En 1996, cuando Esmeralda (véase tabla 1) y su marido ingresaban entre 3.000 y 4.000 euros mensuales por sus respectivos trabajos en la construcción y en una peluquería propia, una cuota hipotecaria de algo menos de 1.000 euros resultaba perfectamente asumible. Fue así como se decidieron a comprar su vivienda actual en l’Hospitalet de Llobregat y luego, hacia 2004, ampliaron la hipoteca para adquirir también un apartamento en la costa de Castellón. Esta segunda compra, más que a una decisión aventurada, obedecía a una previsión de futuro por parte de la pareja: autónomos ambos, pensaron que la inversión en una segunda residencia serviría para complementar sus futuras pensiones, previsiblemente bajas. No obstante, en 2014, tras dieciocho años cumpliendo con sus obligaciones financieras, los problemas de salud, sumados al desempleo de larga duración, obligaron a Esmeralda y a su marido a dejar de pagar las cuotas. Hoy subsisten con una pensión de 408 euros, con la que mantienen también a su hijo menor, y se encuentran en riesgo de perder los dos inmuebles ante Bankia, con quien tratan de negociar una salida que les permita conservar un lugar donde habitar de manera asequible y estable.

El caso de Esmeralda ilustra las circunstancias en que se encuentran los deudores españoles que, años después de contraer la deuda hipotecaria, se ven incapaces de satisfacer las cuotas. En la mayor parte de los casos, son víctimas de circunstancias estructurales (véase Sales i Campos, 2014, p. 11) incontrolables o difícilmente pronosticables, como la pérdida del trabajo o el deterioro de las condiciones laborales, la desvalorización de los inmuebles, el aumento de los tipos de interés, los problemas de salud, las rupturas de pareja, etc. Así, mientras que el nivel de ingresos y la capacidad de movilizar recursos por otras vías -como las redes de apoyo informales o la asistencia social- disminuyen en los largos años de la crisis económica (Lorenzo Gilsanz, 2014, p. 212), las obligaciones financieras se mantienen o se endurecen. A lo largo de este tiempo muchas familias han visto empeorar drásticamente la relación entre sus ingresos y sus gastos1, hasta el punto de verse ante la amenaza de perder la vivienda (Carbonero Muñoz y Ruiz Vega, 2016, p. 52; Cabrera, 2004, p. 13). Como factores de ese empeoramiento se encuentra el aumento de los índices que regulan el pago de intereses, el efecto de las cláusulas suelo, así como las refinanciaciones que, si bien suponen un alivio momentáneo, provocan a la postre un aumento de las cuotas y de la deuda total por la que se ha de responder, tal y como nos explicaban un abogado del departamento de contenciosos de uno de los principales bancos:

Asimismo, las situaciones de morosidad suponen una amenaza tanto para los propios deudores como, de haberlos, para sus avaladores, dado que todos ellos responden ante el acreedor con su patrimonio e ingresos.

Esta suma de circunstancias aboca a las economías domésticas a situaciones insostenibles, en un proceso multifactorial que resulta pertinente analizar en términos antropológicos. Así pues, ¿qué implicaciones tiene la situación de morosidad hipotecaria para sus protagonistas, en términos de atribución y asunción de responsabilidades, tanto en términos retrospectivos y morales -cuando se identifican los factores y las prácticas que han llevado a la actual situación- como en sus proyecciones de futuro -al intentar trazar estrategias que permitan salir adelante? ¿Cómo evolucionan estas atribuciones y asunciones de responsabilidad, y en qué medida lo hacen en relación con cambios en las prioridades de la economía doméstica a lo largo del proceso de ejecución hipotecaria?

Trataremos de dar respuesta a estas preguntas de investigación mediante una aproximación cualitativa a los casos concretos de deudores que describen -en primera persona y desde la óptica de la economía doméstica- sus experiencias y percepciones ante la amenaza de la ejecución hipotecaria. Lo veremos sobre la base de una serie de datos etnográficos recogidos en el área metropolitana de Barcelona entre los años 2012 y 2015, a través de entrevistas semidirigidas y de sesiones de observación durante asambleas y movilizaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) (los datos de los informantes se recogen en la tabla 1).

