En los primeros años de los estudios infraestructurales, las infraestructuras fueron conceptualizadas como entidades invisibles (Star y Ruhleder, 1995). Las académicas que enfatizaron este punto de vista, lo hicieron con el objetivo de hacer énfasis en la normalización de la presencia de estas entidades. Es decir, de este modo, se subrayó el hecho de que los usuarios damos por garantizada la existencia y el correcto funcionamiento de las infraestructuras, hasta un punto en que obviamos su existencia. Este atributo de invisibilidad, sin embargo, ha sido cuestionado por quienes estudian infraestructuras latinoamericanas (Hetherington y Campbell, 2014; Velho y Ureta, 2019; Venkatesan et al., 2018; Collier, Mizes, y von Schnitzler, 2016), para hacer hincapié en las características propias de la región. En estos países, las infraestructuras marcaron fuertemente el poder colonial, luego el poder del Estado, precisamente, como una manera de hacer visible la intervención humana sobre áreas consideradas demasiado naturales, y el camino -sin fin- hacia el desarrollo. En este sentido las infraestructuras fueron muchas veces emplazadas como signos de sí, construidas para difundir una suerte de conciencia nacional (Bridge, Özkaynak y Turhan, 2018).

De este modo, en Latinoamérica la electrificación se fue propagando de manera estrechamente vinculada a los Estados junto a la promesa del desarrollo y bajo el ideal industrial: los trabajadores producirían más, en menor cantidad de tiempo, aumentarían los indicadores de producción nacional que, a su vez, eran interpretados como el reflejo de un mejor estándar de vida. Sin embargo, la misión y carácter de las infraestructuras en Latinoamérica cambió durante la década de los ochenta. El giro hacia la política neoliberal, las presiones del Fondo Monetario Internacional (Hetherington y Campbell, 2014), y el uso del ideal de la eficiencia como una manera de reducir la propiedad estatal propiedad estatal, pusieron en el horizonte al crecimiento económico como objetivo del desarrollo infraestructural. De esta forma, las infraestructuras se reconvirtieron en objetos financieros, privatizados, descentralizados y en progresiva internacionalización (Venkatesan, et al., 2018).

En este sentido, podría decirse que las infraestructuras latinoamericanas sufrieron una integración subordinada (Varsavsky, 1969; Kaltenbrunner y Painceira, 2018); es decir, una integración al mercado financiero internacional desde la periferia tanto geográfica como simbólica: una posición desde la que se actúa según «los intereses sociales, cognitivos y económicos de los grupos e instituciones centrales» (Kreimer, 2006: 206). En el ámbito infraestructural, y tal como apunta Pirez (2013) «se da por la subordinación de la acumulación de capital, y la transferencia de buena parte del excedente a las economías centrales, frenando el desarrollo de las fuerzas productivas y limitando el dinamismo local» (Pirez, 2013: 48). Asimismo, señala el autor, este tipo de financiarización ha estado caracterizado por una importante exclusión de población, tanto en su condición de (no)consumidores de los servicios básicos, como en su papel de trabajadores (o trabajadores precarios). Todo esto, como consecuencia de la subordinación, por parte de los actores que intervienen en la producción distribución y consumo, de los principios normativos fundamentales a las orientaciones del mercado.

El caso chileno, tiene una doble relevancia en este contexto. Por una parte Chile fue escenario temprano del neoliberalismo (Plehwe, 2009; Dean, 2014; Klein y Fuentes, 2007; Fischer, 2009) y, al mismo tiempo, la industria eléctrica fue una de las primeras en ser privatizadas, proporcionando un ejemplo experimental que fue considerado por muchos otros países de la región (Maldonado y Palma, 2004), y de fuera de ella (Bridge, Özkaynak y Turhan, 2018). Cabe señalar que, en este país del cono sur, las reformas neoliberales y privatizadoras se produjeron además en medio de la dictadura militar (1974-1989) y luego de que la Junta Militar tomara partido por las políticas neoliberales importadas por un grupo de economistas chilenos con postgrados en Chicago (conocidos popularmente como los Chicago Boys) con el objetivo de romper con el diseño socialista instalado por la derrocada Unidad Popular (Lüders, 2012; Arancibia y Barlat, 2007). Así, la estrategia de esta alianza militar-económica implementada por estos expertos fue mucho más allá de deshacer las políticas socialistas: instaló un diseño de sociedad que caló profundo en las instituciones y renovó, según sus propios principios y mecanismos, diversas áreas de la sociedad (Gárate, 2012; Ffrench-Davis, 2003; Undurraga, 2014).

