aparición de una universidad con proyección social, estableciendo mayor contacto con las comunidades nacionales e internacionales y generando beneficios para ambas partes, (iii) la aparición de una universidad comprometida con el medio ambiente, a partir de la Cumbre de la Tierra, realizada en Brasil en 1992, en la que el concepto de desarrollo sostenible alcanza al sector universitario, quedando integrado en su compromiso con la sociedad (Araque Acevedo, Rubio Guerrero y Uribe Macías, 2015) y (iv) la aparición de una universidad socialmente responsable, el uso de la expresión responsabilidad social universitaria y el inicio del debate acerca de responsabilidad social, la autonomía y la libertad académica en las universidades (Cardona Zuleta, 2010).

La investigación sobre la responsabilidad social en las universidades emergió desde finales de los 90 sustentada en gran parte en lo expuesto en la Conferencia Mundial de Educación Superior de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, donde se reconoció que la responsabilidad de las universidades no es solo educar a los jóvenes para su futuro profesional sino también para que sean capaces de aplicar sus habilidades y talentos con el mayor sentido social posible (Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, octubre 1998). Esto fue ratificado en el año 2009, reconociendo además la necesidad de que estas instituciones de educación contribuyan a la formación de ciudadanos dotados de altos principios éticos (Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, julio 2009).

Al compromiso en la formación de los estudiantes se suma la relación de las universidades con sus distintas partes interesadas, con las personas y organizaciones sobre las que influyen, así como con aquellos grupos que pueden incidir sobre ellas, de manera negativa o positiva (Aristimuño y Rodriguez Monroy, 2014, p. 377). Dentro de las llamadas partes interesadas, Vallaeys, Cruz y Sasia (2009) hacen referencia a una amplia gama de individuos, tales como: el personal no docente, los docentes y el personal de investigación, las autoridades, los estudiantes, los proveedores, los graduados, los reclutadores, los competidores, las comunidades locales, las organizaciones asociadas y las entidades públicas gubernamentales. Por ello, en el marco de lo expuesto, la responsabilidad social universitaria requiere ser apreciada desde tres niveles: (i) responsabilidad social universitaria interna, que incorpora a los estudiantes, docentes, investigadores, directivos y personal administrativo, (ii) responsabilidad social universitaria externa, que incluye empleadores, graduados, proveedores y socios estratégicos directos y (iii) responsabilidad social universitaria hacia el estado, la sociedad, el desarrollo y el medio ambiente global (Gasca-Pliego y Olvera-García, 2011, p. 50).

Un cambio en el contrato social de la universidad y el estado que implicó una contribución de los resultados de la investigación a las demandas sociales y económicas (Martin, 2003) y a los procesos de generación del saber, más conectado con los escenarios transversales de carácter social y económico bajo el concepto de modo 2 de producción de conocimiento (Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott y Trow, 1994) y particularmente un enfoque económico de estudio de esta vinculación de la universidad con su entorno socioeconómico es la triple hélice de la interacción universidad-industria-gobierno (Leydesdorff y Etzkowitz 1996, p. 279). Estos elementos constituyeron el contexto en el que, además de las misiones tradicionales de docencia e investigación de la universidad, se incorporara lo que en la bibliografía se conoce como tercera misión, también denominada función de desarrollo económico y social, servicios a la comunidad o extensión (Beraza Garmendia y Rodríguez Castellanos, 2007, p. 50), para dar respuesta a las demandas de comunidades cercanas a la universidad, tanto del sector público como del privado.

Esta tercera misión ha implicado considerar la universidad como una institución de educación para toda la vida y de prestación de servicios científicos mediante la transferencia de tecnología al sector productivo con el objetivo último de ayudar a la consecución de una ventaja competitiva a nivel nacional o regional. En muchos países la universidad se ve como un importante elemento en el desarrollo regional (Beraza Garmendia y Rodríguez Castellanos, 2007, p. 50).

De manera específica existen tres enfoques conceptuales para la definición de la tercera misión: (a) desarrollo de un conjunto de actividades de cooperación de la universidad con agentes públicos y privados para transferir a la sociedad conocimiento y tecnología para la innovación y el bienestar social; (b) compromiso social y comunitario en la solución de los problemas del entorno o del territorio en el cual se desarrolla; este enfoque es similar al que se ha venido consolidando en América Latina en el que la universidad asume una “misión social” capaz de vincularla más estrechamente con la sociedad y sus problemas (Tünnermann Bernheim, 2010); y (c) surgimiento de la universidad empresarial o emprendedora, que conduce no solo a la creación de empresas por parte de estudiantes, graduados y profesores sino también al desarrollo de actividades de transferencia de tecnología a la empresa, lo que incluye la comercialización de la producción científica y la interacción universidad-gobierno-industria para el fortalecimiento de los sistemas nacionales de innovación en el modelo de triple hélice (Bueno Campos y Casani Fernández de Navarrete, 2007, citado en Vera Salazar, Galvis-Lista y González Zabala, 2013, p. 136).

Un hecho que incidió en las relaciones de la universidad con agentes de su entorno fue la denominada Ley Bayh-Dole, aprobada en 1980 en un esfuerzo por acelerar la difusión y comercialización de nuevos conocimientos producidos en las universidades (Hayter, 2016), a lo que se sumaron diversas fuerzas que promovieron cambios significativos en las políticas de patentes universitarias, que se manifestaron en la decisión de muchas universidades de establecer oficinas de transferencia de tecnología (Roessner, Bond, Okubo y Planting, 2013) para que luego surgieran en el entorno universitario una variedad de instituciones especializadas en la comercialización de tecnología a través de una spin-off o de mecanismos financieros de apoyo a este tipo de iniciativas, produciéndose un cambio de actitud en los órganos de dirección de las universidades y entre sus miembros hacia la creación de este tipo de empresas (Beraza Garmendia y Rodríguez Castellanos, 2007, p. 35). Es así como gran parte de las relaciones de la universidad con su entorno se establecieron principalmente con empresas, apoyadas en mecanismos de vinculación propios de procesos de transferencia tecnológica tales como patentes, licencias, empresas spin-off y contratos de consultoría especializada.

D’Este y Perkmann (2011, p. 318) reconocen que la creciente participación de las universidades en la transferencia de tecnología y en la comercialización ha generado nuevos retos acerca de su naturaleza y misión; desde la perspectiva del modelo de la triple hélice este representa la disposición de profesores universitarios y graduados a participar activamente en la transferencia de tecnología (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000, p. 110).

En cuanto a los canales o mecanismos de transferencia tecnológica, Merchán Hernández (2012, p. 197) ha agrupado las formas de cooperación más generales entre la universidad y la empresa en: (i) proyectos de I+D y asesoramiento tecnológico, (ii) formación o intercambio de personal, (iii) participación en empresas spin-off, (iv) explotación de resultados de propiedad intelectual y (v) utilización de instalaciones o materiales de la universidad. Se reconoce también la existencia de mecanismos formales e informales de transferencia de tecnología (Okamuro y Nishimura, 2009, p. 275) de acuerdo a los costes generados, de tal forma que los menos costosos y más usados son la consultoría, la utilización de los equipos técnicos de la universidad por parte de las empresas y la implementación de procesos de transferencia de conocimientos a la empresa, mediante diferentes alternativas como la vinculación de graduados universitarios, la formación en procesos especializados o el suministro de información (Fromhold-Eisebith y Werker, 2013, p. 626). La implementación de todos estos mecanismos está orientada a promover una alta calidad de la investigación, de la innovación y del progreso económico y social (Guerrero, Urbano, Cunnigham y Organ, 2014, p. 427).

Cabe mencionar que los procesos de transferencia tecnológica se ven permeados por las características de la universidad, tales como su naturaleza pública o privada, su calidad académica y el tamaño y antigüedad de la oficina de transferencia tecnológica, así como también por las condiciones locales de la demanda de alta tecnología y por los términos del contrato de licencia (Siegel, Veugelers y Wright, 2007, p. 656). A ello se suman otros factores como la conexión social, la confianza, las políticas de propiedad intelectual, la capacidad tecnológica (Bierly III, Damanpour y Santoro, 2009, p. 498), la valoración de la investigación, y la participación de estudiantes, docentes y grupos de investigación (Closs, Ferreira, Soria, Sampaio y Perin, 2012, p. 104).

El contexto donde se lleva a cabo la transferencia juega también un papel importante. Con relación a esto Casper (2013, p. 1314), por ejemplo, mantiene que la calidad del entorno regional de una universidad puede impactar significativamente su éxito en la comercialización de la ciencia. La proximidad de los sectores estratégicos, la construcción de comunidades, el establecimiento de modelos participativos de co-creación entre los usuarios y las comunidades de desarrollo en un modelo de innovación abierta (Freitas, Mayer, Arnab y Marshall, 2014) favorecen los procesos de transferencia y destacan la importancia de la interacción con los actores sociales en el marco este tipo de procesos.

La revisión de los aspectos asociados con la responsabilidad social universitaria y la transferencia tecnológica muestra varias diferencias entre ambas, de lo que se podría presumir que estos términos no tienen factores de convergencia; es así como a partir de una revisión de la bibliografía se pretendió identificar elementos que permitieron interconectar ambos conceptos y encontrar en la transferencia de tecnología una forma de hacer operativa la responsabilidad social universitaria. Las etapas que se ejecutaron para el desarrollo de este trabajo se describen a continuación:

Hoy en día las universidades no son consideradas una torre de marfil, sino que han crecido hasta convertirse en un catalizador del crecimiento de las naciones más allá del desarrollo del capital humano, transformándose en la fuente más importante para la transferencia de tecnología, la investigación, el desarrollo y la innovación en la sociedad (Hamdan et al., 2011, p. 1284).

La investigación universitaria y las actividades relacionadas con la misma contribuyen de manera importante a las economías modernas, principalmente: (i) por el aumento de la productividad de la I + D aplicada en la industria, (ii) por el desarrollo de nuevos conocimientos y aportes técnicos, (iii) por la provisión de capital humano de gran valor, (iv) por el desarrollo de equipos y tecnología y (v) por el diseño de conceptos y prototipos de nuevos productos y procesos que pueden tener algunos impactos sociales y económicos grandes e inesperados (Roessner et al., 2013, p. 23). En el marco de estos procesos las universidades deben gestionar las más amplias consecuencias sociales y medioambientales de sus acciones, más allá de los requisitos legales y normativos con los que operan (Mendez, 2011, p. 2).

Las universidades pueden alcanzar un comportamiento socialmente responsable y contribuir a un mejor posicionamiento de su gestión tecnológica a través del manejo de la cantidad y calidad de una investigación que refuerce la relación entre universidad y entorno social, y a través del desarrollo de programas de transferencia tecnológica capaces de impulsar la vinculación de la universidad con su entorno. Sin embargo, para ello es indispensable revisar la normativa universitaria, plantear políticas de trasferencia tecnológica realmente adaptadas a la realidad y especializar al personal en torno al tema (Martínez de Carrasquero, 2012, p. 364).

En este sentido las universidades, a consecuencia de su relación con las ciudades, pueden convertirse en “buenos o malos vecinos” (O’Mara, 2012, citado en Gaete Quezada, 2015, p. 277) en relación con el papel fundamental que los procesos de transferencia tecnológica juegan en el desarrollo económico de las comunidades locales. Como ejemplo, una práctica de responsabilidad social que en el marco de la transferencia de tecnología tiene un impacto relevante es la de asesorías a las comunidades en diversos ámbitos (Martínez, Mavarez, Rojas, Rodríguez y Carvallo, 2006, p. 2).

Analizando los conceptos asociados a la transferencia tecnológica y la forma a través de la cual estos procesos contribuyen a la responsabilidad social universitaria, se presentan algunos aspectos a partir de los cuales se podría considerar la transferencia tecnológica como una práctica de responsabilidad social, partiendo de las siguientes premisas:

La consideración de estos factores favorece el ejercicio de la transferencia tecnológica desde la perspectiva de la responsabilidad social, por lo que la universidad debe tomar conciencia e identificar acciones explícitas que permitan incorporar el carácter social desde esta práctica. En suma, a partir de la revisión de la bibliografía se identificaron aspectos inherentes a la transferencia tecnológica que también son propios del ejercicio social, los cuales se detallan a continuación y constituyen un referente para entender cómo la transferencia tecnológica puede ser considerada una práctica de responsabilidad social universitaria.

Como se ha presentado en este trabajo, en el alcance de la transferencia tecnológica se pueden considerar implicaciones que contribuyen a su enfoque social y se deben incorporar acciones explícitas que refuercen y hagan operativo el cumplimiento de los compromisos con el entorno.

Estas acciones permitirían enriquecer los procesos de transferencia tecnológica y de igual forma constituyen una base sólida para que las universidades sustenten una gestión socialmente responsable. Las siguientes proposiciones colocan en su contexto la transferencia tecnológica frente a los desafíos de la responsabilidad social universitaria.

Proposición 1: Incorporar problemáticas y necesidades sociales en los procesos de transferencia tecnológica para la generación de transformaciones e impactos sociales, económicos y culturales en la sociedad. Desde esta perspectiva se propone que los procesos de transferencia tecnológica no pueden estar a espaldas de la realidad social en la que está inmersa la universidad y de los actores del entorno en que se ubica. En este sentido los proyectos realizados deben contemplar variables como la sostenibilidad y la gestión ambiental, tanto desde el diseño como en la ejecución y deben hacer un adecuado uso de los indicadores de impacto, más allá de los de resultados. La universidad debe iniciar un seguimiento de los proyectos posterior a su finalización y llevar los registros requeridos para hacer verificar los efectos de su implementación. A fin de profundizar en lo anterior se deben promover investigaciones empíricas que identifiquen casos de procesos de transferencia tecnológica que incorporen necesidades y problemáticas explicitas de comunidades asociadas a la universidad. Es de destacar que esta proposición se articuló con lo propuesto en la proposición 4, lo que implica que para el logro de estos procesos de transferencia con un mayor impacto social se requiere contar con una participación activa de las partes involucradas, no desarrollar proyectos aislados, sino que por el contrario vinculen a actores relacionados con la universidad.

Proposición 2: Vincular el compromiso social en las políticas institucionales como eje del proceso de responsabilidad social universitaria y como promotor en procesos institucionales tales como la transferencia tecnológica, en el contexto de un nuevo contrato social de conocimiento socialmente robusto. El compromiso de la responsabilidad social de la transferencia tecnológica no puede ser un proceso improvisado, sino que debe responder y estar articulado con relación a los planes institucionales, desde la dirección institucional hasta los planes del área de investigación y los grupos de investigación y de igual forma en la misión y visión de estos procesos. Por lo que esta proposición lleva a estudiar las condiciones organizativas de la universidad que lleven a procesos de transferencia tecnológica con compromiso social, de tal forma que permitan estudiar cómo este proceso es una acción no aleatoria sino deliberada en estas instituciones.

Proposición 3: Divulgar los procesos y resultados de transferencia tecnológica como insumos para potenciales procesos de transformación social, favoreciendo procesos de apropiación en la comunidad. Esto evidencia cómo la apropiación social de los resultados de la transferencia tecnológica contribuye a la responsabilidad social universitaria. La universidad debe ser capaz de llevar su lenguaje al lenguaje de la comunidad y al de los actores relacionados, informando sobre los resultados del conocimiento generado y sobre cómo esos resultados pueden ser utilizados para su beneficio y para el desarrollo futuro; esto en condiciones adecuadas para su comprensión, de tal forma que favorezca investigaciones y trabajos futuros. Los procesos de divulgación no pueden ser confundidos con la promoción y comercialización de lo que hace la universidad, pero si pueden ser complementados por los mismos, deben ser entendidos como una forma en que la universidad se encarga de que su trabajo realmente llegue a quienes podrían finalmente beneficiarse del mismo y que la sociedad conozca cómo la universidad trabaja para la mejora de sus necesidades y problemas. Este aspecto abre la posibilidad de estudios sobre los medios y mecanismos de promoción y divulgación de los resultados de transferencia y cómo llegan a diferentes sectores asociados con la universidad.

Proposición 4: Considerar a los actores implicados como parte del capital social de la universidad e investigadores en el marco de los procesos de transferencia tecnológica. Este aspecto constituye un común denominador con las proposiciones anteriores, puesto que un trabajo articulado con las partes interesadas redunda significativamente sobre los efectos sociales de la transferencia, debe estar claro en los planes y políticas diseñados para ello y debe estar apoyado en mecanismos de comunicación y divulgación adecuados. En este sentido la universidad debe tener parámetros claros que aseguren un adecuado uso de su capital social no solo con la comunidad científica sino con otros actores involucrados para enriquecer sus procesos de transferencia. La universidad no puede encerrase en una cápsula, sino que debe estar abierta a un diálogo constante con las partes involucradas. Por ello trabajos futuros permitirán estudiar las redes y trabajos colaborativos con diferentes actores y socios en la universidad a fin de identificar los medios y estrategias de trabajo con cada uno y los proyectos y resultados que se obtengan de este tipo de trabajos.

Tomando como base el análisis de las características y prácticas de responsabilidad social universitaria y de la transferencia tecnológica, se identificaron ciertas estrategias que permitirían considerar la transferencia tecnológica desde la perspectiva de la responsabilidad social universitaria y que favorecerían la generación de indicadores que hagan evidente esta gestión y la imagen de la universidad en su entorno social, como se presenta la tabla 1.

Estas estrategias constituyen un referente para que las universidades puedan incorporar de manera formal los procesos de transferencia tecnológica como resultado de su gestión en responsabilidad social y así mejorar su impacto en el entorno.

La bibliografía ha reconocido tradicionalmente que los procesos de transferencia tecnológica se asocian principalmente con relaciones directamente establecidas con las empresas, entendiéndolos como los principales demandantes de tecnología. Como resultado de este tipo de vinculaciones se generan productos de conocimiento tales como patentes, spin-off, licencias y resultados de consultorías especializadas y se favorece la producción científica de los investigadores y la innovación en las empresas. En esta bibliografía poco reconocimiento se da a la vinculación con otros actores sociales y a los impactos que estos procesos de transferencia generan a los problemas del contexto social.

En estos últimos años se ha reconocido el compromiso que las universidades tienen no solo con el desarrollo tecnológico y económico sino social, por lo que se están realizando cada vez más esfuerzos para crear condiciones institucionales que respalden este tipo de acciones. En línea con esto está lo establecido en el marco del concepto de responsabilidad social universitaria, el cual establece lineamientos y condiciones de trabajo que contribuyen a fortalecer el vínculo de la universidad con sus partes interesadas y con las necesidades de su contexto de influencia.

La responsabilidad social plantea a las universidades el desafío de contribuir al desarrollo social y a la sostenibilidad ambiental, de acuerdo con sus misiones y atendiendo a las necesidades y a la problemática de los grupos de interés con los que interactúan. En relación con esto la transferencia tecnológica desde la universidad constituye una oportunidad para contribuir a los procesos de crecimiento económico, social y cultural, apoyados en las capacidades científico-tecnológicas de la universidad, que llevan a relaciones cercanas con la sociedad y con sectores estratégicos en sus áreas de influencia. Esta última afirmación pone de relieve las relaciones existentes entre ambos conceptos y cómo uno puede llegar a sostener al otro, lo que hace evidente la posibilidad de desarrollar la transferencia tecnológica como una práctica de responsabilidad social.

Particularmente en el campo de la transferencia tecnológica diferentes estudios han destacado como un factor preponderante en el enfoque social de la transferencia tecnológica la vinculación de las partes interesadas (Martínez et al., 2006; Theodorakopoulos et al., 2014) y usuarios de estos procesos (Greiner y Franza, 2003, p. 170). Además se reconocen aspectos operativos de estos procesos, de tal forma que trabajos como el de Sira y Pérez (2015, p. 973) presentan un modelo operativo que identifica los procesos de transferencia tecnológica enmarcados en la responsabilidad social, poniendo el énfasis en factores sociales, culturales y humanos que inciden en estos procesos e insistiendo en las relaciones con actores externos a la universidad; y Martínez de Carrasquero (2012, p. 527), por su parte, indicó que los canales de transferencia tecnológica que han logrado ser transferidos al entorno social con mayor éxito son la asistencia técnica, las asesorías, los cursos de capacitación y la consultoría.

Frente a lo antes expuesto, los resultados de este trabajo ratifican que la transferencia tecnológica puede ser considerada como una práctica social que no solo se lleva a cabo involucrando a las partes interesadas, sino también dando respuesta a las demandas del entorno, así como cumpliendo procesos adecuados de divulgación. Esto debe estar establecido en la política institucional de tal forma que se asegure contar con las condiciones y el respaldo de las instituciones. Este trabajo propone unas líneas de acción que pueden ser referenciadas por las universidades en el marco de su proceso institucional de responsabilidad social universitaria, así como en el diseño de los indicadores del mismo.

En este sentido este trabajo arrojó cuatro proposiciones que constituyen otras tantas oportunidades para futuras investigaciones y que representan coyunturas explícitas para sustentar cómo los procesos de transferencia tecnológica llevan a una responsabilidad social ejercida desde la universidad.

Como conclusión general se puede afirmar que la revisión bibliográfica permitió identificar elementos conceptuales y operativos de la transferencia tecnológica que permiten sustentar procesos de responsabilidad social llevados a cabo desde la universidad. Este trabajo presenta como principal aporte la identificación explícita de estas prácticas que permitirían a la universidad identificar y hacer visible la manera en que su trabajo de transferencia también contribuye a su compromiso socialmente responsable.

Este trabajo puede ser un punto de referencia para el desarrollo de futuras investigaciones a fin de realizar estudios de caso e identificar las prácticas implementadas en las universidades, tanto de países desarrollados como de Latinoamérica, y los mecanismos que han desarrollado frente al reto de incorporar los procesos de responsabilidad social universitaria e identificar constructos teóricos a partir de estos referentes.