En el contexto actual los juristas están obligados a comprender el fenómeno de la digitalización. Para ello, deben primero, entenderlo, definirlo y delimitarlo y, luego, explicarlo y analizarlo para proponer soluciones justas y equitativas. Este concepto global abarca múltiples realidades, cada una con sus propias características y su impacto particular, en concreto en el ámbito del trabajo como fuente de identidad personal y social. Desde hace tiempo, instituciones públicas y privadas, internacionales, europeas y nacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el
In the current context, jurists are obliged to understand the phenomenon of digitalisation. To do so, they must first understand, define and delimit it, and then explain and analyse it in order to propose fair and equitable solutions. This global concept encompasses multiple realities, each with its own characteristics and specific impact, in particular in the field of work as a source of personal and social identity. Public and private institutions, as well as international, European and national ones such as the OECD, ILO, WEF, EU, among others, have been doing regular studies, reports and analyses of the situation for some time. With regard to Robotics, they have gone beyond the specific scope of the industrial sector to try to identify the impact of technologies that replicate human-like cognitive processes in machines, seen from a triple perspective: ethical, legal and socio-economic. Thus, emphasis is placed on their effects on the configuration and definition of work; on the different models or types of work, profoundly altered today by automation or digitalisation; and on the conditions in which workers provide their services. From this triple perspective, admitting that robots and Artificial Intelligence systems are one of the great truly disruptive inventions of the digital environment and that they are here to stay, this study focuses on Inclusive robotics, thus contributing to an understanding of the current technological change by reflecting on some of the issues it raises for the law.
¿Qué se entiende por Robótica Inclusiva y cuál es su proyección en el ámbito social?, ¿cómo impacta la digitalización en el mercado de trabajo?, ¿puede influir la robotización en la consecución de mercados de trabajo inclusivos?
Estas cuestiones sirven para abordar con garantías de éxito este debate. Contribuyen además a proponer soluciones éticas, fiables, para las empresas, la población trabajadora y la sociedad en su conjunto.
Las empresas buscan maximizar la productividad; la población trabajadora, la garantía de sus derechos; la sociedad en su conjunto conseguir la integración real y efectiva de la ciudadanía en el ámbito social y jurídico, sobre todo, a través del empleo y la ocupación. Desde el proyecto
Desde hace tiempo, hay propuestas que plantean la colaboración, cooperación e interactuación de los seres humanos con los robots en el ámbito laboral, lo que está permitiendo pensar en retos y oportunidades en torno a este factor, uno de los más importantes para la integración efectiva y real de las personas en la sociedad; a saber, su trabajo. Para que estas propuestas sean viables y exitosas deben tener en cuenta varias dimensiones. No existe instantánea fija que abarque todos los sectores, todos los tipos de trabajo, todos los niveles de cualificación, todos los mercados y todos los países. Desde una perspectiva temporal, no cabe realizar proyecciones a largo plazo exclusivamente. Es necesario hacerlas también a corto y medio plazo asentando, en primer lugar, los retos y, en segundo lugar, las respuestas más adecuadas de consuno con el contexto y la realidad nacional concreta, pero también, en una dimensión más amplia, con la europea e internacional; sin olvidar la proyección funcional, los sectores de la actividad, las tareas desarrolladas por la población trabajadora y el grado de cualificación y habilidades para desarrollarlas.
Si atendemos a los factores descritos, la realidad no es homogénea desde lo temporal, espacial y funcional. En consecuencia, hay que promover acciones en las que la ausencia de limitaciones a la innovación tecnológica vaya de la mano del principio de que la automatización y la robótica deben permitir que el empleo se centre en los trabajos que añaden mayor valor. Esto implica un compromiso entre el desarrollo de competencias tecnológicas y el hacer frente a las necesidades que derivan del crecimiento y de la competitividad para minimizar las perturbaciones que la tecnología pueda generar en el mercado laboral y evitar las desigualdades sociales. Además, deben tratarse la brecha digital y el coste social que esta conlleva asociado, prestándose especial atención a la vulnerabilidad de determinados colectivos, entre otros, aquéllos que sufren discriminaciones por razón de género y edad. Por último, es necesario que exista una red de seguridad para el periodo de transición con propuestas de medidas políticas y legislativas al respecto.
