LA PROBLEMATIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU INCIDENCIA EN EL TRABAJO SOCIAL
Al hablar de derechos humanos debemos emprender la compleja tarea de abordar su conceptualización, cuyos debates aún están lejos de ser zanjados. Aunque ninguna definición puede considerarse absolutamente exhaustiva ni resolver el debate de los derechos humanos, es necesario disponer de unas nociones mínimas para poder saber de qué hablamos cuando exigimos que estos se respeten o se quieran emprender nuevas demandas (Angulo López, 2015).
Existen dos grandes perspectivas interconectadas, la jurídica y la moral, aunque lo cierto es que también existe una división entre quienes defienden -con múltiples argumentos- que el derecho y la moral están relacionados y quienes creen que no; entre los primeros los argumentos que se esgrimen son que ambas se condicionan mutuamente o que, a fin de cuentas, ambas son sistemas de control social (Nino, 2013); para quienes afirman que no hay relación alguna, sus justificaciones se basan en el carácter científico del derecho (perspectiva positivista), según el cual las normas constituyen hechos que no requieren de ninguna justificación moral para su aplicación (Nino, 2013). En el ámbito de los derechos humanos, estas normas se materializarán en los diversos instrumentos surgidos tras la Declaración Universal de Derechos Humanos. A partir de esta “la protección de los derechos naturales tiende a tener en sí misma eficacia jurídica y valor universal” (Bobbio, 1991, p. 39), por lo cual ha surgido la necesidad de analizar los derechos humanos en su vertiente moral, desde los ámbitos filosófico, político y social, analizando sus fundamentos, su legitimidad y su incidencia en la sociedad. Cualquiera que sea la disciplina desde la que se aborden estas cuestiones, encontraremos posturas bastantes divergentes.
De acuerdo con Nino (1989) en un primer momento se suele identificar a los derechos humanos, desde una concepción positivista, con las situaciones normativas pactadas en el derecho positivo internacional, regional y local; así los derechos humanos serían un tipo de derechos jurídicos, un conjunto de normas y acuerdos que pactan los estados y que se comprometen a respetar y promover en el ámbito de su soberanía, bajo el amparo y supervisión de ciertas organizaciones internacionales, como por ejemplo Naciones Unidas (NU). Sin embargo, en los contextos en que la noción de los derechos humanos es fundamental para cuestionar la legislación, las instituciones o ciertas acciones por parte de quienes detentan el poder, los derechos humanos se suelen identificar con una cuestión que supera las normas jurídicas, llevando a muchos teóricos a sostener que no tienen su origen en un sistema jurídico sino en un derecho natural, situándose en la posición iusnaturalista. A partir de dicha concepción, la primera cuestión que surge es la de concretar qué es un derecho humano, qué bien protege y en qué se fundamenta dicha protección, pues no todos los derechos son humanos, aunque en la realidad solo los humanos podamos ejercer derechos.
La concepción iusnaturalista ha inspirado los principales documentos liberales que han cimentado las bases de la declaración del 48, y que podemos apreciar claramente en su definición de derechos humanos como derechos que las personas tienen solo por el hecho de ser personas, convirtiéndose en la definición más extendida -aunque tautológica- (Beydili y Yildirim, 2013; Levin, 1998; Healy, 2008; Murdach, 2011; Sánchez Rubio, 2015; Teng, 2013). Aquí, el fundamento se encuentra en la noción de dignidad humana, que es inherente a todos los seres humanos. Las dificultades surgen al intentar ofrecer una caracterización definitiva de lo que se entiende por ser humano o persona (Griffin, 2009; Nino, 1989) ¿Se hará sobre la base de cualidades moralmente relevantes, como la racionalidad o la autodeterminación en sentido kantiano, que a fin de cuentas son variables entre los individuos? ¿Se hará sobre rasgos biológicos básicos, con el consecuente riesgo de caer en un determinismo biológico/genético?
