El incremento de la desigualdad es un tema central de las ciencias sociales contemporáneas (Piketty, 2014; Atkinson, 2015). Al respecto, Sassen (1991) sostiene que la globalización de los flujos de capital y trabajo ha concentrado las funciones de mando en una serie de ciudades globales. La autora plantea que las ciudades globales han polarizado su estructura social dado que, por un lado, reúnen los empleos mejor remunerados, atrayendo a profesionales y directivos que, por el otro lado, demandan servicios personales que satisface una fuerza de trabajo precarizada y, con frecuencia, migrante (Tasan-Kok et al., 2014). Al mismo tiempo, el empleo industrial tradicional ha sido progresivamente deslocalizado, de forma que ha perdido peso en el espacio social occidental. Como resultado, los polos de la estructura sociolaboral aumentan su importancia a expensas del empleo industrial, tradicionalmente protegido por fuertes regulaciones laborales y una intensa actividad sindical. En oposición a esta aproximación, la tesis de la profesionalización señala que tal polarización no se observa en las ciudades europeas, sino que, por el contrario, la única categoría que ha aumentado su peso en la estructura sociolaboral de las ciudades contemporáneas son los profesionales. En cambio, el aumento de los servicios más precarizados es menor, cuando se produce, y en todo caso dependiente de factores como la regulación migratoria y las políticas a nivel nacional (Hamnett, 2021; van Ham et al., 2020). Aunque este argumento ha sido criticado por no incluir en su análisis a la creciente población desempleada (Burgers, 1996), ambas tesis coinciden en que la transición del capitalismo industrial al postindustrial ha dado lugar a crecientes niveles de desigualdad socioeconómica (Prattschke y Morlicchio, 2012).

La tesis de la polarización también sostiene que cuanto más social y económicamente polarizada está una ciudad, más altos son los niveles de segregación entre sus grupos sociales, ya que tanto aquellos con estatus superior como los de estatus inferior tienden a segregarse más que las categorías intermedias (Tammaru et al., 2016). En su estudio comparativo a nivel global, van Ham et al. (2021) han mostrado una convergencia internacional en el incremento conjunto de la desigualdad socioeconómica y la segregación residencial. No obstante, esta investigación observa una pauta general hacia la profesionalización (y no hacia la polarización) de las sociedades urbanas contemporáneas que es clave en la transformación de su geografía social: el aumento de estos grupos sociales propicia su expansión territorial hacia los centros urbanos y las zonas periféricas más atractivas de las ciudades, desplazando a las clases populares hacia los márgenes urbanos menos valorados. Este proceso ha sido categorizado como suburbanización de la pobreza (Hochstenbach y Musterd, 2018) y ha sido analizado en el caso español para las ciudades de Barcelona y Madrid (López Gay, Andújar Llosa y Salvati, 2020).

En suma, la tesis de la polarización sostiene que el grado de integración de una sociedad urbana en la economía mundial favorece su polarización social y, con ella, el aumento de la segregación residencial. Mientras que la tesis de la profesionalización afirma que el grupo sociolaboral que crece es el de los profesionales, propiciando procesos de gentrificación amplia que inducen un desplazamiento hacia las periferias de los grupos sociales más empobrecidos.

El incremento de la desigualdad socioeconómica tiende a producir un aumento equivalente de la segregación residencial en los contextos donde predomina el libre mercado de la vivienda y el suelo (Reardon y Bischoff, 2011). Esto es así porque la división social del espacio jerarquiza el precio de venta del suelo, adecuando su tipo de uso a su rango social. El precio del suelo impide usos subalternos en la jerarquía socio-espacial de la ciudad por medio de un tributo privado que garantiza la selección, en el caso de la vivienda, de un tipo de vecindario según su solvencia económica. Este proceso lo inician las clases dominantes al competir por las viviendas localizadas en los espacios más exclusivos y excluyentes, lo cual permite la generación de rentas de monopolio de clase extraídas por los propietarios de aquellos recursos urbanos (viviendas) que cuentan con unas características socio-espaciales únicas: fundamentalmente, su localización en la división social previa del espacio (Harvey, 1974). No obstante, la generación de este tipo de rentas no se limita a este tipo de hogares. Por el contrario, este proceso se extiende sucesivamente a través del resto de clases sociales, definiendo distintos submercados de la vivienda relacionados con diferentes necesidades sociales y segmentos de la demanda, de modo que la realización de las rentas de monopolio de clase incentiva la reproducción continua del proceso segregador (Jaramillo, 2009). Por tanto, una sociedad más desigual, o económicamente jerarquizada, ofrece las condiciones para un aumento de su división socio-espacial en comunidades homogéneas.