Cuando los deudores hipotecarios entran en mora con solo tres recibos impagados, el banco tiene derecho a reclamar de golpe la deuda total, que en origen iba a pagarse en los próximos veinte o treinta años. Si, como es común, el deudor no está en situación de responder ante ello, se abre la posibilidad de la ejecución hipotecaria. La legitimidad de esta estipulación legal está siendo cuestionada incluso por representantes de la judicatura que abogan por un cambio en el marco legal. En todo caso, el hecho es que los deudores que ven inminente el momento de dejar de pagar las cuotas se ven en la situación de tener que renunciar a sus proyectos vitales, fuertemente centrados en la vivienda de propiedad. Esta tendía a entenderse como la concreción material del hogar, como el elemento principal del arraigo, y su consecución era un hito en el ciclo del grupo doméstico. La vivienda constituía así una fuente de bienestar material en el presente al tiempo que aportaba una garantía de seguridad de cara al futuro. Todas estas connotaciones aparecen contenidas en las palabras de Sonia, a quien, como a otras víctimas de exclusión residencial (Laparra Navarro y Pérez Eransus, 2012, p. 23, p. 125; Lorenzo Gilsanz, 2014; Moreno Márquez y Aierdi Urraza, 2015, p. 8; Sales i Campos, Diagnosis 2013), la amenaza de la ejecución y las dificultades económicas han deparado una ruptura de pareja y el regreso a casa de sus padres mientras batalla por la dación en pago:

La destrucción de los proyectos y expectativas aparece también en el discurso de Esmeralda:

Y a las ilusiones frustradas se suma la subversión de la secuencia de acontecimientos comúnmente esperada en el ciclo doméstico o vital, las trayectorias de ascenso social o los proyectos migratorios, poniendo a los deudores ante el riesgo de ver cronificada su situación de falta de oportunidades (Moreno Márquez y Aierdi Urraza, 2015, p. 10). Nelson expresaba esa triple anomalía cuando narraba cómo, al obtener la dación en pago y tener que alojarse su familia en habitaciones realquiladas, había vuelto a sentirse “como un tierno”, como cuando, más de una década atrás, empezó a abrirse camino en Barcelona buscando trabajo y alojamiento, antes de la reagrupación familiar.

Son muchos los deudores que, al referirse a la pérdida de la vivienda, la valoran como un fracaso y reconocen en ella un error de cálculo cometido en el pasado, fruto de una percepción excesivamente optimista de la realidad. El empleo, a menudo en sectores hiperflexibles como la construcción o los servicios (Cabrera Cabrera, 2009, p. 5), era menos estable de lo que imaginaban, el nivel de ingresos más contingente, y no han sido capaces de mantener el nivel de vida durante las dos o tres décadas abarcadas por el plazo de devolución. Esteban, a quien un problema de salud ha abocado al desempleo y se encuentra hoy con una deuda equivalente a la contraída hace nueve años, habla de cómo toda la familia, incluidas sus hijas ya adultas, ha aprendido la lección:

Esto no impide, no obstante, que los mismos deudores atribuyan responsabilidad también a otros actores, en especial a los bancos y a las autoridades públicas. Así lo denuncia el mismo Esteban:

O en palabras de Esmeralda:

Y de esta constatación surgen denuncias acerca de la indefensión de los deudores con dificultades y la reclamación del derecho a recibir asistencia estatal. Así lo afirma la propia Esmeralda:

Por su parte, Hernán, que perdió su vivienda tras la quiebra de su empresa, critica la connivencia entre los políticos y la banca, así como la existencia de viviendas vacías en manos de esta última:

En ocasiones, los propios deudores formulan propuestas concretas acerca de cómo el Estado debería abordar la cuestión. Salvador proponía lo siguiente:

Pero más allá de la atribución de responsabilidades y de las propuestas de solución, en las experiencias de los deudores se revela cómo la fuerza de la norma que obliga a devolver las deudas (Graeber, 2011) dificulta enormemente el paso de dejar de pagar. Esto se debe a que el moroso es visto, en mayor o menor medida y por unos u otros actores -desde él mismo hasta la opinión pública en general-, como alguien que incumple un compromiso, un contrato al que accedió de manera supuestamente libre. A raíz de ese incumplimiento es culpado de manera individual y post facto. Es alguien que falla al banco como cliente y falla también a quienes dependen de él para obtener el sustento y acceder a la vivienda. Esto se ve en las palabras de Salvador:

La acción de “fallar”, de decepcionar y de fracasar en el cumplimiento de un deber, afecta además a quienes aceptaron responder por el deudor en el plano burocrático, aportando avales o garantías, sin pensar que ese acto fuera a tener consecuencias reales. En los años de prosperidad, se avalaba en respuesta a la obligación moral implicada en los lazos sociales, pero raramente se contemplaba la eventualidad del impago. El gesto de avalar parecía quedar en el plano estrictamente burocrático. Pero hoy ese gesto constituye una amenaza real para el patrimonio de los fiadores, como hemos visto en los casos de Salvador o de Vanessa.