La perspectiva jurídica aporta nuevas e interesantes aproximaciones conceptuales al desarrollo equitativo de la Robótica y a la inclusión de los robots en la sociedad. Aunque hay cierto consenso en las características que poseen estos dispositivos (
Los problemas jurídicos relacionados con la IA y los robots trascienden a varias disciplinas o áreas de conocimiento dentro del Derecho, entre ellas, el tributario y financiero, el civil, el laboral y el relacionado con la seguridad social, aunque todas ellas confluyen en la búsqueda de soluciones encaminadas a la proyección de los robots en el Mercado de Empleo. Para evitar que la robotización se traduzca en la sustitución de trabajos, tareas o actividades realizadas actualmente por los seres humanos o, incluso, en el reemplazo de las personas trabajadoras por máquinas más o menos
Desde el año 2004, se habla de que la
La robotización está afectando muy rápidamente al mercado laboral. Así, hay que centrarse en la forma en que este mercado podría cambiar para articular algunas soluciones que garanticen unos procesos de robotización socialmente responsables. Este hecho requiere, en primer lugar, partir del principio de innovación tecnológica, social y jurídicamente responsable, que combina la responsabilidad social de los actores implicados, especialmente de las empresas, con normas de obligado cumplimiento en garantía de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. No obstante, la regulación, en sentido más continental, no puede orientarse desde una perspectiva de defensa en contra de la innovación tecnológica en robótica, sino que debe articular medidas que den certeza a las partes implicadas con base en el principio antes mencionado.
Para ello, con fundamento en los derechos fundamentales previstos en nuestra Comunidad Europea (CE), y ahora también en la Unión Europea (UE), se requiere que los poderes públicos, junto a interlocutores sociales, promuevan una legislación que pondere y equilibre la garantía de la libertad de empresa (que incluye la libertad de innovación) con la de los derechos de las y los trabajadores
Por otro lado, el Derecho del Trabajo ha de reflexionar sobre la posibilidad de que un robot
El punto de partida del análisis es el principio de igualdad y de no discriminación; es decir, la igualdad real y efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables a la automatización o robotización. De modo que ésta no puede convertirse, directa o indirectamente, en causa de discriminación. La neutralidad tecnológica no puede implicar desventajas o barreras para las personas. En este sentido, y también en la fase de transición, como medida excepcional, limitada y condicionada, debe regularse una cuota de personal humano en las empresas o medidas de ajuste razonable para aquellos colectivos especialmente vulnerables, entre ellos, los trabajadores de edad avanzada.
Como se desprende de esta primera reflexión, se debe tratar de adaptar las reglas y normativas laborales atinentes a los derechos y obligaciones de los y las trabajadoras. Esto implica, por un lado, garantizar la empleabilidad de las personas pensando más allá de los puestos de trabajo (lo que influirá en la deriva legislativa en torno al efecto sustitución-reemplazo de seres humanos por robots) y, por otro, garantizar los derechos de la población trabajadora ante la interactuación de trabajador-robot en el lugar del trabajo (cooperación entre ellos). Analizamos a continuación el contexto actual de la UE y nos centramos posteriormente en la Robótica Inclusiva y su proyección en el empleo y la ocupación, con propuestas al respecto.
La Robótica, en especial la Robótica con IA, debe concebirse también como una innovación tecnológica para el ser humano, centrada en la persona y fundamentada en el compromiso de ser utilizada al servicio de la humanidad y del bien común, con el objetivo de mejorar el bienestar y la libertad de las personas. Esta visión, hoy consolidada, es sin duda, la perspectiva que están adoptando las instituciones de la UE, buscando el consenso y cooperación de todos los Estados miembros, con apuesta hacia una visión de esas tecnologías antropocéntrica, antropogénica y controlada por seres humanos. Así, se pretende el desarrollo, despliegue y uso de la Robótica de forma que se garantice en todo momento una supervisión humana integral, esto es, con control humano cuando sea necesario, incluso mediante la alteración o desactivación de dichas tecnologías.