Sin embargo, la asociación entre desigualdad y segregación no es universal ni lineal, dado que depende de una serie de diferencias culturales, institucionales y geográficas que dan lugar a una inercia de largo plazo con la que lidian los factores estructurales en cada contexto urbano (Maloutas y Fujita, 2012; Bontje y Musterd, 2008). Por ejemplo, los valores de la intensidad de la segregación residencial en Europa han sido tradicionalmente menores que en las ciudades norteamericanas, dado el mayor peso del estado del bienestar y la herencia de su larga historia urbana, lo cual podría estar cambiando en un contexto de recortes en políticas sociales y privatización de parte de un stock de vivienda social cada vez más residual (Dewilde y Lancee, 2013). Al respecto, la regulación de la renta del suelo tiene un papel central en la mediación entre los factores estructurales y la segregación específica de cada sociedad urbana, como resultado de las restricciones al funcionamiento del mercado del suelo y la vivienda (Jager, 2003).

Desde esta perspectiva, el caso de las ciudades del sur de Europa muestra un contexto institucional muy relevante en la mediación entre desigualdad y segregación (Allen et al., 2004). Las causas se encuentran en el régimen de bienestar que caracteriza a estos entornos, fundamentalmente basado en el rol principal de las familias en la provisión de dicho bienestar, el cual legitima un gasto social sistemáticamente inferior a la media europea (Andreotti et al., 2001). En este escenario, los hogares pertenecientes a una misma familia muestran una preferencia por ocupar viviendas cercanas, como estrategia imprescindible para satisfacer sus necesidades de cuidado cotidiano, en ausencia de políticas familiares relevantes. Esta estrategia, particularmente importante entre las familias con menores recursos económicos, hace que los procesos de movilidad social ascendente en el seno de una familia den lugar a procesos de mezcla social. Una dinámica así ocurrió en muchas de las sociedades urbanas del sur de Europa después de las transiciones democráticas que las caracterizaron en el último cuarto del siglo XX, una de cuyas consecuencias fue la universalización de la educación y, con ella, la apertura de procesos de movilidad social ascendente en familias cuyos hogares permanecieron en los mismos barrios. Como consecuencia, el aumento de la desigualdad socioeconómica que se observó en tales sociedades no se acompañó de un aumento de la segregación residencial (Domínguez, Leal y Martínez, 2012; Petsimeris y Rimoldi, 2015; Maloutas 2016).

No obstante, la primera década del siglo XXI ha puesto fin a la paradoja en el caso de ciudades como Barcelona y Madrid, como resultado del impacto socio-espacial del ciclo de expansión inmobiliaria entre 1997 y 2008 (Sorando y Leal, 2019). Este ciclo alcista se desarrolló mediante una expansión urbana promovida por las administraciones públicas, por un lado, y por la intensa financiarización de las economías domésticas, por el otro, a través de la liberalización del mercado del suelo y del sector financiero, respectivamente. La combinación de ambos factores, junto con el tradicional abandono de la política de mezcla social, el despliegue de políticas fiscales regresivas de estímulo de la compra de vivienda y la liberalización del mercado del alquiler, dio lugar a un proceso de reordenamiento de los grupos sociales basado en el efecto riqueza producido por el crecimiento del precio de las viviendas en propiedad (López y Rodríguez, 2010; Fernández Ramírez y Roch Peña, 2012; Pittini et al., 2017). Este conjunto de factores constituyó la condición de posibilidad de un notable aumento en la movilidad residencial que articuló la segregación de los grupos sociales a través de un sistema de provisión residencial segmentado por el precio de las nuevas promociones (Bayona y Pujadas, 2014). Por tanto, el contexto español durante el período considerado estableció los requisitos para la transmisión de la desigualdad socioeconómica en una distribución espacial segregada de los grupos sociales (Dewilde y Lancee 2013; Reardon y Bischoff 2011).

Finalmente, estos efectos institucionales son mediados por una serie de factores del entorno que permiten distinguir a las ciudades en base a su estructura productiva, dado que las industriales propiciaron una residencia próxima de patrones y obreros en los núcleos fabriles, a diferencia de lo que ocurre en aquellas donde prima la economía de los servicios (Arbaci, 2019).

El aumento conjunto de la desigualdad y la segregación implica un descenso en la probabilidad de establecer contactos significativos entre grupos cada vez más desiguales y distantes en su experiencia cotidiana. Así, aunque los ejes que distancian a estos grupos no han cambiado (posición socioeconómica, origen étnico, ciclo del hogar), la porosidad de estos es cada vez menor (Marcuse y van Kempen, 2002). Como consecuencia, emerge un orden socio-espacial donde cada vez es más nítida la división entre espacios cosmopolitas que están conectados a la economía global y recogen sus beneficios, por un lado, y territorios empobrecidos donde lo local adquiere una fuerte dimensión identitaria, por el otro (Castells, 2003).

Donzelot y Jaillet (1997) señalaron las importantes implicaciones políticas y de reconocimiento entre grupos que conlleva un orden socio-espacial rígido: el declive de la ciudad dramatúrgica a favor de la emergencia de la ciudad topológica. La ciudad industrial formaba un entramado en el que sus diferentes habitantes y territorios producían la sociedad de manera conjunta, de modo que este modelo de ciudad componía un espacio unitario y continuo, a pesar de las novedosas pautas de segregación a las que dio lugar. En la ciudad dramatúrgica la economía vinculaba al centro urbano con su periferia, donde residía la fuerza de trabajo de la que dependía, mientras que una menor desigualdad favorecía procesos de movilidad social y espacial. En este escenario, los conflictos de un proceso social y urbano común se manifestaban en espacios compartidos: «todos los espacios de la ciudadanía implícitos en el modelo clásico presuponen el contacto físico de los implicados en cada una de las prácticas sociales que se corresponden a ellos» (Morán, 2007: 31). Dicho contacto constituía el drama de una sociedad urbana compleja y profunda.

En cambio, en la ciudad topológica que emerge con la globalización la geografía social se extiende y simplifica. Por un lado, las funciones económicas desarrolladas en los centros urbanos ya no dependen ni benefician necesariamente a su entorno más próximos, rompiendo la unidad de la sociedad urbana (Sassen, 1991). El resultado es la formación de espacios urbanos desconectados social y funcionalmente en un escenario de restricciones a la movilidad socio-espacial (particularmente tras la Gran Recesión), quebrándose la continuidad del espacio social urbano, el cual comprende posiciones sociales y espaciales desiguales y sin relación, en cuyo seno se desarrollan universos sociales cada vez más extraños entre sí (Kesteloot, 2005).

En el modelo de las ciudades anglosajonas, la polarización social y la segregación residencial pueden ser compatibles con la ciudad dramatúrgica, dado que las clases trabajadoras han tenido entre sus lugares de residencia los centros urbanos tradicionalmente abandonados por la burguesía industrial (Fishman, 1996) y que, en el presente, las nuevas clases medias aprecian como sus lugares de empleo, educación y ocio. En este escenario, la confrontación todavía se produce, no tanto en torno a la antigua cuestión social (en un contexto de creciente desempleo, individualismo y declive sindical) sino en torno a la posición socio-espacial que ocupan los residentes más empobrecidos (los centros urbanos en gentrificación). En cambio, en el modelo del resto de Europa, las clases populares han sido tradicionalmente relegadas en la periferia urbana, dado que su presencia en los centros urbanos ha sido mayoritaria tan solo en ciertos arrabales de las ciudades históricas, como resultado de la permanencia de las clases dominantes en los centros urbanos (Maloutas, 2012; Sorando y Ardura, 2018). En este contexto, se pierde dicha oportunidad de encuentro o confrontación. El resultado es una forma particularmente aguda de la ciudad topológica cuando las clases populares no se encuentran integradas en la economía urbana, dado que tanto su posición económica como su posición urbana son irrelevantes para el resto de los habitantes de la ciudad. En este proceso:

Así, la falta de confrontación entre intereses dificulta el conflicto, la negociación y el reconocimiento, pero no impide ni la violencia estructural ni episodios de agitación en los barrios más abandonados (Malmberg, Anderson y Östh, 2013). Estos estallidos ya no enfrentan intereses en un proceso común, sino que se limitan a localizar los malestares sociales en sociedades urbanas sordas.

El primer factor es la posición de cada una de las sociedades urbanas analizadas ³ en la economía mundial. Para medirla se ha empleado la clasificación que diferencia entre ciudades según su nivel de integración en la red mundial de ciudades, atendiendo a diferentes medidas de conectividad y actividad de servicios avanzados (Beaverstock, Smith y Taylor, 2015). Ligada a este factor, la polarización socioeconómica puede aumentar por el incremento del porcentaje que suponen las categorías polares de la estructura sociolaboral. Las categorías polares son: por arriba, las globales o directoras de la economía global (directivos y profesionales) y, por abajo, las precarizadas (resto de servicios, operarios elementales y desempleados) ⁴ . El alcance de la polarización se ha analizado mediante el cambio en la estructura sociolaboral de cada sociedad urbana. Para ello se han empleado los censos de 2001 y 2011 producidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) ha variado entre ambos censos, debido al reemplazo de la CNO-94 (empleada en 2001) por la CNO-11 (utilizada en 2011). Con el fin de hacer comparables ambas clasificaciones se ha empleado la tabla de conversión elaborada por el INE.

En relación con los factores institucionales y contextuales, ambos casos se diferencian tanto en las características del ciclo de expansión inmobiliaria como en su particular historia socio-urbana. En el primer caso, se ha empleado como indicador el número de visados de dirección de obra nueva por cada mil habitantes para la provincia donde se localiza cada una de las áreas metropolitanas. Mientras que, en el segundo caso, la estructura socioeconómica de cada sociedad urbana en 2001 refleja especializaciones económicas diversas.

Los efectos de estos factores han sido analizados mediante un análisis de la segregación residencial de los grupos socioeconómicos de cada una de las sociedades urbanas estudiadas. Para ello, se ha empleado el índice de segregación (IS), que señala la distancia de un grupo socioeconómico respecto del resto. Este índice toma valores entre 0 (segregación nula) y 1 (segregación total) ⁵ . En el caso de la segregación socioeconómica, valores por encima de 0,4 se consideran elevados (Tammaru et al., 2016). Este índice es solo uno más del conjunto de indicadores que miden las diferentes dimensiones de la segregación residencial (Massey y Denton, 1988). La razón por la que se ha escogido este índice es su capacidad para medir la intensidad de la segregación, objetivo principal de esta investigación, así como su uso en las investigaciones comparativas más relevantes sobre este fenómeno (Tammaru et al., 2016; van Ham et al., 2021).

Este análisis espacial requiere que las unidades territoriales en que se divide cada área metropolitana sean relativamente homogéneas. Su definición plantea desafíos particulares en el caso español debido al cambio de metodología entre censos. Si en 2001 el INE realizó un censo exhaustivo de toda la población, en 2011 el censo fue elaborado mediante una muestra. Como resultado, las unidades espaciales mínimas que podían emplearse en 2001 (las secciones censales) no pueden ser utilizadas en 2011 porque no reúnen muestra suficiente para todas las categorías de la CNO. En esta investigación se ha optado por la agregación de secciones censales en unidades espaciales comparables entre ambos años. El número de secciones censales incluidas en cada agrupación no es constante, puesto que el número de habitantes por cada sección presenta una importante heterogeneidad. No obstante, en todos los casos el tamaño de la agrupación población resultante (una media de 10.212 habitantes en 2001 y de 11.640 habitantes en 2011) es el menor que permite obtener información socioeconómica sin elevados errores muestrales. Además, la agregación de secciones se ha realizado de forma que cada agrupación esté contenida en el menor número posible de unidades administrativas.

En segundo lugar, se ha analizado la forma de la segregación residencial de las categorías precarizadas para conocer si las unidades espaciales donde se concentran siguen una pauta geográfica caracterizada por su ausencia relativa en los centros urbanos. Para ello se ha aplicado el cociente de localización al conjunto de dichas categorías en cada una de las agrupaciones territoriales elaboradas. El cociente de localización es un indicador que caracteriza la concentración de un grupo social en cada uno de los espacios que componen un territorio más amplio ⁶ . En este caso los espacios son las agrupaciones de secciones censales, el territorio más amplio es el área metropolitana donde se emplazan, y el grupo es, en cada caso, una u otra categoría de la CNO. Cuando el cociente es igual a uno, la presencia porcentual del grupo en la sección censal es igual a la que presenta en el conjunto del área metropolitana. Si este indicador es superior a uno, entonces está sobrerrepresentado, mientras que, si es inferior, entonces está infrarrepresentado. Dicha información se ha representado utilizando sistemas de información geográfica.

El proceso de globalización ha sido sobresaliente en el caso de Madrid desde su promoción como centro económico-financiero español (además de político) a partir de la privatización de los grandes bancos y empresas públicas españolas en los años noventa. Desde entonces, Madrid ha consolidado y ampliado la presencia de sedes corporativas en su territorio, constituyéndose como base de las multinacionales españolas que operan en América Latina (Observatorio Metropolitano, 2013). La internacionalización de la economía barcelonesa ha perdido peso en relación con la madrileña (véase la tabla 1) ⁷ , si bien ha desplegado su propia estrategia mediante la promoción de su importancia logística y su reconversión en una ciudad de turismo y servicios (Domínguez y López, 2015), así como en un espacio de atracción de la economía del conocimiento (Pareja Eastaway y Pradel, 2010).

En una posición inferior en la jerarquía de ciudades globales se encuentran, en diversos momentos del período estudiado, Sevilla y Valencia. Al respecto destaca la fuerte apuesta por la inserción global del caso valenciano, basándose en lógicas de gobernanza neoliberal semejantes a las aplicadas en Madrid (Romero, Brandis y Melo, 2015). En un escalón inferior, Bilbao no alcanza el rango de ciudad global durante los años analizados, mientras Sevilla lo hace al final del período, aunque en ambos casos se observa una autonomía relativa respecto de las ciudades globales, así como una apuesta decidida por incorporarse a sus estrategias (Prytherch y Huntoon, 2005; Guerrero et al., 2011). Zaragoza, a pesar de su voluntad globalizadora, no es considerada en la clasificación de GaWC (A_Zofra. Grupo de Estudios Metropolitanos de Zaragoza, 2013).

En Barcelona y Madrid la globalización favorece el crecimiento de dos figuras sociales (o categorías ocupacionales) dominantes: la nueva clase global, formada por quienes trabajan en los servicios especializados o categorías globales por arriba, y la fuerza de trabajo precarizada que satisface las necesidades de servicios personales de dicha clase global o categorías globales por abajo (Observatorio Metropolitano, 2014; Porcel y Antón, 2020). El poderoso avance de estas dos figuras coincide con el descenso del resto de categorías, especialmente a partir de 2008, cuando la destrucción de empleo se concentra entre las categorías intermedias e industriales cualificadas. En todos los casos, el incremento porcentual de las categorías ligadas a la tesis de la ciudad global (globales tanto por arriba como por abajo) es positivo, y superior al del crecimiento de la población activa, si bien el aumento de las categorías globales por arriba es más acusado en los casos de Barcelona y Madrid. Al mismo tiempo, el resto de las categorías ocupadas se mantiene en tasas de crecimiento negativas o muy leves. No obstante, en este escenario los casos de Zaragoza, y especialmente Bilbao, destacan por una participación menos intensa en esta dinámica (véase la tabla 2) ⁸ .

Las categorías ligadas al modelo de ciudad global (por arriba y por abajo) pertenecen mayoritariamente a las ocupaciones que definen las categorías polares de la estructura sociolaboral tal como han sido definidas en la metodología. En consecuencia, su incremento favorece la polarización social de todas las áreas metropolitanas analizadas, salvo el caso excepcional de Bilbao, donde las categorías intermedias no decrecen sino que aumentan (véase el gráfico 1).

Finalmente, la mayor industrialización de las economías de Barcelona, Bilbao, Valencia y Zaragoza explica su menor polarización social al comienzo de la década estudiada, si bien el proceso de desindustrialización es particularmente intenso en los casos de Barcelona, Sevilla y Valencia, pero no en el de Zaragoza (véase la tabla 3) ⁹ . En esta tabla se puede observar, al mismo tiempo, el generalizado proceso de profesionalización de las sociedades urbanas estudiadas (salvo en Bilbao, donde es leve, y en Zaragoza, inexistente), acorde con los argumentos de van Ham et al. (2021).

En un escenario de incremento de la desigualdad socioeconómica, los efectos de estos procesos han estado mediados por el desarrollo del ciclo de expansión inmobiliaria que caracterizó a la economía española a comienzos del siglo. A lo largo de esta fase se incrementó notablemente la movilidad residencial de los hogares (Bayona y Pujadas, 2014), acelerando la redistribución de su población a escala metropolitana. Durante este período, y en todos los casos, se registró un fuerte incremento de las viviendas iniciadas en las provincias donde se encuentran las áreas metropolitanas analizadas ¹⁰ . No obstante, se observan importantes diferencias en el alcance de este fenómeno en cada uno de los casos: muy intenso en Sevilla, Valencia y Zaragoza, mucho más leve en Vizcaya (véase el gráfico 2).

En conjunto se observa una acumulación de factores favorables al aumento de la segregación residencial en los casos de Barcelona (globalización y polarización), Madrid (globalización e intensa construcción), Sevilla (intensa construcción), Valencia (polarización e intensa construcción) y Zaragoza (intensa construcción). Por el contrario, en Bilbao se observan tendencias opuestas a las que caracterizan al resto de los casos estudiados.

Entre 2001 y 2011, la intensidad de la segregación residencial ha aumentado en la mayor parte de las categorías sociolaborales en todas las ciudades, salvo el caso de los profesionales (véase la tabla 4). En ambos años, las categorías que más se segregan son las categorías polares: las globales y las precarizadas, por este orden, de forma más aguda en Madrid y en Sevilla, y más atenuada en Bilbao y en Zaragoza.

En cuanto a la dinámica de cambio en la intensidad de la segregación residencial, la tabla 5 revela que los procesos no son homogéneos, sino que, por el contrario, el caso de Bilbao se opone al crecimiento generalizado del índice de segregación, particularmente notable en los casos de Barcelona y Madrid.

La tabla 6 muestra un resumen de la situación de las distintas áreas metropolitanas en cada uno de los factores que favorecen la segregación, así como la intensidad de esta y su aumento o descenso en el período considerado.

Finalmente, el distanciamiento entre categorías sociolaborales no se ha desplegado en el territorio metropolitano de forma aleatoria en ninguno de los casos analizados (véanse los mapas 1, 2, 3, 4, 5 y 6). Por el contrario, las unidades espaciales con sobrerrepresentación de categorías precarizadas tienden a estar contiguas entre sí y formar aglomerados. En concreto, las pautas de segregación observadas por el cociente de localización de las principales categorías ocupacionales precarizadas (resto de servicios, operarios elementales y desempleados) revelan la persistente ausencia de los hogares más empobrecidos de los centros urbanos, así como su concentración en ciertos sectores de las periferias. Esta pauta se repite en todas las áreas metropolitanas analizadas, confirmando la consolidación de una nueva cuestión urbana marcada por la suburbanización segmentada de las posiciones más débiles de la economía de estas sociedades urbanas.