Ante la morosidad, los empleados de banca desempeñan un papel crucial, por ejemplo enfatizando las responsabilidades financieras de los morosos. El pago de las cuotas hipotecarias se presenta como una obligación absoluta que debe ser atendida por encima de cualquier otra consideración. En ocasiones, se recurre a argumentos basados en el estigma que cae sobre los morosos, como le ocurrió a Juan cuando comunicó al banco su incapacidad para seguir pagando:

Estas advertencias, amenazadoras en distintos grados, sacan partido de los miedos e incertidumbres asociados con la morosidad. Así ocurre, por ejemplo, cuando se insinúa a los deudores el peligro de perder la custodia de los hijos, como le ocurrió a Salvador, según sabemos por Esmeralda:

Todas estas circunstancias contribuyen aún más a que la decisión de dejar de pagar, de producirse, constituya un punto de inflexión para los deudores, dado que implica una renuncia en un doble sentido. Por un lado, una renuncia material, puesto que se pierde tanto la vivienda como el dinero invertido en pagarla hasta el momento. Por otro lado, la renuncia simbólica a la que nos referíamos más arriba: se desvanece un proyecto de movilidad social, así como la expectativa de proporcionar algo a los hijos, tanto en términos de transmitirles los significados que acompañan al patrimonio familiar como en el sentido de poder demostrarles que la previsión y los sacrificios son justamente recompensados.

Por todo ello, dejar de pagar la hipoteca, lejos de ser una decisión fácil que pueda tomarse a la ligera como algunas voces parecen apuntar, representa un paso extraordinariamente difícil, que se cobra muchas angustias y conflictos y que, en consecuencia, tiende a retrasarse todo lo posible, pese a que no habría justificación racional para tal retraso, como describe Esmeralda:

Con la decisión tomada, la incertidumbre aumenta. ¿Cómo será la vida más allá del impago? Los deudores se enfrentan entonces a las incertidumbres derivadas de la inseguridad en la tenencia, de los ritmos a menudo arbitrarios del proceso de ejecución, así como de otras variables desconocidas o incontrolables, incluida la situación financiera del propio banco, los avatares laborales de los empleados con quienes se está negociando, los posibles cambios legislativos, la concesión o denegación de la justicia gratuita, así como determinadas dinámicas financieras que escapan al escrutinio público, como es el caso de la titulización hipotecaria (Sabaté, 2016b). Los deudores deberán ahora simultáneamente llevar la negociación con el banco, enfrentarse a la burocracia estatal, y eventualmente deberán estar prevenidos ante los abusos de quienes pretendan extraer algún lucro de su circunstancia5. Así, para desenvolverse en la nueva situación con todos sus peligros, resultará clave disponer de asesoramiento experto y poder acceder a información, así como obtener el apoyo de su entorno o de otros agentes con quienes compartan sensibilidad o intereses.

Ante la total incapacidad para pagar o la perspectiva de alcanzar próximamente esa incapacidad, se desencadenan procesos que contribuyen a legitimar la morosidad en esas circunstancias específicas. Esta construcción de la morosidad legítima se opone a otro tipo de morosidad, en este caso ilegítima, que se atribuye a quienes presuntamente no sienten incomodidad en esa condición o incluso la abrazan como una estrategia que les permitiría “vivir gratis” durante algún tiempo. Los deudores entrevistados, todos ellos inmersos en algún grado en negociaciones con el banco con el objetivo de resolver su situación, ponen énfasis en diferenciarse claramente de quienes, al menos presuntamente, estarían aprovechándose de la coyuntura para salir indemnes tras un comportamiento irresponsable.