El proceso de privatización del sector eléctrico que se fraguó durante los últimos años de la década de los setenta y comenzó a ser ejecutado a partir de 1980, ha sido estudiado principalmente desde la historia económica y la ingeniería (Estache y Rodriguez-Pradina, 2000; Fisher y Serra, 2007; Maldonado y Palma, 2004). Estos análisis han tendido a evaluar la privatización como proceso y a compararlo dentro de la región latinoamericana, destacando la influencia de Chile sobre la región; en particular sobre Argentina, Bolivia, Perú, Brasil y Colombia (Maldonado y Palma, 2004). En cuanto a las evaluaciones de los resultados económicos de este proceso, las conclusiones de ingenieros y economistas no son todas iguales. Maldonado y Palma (2004), por ejemplo, enfatizan que los procesos de privatización del sector eléctrico en la región, especialmente en Chile, Colombia y Argentina, han estado caracterizados por un dinamismo de la inversión en el transcurso de los primeros años y un posterior decaimiento. Sin embargo, sostienen, el impulso inicial se debió más a la transferencia de activos existentes, que al aumento de la capacidad instalada de la red eléctrica.

Paredes-Molina (1995), por su parte, analiza el proceso de privatización chileno desde la intersección entre el sector eléctrico y el mercado de capitales, concluyendo que las reformas a este sector reforzaron y le dieron un impulso al mercado de capitales. Fisher y Serra (2007), por otro lado, consideran entre los beneficios de la privatización la caída de las tarifas para los clientes. No obstante, lo anterior es cierto solo para los clientes industriales (clientes libres), y no para los clientes regulados pues, tal como señalan Estache y Rodriguez-Pradina (2000), tras la privatización del sector eléctrico en Chile estos precios no cayeron.

En suma, si bien la privatización del sector eléctrico en Chile ha sido estudiada, los análisis generalmente se han hecho desde el punto de vista de la ingeniería y la economía. No obstante, recientemente se han producido aproximaciones sociohistóricas con la motivación de comprender el neoliberalismo desde este ámbito (Tironi y Barandiarán, 2014; Maillet y Rozas, 2017; Otaegui, 2017). A pesar de que el acercamiento de las ciencias sociales a la energía constituye un valioso avance hacia la comprensión del lugar que ocupó la energía en la sociedad en este periodo tan decisivo de la historia de Chile y de la región, hasta ahora no se ha dicho nada sobre las consecuencias que esta reorganización tuvo para los usuarios. Por ello, en este artículo se considera el marco teórico de los estudios de usuarios para analizar el caso del sector eléctrico en Chile.

En la actualidad, y tal como plantean Collier, Mizes, y von Schnitzler (2016), el filósofo norteamericano John Dewey ha experimentado una renovada atención por los analistas de las infraestructuras. Especialmente influyente han sido sus observaciones sobre infraestructuras industriales, como aglutinadores de personas que, en la práctica, no han escogido estar juntas voluntariamente. En este sentido, para Collier y compañía (2016) las infraestructuras son «la fuerza más importante que da forma a los públicos» (Collier, Mizes, y von Schnitzler, 2016:5) que son vinculados por vastas corrientes de interconexión compleja. Así, las infraestructuras siempre presuponen un tipo de usuario en su diseño, de manera que el usuario está presente en todo el proceso de infraestructuración. Esto es lo que autores como Marres (2005) han destacado en sus análisis, pues, en el diseño de una infraestructura los usuarios son called into being (llamados a ser) de algún modo particular. En este sentido, una infraestructura es tanto una invitación como una constricción, y un llamado que invoca comportamientos y grupos que no son preexistentes (Barry, 2013).