Desde la publicación del informe del Parlamento Europeo con las primeras recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica (
En todos estos documentos, se ha afrontado conjuntamente la digitalización, la IA y la robotización, desde una perspectiva que gira en torno a la ética y la responsabilidad. Tal vez en el convencimiento de que es muy difícil encontrar el consenso necesario para dictar normas de armonización y coordinación en el acervo comunitario integrado por reglas jurídicas precisas y de obligado cumplimiento por los Estados miembros, en unos casos, se han fijado mínimos para todos los ordenamientos jurídicos y, en otros, se han establecido reglas y medidas de coordinación. Cabe señalar que, a pesar de estos intentos de regulación común, en la actualidad, existe una maraña de disposiciones de
La transición hacia una economía digitalizada es una de las principales preocupaciones en los trabajos de organizaciones internacionales, nacionales, y también instituciones de la UE; en ellos existe un intenso debate en torno a qué y cómo regular en relación con ese fenómeno de generalización de la robotización, más allá del inicialmente considerado ámbito industrial. Y aunque aún está por definir la conexión entre
La Comisión Europea adoptó en 2018 la Comunicación sobre inteligencia artificial para Europa, que dirige a las otras instituciones de la UE como el Parlamento, el Consejo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones (COM/2018/237 final/2)
Por otro lado, el Parlamento Europeo presentó en 2019 su resolución sobre una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica
Entre las cuestiones sociales que se trataban en el informe, estaban los posibles efectos que la IA podía tener en el mercado laboral, centrándose en el probable impacto en el crecimiento económico, la productividad y en la fuerza de trabajo y en los posibles efectos que podía ocasionar en diferentes demografías, como el empeoramiento de la brecha digital. Además, reflexionaba sobre las consecuencias del despliegue de la IA en los centros de trabajo y consideraba el impacto potencial de la IA sobre la desigualdad, aunque también planteaba cómo los beneficios de la IA podrían ser compartidos dentro de la sociedad. Este informe fue fundamento de dos Resoluciones del Parlamento Europeo publicadas el 20 de octubre de 2020:
El primer documento, la
«inteligencia artificial»: «un sistema basado en programas informáticos o incorporado en dispositivos físicos que manifiesta un comportamiento inteligente al ser capaz, entre otras cosas, de recopilar y tratar datos, analizar e interpretar su entorno y pasar a la acción, con cierto grado de autonomía, con el fin de alcanzar objetivos específicos». Se adapta por tanto la definición de la Comunicación de la Comisión Europea COM (2018)0237 (véase
«autonomía»: «un sistema de inteligencia artificial que funciona interpretando determinados datos de entrada y utilizando un conjunto de instrucciones predeterminadas, sin limitarse a ellas, a pesar de que el comportamiento del sistema esté orientado a cumplir el objetivo que se le haya asignado y esté limitado por este y por otras decisiones de diseño pertinentes tomadas por su desarrollador». Se trata de distinguir ente
«robótica», se define a partir del concepto de robots industriales de la norma ISO 8373 como «las tecnologías que permiten que las máquinas controladas automáticamente, reprogramables y multifuncionales realicen en el mundo físico acciones tradicionalmente realizadas o iniciadas por los seres humanos, en particular mediante la inteligencia artificial o las tecnologías conexas».
El
La
La conexión entre productividad (aumento por el desarrollo y uso de la IA y la robótica)-empleo (aplicación de la IA y la robótica para contribuir a mercados laborales inclusivo) -trabajo de calidad y digno, exige partir de unos presupuestos que marquen las acciones en torno a otros aspectos derivados. Una de las cuestiones fundamentales es analizar si el aumento de la productividad y la competitividad de las empresas (que no parece estar en duda) irá también acompañado de un aumento de la cantidad y calidad del empleo humano. En este sentido, se plantean dos problemas básicos relacionados con la desigualdad que pudiera derivar de la robotización: el efecto sustitución de los seres humanos por robots y la afectación de las condiciones de trabajo de los humanos, es decir, de los salarios, sobre todo de la población trabajadora menos cualificada, la evolución hacia la descentralización de la producción, la redistribución de los puestos de trabajo y de las tareas y el efecto del desempleo tecnológico.