La identidad de moroso, en este sentido, se adopta con muchas barreras y matices, como vemos en las palabras de Ramón, a quien el aislamiento social y la falta de salidas han llevado a la depresión y a un intento de suicidio:

Para Salvador, actitudes como la de Ramón o la suya propia son en realidad prevalentes entre quienes se encuentran en situación de morosidad hipotecaria:

También Esteban enfatiza este aspecto cuando argumenta por qué él y su esposa siguen cumpliendo con otras obligaciones financieras tras dejar de pagar la hipoteca:

Y no falta quien, para poder seguir pagando las cuotas hipotecarias y no por ello dejar de atender otros gastos, llega a pedir otros préstamos, como ya relatábamos en el caso de Esmeralda, y como ocurre también con Vanessa:

Estas actitudes y comportamientos están arraigados en una concepción de la buena voluntad del deudor, que hará hasta el último esfuerzo por cumplir con la obligación contraída, aun cuando eso repercuta negativamente en su bienestar o en sus posibilidades de salir adelante. La noción de moroso “de buena fe”, que tiene entidad jurídica al aparecer en textos legales6 caracterizando a los deudores que pueden beneficiarse de alguna medida paliativa de su situación, aparece también con frecuencia en los discursos de los propios afectados, quienes, como ya hemos señalado y al menos durante los prolegómenos del proceso de ejecución, ponen empeño en identificarse así ante el banco. Para más tarde topar, en la mayoría de los casos, con una total indiferencia ante sus desvelos. Así lo afirma Salvador al referir cómo, antes de desencadenarse la ejecución, y por tanto antes de que el juez pueda establecer un sueldo mínimo inembargable, la entidad acreedora no tendría inconveniente en embargarle la nómina íntegramente, aun cuando eso hiciera peligrar la subsistencia de la familia:

Para profundizar en estos procesos de legitimación del impago ante la amenaza de la ejecución, resulta también revelador analizar las variadas posturas adoptadas por distintos tipos de “terceros” que intervienen en las relaciones acreedor-deudor. Topamos así con distintas aproximaciones a la problemática hipotecaria, tanto en lo que se refiere a las formas de intervenir en los casos como en el tipo de objetivos finales que se persiguen. Por un lado vemos a los abogados y a otros expertos que ofrecen servicios de asesoría y mediación, ya sea desde las instituciones públicas, ya sea desde entidades del tercer sector, como Cáritas7. Tales actores abogan por la negociación individual, envuelta en discreción, con las entidades bancarias. Se inclinan por recomendar a los deudores que acepten propuestas de refinanciación que permitan a las familias permanecer en la vivienda por el momento, con la esperanza de que su situación mejore cuando tengan que afrontar el aumento de las cuotas. Para ellos, la dación en pago, al implicar la pérdida de la vivienda, no es una solución deseable, como no lo es tampoco la estrategia de la confrontación pública con el banco con el objetivo de perjudicar su imagen.

En contraste con esto encontramos la postura de los activistas y co-participantes en movimientos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Estos optan por la táctica de presionar a los bancos mediante movilizaciones, convocadas tanto en las agencias como en las oficinas centrales, exigiendo la dación en pago, la condonación de la deuda para los deudores ya desahuciados y la concesión de contratos de alquiler a precios asequibles.

Resulta evidente cómo estas dos aproximaciones difieren en términos políticos: las acciones colectivas tratan de fomentar -lográndolo en buena medida- una nueva conciencia del endeudamiento hipotecario como un problema estructural, revirtiendo la dinámica de culpabilización de los deudores que venimos describiendo, al tiempo que promueven procesos de “empoderamiento” (Colau y Alemany, 2012; Mangot, 2013; Mir García, França, Macías y Veciana, 2013; Sabaté, 2014). En contraste con esto, la mediación, individual y despolitizada, se orienta a la búsqueda de soluciones caso a caso.

En relación más estrecha con nuestra argumentación, la promoción activa de la decisión de dejar de pagar en las asambleas de la PAH puede interpretarse como un cuestionamiento de la norma social que impele a los deudores a devolver lo prestado (Graeber, 2011) y a cumplir con los contratos (Mauss, 1923/1979). En consecuencia, es esta postura más beligerante la que ha propiciado la legitimación de la propia condición de moroso hipotecario, su visibilización, así como la conversión de este colectivo en un actor social relevante en estos últimos años. Algo que se produce en el plano político, público, pero también a escala más micro y en el ámbito de la vida privada: en ambos sentidos la toma de conciencia acerca del carácter colectivo y estructural de la problemática ha frenado o revertido la auto-inculpación por parte de los deudores.

