El libro que tenemos entre las manos es algo más que un trabajo de historia. Es a la vez una obra de investigación y un artefacto memorial. No solo recoge, con rigor histórico profesional, hechos del pasado -de un pasado traumático- sino que también da cuenta de cómo estos hechos forman parte de nuestro presente, y cómo su revelación y su recuerdo constituyen aspectos muy importantes para nuestra vida como sociedad democrática. Una de las frases que abre el libro, de la escritora Ceija Stojka que rememora el holocausto gitano en el campo de Bergen-Belsen, nos muestra este compromiso y cuál debe ser nuestro papel: nosotros somos los porteadores, llevamos con nosotros a estos muertos que sufrieron violencia.

Morir en Madrid es producto de una iniciativa política. Por eso se abre con sendas introducciones de los grupos municipales socialista y de Más Madrid, que apoyaron la realización de un espacio memorial en el cementerio madrileño de la Almudena, que recordara a los miles de ejecutados allí durante el franquismo.

Como parte de este proyecto se encargó a un grupo de historiadores un estudio pormenorizado de estas ejecuciones y se facilitó para ello el acceso a una fuente fundamental como es el registro del cementerio del Este, hoy de la Almudena, donde tuvieron lugar los fusilamientos y las posteriores inhumaciones. En la introducción del libro, Fernando Hernández Holgado y Tomás Montero Aparicio exponen los antecedentes de la creación de este memorial y sus objetivos. Como resultado de las activas reivindicaciones de reconocimiento y reparación para las víctimas del franquismo por parte de múltiples organizaciones de la sociedad civil, en 2018 se puso en marcha por parte del Ayuntamiento de Madrid, y su Oficina de Derechos Humanos y Memoria, una iniciativa para recoger fehacientemente la nómina de los ejecutados en Madrid entre 1939 y 1944. Esta lista de casi tres mil nombres fue publicada en su primera versión en el portal web del ayuntamiento madrileño (actualmente se puede consultar también en la página web del colectivo Memoria y Libertad) y debía ser el punto de partida del monumento que recordara a estas víctimas de la violencia institucionalizada del franquismo con todos sus nombres. La historia de este memorial es parte integrante también de este libro.

De hecho, esta obra demuestra que la tantas veces estéril dicotomía entre historia y memoria puede ser resuelta con éxito. La referencia que se hace en la introducción al título elegido para el libro y al momento en que este se terminó, en pleno punto álgido de la pandemia de coronavirus y su enorme estela de muertos en Madrid, precisamente muestran cómo, siempre -en el pasado y en el presente- el recuerdo y la memoria de las víctimas, mal llamadas anónimas, permanece y deberá permanecer como un valor para la ciudadanía.

En segundo lugar, el libro es muestra de otra cuestión que a menudo es puesta en valor teóricamente, pero que en menor medida se lleva a la práctica. Lo que contienen sus páginas es el resultado de un proceso de conocimiento colaborativo en el que los historiadores profesionales, significativamente un grupo de expertos representativo de la excelente joven generación de historiadores de la guerra y la represión franquista, no solo reconocen y valoran la investigación anterior, sino que además colaboran con el trabajo llevado a cabo por los grupos de activistas a favor del reconocimiento de las víctimas de la dictadura y su memoria, y utilizan las nuevas fuentes documentales que las administraciones públicas (en este caso el Ayuntamiento progresista de Manuela Carmena) y otras instancias y grupos ponen a su disposición. Estamos pues, ante un libro que no solo presenta el fruto de una investigación rigurosa, sino que pone este conocimiento al servicio de una sociedad que reclama análisis de su pasado que recuperen los principios democráticos por los que quiere regirse.

Los estudios comienzan con un amplio primer capítulo debido a Fernando Hernández Holgado, »Ejecuciones en el Madrid de posguerra (1939-1944) « (pp. 29-86), que fue quien coordinó el encargo del Ayuntamiento y que nos presenta exhaustivamente el objeto de todo el proyecto, las 2.936 personas ejecutadas en el cementerio entre 1939 y 1944.