No obstante, la dignidad humana es en la actualidad el elemento más importante del discurso de los derechos humanos y de la toma de decisiones judiciales, y “constituye la «fuente» moral de la que todos los derechos fundamentales derivan su sustento” (Habermas, 2010, p. 4). Los derechos se conciben como una protección a esa dignidad, lo cual garantiza una potencial conexión con algunos principios como el respeto a las personas, su inviolabilidad, y los límites en la consecución del bien común. La dignidad, como principal fundamento de los derechos humanos, es un concepto muy potente al reconocer el valor de las personas y, aunque con diversas denominaciones, se puede hallar prácticamente en todas las culturas y civilizaciones, religiones y tradiciones filosóficas (Levin, 1998; Lora, 2006); hunde sus raíces en las primeras formas de socialización humana y ha venido evolucionando a lo largo de la historia, tomando diferentes matices.
Otros desarrollos teóricos (en contraposición al positivismo) como las teorías utilitaristas, constructivistas y las críticas, amplían los derechos humanos al plano moral o político; estos se conciben como un referente ético orientado al bien común, como un marco que orienta nuestra conducta y una herramienta imprescindible para proteger a la humanidad. Si bien excede el objetivo de este trabajo y no disponemos del espacio para desarrollarlas en profundidad todas sus derivaciones, procuraremos presentar sus rasgos esenciales.
Para los enfoques utilitaristas, que son teleológicos, los derechos humanos tienen que ver con alcanzar el bienestar general, pues todos los individuos (o al menos el máximo posible) estaríamos mejor si se protegen ciertos derechos, para lo cual este enfoque requeriría, eso sí, de la mayor armonía posible entre los intereses individuales y los del resto de la sociedad (Álvarez, 2009). En contraste, en las teorías deontológicas / anti utilitaristas, de inspiración kantiana y tradición iusnaturalista, los individuos son fines en sí mismos y no pueden constituir medios o ser sacrificados para alcanzar otros fines -como los sociales-; el problema surge cuando sobre la base de estos imperativos algunos autores liberales radicales justifican la idoneidad del estado mínimo y por ende la negación de derechos sociales o colectivos porque perjudican los derechos de las personas individuales (Álvarez, 2009; Segovia, 2015): si una persona tiene un derecho, el estado no se lo puede negar, aunque ello fuese para favorecer el interés general (Álvarez, 2009). Así, entre una posición deontológica radical (liberalismo conservador) y un utilitarismo como el de S. Mill (liberalismo igualitario) en base a este último, al menos, se pueden justificar los derechos sociales e intervenciones políticas como la distribución de la renta.
En un punto intermedio, las teorías constructivistas intentan articular argumentos de peso para fundamentar la adopción de algunos principios morales que legitimen los derechos humanos. Si bien se reconoce que estos derechos son instrumentos creados por las personas, Nino (1989) subraya que esto no excluye su trascendencia para la vida social, pues protegen bienes de importancia fundamental para sus titulares; son a la vez norma jurídica y norma moral porque tienen la función de reducir conflictos y favorecer la cooperación social, para lo cual dependerán de las convicciones morales de las personas, pues sin ellas el derecho solo proporcionaría razones prudenciales para actuar o no; con ello se busca una convergencia entre acciones y actitudes mediante la libre aceptación de sus principios. En el seno de las teorías críticas, por su objetivo emancipatorio, y en concreto entre las teorías consensualistas, se esgrime que lo primordial es el consenso social en la aceptación de los principios de los derechos humanos; la diferencia entre estas posiciones y las constructivistas radica en los argumentos que en ambas se esgrimen como justificación de dicha fundamentación; en las primeras se sitúan más en lo ético, mientras que en las segundas se ubican en lo político. Entre estas últimas, Habermas, en su ética discursiva, analiza la fundamentación de la moral desvinculándola de sus elementos religiosos (2004); aplica la teoría de la acción comunicativa al derecho, planteando que la validez de todas las normas depende de la formación discursiva de la voluntad colectiva, en una situación bien concreta: una situación ideal de habla, donde serán admitidas solo aquellas regulaciones que sirvan al interés de todos los sujetos por igual (Habermas, 2000); en dicho proceso, el derecho ha de constituir el medio para construir órdenes políticos justos, asentados en la noción de la dignidad humana (Habermas, 2010). Por último, dentro de las corrientes críticas es ineludible mencionar a Sousa quien, atribuye el fracaso de la promesa emancipadora de los derechos humanos del pensamiento crítico eurocéntrico a haber ignorado o no sabido valorar las demandas de otros grupos y movimientos no occidentales; dichas demandas excedieron los límites del pensamiento hegemónico occidental, excluyendo las experiencias y saberes de grupos históricamente marginados en la lógica capitalista y colonial (Sousa, 2010). Para superar este conflicto, el autor propone una epistemología basada en la “ecología de saberes” (p. 49) y la traducción intercultural, presentando una alternativa poscolonial a la concepción de los derechos humanos; una alternativa que cree posibilidades reales de resistencia, pues el concepto de universalidad de los derechos humanos ha venido siendo interpretado y aplicado de manera estrecha y sesgada, dejando fuera de la posibilidad de disfrutar de los supuestos derechos universales a millones de personas alrededor del mundo (Sánchez Rubio, 2015).