La citada resolución sobre un marco ético ya citada (véase
Teniendo en cuenta solo la concepción humana relativa al ámbito laboral, la UE se hace eco del informe
Y aunque no se defina, debe entenderse que hay una llamada a los poderes públicos y a las instituciones privadas para que conjuntamente se responsabilicen de que las personas trabajadoras vean satisfecha la integración que exige un Estado Social. Así, la Robótica debe procurar que la innovación social y jurídicamente responsable se adopte pensando en que no puede orientarse jamás al reemplazo del trabajo humano (otra cosa, diferente es el cambio o reemplazo de tareas y habilidades) sino a facilitar la transición de determinadas tareas hacia otras más propias de los seres humanos, (aquellas denominadas habilidades sociales y emocionales, entre ellas, las avanzadas de comunicación y negociación; las de liderazgo y gestión o las orientadas a la enseñanza y a la formación). Esto, como veremos, requerirá un mayor compromiso social para preparar con éxito a la población trabajadora para este cambio, que la pandemia de la COVID-19 ha acelerado, en particular en los sectores más vulnerables: trabajadores y trabajadoras jóvenes con salarios bajos, mujeres e incluso grupos étnicos minoritarios (
Términos tales como «valores», «derechos humanos», «derechos fundamentales» se utilizan a veces indistintamente en la resolución del Parlamento sobre un marco ético, mencionada previamente (véase
La innovación tecnológica social y jurídicamente responsable exige, en el sector del ordenamiento jurídico que lo disciplina, el Derecho Social, o más concretamente el Derecho del Trabajo y de la Protección (Seguridad) Social, el respeto de los derechos humanos asentados tanto en el acervo europeo (en los Tratados y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE) como en el internacional (fundamentalmente a través de Convenios y Recomendaciones de la OIT) y en el ámbito interno español (con la Constitución Española al fondo)
Es muy importante analizar estas cuestiones, estas implicaciones ético-jurídicas, porque, lejos de reproducir lo que ya es habitual y aceptado por la ciudadanía y menos aún de reiterar lo que puede quedar como un mero repertorio de obviedades, es necesario atribuir un significado certero a la que pudiera denominarse teoría de los derechos humanos desde una innovación tecnológica, en particular la Robótica social y jurídicamente responsable. En efecto, atendiendo a lo que hemos afirmado en páginas anteriores, el progreso tecnológico y la innovación tecnológica, no tienen por qué estar reñidos con la mejora de la vida humana en general y, en particular, con su dimensión social, si este logra la responsabilidad intergeneracional, interpersonal.
En este contexto, ¿qué debemos entonces entender por dignidad humana, igualdad, no discriminación y solidaridad? Diferentes informes y estudios auspiciados por las instituciones de la UE hacen referencia a estos valores, principios y derechos.
Sobre la «dignidad humana
«La dignidad humana contiene en sí la idea de que todo ser humano posee un «valor intrínseco» que jamás se debe menoscabar, poner en peligro ni ser objeto de represión por parte de otros (ni de las nuevas tecnologías, como los sistemas de IA). En el contexto de la inteligencia artificial, el respeto de la dignidad humana implica que todas las personas han de ser tratadas con el debido respeto que merecen como sujetos morales, y no como simples objetos que se pueden filtrar, ordenar, puntuar, dirigir, condicionar o manipular. En consecuencia, los sistemas de IA deben desarrollarse de un modo que respete, proteja y esté al servicio de la integridad física y mental de los seres humanos, el sentimiento de identidad personal y cultural y la satisfacción de sus necesidades esenciales» (
Así, consideran que la dignidad humana está asentada como principio general de nuestro ordenamiento jurídico y sustentador de todos los derechos fundamentales. No tiene un carácter presuntamente abstracto y universal, sino que ha de concretarse en cada ser humano, atendiendo a su diversidad y diferencia, con el trasfondo de la igualdad real y efectiva, y a la libertad, que nos ayuda a un enfoque abierto, y equilibrado, hacia las nuevas tecnologías (