El cementerio, los cementerios, formaban parte significativa de la geografía del terror que se diseñó por el nuevo régimen salido de la guerra. La representación simultánea y coincidente en el mismo espacio de homenajes, reinhumaciones y rituales propagandísticos dedicados a los que fueron denominados como mártires caídos por Dios y por la Patria, y del castigo máximo para los vencidos, ejecutado en horas nocturnas, sin testigos, sin familiares ni rituales fúnebres, de una forma contrastadamente clandestina, condensa toda la simbología represiva de los espacios públicos desplegada por la dictadura. A la vez que se representaba con todo el boato y la parafernalia posible la victoria del golpe de estado y la guerra, se inhumaba deprisa y corriendo a hombres y mujeres condenados por esa justicia al revés que castigaba como delito haber permanecido leal al ordenamiento legal y político del gobierno legítimo. El cementerio del Este se convirtió así en uno de los lugares predilectos de memoria del nuevo régimen. Un ámbito de muerte que, en su decrepitud y falta de condiciones higiénicas, fue el escenario en que se representó la imagen de la ciudad bifronte: la «Madridgrado» roja e irredenta recibía su castigo definitivo de manos de la «Ciudad Mártir» sometida durante los años de guerra. El ensañamiento, la extensión de una cultura de guerra durante dos años y medio después de haber rendido la ciudad, forma parte del sistema de represión sobre los vencidos, que se mantuvo en Madrid con características propias. Los problemas del archivo y las fuentes -un asunto fundamental que recorre todo el libro- y la documentación pormenorizada hasta donde ha sido posible de los nombres, las circunstancias sociales y familiares de las víctimas, terminan de configurar el estudio que entrega Hernández Holgado. Un análisis imprescindible sobre el nivel y las formas que adquirió la violencia política sistémica en el Madrid de posguerra, con independencia de que los problemas de fuentes y otros factores hagan al día de hoy imposible aquilatar totalmente el número de los ejecutados y las circunstancias de sus procesos penales y su posterior inhumación.

En el análisis pormenorizado y necesario de los nombres de los muertos y en la necesidad de no considerarlos víctimas anónimas, sin más, insiste Tomás Montero Aparicio, del colectivo Memoria y Libertad, en su texto, titulado «Quienes eran» (nombre también de un blog que se mantiene con las historias de vida que se van documentando por distintos medios) (pp. 87-99) ¹ . Este colectivo mantiene su labor de recuperación histórica y memorial de las víctimas del franquismo en Madrid desde 2005 y gracias a la colaboración con historiadores profesionales, pero sobre todo de familiares de los ejecutados, mantienen una activa red de conocimiento y difusión social de lo ocurrido en el cementerio de la Almudena, en sus tapias y en sus osarios comunes, que ha llevado a que algunos sitios de la necrópolis se hayan convertido en «lugares de memoria» para el reconocimiento y el recuerdo de los muertos por la violencia de posguerra. Aparte de otros valores que hay que reconocer en estas iniciativas de la sociedad civil ² , la importancia de la enumeración de los nombres; de todos los nombres, es un elemento básico, reconocido y común en la ritualización del duelo social ³ .

Con el trabajo de Santiago Vega Sombría, «La represión olvidada. Las muertes silenciadas en el Madrid de posguerra» (pp. 101-111), nos introducimos en la investigación particular de los casos posibles de violencia política en el momento inmediatamente posterior a la entrada de los golpistas en Madrid y las dificultades que presenta el archivo para conseguir una imagen mínimamente real de su entidad y de la forma en que el proceso se llevó a cabo. Utilizando la información parcial de fallecimientos que ofrece el registro civil se puede saber que a partir del 28 de marzo de 1939 hubo en Madrid un aumento evidente de la mortandad; lo que no es ya tan fácil es saber qué porcentaje de estos muertos, aparecidos en descampados, en las vías del tren o en las sedes de la Brigada Político Social, se debían a la violencia política; sobre todo si tenemos en cuenta que en un homicidio con disparo en la nuca, la causa de fallecimiento que figura oficialmente es el «shock traumático». Aunque los casos realmente esclarecidos no sean muchos, dejan pocas dudas de que el fin de la guerra no trajo la paz a los madrileños (p. 101).

La sordidez de la » paz« de Franco en una ciudad llena de muerte es el fondo en que se desenvuelve la investigación de Daniel Oviedo Silva, «Paz a mano armada. Los atracos y su represión en el Madrid de posguerra (1939-1944)» (pp. 113-124). Sobre la base de una muestra de treinta casos de ejecutados por atraco, Daniel Oviedo reflexiona sobre las posibilidades de establecer una causa política en una clase de delitos, que preocupaba sobre manera al Nuevo Estado y su obsesión por el orden público, y en los cuales la abundancia de armas, la escasez de bienes materiales y cierta cultura de violencia social (por ejemplo, entre algunos anarquistas y falangistas), son elementos que indudablemente tuvieron influencia. El mantenimiento hasta 1941 del atraco como un delito de rebelión militar y la jurisdicción militar mantenida por la Ley de Bandidaje y Terrorismo de 1947 hicieron que el atraco saliera muy caro y supusiera la pena máxima, incluso sin que hubiera habido muertes de por medio.

Uno de los elementos por el que sectores políticos derechistas se han opuesto a la construcción del memorial en recuerdo de los ejecutados y enterrados en la Almudena en la posguerra es que algunos de estos muertos tuvieron responsabilidades en actos violentos, tanto en el periodo bélico como después. Precisamente, señala Daniel Oviedo cómo la imposición de una ilegítima justicia militar y la ausencia de las mínimas garantías procesales han contribuido a mantener una imagen homogeneizadora sobre los tipos penales y a extender sobre los ajusticiados una sospecha de delitos que solo la investigación pormenorizada podría tal vez aclarar.

«Sumarísimas historias. Verdugos, colaboradores y construcción de la culpabilidad en la ¿justicia? franquista de ocupación», de Alejandro Pérez-Olivares (pp. 125-134), insiste en la necesidad de tener en cuenta la complejidad de los perfiles personales de los encausados y los caracteres que muestran las fuentes judiciales y penales franquistas. Al final de su texto (p. 134) advierte del peligro de refugiarse en la supuesta neutralidad del archivo y tomarlo como espacio de las verdades del pasado, cuando en realidad lo que hace es reproducir las palabras -además de los terribles hechos- de la dictadura. El asunto de la construcción de la culpabilidad en los procedimientos sumarísimos de urgencia -una de las figuras legales que protagonizaron la represión- es muy importante, primero porque explica el proceso mediante el cual las víctimas elegidas por el Nuevo Estado se convirtieron precisamente en víctimas, y en segundo lugar porque ayuda a evaluar la importancia de la colaboración de la población madrileña en el proceso de culpabilización. Para la detección, evaluación y castigo de los rebeldes o desafectos, no solo se promulgaron leyes y edictos y se dotaron cuerpos de información y represión como el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), que iba de casa en casa preguntando por actitudes o pasados sospechosos. La justicia militar recabó la colaboración de funcionarios, párrocos, serenos, vecinos y básicamente de los porteros. Estos debían rellenar un formulario por cada uno de los habitantes de la casa y devolverlo a la policía en un plazo máximo de 48 horas; el desacato suponía delito de rebelión (p. 127). Así fue cómo declaraciones en las que alguien decía haber oído que una persona «había matado a tantos y a cuantos» durante la guerra (p. 129), podían pasar directamente a ser prueba de cargo, reproducidas en la sentencia de pena de muerte. Esta práctica definió la violencia de posguerra y, como parte consustancial del procedimiento sumarísimo, hizo, junto con otros defectos judiciales, que las causas no tuvieran mínimas garantías procesales. De ahí que Pérez-Olivares advierta al final de su trabajo, refiriéndose a la polémica por la inclusión en el memorial de la Almudena de «335 chequistas» entre las víctimas, de que asumir al día de hoy las palabras dichas entonces por los poderes represivos supone asumir todavía la soberanía de la dictadura (p. 134).

El siguiente capítulo, «El todo por la parte. La polémica en torno a los nombres de víctimas en el memorial del cementerio de la Almudena», de Juan Carlos García-Funes (pp. 135-146), es una clara y necesaria exposición del proceso de gestación y los actores intervinientes en la iniciativa del memorial del cementerio de la Almudena. Este venía en principio a unirse a otros lugares de memoria en recuerdo de las víctimas del franquismo extendidos por España, y en muchas ocasiones en los propios cementerios donde tuvieron lugar los asesinatos, que se habían producido ya a partir de la década de 1970 ⁴ . Existe un consenso generalizado entre los estudiosos de este tema acerca del carácter ritual y en buena medida sanador del duelo por los desaparecidos y las víctimas producidas en conflictos y guerras que tiene la enumeración, la recitación o la inscripción material de sus nombres en lugares públicos dedicados a su recuerdo.

La desgraciada historia del memorial de la Almudena es una de las manifestaciones más evidentes de los problemas de gestión política de nuestro pasado reciente y traumático. Tras la presentación del futuro monumento y el informe de Hernández Holgado sobre las víctimas, comenzó una polémica, protagonizada fundamentalmente por el diario ABC, señalando que en el listado producido por el historiador aparecían personas que habían participado en las «checas» durante la guerra y acusando al Ayuntamiento de Manuela Carmena y a los promotores de ser «el último ejemplo de esta política sesgada del recuerdo» (p. 139). Hernández Holgado defendió su trabajo señalando los problemas de asumir las versiones de los consejos de guerra y que no se juzgaban las vidas cuyos nombres se iban a inscribir en el monumento. Sin embargo, en abril de 2018 una manifestación ambigua de los miembros del Comisionado de Memoria Histórica, que también había sido creado por el ayuntamiento madrileño, y que acabó autodisolviéndose al poco tiempo, recomendaba que el memorial fuera anónimo y que los nombres de los asesinados se alojaran virtualmente en internet, pudiendo ser accesibles mediante un código QR.

Celebradas las elecciones municipales el 15 de junio de 2019, se cerró la Oficina de Derechos Humanos y Memoria, «correa de transmisión del sectarismo del gobierno de Manuela Carmena» (p. 142), y el nuevo alcalde derechista anunció la resignificación del monumento como lugar de encuentro y sin nombres. A partir de noviembre de 2019 Martínez Almeida ordenó retirar las placas con los nombres de las víctimas que habían comenzado a instalarse y en los muros se puso un texto dedicado a todos los madrileños que sufrieron violencia entre 1936 y 1944. A comienzos de 2020 el gobierno municipal decidió eliminar también los otros textos que iban a revestir el monumento: unos versos de Miguel Hernández y una frase de la carta de despedida de una de las trece rosas. El verso sobre el árbol talado que retoña se vinculaba con la escultura del artista Fernando Sánchez Castillo; unos árboles yacentes de bronce.

El retraso de Madrid en levantar un memorial a las víctimas del franquismo ya era clamoroso, pero, definitivamente, la visión de las placas con los nombres y apellidos de los asesinados arrancadas, rotas y tiradas por el suelo muestra por sí sola la anomalía que en este aspecto representa Madrid, en un entorno europeo, no solamente español, y produce un escándalo en las familias de los afectados, los colectivos cívicos y la ciudadanía en general, difícilmente justificable.

Cierra el apartado de estudios históricos del libro el de Fernando Jiménez Herrera, «Reinterpretar la violencia revolucionaria. El franquismo y la construcción de las “checas”» (pp. 147-157). La alusión por parte de los políticos derechistas actuales a la palabra checa como epítome de la violencia republicana, que se quiere hacer equiparable a la franquista, hace muy pertinente que se dedique un capítulo a este asunto. Entre los muchos elementos nuevos -o seminuevos- que la llamada Ley de la Memoria Histórica de 2007 volvió a introducir en la arena política, uno de los más significativos es la revitalización de la palabra checa, eso sí en la configuración de la misma establecida por la propaganda franquista. Al examen de la realidad concreta de este concepto, como sabemos de origen soviético, en la guerra civil en Madrid y la construcción de un relato propagandista franquista, centrado en la checa como paradigma de la violencia ilegítima republicana, está dedicado el texto de Fernando Jiménez Herrera, uno de los mayores expertos en el asunto en la historiografía española. Tras analizar la construcción del concepto de ‘checa’, como sinónimo, no solo de la violencia política republicana, sino de sus orígenes e inspiración soviética, concluye que esta homogenización propagandística de la justicia revolucionaria y las formas de actuación de los distintos comités que se ocuparon del control político durante la guerra, y no solo en el verano revolucionario de 1936 en Madrid, no es útil para conocer las causas y los desarrollos de estos episodios de violencia política, sino que contribuye a legitimar y extender los estereotipos y la propaganda franquista sobre la guerra y la postguerra. Sovietizar, incluso con un nombre propio, y extender a todos los partidos, los cuerpos policiales y los sistemas jurídicos republicanos, el carácter «rojo» ligado a la violencia, fue un elemento que contribuyó a la consideración de los republicanos como un enemigo, inhumano e inasimilable, al que, por tanto, era totalmente legítimo exterminar. El filólogo Victor Klemperer expuso magistralmente cómo se construyó la realidad alemana a través de la creación de una lengua propia del Tercer Reich. La frase de Franz Rosenzweig que como lema abre su libro es contundente: «El lenguaje es más que sangre» ⁵ .

Tras el listado de las fuentes de archivo y la bibliografía utilizada en el libro, se reproduce en parte el sentido del memorial proyectado. Una foto de la escultura de Fernando Sánchez Castillo y un texto suyo, «Notas dispersas para dispersar» (pp. 173-176), explica su obra, que titula Lar. Ocho árboles, robles jóvenes que fueron desenterrados vivos, de cuajo, con su raíz completa y fundidos en bronce aparecen amontonados sin orden. «Unos sobre otros como caerían los cuerpos de los fusilados» (p. 174). La escultura conforma un espacio en que poder detenerse para evocar a los seres perdidos.

La obra de Sánchez Castillo se situaba en un espacio diseñado por la arquitecta Julia Chamorro formando un circuito a base de paneles o paredones en los que aparecían por ambas caras grabados en el granito los nombres de los asesinados. El espacio se conectaba con la vieja tapia de ladrillo del cementerio a la que los familiares y miembros de las asociaciones civiles en favor de la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo acudían en sus actos memoriales espontáneos.

A pesar de que en noviembre de 2019 fueron retiradas del monumento las placas con los nombres de las víctimas, su recuerdo continúa vivo. Como se ha revelado posteriormente, en un acto privado las familias escribieron una última misiva a sus muertos. El escrito colectivo formado por estas cartas, junto a una memoria electrónica que contiene los nombres de todas las víctimas, fue introducido en uno de los troncos huecos de la escultura de Sánchez Castillo, de manera que al menos en esta forma, sus identidades y sus memorias quedan preservadas y presentes en el monumento ⁶ .

También en este libro que es a la vez un memorial aparecen las 2.936 personas, todos y todas ellas (entre las páginas 177 y 394), con sus nombres, su lugar de nacimiento (¡cuántos no habían nacido en Madrid!), su edad (¡qué jóvenes muchos!), sus oficios y trabajos (¡cuántos trabajos fundamentales y qué variados!), la fecha en que fueron agarrotados o fusilados, y la de su inhumación sin rito y sin duelo, en el mismo sitio en que debería encontrarse un lugar que sirviera para mantener su memoria. A pesar de no aparecer en el monumento en que materialmente pudieran ser nombrados y evocados, su huella, su recuerdo permanece en el interior de cada uno de los que defienden la justicia, la libertad y los derechos humanos, ahora y por siempre.