Otros reparos, también manifestados desde enfoques críticos, apuntan a las políticas sobre derechos establecidas por algunos Organismos de NU, como por ejemplo el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, sustentadas en la retórica de los derechos humanos pero que contradictoriamente la manipulan para legitimar políticas abusivas, o el Consejo de Seguridad que representa los intereses de los países más poderosos del mundo, cuyas decisiones e intervenciones militares han ocasionado graves catástrofes humanitarias en conflictos y guerras como en Darfur, Kosovo, Ruanda, Somalia o Timor (Habermas, 2010; Rubio Carracedo, 2000). Así mismo, cabe mencionar otras políticas públicas igualmente nocivas, en nombre del desarrollo, que bajo los lineamientos de NU, subvencionan la empresa de la cooperación al desarrollo que promueve un modelo que, lejos de favorecer transformaciones sociales orientadas a la emancipación de las personas y a la justicia social, reafirma la lógica colonial y neoliberal. Todas estas contradicciones se consideran gravísimas, en tanto contribuyen a deslegitimar los estándares morales de los derechos humanos y a “confirmar la sospecha de que el programa de los derechos humanos consiste justamente en su abuso imperialista” (Habermas, 2010, p. 20). A este respecto, los trabajadores sociales debemos ser cuidadosos con el enfoque de los derechos humanos (EnDH) que adoptemos; no cualquier lineamiento político basado en la retórica de los derechos humanos nos vale, solo un enfoque crítico, aquel que apunte a un cambio estructural de las relaciones de poder y distribución de los recursos. El enfoque de los derechos humanos en su concepción crítica es un enfoque ético, político y práctico cuyo objetivo es remover los obstáculos en el disfrute de los derechos de las personas y colectivos, con la finalidad de promover su emancipación; a largo plazo, se pretende el cambio estructural de las relaciones hegemónicas de poder, incrementadas por la lógica neoliberal. Este enfoque requiere el compromiso con prácticas que promuevan la dignidad de las personas y la justicia social, considerando los mecanismos de opresión, violencia y discriminación que operan en la realidad.
Pese a que todas las denuncias elevadas desde las teorías críticas son muy ciertas, tampoco debemos permitir que sean instrumentalizadas para opacar la trascendencia social de los derechos humanos, negando las conquistas históricas y su posibilidad de realización progresiva, desfavoreciendo en última instancia a los sujetos y grupos más oprimidos, pues quienes detentan el poder político y económico ya los tienen de sobra garantizados. Los documentos e instrumentos que han ido desarrollando otros organismos de NU en el marco de los pactos de los 60 y sus protocolos facultativos, han ampliado el catálogo de derechos de la DUDH a sujetos y colectivos que antes estaban marginados por la lógica androcéntrica hegemónica, porque su pensamiento no era universal, abstracto ni objetivo (como lo requería la tradicional concepción del derecho), como es el caso de niños, mujeres, indígenas, afrodescendientes... la diversidad que se apartaba del hombre blanco, heterosexual y rico, que requirieron declaraciones particulares para poder demostrar que ellos también eran seres humanos y sujetos de dichos derechos. Aunque igualmente es cierto que, aun cuando hoy tienen derechos especialmente reconocidos, siguen siendo los más afectados por sus violaciones y falta de garantías. Estos son los sujetos y grupos con los que el trabajo social ha venido interviniendo históricamente a diario, de ahí que la aportación de las teorías críticas sea indispensable en nuestra profesión.