Desde la perspectiva del trabajo, del trabajo humano, la teoría del Derecho Social considera que la persona trabajadora tiene reconocido y el empresario ha de respetar la consideración a su dignidad. Pero, quizá cabe cuestionarse si el avance de la ciencia y de la tecnología afecta a la dignidad de la persona trabajadora también en su ámbito de trabajo. Como expresa Montoya Melgar, la dignidad es un concepto de raíz ética que el Derecho acoge. En la relación laboral, el empresariado ha de respetar «la consideración debida a la dignidad» de la persona trabajadora (art. 4.2, Estatuto de los Trabajadores). Además, está protegido frente a todo tipo de discriminación y, por tanto, «la conducta del empresario que no respete tal dignidad y suponga una actitud vejatoria o depresiva para el trabajador, da derecho a éste a optar entre solicitar la extinción del contrato de trabajo, percibiendo una indemnización equivalente a la que correspondería en caso de despido improcedente o solicitar del Juzgado de lo Social que anule la decisión lesiva del derecho fundamental y ordene al empresario de abstenerse de tales actos» (
Así, la innovación tecnológica y robótica social y jurídicamente responsable exige a quienes están implicados, que consideren la dignidad humana, asentada en ese principio recogido en las grandes Declaraciones Universales de Derechos Humanos, en la propia Constitución de la OIT y en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho como uno de los fundamentos del orden político y de la paz social. Por ello, debe existir un criterio general de carácter interpretativo o «un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás» (Sentencia del Tribunal Constitucional 181/2004), que garantice un «trabajo decente» (en términos de la OIT) o un trabajo digno, que permita el desarrollo de las propias capacidades, con respeto a los principios y derechos laborales fundamentes, que permita un ingreso justo al esfuerzo realizado, sin discriminación, y que se lleve a cabo con protección social.
Sobre la «igualdad», «no discriminación» y «solidaridad» el Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre IA dice:
«Es preciso garantizar por igual el respeto del valor moral y la dignidad de todos los seres humanos. Este requisito va más allá de la no discriminación, que tolera el establecimiento de distinciones entre situaciones diferentes sobre la base de justificaciones objetivas. En el contexto de la IA, la igualdad implica que el funcionamiento de este tipo de sistemas no debe generar resultados injustamente sesgados (por ejemplo, los datos utilizados para la formación de los sistemas de IA deben ser lo más inclusivos posibles, de forma que estén representados los diferentes grupos de población). Esto también requiere un adecuado respeto de las personas y grupos potencialmente vulnerables, como los trabajadores, las mujeres, las personas con discapacidad, las minorías étnicas, los niños, los consumidores u otras personas en riesgo de exclusión» (
La «solidaridad» es un valor que define a todo Estado Social y, en este sentido, aunque los grandes tratados y Constituciones como la española no recojan una definición exacta, debe recordarse que los principios rectores de la política social y económica se asientan en dicho valor desde la perspectiva territorial, personal e intergeneracional. La solidaridad se exige a unos territorios para con otros; a unos sujetos para con otros; a una generación para con otra. En concreto, se debe presuponer la solidaridad de los nativos digitales respecto de las generaciones anteriores, más analógicas. Aunque la solidaridad es un valor no definido de forma precisa, junto a la dignidad humana, ha de considerarse como base y sustento de otros derechos como los sociales: aquellos relacionados con el empleo, la ocupación y la protección social, elementos integrantes de la consecución de una igualdad real y efectiva en la que se asientan los derechos prestacionales (que exigen de los poderes públicos acciones para su implementación efectiva). No hay, por cierto, mayor solidaridad que la puesta en práctica por los poderes públicos de medidas tendentes a lograr la integración social y económica de los ciudadanos, incluidos los trabajadores.
Por último, planteamos el significado que la vertiente jurídica debe otorgar a la «igualdad» y la «no discriminación» respecto a la innovación tecnológica social y jurídicamente responsable.
Desde esa perspectiva jurídica, la «igualdad» es un principio, valor y derecho que tiene un significado cierto y encierra un mandato efectivo en todos los ámbitos de la vida social y económica, incluido por tanto el del trabajo. Como derecho tiene una doble perspectiva: la formal,
Pero la discriminación, pese a lo afirmado por el Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre IA, no admite la diferencia de trato entre situaciones diferentes, pues está limitada por la igualdad formal. La «no discriminación» entronca con la igualdad real y efectiva y, por tanto, persigue acabar con las diferencias de trato perjudiciales que sufren históricamente algunas personas como las mujeres y las personas con diversidad funcional. Y debe fijarse con precisión si la automatización produce o no desigualdad y en qué términos, o si, por el contrario, contribuye al crecimiento inclusivo.