Del mismo modo, las infraestructuras llaman a ser y se ensamblan en nombre de una promesa para sus usuarios, la cual, al margen de su cumplimiento efectivo, generalmente tiene una relevancia en tanto proposición sobre el futuro (Hetherington y Campbell, 2014), un relato que es tan contingente como histórico y que busca ser apoyado por la población (Appel, Anand y Gupta, 2018). En este sentido la infraestructuración puede ser vista como el resultado de un conglomerado de entidades que, al clasificar, y luego enrolar usuarios reproducen elecciones éticas, morales, prácticas, al mismo tiempo que articulan modos de convivencia nacional (Sánchez-Criado, 2016).

Clasificar y estandarizar por ende, es una práctica que se materializa, incrusta y automatiza en las infraestructuras (Bowker y Star, 2000) y que permite un tipo humano al mismo tiempo que constriñe otro. No obstante, no hay nada sencillo en este proceso: un usuario nunca se puede dar por garantizado (Sánchez-Criado, 2012). O como lo expresa Barry «sería un error imaginar que los públicos se forman de la manera que se espera o se pretende, o que los públicos son posibilidades preformadas que de alguna manera se crean o se ensamblan a través del uso de una técnica en particular» (2013: 192). Así, el usuario es producto de una cadena de acciones que va mucho más allá de una idea cerrada de humano. En esta dirección Sánchez-Criado define usuario como:

Sánchez-Criado, además, se refiere a prácticas de apuntalamiento constantes como un factor imprescindible para mantener a un usuario, mediante movimientos rítmicos. Sin esa constancia, asegura este autor, el usuario podría dejar de existir fácilmente.

El usuario es capaz de forjar y resistir, encarnar o rechazan valores y códigos de ética y comportamientos prescritos por quienes diseñan los ensamblajes (Savage, 2018). Y, en efecto, la comprensión relacional destaca la agencia de los usuarios en asumir, ignorar, modificar o revertir las proposiciones inscritas en el diseño. Tal como lo han demostrado los estudios sobre usuarios, existe una variedad de antiprogramas (Akrich y Latour, 1992) mediante los cuales los usuarios rechazan o modifican las pautas preestablecidas. Así, mientras el programa es inscrito en los diversos dispositivos de las infraestructuras, permitiendo y prohibiendo a los usuarios un rango de acciones de manera anticipada, el antiprograma da cuenta de las acciones de los usuarios que entran en conflicto con lo prescrito por los programadores. Esta capacidad de los usuarios de modificar y apropiarse de los objetos que se usan, también ha sido señalada por las investigadoras feministas que acuñaron el concepto de domesticación (Oudshoorn, Saetnan, y Lie, 2002; van Oost, 2003). Este término ha sido empleado para nombrar la posibilidad de revertir el diseño en la apropiación y uso de los artefactos (Lie y Sørensen, 1996) y también como una manera de darle prominencia a la mirada del usuario sobre la del diseñador (Oudshoorn y Pinch, 2003).

De esta manera, y en consideración de la necesidad de profundizar en los conocimientos que se tienen de la relación infraestructura-usuario en el ámbito de la energía eléctrica, especialmente en el período de privatización que constituyó una nueva forma de administrar la energía y a sus públicos, esta investigación aborda las siguientes interrogantes: ¿de qué manera las políticas infraestructurales comprendieron y administraron a los usuarios en el período de privatización? ¿Qué papel jugó el modo en que estas políticas definieron, e inscribieron, a los usuarios en la infraestructura eléctrica? ¿Quiénes resistieron la versión de usuario proyectada desde las políticas infraestructurales?

En Chile, a partir de 1980 y luego de seis años de planificación, las infraestructuras del servicio público, como la electricidad, aguas, telecomunicaciones comenzaron a ser privatizadas y sus usuarios fueron organizados bajo nuevos criterios, categorías, clasificaciones y valores. En este ámbito la infraestructura eléctrica fue la pionera y una de sus empresas, Chilectra Metropolitana, fue empleada como experimento y más tarde como ejemplo para el resto de las infraestructuras básicas ¹ . Así, mediante un método de ensayo-error se reorganizó toda esta industria. Si bien en este artículo no hay espacio para dar cuenta del proceso de privatización completo, cabe señalar tres movimientos relevantes.