Los avances normativos y políticos no son perfectos ni definitivos, pues han nacido en un momento histórico concreto, por lo cual son susceptibles de correcciones; en este sentido los avances en la esfera jurídica, el derecho internacional de los derechos humanos, sí ofrecen un panorama más aceptable (Rubio Carracedo, 2000), sobre todo apreciable en la jurisprudencia, en el ámbito regional (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) y local, que ha venido cumpliendo con una importante función de adaptación de estos derechos a la pluralidad cultural, e incorporando nuevas soluciones a nuevas demandas que surgen con el avance de las sociedades. Como señala Habermas (2010) debido a su carácter abstracto, los derechos humanos necesitan ser especificados en términos concretos en cada caso particular, en contextos culturales diferentes, donde legisladores y jueces suelen llegar a resultados diferentes, como por ejemplo al regular asuntos controvertidos que van surgiendo con el avance de las tecnologías y de la propia sociedad (como el suicidio asistido, el aborto o las técnicas de reproducción asistida); sin unos conceptos legales universales, sería imposible la negociación de acuerdos. En ese sentido, Fuentes, Provost y Walker (2014) reconocen que la ambigüedad de la DUDH ha sido útil para el desarrollo de la pluralidad en la legislación nacional y regional. De acuerdo con estos autores, el pluralismo legal ofrece un enfoque que se centra en el proceso en el que las comunidades hacen suyas las normas de derechos humanos y las transforman para reflejar sus identidades y aspiraciones específicas; así, los derechos humanos se pluralizan y se cargan de nuevo significado fuera del aparato formal, en las relaciones, deberes y obligaciones de la comunidad.
Sin negar los avances ni renunciar a los derechos conquistados, pero reconociendo sus deficiencias, se requiere una universalidad que reconozca la diversidad y pluralidad de los seres humanos, respetando las particularidades culturales -y no solo sus expresiones dominantes- (Etxeberria, 1998; Etxeberria, 2002) y las diversas concepciones que tienen las personas sobre su dignidad y bienestar. Los derechos humanos, cada vez más, se están considerando un constructo moral transcultural, que puede coexistir en diferentes culturas al concernir al valor de las personas (Figueiredo, 2013) y que debe existir independientemente de la forma que adopten en una determinada jurisdicción. Esta idea, que en términos generales contrastaría con el tradicional universalismo a priori (iusnaturalismo), apela a un universalismo construido, consensuado interculturalmente, basado en la búsqueda del bienestar de la humanidad; idea presente en el pensamiento de diversos autores quienes le asignan diferentes denominaciones: hermenéutica diatópica (Sousa, 2003), universalismo justificatorio (Benhabib, 2008), universalismo de la confluencia (Figueiredo, 2013) o consenso cosmopolita (Al-Daraweesh y Snauwaert, 2013). Como advierte Pérez Luño “el derecho a la diferencia no puede servir de cómoda coartada” para negar los derechos humanos, transformándose en un “derecho a la indiferencia” (1998, p. 104); el universalismo no tiene por qué estar reñido con el pluralismo (Rubio Carracedo, 2000); así entendido, el universalismo defiende un mínimo ético irreductible (Etxeberria, 1998; Etxeberria, 2002), incluso si se discute el alcance de dicho mínimo y los derechos que contendría.
LA RELACIÓN ENTRE EL TRABAJO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS
Además de la conocida dimensión discursiva sobre el cometido del trabajo social con los derechos humanos, promovida desde marcos institucionales profesionales a nivel internacional y sus lineamientos, como la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS), o el Consejo Internacional de Bienestar Social (CIBS), podemos identificar otra dimensión fáctica, habitualmente poco reseñada. El trabajo social como disciplina y profesión ocupa un lugar privilegiado para actuar a favor de los derechos humanos, puesto que no solo cuenta con la capacidad de teorizar, sino también de llevar dichas teorías a la práctica, tendiendo puentes entre ambas dimensiones, pues como señala Salcedo Megales (2010), está legitimada como profesión para intervenir con la comunidad en la consecución de su bienestar, pudiendo además difundir y promover directamente ciertos valores en la sociedad.
¿Es el trabajo social una profesión de derechos humanos?