La etnografía revela también cómo, una vez tomada la decisión de dejar de pagar las cuotas hipotecarias, puede experimentarse una cierta liberación derivada del nuevo orden de prioridades de la economía doméstica. Juan narraba en estos términos una de sus conversaciones con el director de la oficina bancaria:

El sobrendeudamiento hipotecario se re-evalúa, así, como un factor que no solo amenazaba la permanencia en la vivienda, sino que también desestabilizaba el sustento cotidiano en un doble sentido. Por un lado, ponía en peligro la satisfacción de otras necesidades, incluidas las más básicas (Lorenzo Gilsanz, 2014, p. 219), que pueden percibirse como más acuciantes teniendo en cuenta el marco temporal -de meses o años- en que se desarrollan los procesos de ejecución hipotecaria antes del desahucio. Lo vemos, por ejemplo, en la nueva preocupación de Esmeralda una vez asumida su incapacidad para cumplir con las cuotas:

Por otra parte, el sobreendeudamiento resultaba también una rémora que ejercía gran presión sobre los lazos de solidaridad entre parientes y amigos. Una presión que quizá pudo soportarse durante algún tiempo pero que finalmente se reveló como insostenible. En el caso de Maite, la imposibilidad de recabar apoyo para afrontar las cuotas fue pronto evidente:

Un proceso muy similar es el que relata Esmeralda:

Es, pues, en estas circunstancias cuando la decisión de dejar de pagar la hipoteca deviene planteable y adquiere legitimidad en tanto que facilita el acceso a recursos básicos como, por ejemplo, la alimentación, y alivia las obligaciones acuciantes a las que en muchos casos estaba respondiendo el entorno social. Más en general, el abandono del empeño de pagar las cuotas zanja una situación insostenible que no llevaba a ninguna parte, unos esfuerzos que caían en saco roto y que solo posponían lo inevitable. En ese sentido es usual escuchar en las asambleas de la PAH la expresión “pan para hoy, hambre para mañana”, cada vez que los participantes animan a un deudor a dar el paso en lugar de seguir con sus esfuerzos o aceptar una refinanciación. En palabras de Esmeralda:

Esta cita muestra cómo se les sugiere incluso que dejen pagar con cierta antelación, cuando ya se prevé que tarde o temprano se va a caer en el impago. Este consejo hace aún más visible la frontera moral que un deudor ha de cruzar para tomar tal decisión, venciendo una norma tan interiorizada como la que obliga a demostrar que se ha seguido pagando hasta el límite de lo posible o incluso más allá mediante nuevos endeudamientos, para poder seguir presentándose y auto-representándose como un deudor de buena fe.

En suma, la etnografía nos muestra cómo los esfuerzos hasta el momento dirigidos a continuar al corriente de pago se resignifican como contraproducentes para el mantenimiento del sustento, así como también para garantizar un mínimo de bienestar y de oportunidades de futuro para la familia, y muy especialmente para los hijos.

Pero, pese a la rotundidad y convicción con que se expresan muchos de los deudores que ya se encuentran en situación de impago, la decisión no está exenta de conflicto, debido a que el juicio acerca de la legitimidad del impago no necesariamente es compartido por todos los implicados. En ocasiones una decisión de este tipo, que constituye un evidente alivio económico, es objeto de crítica moral por parte del entorno familiar, aun cuando este esté simultáneamente apoyando a los deudores en lo material. En esos términos describe Vanessa al desacuerdo que mantiene con sus padres, quienes, por otra parte, han respondido al deber moral de dar cobijo a la familia:

En el mismo sentido describe la inclinación de sus padres a priorizar sus obligaciones financieras por encima de cualquier otra consideración:

Este desacuerdo básico en torno a la obligación de pagar la deuda desemboca en la proliferación de reproches y rencores, con el resultado de una erosión de las relaciones familiares (Laparra Navarro y Pérez Eransus, 2012, p. 23) que paradójicamente, en casos como el de Vanessa y su familia, ha de sobrellevarse en una situación de convivencia y hacinamiento.

Puede ocurrir también que los deudores sean de entrada reticentes a reconocer su situación de impago ante su entorno social. Así lo vivió Esmeralda durante los primeros tiempos:

El temor a la estigmatización o al conflicto puede llevar incluso a ocultar la situación durante un primer período, como es el caso de Vanessa de cara a su hermana:

Más allá de la reacción del entorno social más próximo, los deudores pueden verse también en la situación de tener recurrir a instituciones asistenciales, tanto estatales como del tercer sector. La decisión de acudir a estas entidades parece depender fuertemente del grado en que los afectados se auto-perciban como “necesitados” y estén dispuestos a asumir la posible estigmatización que el uso de estos recursos puede comportar, situándose públicamente en una condición de inferioridad de estatus, tal y como muestra la bibliografía antropológica sobre la reciprocidad y el don. En ocasiones, vemos cómo la existencia de apoyo familiar, por limitado que este sea, puede frenar la demanda de apoyo al Estado o a las entidades asistenciales. Así lo argumenta Maite:

Frente a su situación, por la que se muestra agradecida hacia unos padres y suegros que ella misma caracteriza como “gente humilde”, Maite describe cómo otra afectada por una ejecución hipotecaria, de origen migrante, tiene en la beneficencia su único recurso:

En el relato de Jenny aparece además la cuestión de la indignidad de esa vía de aprovisionamiento:

Finalmente nos referiremos a la experiencia de la temporalidad que refieren los deudores en situación de impago. Común a todos sus relatos es la sensación de vivir al día, sin posibilidad de planificar siquiera a corto plazo, debido a la incertidumbre respecto a la estabilidad residencial y económica. A esa sensación alude Esteban cuando narra su día a día:

En tales circunstancias la planificación a más años vista queda completamente descartada, tal y como expresa Esmeralda:

Esto no significa, no obstante, que los deudores no se esfuercen por tratar de mantener puertas abiertas hacia el futuro, muy especialmente el de la siguiente generación. En ese sentido descarta Esteban la posibilidad de que sus hijas abandonen los estudios para contribuir a la economía doméstica con un empleo a tiempo total:

Testimonios como el de Esteban, junto con los de otras muchas personas que han contribuido a este estudio etnográfíco, nos permiten primeramente sostener que, si bien, en efecto, la decisión de dejar de pagar la hipoteca implica la transgresión de una norma social profundamente arraigada, tal decisión deviene en realidad la única opción posible cuando la deuda resulta insostenible e impide la satisfacción de necesidades básicas, la continuidad de la vida en condiciones dignas.

Pero aún podemos llevar el argumento un poco más allá. Sostenemos que la morosidad hipotecaria no debe ser interpretada, en la línea de ciertos discursos desacreditadores de los deudores y sus movilizaciones, como una falta de compromiso con la propia situación y con la de aquellos con quienes se han contraído obligaciones -ya sea mediante un contrato, como ocurre con los distintos proveedores y acreedores no hipotecarios, ya sea en términos morales, como ocurre con los hijos u otras personas dependientes. Por el contrario, cruzar la frontera del impago, con todas las dificultades, incertidumbres y sufrimientos implicados en ese paso, constituye una respuesta, a menudo la única posible, al deterioro de la economía doméstica causada por situaciones adversas como el desempleo, la disminución de los ingresos, los problemas de salud o las rupturas de pareja. Todo ello sitúa a los hogares en una situación de inseguridad en la tenencia de la vivienda que autores como Sales i Campos (Diagnosis 2013; Sales i Campos, 2014) identifican plenamente como una forma de exclusión residencial8.

Particularmente en el caso de los deudores hipotecarios, las graves dificultades experimentadas en el intento de adaptar las economías domésticas al entorno cambiante de la crisis financiera evidencian la rigidez de la estipulación de los términos de devolución (Guyer, 2012) y la violencia implicada en la obligación de pagar las deudas (Graeber, 2011). Los términos de devolución establecidos en los contratos de préstamo hipotecario, que de entrada legitiman la actitud implacable de los acreedores y el hecho de que estos puedan prescindir de toda consideración moral, se ven cuestionados por la realidad de los deudores. Estos, obligados a escoger entre “comer o pagar”, reclaman la remoralización de la relación crediticia a la luz de su situación actual. Y en ocasiones denuncian además el carácter abusivo y fraudulento de unos préstamos que, ya de entrada, al dirigirse a sectores de población económicamente vulnerables y contemplar en consecuencia una alta probabilidad de impago, constituían desde un principio una perversión de las relaciones crediticias, dado que el acreedor no necesariamente aspiraba a que el crédito le fuera reembolsado (Gregory, 2012).

De hecho, los datos presentados ilustran cómo dejar de pagar las cuotas hipotecarias puede ser la única manera de seguir cumpliendo con el resto de responsabilidades que, aun en circunstancias económicas muy adversas, se consideran asumibles -por guardar proporción con los propios medios- o bien moralmente superiores -por responder a la inserción de los deudores en relaciones de reciprocidad. El deudor “de buena fe” se resignifica, así, como alguien que, pese a haber cejado en el empeño de seguir pagando las cuotas hipotecarias a toda costa, incumpliendo así con lo que de entrada se considera la principal obligación financiera de los grupos domésticos, mantiene una actitud comprometida con el mantenimiento de la vida y de la dignidad.