En el ámbito de la automatización y la robotización, es necesario reflexionar sobre la relación o conexión entre seres humanos-robots, pero no como resultado de la comparación de unos seres humanos con otros atendiendo a las causas o razones históricas de desigualdad, sino comparando a los seres humanos con los robots para evitar lo que se conoce como
Jose Ignacio López-Sánchez, Jose Luis Arroyo-Barrigüete y Tomás Curto-González, concluyen, como otros trabajos recientes, que «mayores niveles de automatización llevan a una reducción de la desigualdad a medio plazo» (
Desde esta perspectiva orientada hacia la prevención, jurídicamente no puede hablarse de robots trabajadores y no cabe otorgarles un estatus laboral. El Derecho del Trabajo permite adoptar una posición crítica respecto de cualquier intento relacionado con la personalidad robótica o ente capaz no personal (ECNP), esto es, respecto del reconocimiento jurídico de esa nueva categoría de entes capaces. La voluntariedad y la consciencia no es algo que deban alcanzar los robots y, por tanto, permanecerían alejados de una relación laboral de carácter personal y patrimonial. Los robots, deben ser un instrumento de trabajo o una herramienta tecnológicamente compleja, sin derechos y obligaciones laborales debido a la ausencia de la voluntariedad.
Partiendo de esa consideración previa, se analizan a continuación determinados aspectos jurídico-laborales.
En los documentos de las instituciones de la UE se indica que la IA y la robotización deben tener un impacto positivo en las condiciones de trabajo. Sin embargo, aunque es un objetivo loable, no queda claro a qué condiciones de trabajo nos estamos refiriendo o de qué manera la robotización puede incidir en esas condiciones de trabajo. Tampoco qué efecto puede generar un cambio de modelo de trabajo o una nueva polarización entre trabajadores y trabajadoras ni cuál es o cuáles son las medidas necesarias para conseguir ese impacto positivo.
Las instituciones de la UE indican que la IA y la robotización no deben afectar en modo alguno al ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los Estados miembros y a escala de la Unión, incluido el derecho o la libertad de huelga o de emprender otras acciones contempladas por los sistemas de relaciones laborales específicos de los Estados miembros, de conformidad con la legislación o las prácticas nacionales, ni afectar al derecho a negociar, celebrar y aplicar convenios colectivos, o a emprender acciones colectivas de acuerdo con el Derecho o las prácticas nacionales. No se acierta a comprender que la robotización afecte a esos derechos concretos y específicos mencionados, derechos fundamentales colectivos de los trabajadores (negociación y conflicto colectivo), aun cuando la propuesta relativa al impacto positivo y a la prevención contra la afectación al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, sean individuales o colectivos, parece girar en torno a la idea o contexto tecnopesimista de sustitución de la mano de obra humana por robots, esto es, de eliminación o destrucción del empleo humano.
En este aspecto concreto, el de la sustitución de la mano de obra humana por robots (
En el ámbito del Derecho de la UE comienza a plantearse seriamente el derecho a la no discriminación algorítmica y, por tanto, cabría también formularlo desde la robótica, cuando lleva incorporada sistemas de IA. Se avanza hoy en propuestas de regulación de los algoritmos con fundamento en la transparencia y la inteligibilidad, garantizando el acceso a la información tanto a los y las trabajadoras como a sus representantes colectivos si vulnerar los derechos de la empresa a la protección de su estrategia y patrimonio empresarial (tal y como se expresa en la
Así, por citar algún ejemplo, las causas o razones técnicas introducen en el sistema de relaciones laborales importantes dosis de flexibilidad en la gestión empresarial, interna y externa, tales como modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, reducciones de jornada, suspensiones del contrato de trabajo o extinciones de la relación laboral. Esto nos lleva de inmediato a analizar la causa técnica-robótica con la propuesta de que se diseñen medidas orientadas a la igualdad retributiva, la aplicación efectiva y real del derecho a la igualdad de retribución por trabajo de igual valor, en este caso trabajo humano de igual valor al del robot, y medidas relacionadas con la eliminación de los puestos vacantes (o los despidos o cambios de trabajo) derivados de la robotización.