En primer lugar, se trazó un modelo de privatización, testeado y consultado en reiteradas ocasiones con asesores ² e inversionistas tanto locales como internacionales ³ , que tendría como estrategia la fragmentación de las empresas públicas en múltiples filiales, divididas por rubro (generación, transmisión, y distribución) y por zonas de concesión. Con cada una de estas empresas se diseñaron «empresas de usuarios»: las compañías entregarían acciones, tanto a usuarios como trabajadores, como medio de pago cada vez que tuviesen que hacer devoluciones de dinero o pagar compensaciones (Centro de Estudios Públicos, 1992). Bajo esta perspectiva, se esperaba que la identificación por parte de los trabajadores y usuarios con las empresas, vendría asociada a la participación accionarial en las mismas.

En segundo lugar, se crearon instituciones de apariencia técnica que, a la vista de los usuarios, deberían funcionar de manera completamente independiente de los dueños del capital empresarial, así como de las motivaciones políticas. Así, se defendió la creación de una Comisión de carácter técnico, orientada a establecer metas, políticas energéticas nacionales, programas, presupuestos y fijar tarifas de cara al público ⁴ . Estas recomendaciones dieron paso a la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en 1978 como la institución técnica que regularía el sector. Por su parte los empresarios, que progresivamente se fueron convirtiendo en los nuevos dueños de las empresas eléctricas, quedaron relegados a una institución poco visible, como fue el Centro Económico de Despacho de Carga (CEDC).

En tercer lugar, se reorganizó a los usuarios de la electricidad: estos dejaron de ser pensados como una población homogénea, con tarifa única (Humeres, 2020), y comenzaron a administrarse dos categorías de clientes: los clientes libres y los clientes regulados. Con un consumo mayor de 250 kWh/mes los clientes libres, principalmente clientes industriales, podrían negociar libremente su tarifa. Por otra parte, los clientes regulados, es decir, los usuarios residenciales quedarían sujetos a la regulación tarifaria de la CNE. Estas disposiciones, que comenzaron a ensayarse a partir de 1980, quedaron fijadas en la nueva Ley General de Servicios Eléctricos de 1982 ⁵ . Estas clasificaciones de usuarios establecieron dos grandes zonas fundamentales para comprender la relación entre infraestructura y usuarios que se fundó en esta década y que perdura hasta la actualidad. Esta forma de clasificar y administrar usuarios daría origen a toda una política dedicada a gobernar usuarios. En este punto profundizaré a continuación.

Las categorías diseñadas en el ámbito de la electricidad para contener y establecer relaciones específicas para cada grupo, regulados y libres, conllevaron una relación contractual y una tarifa que jamás volvería a ser estable y homogénea. Para los clientes regulados se configuró una nomenclatura compleja y variable. La fórmula constaría de indexadores dinámicos (en aquel momento alrededor de veinte); cálculos en base a una empresa modelo (empresa ficticia que, en teoría, sería la más eficiente de su área de concesión); y la tarifa se diferenciaría por área geográfica. Además, se creó la tarifa horaria y la tarifa de invierno ⁶ , bajo el supuesto de que cada usuario podía elegir no consumir electricidad en los horarios peak y en los meses de invierno (periodo compuesto por seis meses). Junto a la tarifa de invierno, además, se creó el «límite de invierno» fórmula que estableció un límite diferenciado según el consumo de verano de cada usuario, a partir del que se encarecería progresivamente su variación en los meses de invierno. De esta manera, la tarifa comenzó a ser pensada como un dispositivo de modelación de comportamiento y en una nomenclatura tremendamente variable e indescifrable para cada usuario.

Todos estos cambios, además de no producir un comportamiento informado-racional-económicamente por parte de los usuarios, produjeron un encarecimiento exponencial de la cuenta de la electricidad: comparando el mismo mes en 1982 y 1983, tal como lo reconocieron los expertos de la CNE «los usuarios experimentaron alzas en su boleta del invierno que podían llegar al 100%» ⁷ . Es decir, los horarios y meses peak solo produjeron un encarecimiento exponencial de la cuenta final. Dicho de otro modo, la opacidad y aparente automatismo de las fórmulas establecidas en este periodo, en efecto, programaron un aumento continuo de las tarifas in perpetuum.