Aun cuando hay un amplio consenso en reconocer la estrecha relación entre el trabajo social y los derechos humanos (Chen, Tung y Tang, 2014; Cordero Ramos, Palacios Esteban y Fernández Martín, 2006; Duarte, 2014; Flagler y Mita, 2003; Hawkins, 2009; Healy, 2008; Ife, 2001), considerándola incluso una profesión de derechos humanos, algunos autores se muestran reticentes a esta idea.
A partir de los 60, se comienza a criticar la función de control social ejercida por los trabajadores sociales en el marco de las instituciones donde trabajaban (Murdach, 2011). En esta línea, es bien conocida la crítica foucaultiana que señala que el trabajo social siempre ha cumplido una función de vigilancia/corrección bajo la cual una de sus actuaciones es la de inculcar una serie de valores burgueses que terminaban beneficiando a la burguesía (Foucault, 2000). Otras críticas, si bien reconocen que en un principio su cometido era promover y defender los derechos humanos, apuntan a que ahora se ha alejado de esa misión original, la cual se ha desvanecido en la búsqueda de la seguridad de su práctica profesional y financiera (Murdach, 2011), así como en la consolidación de su estatus académico (Zamanillo, 2011). Así mismo, las críticas feministas aluden a que las fundadoras de la profesión crearon políticas que negaban los derechos humanos de las mujeres y reforzaban la ideología patriarcal, definiendo estrechamente una moral familiar que excluía los derechos de las parejas y agrupaciones no tradicionales (Murdach, 2011). Por su parte, Dominelli (2010) señala que el trabajo social forjado en el estado-nación, especialmente en Europa, empezó a cultivar proyectos que parecían difundir mensajes sobre la superioridad de la cultura occidental: en el tiempo de la colonización contribuyó a prácticas opresivas, inhumanas, injustas y a procesos coercitivos, por ejemplo en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, donde se buscaba asimilar a los nativos con la cultura occidental. Lamentablemente este tipo de prácticas han seguido ejerciéndose hasta hace poco en contextos migratorios, multirraciales o multiculturales, como en el caso de Estados Unidos o Francia. Si bien el trabajo social colonizador y el moralizador, heredados de las prácticas caritativas y filantrópicas, son ejemplos de actuaciones contrarias a los derechos humanos, tras la II Guerra Mundial las trabajadoras sociales (así como otras activistas de los nuevos movimientos sociales) empiezan cada vez más a adoptar el discurso de los derechos humanos y a concebir a las personas como sujetos de derechos de bienestar y al estado como un garante de dichos derechos (Dominelli, 2010).
Una relación histórica y vigente
Pese a las críticas que cuestionan el compromiso del trabajo social con los derechos humanos, los preceptos y valores de estos son en la actualidad un componente fundamental de la identidad profesional, la cual se ha ido forjando a lo largo de la historia no sin errores ni tropiezos. Como señala Witkin (1998), los problemas que afronta no se pueden separar de la preocupación por los derechos humanos, pues dichos problemas son síntomas de un orden social que está fallando. Como atención profesionalizada, aparece junto con el fenómeno de la industrialización en el marco de la sociedad capitalista, desarrollándose a finales del siglo XIX, con el objeto de lidiar con los problemas sociales que emergieron con la cuestión social. En un comienzo se consolidó con las iniciativas filantrópicas pero pronto se convirtió en un impulso para las mujeres de clase media que tuvieron un rol decisivo en el desarrollo de la profesionalización, generando instrumentos para la intervención social y proveyendo de personal al emergente estado de bienestar (Dominelli, 2010).
En dicho marco, existen bastantes evidencias de su ánimo de colaboración con los derechos humanos para dar respuesta a los problemas sociales (Healy, 2008; Human rights and social work; Lundy y van Wormer, 2007). A inicios del siglo XX, en el contexto de la Liga de Naciones y de la Organización Internacional del Trabajo, nacieron las primeras organizaciones de bienestar tales como la Conferencia Internacional de Bienestar Social, el Comité Internacional de Escuelas de Trabajo Social y el Secretariado Internacional Permanente de Trabajadores Sociales, organización que más tarde se convertiría en la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), que centraron su atención en establecer una serie de principios que sustentaran la práctica profesional, estrechamente vinculados con los principios de los derechos humanos, desarrollándolos gradualmente en los códigos de ética profesionales (Human rights and social work). Tras la II Guerra Mundial, cuyas consecuencias motivaron la proclamación de la DUDH, se generó un nuevo marco de cooperación internacional que también impactó al trabajo social, promoviendo el surgimiento de una visión global de la solidaridad en el ámbito de la profesión pero, en todo caso, la FITS no declarará hasta 1988 (40 años después) que el trabajo social ha sido desde siempre una profesión de derechos humanos (Androff, 2016; Chen, Tung y Tang, 2014; Healy, 2008; Human rights and social work; Ife, 2012).
Mucho antes de la DUDH, en los años 20, algunas pioneras del trabajo social ya estaban involucradas en movimientos de defensa de los derechos humanos y por la paz, entre ellas, por ejemplo, Sophonisba Breckinridge (Estados Unidos, 1866-1948) participó en la Delegación de Mujeres para la Paz en La Haya y en el Movimiento Internacional de Bienestar de la Infancia en los años 20, promoviendo también derechos y un trato humanitario para las personas en prisión. Julia Lathrop (Estados Unidos, 1858-1932) y Grace Abbott (Estados Unidos, 1878-1939) participaron en Comités de la Liga de Naciones; Abbott, además, fue la primera delegada de Estados Unidos en la Organización Internacional del Trabajo. Eglantyne Jebb (Reino Unido, 1876-1928) redactó la primera Declaración de los derechos del niño en 1923, adoptada por la Liga de Naciones como la Declaración de Génova. Alice Salomon (Alemania, 1872-1948), madre del trabajo social en Alemania, fue la primera presidenta de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social y una defensora de los derechos de las mujeres; escribió su tesis doctoral sobre inequidad de salarios entre hombres y mujeres y a principios del siglo XX trabajó en movimientos para la paz y el desarme. Bertha Reynolds (Estados Unidos, 1887-1978) abogó, en los años 40, por la preservación los derechos civiles en Estados Unidos, en la Conferencia Nacional de Trabajo Social de dicho país, haciendo una llamada a los trabajadores sociales a unir esfuerzos en la defensa de los derechos humanos y de la paz (Healy, 2008).
Pero sin duda una de las figuras más relevante e influyente en dicho campo por su compromiso social y político, fue Jane Adams (Estados Unidos, 1860-1935). Pionera del trabajo social y de la escuela sociológica de Chicago, reformista social, educadora, feminista y reconocida por su activismo por la paz, por lo que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1931. Autodefinida como una ciudadana del mundo, se opuso firmemente a la I Guerra Mundial liderando el movimiento de mujeres por la paz; abogó por la defensa de los derechos de sujetos históricamente marginados, ayudando a organizar una serie de organizaciones de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, tales como la Unión Americana de Libertades Civiles, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color y la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad (Androff, 2016; Healy, 2008; Lundy y van Wormer 2007; Miranda, 2014). No obstante, el legado que más impacto tuvo para el trabajo social, en concreto para el trabajo social con grupos y comunitario, más cercanos a los desarrollos del trabajo social crítico, fue su labor en los Settlements houses; importó, secularizándolo, dicho modelo de intervención social comunitaria desde el Reino Unido a Estados Unidos, fundando en 1889 la Hull-House de Chicago (Miranda, 2014); allí se defendía la reforma social a la vez que, desde una perspectiva integral, se ofrecían una serie de servicios a la comunidad, dirigidos a diferentes grupos de personas, manteniendo una gran sensibilidad hacia los factores culturales y de clase (Miranda Aranda, 2003). Por ejemplo, entre sus actividades se ofrecían clases de ciudadanía, lo cual contribuía a asentar valores democráticos y de emancipación obrera ante la opresión de las industrias a inicios del siglo XX (Adams, 1916/2014).
Más recientemente muchas trabajadoras sociales han estado envueltas en movimientos sociales: anti-apartheid en Sudáfrica, de defensa de los derechos civiles de las minorías en Estados Unidos, de protección o vindicación de diversos colectivos alrededor del mundo, o como integrantes de organizaciones internacionales de derechos humanos (Androff, 2016; Healy, 2008). En Latinoamérica es reconocida la labor de los trabajadores sociales en el marco de la reconceptualización, así como su actuación durante y tras las dictaduras de los 70-80 en Argentina, Brasil y Chile, en un contexto de terrorismo de estado y de gran represión, interviniendo en organizaciones para la defensa de los derechos humanos y apoyo a las personas perseguidas y a sus familiares (Aylwin, 1999; Guzmán, 1996).
En España cabe reconocer la labor de la Federación Española de Asistentes Sociales que, a través de la FITS, participó en 1969 en las consultas de Naciones Unidas sobre desarrollo social conducentes a la Declaración sobre sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social (Las-Heras Pinilla, 2000), y en la década de los 80 participó activamente en la configuración del estado de bienestar español, contribuyendo a una serie de conquistas sociales en la lucha por la erradicación de la beneficencia pública, interviniendo en los debates del proceso de elaboración de la constitución de 1978, en la elaboración de las leyes de servicios sociales de las diferentes comunidades autónomas, del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales, y en el establecimiento de una red de centros de servicios sociales de ámbito local (Las-Heras Pinilla, 2000; Zamanillo, 2011).
En la actualidad cada vez son más abundantes en la bibliografía internacional las experiencias sobre la aplicación de los derechos humanos en las intervenciones sociales con diversos colectivos, en ámbitos variados (Cubillos-Vega, 2017), algunos de los cuales resaltan la importancia de la traducción cultural o indigenización de sus principios para la práctica profesional en entornos no occidentales (Allegritti y Gray, 2005; Calma y Priday, 2011). Así, estas experiencias ilustran el impacto de dichas intervenciones en el bienestar social y en la realización de los objetivos de los derechos humanos, contribuyendo a su promoción, en cuyo marco el trabajo social ha constituido un puente para realizarlos y defenderlos. En dicho contexto, los estudios abordan intervenciones con colectivos históricamente marginados: personas refugiadas, adultas mayores con enfermedad mental o diversidad funcional, afroamericanas, migrantes, niños y jóvenes, minorías étnicas y víctimas de violaciones de derechos humanos, en ámbitos donde el respeto a los derechos humanos es esencial: salud, violencia de género, políticas públicas, penitenciarías y sistema de justicia, residencias, ámbito religioso y espiritual, trabajo con comunidades, y comisiones de reconciliación y verdad (Androff, 2010; Calma y Priday, 2011; Cemlyn, 2006; Critelli, 2010; Fenton, 2013; Hunt, 2004; Jewell, Collins, Gargotto y Dishon, 2009; Mooradian, 2012; Lombard, 2005; Lundy y van Wormer, 2007; Maschi et al., 2014; Nadkarni, 2008; Nelson, Price y Zubrzycki, 2014; Noyoo, 2004; Prasad, 2015).
Un estudio que ilustra vías para conciliar el universalismo con el respeto de la cultura local es la investigación de Chan Ko Ling en 1997, trabajador social de la Universidad de Hong Kong (Engle, 2014). Su investigación se sitúa en el campo de la vernacularización de los principios de los derechos humanos en el área de violencia de género. El objetivo fue desarrollar un programa de tratamiento de agresores, diseñado en Estados Unidos, adaptándolo a los valores de la masculinidad china con el fin de ayudar a los trabajadores sociales a entender la dificultad de los hombres para hablar de sus problemas con la violencia; sugiriendo así una estrategia culturalmente más apropiada para intervenir con estos. Cuando los hombres se negaban a hablar de su violencia en los programas norteamericanos, ello se interpretaba como una justificación, negación y minimización de la violencia, pero al reconocer las historias de estos sujetos en sus propios términos, incluyendo conceptos tradicionales de su cultura sin juzgarles, ello les motivaba a hablar. Como señala Engle (2014) Chan explora las tradiciones confucianas, taoístas y budistas de la vida familiar, realzando la importancia del concepto de yi o la rectitud para iniciar la intervención. Este es un ejemplo de implementación trasnacional de un programa adaptándolo al contenido cultural local, manteniendo la estructura, los objetivos y los métodos, pero indigenizando el contenido sustantivo (los valores e ideas sobre masculinidad y normas de relaciones maritales).