Más allá de la repercusión mediática que esta cuestión ha suscitado en nuestro país, y de apreciaciones no exactamente contrastadas en resoluciones judiciales del Orden Social de la Jurisdicción, en el actual marco normativo español, como bien ha expresado la doctrina, «cuando se trata de justificar despidos vinculados a la introducción de cambios tecnológicos en la empresa, no cabe exigir que tales cambios obedezcan a problemas o dificultades ya constatadas, ni tampoco acreditar nada acerca de la repercusión más o menos positiva de dichos cambios en la viabilidad o evolución de la empresa» (
Aunque las reglas normativas actuales no estaban pensando en el avance fulgurante de la innovación tecnológica-robótica con IA, más allá del sector industrial, la cuestión que se plantea ahora, a nuestro juicio más profunda, impide orientarse hacia una disyuntiva falaz entre la libertad de empresa (reconocida como derecho en la Constitución Española, art.38) y la competitividad empresarial, de un lado, y el derecho al trabajo y el mantenimiento del empleo, por otro; y que se pretenda justificar, sin mayores datos contrastados, que la robotización y automatización pueden destruir un notable volumen de empleo, de modo que conduzca a una reinterpretación de la causa técnica que la circunscriba a las empresas con dificultades. Se comparta o no esta visión sobre los efectos de la automatización en el mercado de trabajo, es conveniente que quien legisle adopte una valoración o decisión equilibrada y actualizada sobre esa causa técnica-robótica y que especifique, a nivel normativo, la razón técnica derivada de la robotización, articulando medidas que limiten el impacto del despido (necesidad de medidas preventivas, previas al cese, y medidas correctoras inmediatas, necesidad de recolocar al trabajador afectado).
En torno a las medidas preventivas, una de las cuestiones que se plantean al respecto es la definición de ajuste razonable en cuanto a la necesaria readaptación del puesto de trabajo del trabajador sustituido por robots con el consiguiente problema de si estos ajustes pueden considerarse una carga excesiva para el empresario. En nuestra opinión habría que valorar la razonabilidad o no del ajuste en relación con los incentivos fiscales y las subvenciones a la innovación que haya o deban ofrecerse a los empresarios.
Por otro lado, se hace mención en los documentos de la UE al lugar del trabajo, sin mencionar si se trata de un lugar físico y si es el lugar o centro de trabajo (en terminología jurídico-laboral). Este hecho exige plantear medidas orientadas hacia la cooperación-colaboración-interactuación entre trabajadores y robots. Inmediatamente surgen aquí impactos positivos y adversos.
Hablemos entonces de las implicaciones de la robótica en la seguridad en el trabajo y abordemos con urgencia los retos que el derecho, en particular el de prevención de riesgos laborales, debe afrontar en materia de seguridad y salud en el trabajo colaborativo entre humanos-robots. Se ha de intervenir en el marco de la prevención de los nuevos riesgos psicosociales como consecuencia de la presencia continua del robot alrededor de la persona, la carga mental originada por el miedo al contacto con el robot o el estrés causado por un número repetido de contactos entre el robot y la persona (en la fase de determinación, evaluación y planificación) atendiendo al principio de precaución o de cautela, mencionado en el art.191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Durante la primera etapa de transición, para asegurar una conversión responsable hacia un nuevo modelo de producción, han de valorarse seriamente las acciones públicas tendentes a procurar a los empresarios incentivos, incluso financieros, para el reciclaje y reubicación de trabajadores y adaptabilidad tecnológica.
Si analizada la formación en la fase inicial, o para el empleo, y en la posterior, formación y reciclaje o readaptación en el empleo, seguramente, la orientación más detallada se encuentra en la
Advierte de la importancia de la inversión empresarial en la formación formal e informal y en el aprendizaje permanente, a fin de apoyar una transición justa hacia la economía digital.
Destaca, en este contexto, que las empresas tienen la responsabilidad de garantizar un reciclaje profesional y una mejora de las capacidades adecuados a todos los empleados afectados, a fin de que aprendan a utilizar herramientas digitales y a trabajar con robots colaborativos y otras nuevas tecnologías, adaptándose así a las necesidades cambiantes del mercado laboral y conservando el empleo.