A pesar de que no es posible saber con precisión cuándo o en qué proporción los usuarios comenzaron a conectarse ilícitamente a la red eléctrica, nada parece indicar que fuese una práctica que emergiera en los ochenta. Así, la innovación de este momento estuvo en la creación de la categoría, en el estudio, y en la persecución de este tipo de usuarios. El caso de los colgados comenzó a ser una preocupación para el gobierno infraestructural a partir de 1980, momento en que los expertos comenzaron a destinar sus esfuerzos hacia la relación contractual, empresa-cliente. De este modo, los colgados concitaron bastante atención personal, de recursos y estrategias, convirtiéndose en un segmento fértil donde ensayar estrategias de gobierno y tácticas de control.

Según los registros de Chilectra Metropolitana, la empresa que en 1980 tenía el monopolio de la región, el caso de los colgados localizado en la Región Metropolitana alcanzó la cifra de 45.131 ⁸ . Tras esta contabilización, Chilectra comenzó a enviar una boleta mensual con la cuenta de la electricidad a cada hogar identificándolo como colgado. Los dueños de Chilectra tenían muy claro que los colgados no tenían un medidor, por lo tanto, la boleta contenía un monto promedio que era figurado, por lo que aquellos números representaban una deuda imaginaria. Esta acción performativa buscaba concienciar a los colgados de que estaban siendo observados en su comportamiento fraudulento.

No obstante, los usuarios colgados continuaron aumentando. En 1982 se implementó el Plan Colgados ⁹ que consistió en el empadronamiento de este tipo usuarios realizado por contingentes de carabineros y funcionarios municipales. Seguidamente, y como ninguna medida de registro y visibilización funcionaba por sí misma, se ordenó a los mismos carabineros y funcionarios municipales que arrancaran las conexiones ilícitas. Sin embargo, cuando la compañía dejaba de hacer los arranques de las conexiones ilegales, el número de colgados volvía a crecer.

Las medidas fueron escalando en envergadura y grados de amenaza. Se realizó una campaña en la prensa nacional mediante un comunicado que hacía un llamado a los usuarios a normalizar su situación:

Al mismo tiempo, las iniciativas fueron avanzando hacia una estrategia punitiva: se comenzaron a enviar cartas a cada usuario colgado identificado, comunicándole que el delito del hurto de energía eléctrica conllevaba una pena que iba «desde 61 días a 5 años de presidio» ¹¹ según los grados de responsabilidad de cada cliente ilegal. Pero nada de esto consiguió el efecto esperado.

En agosto de 1983 Chilectra creó una Oficina de Control de Pérdidas (OCP) para estudiar y monitorear constantemente a los colgados. Desde entonces esta Oficina tuvo como objetivo diseñar un Plan de Acciones de Control de Hurto ¹² y ejecutarlo midiendo los resultados periódicamente. Según el cálculo de la propia compañía, este comportamiento de los usuarios se traducía en una pérdida de hasta un 30% de la electricidad en los meses de invierno ¹³ . En 1986, el personal de la OCP vio superadas sus capacidades de control y contrató a la Universidad de Chile para realizar un estudio más detenido que analizara la situación completa y proporcionara recomendaciones.

Cuando el comportamiento de los colgados comenzó a ser materia de gobierno en 1980, este tipo de usuario había sido caracterizado como gente que vivía en campamentos, pobladores y también miembros de cooperativas rurales. A partir de entonces, se clasificó a los colgados en dos tipos: los usuarios colgados con y sin recursos económicos. De esta manera, el catastro de usuarios colgados comenzó a agruparlos según esta división, al mismo tiempo que se diseñaron planes diferenciados para enmarcar a los usuarios hacia el registro y pago de sus consumos. Por una parte, el Plan Zonal Masivo (PZM) fue diseñado para «inspeccionar permanentemente un Universo de alrededor de 600.000 usuarios de una condición socioeconómica superior» ¹⁴ . Por otro lado, el Plan Atención Poblaciones (PAP) controlaba un grupo de 245.000 usuarios en poblaciones que, por lo general, hacían un arranque directo de la red. No obstante, a medida que Chilectra fue acumulando datos en el tiempo, especialmente tras la creación de un Departamento de Estadística dentro de la OCP, en 1986 los datos recogidos mostraban que los hurtos de electricidad eran tan significativos por parte de usuarios con recursos (PZM) como los sin recursos (PAP).

Tal como se señala en el documento Hurtos Sorprendidos entre 1983 y 1986 realizado por la Oficina de Control de Pérdidas, de Chilectra Metropolitanae en 1986, entre 1983 y 1984 los colgados con recursos eran significativamente más que los colgados sin recursos. En 1985 la cantidad era similar entre ambas categorías y solo durante 1986 los colgados sin recursos superaban considerablemente a los con recursos ¹⁵ . Por lo tanto, de estos datos se desprende que la cantidad de hurtos de energía eléctrica eran tan cuantiosos entre los usuarios con recursos como sin ellos. De este modo, se vio que los colgados no eran precisamente pobladores y campesinos como se había establecido desde Chilectra. Pero en vez de cuestionar si la categorización entre colgados con y sin recursos tenía algún sentido, desde la compañía se continuó describiendo el comportamiento de los usuarios y diseñando las políticas para gobernarlos, dentro del marco racional-económico. Tal como se ve a continuación, se estableció que si los ‘colgados con recursos’ hurtaban energía eléctrica sería por imitación (a los pobladores) o por vicio, inducidos por un tercero, o por costumbre:

Así, las causas que motivaban a los usuarios con recursos, en todo momento fueron tratadas como un asunto marginal en relación a la razón de fondo que provocaba al surgimiento de un usuario colgado.

La organización del mundo en un esquema de coste-beneficio se traduciría en una imposibilidad, por parte del personal de la OCP, de comprender al usuario y sus propios datos más allá de la racionalidad económica. Como se puede apreciar en la siguiente cita, este esquema hacía que los analistas de usuarios interpretaran los resultados tal como ellos anticipaban: el motivo de todo colgado era económico, un comportamiento que en efecto respondía a la situación de la economía nacional. Así, tras el estudio realizado en 1986, los reportes de la OCP explicaron que:

Como se ve, pese a provocar alrededor de la mitad de los hurtos, los usuarios con recursos quedaron infra-representados. Al triangular toda la información, el reporte enviado a la CNE concluyó:

Así, la llegada de los economistas al área de energía enmarcó todas las interpretaciones sobre el comportamiento de los usuarios en el modelo costo-beneficio.

La nueva estrategia que emprendió la OCP en alianza con los poderes estatales tuvo como único criterio la fe en un estímulo racional-económico para enmarcar a los usuarios rebeldes a una condición legítima: la fórmula que buscaban debía «incrementar el costo de incurrir en el hurto [e] incrementar los beneficios para clientes que cumplen con sus obligaciones» ¹⁹ . La deducción de los portavoces se expresaba de la siguiente manera:

En la cita anterior el marco interpretativo racional económico de los usuarios alcanza su máxima expresión. En este, la reducción del comportamiento de los colgados a la figura del usuario pobre, los lleva a inferir que el hurto es el resultado de un cálculo por aumentar el ingreso real. Además, como concluye la cita anterior, el personal de la OCP insta a la CNE a «reemplazar el ingreso real no captado» por beneficios para el cliente honesto, modelo opuesto del usuario colgado.

Para el grupo de usuarios sin recursos, la empresa solicitó que la CNE impulsara un programa de subsidios dirigido a los usuarios que no podían pagar el consumo mínimo. Este subsidio debía estar vinculado a otros beneficios «de la red social», y todos ellos debían estar condicionados por el buen comportamiento de los usuarios, para «incrementar las ventajas de ser buen cliente, dando los medios para ello y simultáneamente aumentado los costos por su no cumplimiento» ²¹ . En la carta, el condicionamiento del beneficio al buen comportamiento y su vinculación con la red de subsidios de protección social fue reiterado y destacado como la clave para el éxito del conjunto de medidas.

Al grupo marginal que formaban los usuarios con recursos, los que recordemos hurtaban la mitad del monto total de las pérdidas de electricidad en algunos períodos, se le intentó administrar «introduciendo algunas mejoras especialmente con miras a impedir la propagación por efecto demostración y afán de ventaja» ²² . Esto se tradujo en una estrategia diseñada para propiciar el autogobierno y así erradicar esas llamadas prácticas socialmente contagiosas. Para ello, se llevó a cabo una campaña global «de estímulo para el cliente honesto» ²³ . Más adelante, la Campaña «Cliente Honesto» tuvo tácticas diferenciadas para cada tipo de usuario.