Se resume en aprendizaje permanente, reciclaje profesional y mejora de las capacidades. En esta resolución, el Parlamento Europeo pide expresamente a los Estados miembros que «inviertan en sistemas de educación, formación profesional y aprendizaje permanente de alta calidad, adaptables e inclusivos, así como en políticas de reciclaje profesional y de mejora de las capacidades para los trabajadores de sectores que puedan verse gravemente afectados por la inteligencia artificial; destaca la necesidad de dotar a la mano de obra actual y futura de las capacidades necesarias en lectura, escritura, cálculo y competencias digitales, así como de competencias en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) y de competencias interpersonales transversales, como el pensamiento crítico, la creatividad y el emprendimiento; subraya que, en este contexto, debe prestarse especial atención a la inclusión de los grupos desfavorecidos».
Hace tiempo que señalamos la necesidad de definir un marco legal y económico para facilitar el período de transición, tomando en cuenta los cambios en el aprendizaje de la población trabajadora para adaptarse a los nuevos trabajos y tareas. En un reciente trabajo mencionamos: «Como las previsiones relacionadas con los riesgos de desplazamiento de trabajadores en una empresa pueden variar con el paso del tiempo, debido a la velocidad del cambio tecnológico y a las mejoras de la robótica dotada de sistemas de inteligencia artificial, una empresa debe considerar la posibilidad de transferir a un tercero el riesgo probable de desplazamiento de trabajadores en el futuro» (
La falta temporal de competencias puede llevar a reforzar la inversión en formación durante la fase de transición, mientras el trabajador no puede trabajar.
Cuando la recapacitación no es factible por circunstancias especiales de vulnerabilidad, y es necesaria una red de seguridad.
Cuando la compatibilidad entre la formación y el trabajo es posible, por ejemplo, en la colaboración con robots interactivos, o
Como también se ha afirmado, ante los avances tecnológicos «la formación es un valor estratégico para favorecer la productividad, la competitividad y el empleo» (
Este estudio se ha realizado en el marco de los Proyectos INBOTS, CSA UE Proyecto 780073:
INBOTS, Proyecto Horizonte 2020, Unión Europea, No 780073. Puede consultarse en:
En función de la capacidad de su software, se ha avanzado tanto estos años que resulta complejo describir con exactitud las características distintivas de los robots desde un punto de vista técnico.
Este término ha sido acuñado por
Puede consultarse en
Puede consultarse en
Véase Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial). Véase
El Pilar Europeo de Derechos Sociales ha establecido veinte principios para fortalecer una Europa social, justa e inclusiva, acompañados de un Plan de Acción hasta 2030. Ver:
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Social y Económico Europeo y al Comité de las Regiones sobre Inteligencia Artificial para Europa. COM/2018/237 final/2. Disponible en:
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica (2018/2088(INI)). Disponible en:
Este informe está disponible en la página web del proyecto INBOTS:
Disponible en:
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica (2018/2088(INI)). Disponible en:
Véase también OCDE, Principios de la IA. En torno al que expresa como valores y equidad centrados en el ser humano, dice: «Los actores de la IA deben respetar el estado de derecho, los derechos humanos y los valores democráticos durante todo el ciclo de vida del sistema de IA. Estos incluyen libertad, dignidad y autonomía, privacidad y protección de datos, no discriminación e igualdad, diversidad, equidad, justicia social y derechos laborales reconocidos internacionalmente». Puede consultarse en
El acervo de la UE, que comprende la base común de derechos y obligaciones que vincula al conjunto de los países miembros de la UE, está en evolución constante. Engloba el contenido, los principios y los objetivos políticos de los Tratados; la legislación adoptada en aplicación de los Tratados y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE; declaraciones y resoluciones adoptadas en el marco de la UE; los actos en materia de política exterior y de seguridad común; los actos acordados en materia de justicia y asuntos de interior; los acuerdos internacionales celebrados por la UE y los celebrados por los países de la UE entre sí en el ámbito de las actividades de la UE.
Disponible en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial. Véase
Disponible en:
Disponible en:
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Puede consultarse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales: