El principio de asistencia impondría la obligación primaria de asistir a las personas pobres ³ en su lugar de residencia y la obligación secundaria de permitir su inmigración cuando lo anterior no sea posible. Dicha obligación recaería principalmente, aunque no solo, sobre los países ricos ⁴ , en cuanto que principales beneficiarios de un orden internacional que condena a muchos otros países al subdesarrollo. Sin embargo, los países ricos no tendrían la obligación, al menos desde el punto de vista de la justicia, de permitir la inmigración de aquellas personas cuyas necesidades se encuentren razonablemente cubiertas en sus países de origen o puedan ser satisfechas in situ sin necesidad de migrar. La exclusión estaría, por tanto, permitida siempre y cuando:

En lo que respecta al primer criterio, los Estados no deberían hacer un uso interesado de este principio con el único objetivo de maximizar sus beneficios, por ejemplo, promoviendo la inmigración de profesionales altamente cualificados y de las grandes fortunas en detrimento de las personas menos cualificadas y con menores recursos. Sin embargo, eso no significa que no puedan hacerlo. Tal política podría ser tildada de egoísta e incluso de inmoral, pero en ningún caso de injusta. Esto se debe a que la justicia no implica la ausencia de discriminación, sino la no discriminación por criterios irrelevantes o no relacionados con el derecho o beneficio en juego (Miller 2016, pp. 101-102). En este sentido, si un país necesita más profesionales de la ingeniería o de la enfermería o quiere atraer inversión extranjera, la utilización de criterios profesionales y de renta para la selección de inmigrantes no resulta en absoluto irrelevante. De hecho, la captación de capital humano y financiero es una práctica habitual por parte de la Administración en otros ámbitos de política pública, ya sea en la política sanitaria con la selección del personal médico más cualificado, en la política económica con un impuesto de sociedades más bajo para las grandes empresas o en la política fiscal con la desgravación por planes de pensiones privados ⁵ . Por lo tanto, no se entiende que la política migratoria deba ser una excepción.

Una crítica que cabría efectuar a este tipo de políticas es su carácter eminentemente regresivo, en el sentido de que benefician a las personas más ricas a costa de las más pobres. No obstante, todo depende de cómo se articule la política migratoria en cuestión. A modo de esbozo, la implementación de esta propuesta requeriría muy probablemente de la cooperación intergubernamental; por ejemplo, mediante la creación de alguna institución supranacional que tuviera entre sus atribuciones procurar el acceso de todas las personas a los medios básicos de subsistencia en su lugar de residencia ⁶ , actuando en caso de detectar algún déficit o de recibir alguna reclamación ⁷ . Atendiendo a las circunstancias de la persona solicitante, se trataría de dar una respuesta lo más ajustada posible a sus necesidades, pero esto no le daría en ningún caso derecho a escoger el país de residencia.

Esta propuesta tiene una ventaja respecto de la de fronteras abiertas. La inmigración requiere de un mínimo de recursos y ciertas aptitudes, algo que no todas las personas poseen. De ahí que, al final, quienes terminarían beneficiándose del derecho a la inmigración serían las personas en mejor situación, aquellas que disponen de los medios, contactos y habilidades necesarias para migrar (Pogge, 2010, p. 573; Miller 2014, p. 368). Por el contrario, las personas más desfavorecidas se verían atrapadas en sus países de origen, sin posibilidad de ejercer este derecho. Con el principio de asistencia, en cambio, todas las personas deberían tener sus necesidades básicas cubiertas allí donde viven. Incluso en situaciones de necesidad, emigrar suele ser la última opción, pues se trata de un proceso difícil y en ocasiones doloroso que implica dejar atrás la vida y todo lo que una persona ha construido a lo largo de ella. Por eso, si tuviesen una alternativa, muchas personas optarían por quedarse en su país de origen. En este sentido, el principio de asistencia respondería de manera más adecuada a los intereses y necesidades de personas que, de otra forma, se verían avocadas a emigrar.

El segundo criterio excluye la posibilidad de deportar a una persona que resida desde hace tiempo en el país (Carens, 2013; Song, 2016), así como la de denegar el derecho a la reagrupación familiar a un ciudadano o ciudadana o residente permanente (Lister, 2010). Sí sería posible, en cambio, impedir la entrada por motivos más idiosincráticos (como la afinidad cultural, las preferencias climáticas o las aspiraciones profesionales, entre otros) de aquellas personas cuyos derechos estuviesen debidamente protegidos en sus respectivos países ⁸ . También sería posible denegar la extensión del visado de turista, trabajo temporal o estudiante. En todos estos casos, el tiempo de residencia no es lo suficientemente largo como para generar un sentimiento fuerte de arraigo o para construir un proyecto de vida estable en ese lugar cuya frustración aseste un golpe irreparable a su autonomía ⁹ . Es más, estas personas eran plenamente conscientes y aceptaron voluntariamente las condiciones de su visado aún a sabiendas de que tenía fecha de caducidad. En este caso, la posibilidad de elección constituye una diferencia moralmente significativa (Hidalgo, 2019, p. 84). Por lo tanto, el Estado podría llegar a deportar a estas personas o a cualquier otra que fuera descubierta tratando de cruzar la frontera de manera irregular ¹⁰ . Sin embargo, es aquí cuando entra el segundo principio -el de contención-, del que hablaremos más adelante.

Otra de las críticas al derecho de exclusión apela al principio de igualdad moral de las personas. Para el cosmopolitismo igualitarista de la suerte, las contingencias del nacimiento no deberían lastrar las oportunidades vitales de una persona (Shachar, 2009). Todo ser humano, por el mero hecho de serlo, tiene derecho a los medios de vida que le permitan desarrollarse de manera autónoma. La igualdad moral de las personas yace a la base de la justicia global. Este presupuesto, que en principio nadie discute ¹¹ , tiene implicaciones radicales para la migración. Si la nacionalidad es un factor moralmente arbitrario, en el sentido de que nadie merece nacer donde ha nacido, entonces las personas deberían tener la posibilidad de migrar a otros países para compensar una mala suerte bruta. Alguien podría inferir de ahí que la justicia global requiere de fronteras abiertas (Velasco, 2016), en contra de lo que sostiene el principio de asistencia, a saber, que las obligaciones de justicia deben ser satisfechas in situ sin necesidad de abrir las fronteras.

Sin embargo, esta conclusión es precipitada al menos por dos motivos. El primero es que la justicia no es el resultado de la libre determinación (free will) de las personas, sino de la imposición de obligaciones y límites a la libertad individual. De hecho, como veíamos antes, la apertura de fronteras podría ser contraproducente en términos de justicia si, como consecuencia, una buena parte del personal sanitario migrase a otro país. El segundo es que, como sostiene Michael Blake (2001), la justicia puede demandar respuestas distintas en cada caso, sin que ello suponga una vulneración de la igualdad moral de las personas. En este sentido, el principio de asistencia trata de responder a las necesidades concretas de cada caso. Muchas veces, la migración es el síntoma de un problema mayor, llámese pobreza, desigualdad, guerra o persecución ¹² . Por eso mismo, siempre es preferible ir al (lugar de) origen del problema y, cuando eso no sea posible, permitir la migración como solución alternativa.

Christopher H. Wellman (Wellman y Cole, 2011, p. 123) va un paso más allá y propone que un país pueda cumplir con sus obligaciones hacia las personas que buscan asilo sin necesidad de acogerlas, ya sea habilitando un lugar seguro (safe haven) en el país de origen o delegando esta tarea en un tercer país. Este autor ha sido duramente criticado por las implicaciones presuntamente inmorales de su propuesta. Una de ellas es que los Estados ricos podrían pagar por mantener cerradas sus fronteras mediante la subcontratación de los servicios a otros Estados, en su mayoría pobres, para que acogiesen a estas personas en su lugar. Aunque esta práctica pueda parecernos contraintuitiva a primera vista, en realidad no difiere tanto de la decisión de un hijo o hija de pagar a otra persona para que cuide de su anciano padre o madre. En ambos casos, el agente moralmente responsable está cumpliendo con su deber de asistencia por medio de otro. Por tanto, aun cuando no hable muy bien del Estado que comercia con sus obligaciones de justicia, eso no quiere decir que su actuación sea necesariamente injusta. Esto se debe a que la justicia comprende un margen de discrecionalidad mayor que la moral. Dicho de otra forma, la moral es más exigente que la justicia.

Antes de pasar al siguiente principio, conviene hacer una aclaración. Hemos comenzado el artículo diciendo que los Estados no están obligados a abrir sus fronteras como remedio de justicia, pero de ahí no se sigue que abrir las fronteras como remedio de justicia esté permitido. Algunas personas consideran, con buen criterio, que la ayuda internacional es preferible a la migración, pero no descartan que esta pueda ser utilizada como sustituta de aquella (Miller, 2014, p. 368). Según estas, la apertura de fronteras es una forma más de satisfacer las obligaciones de justicia global ¹³ . En última instancia, dicen, compete a cada Estado la adopción de la fórmula que más le convenga. Con lo cual, si son sustitutivas, nada parece impedir que la inmigración pueda convertirse en moneda de cambio, una forma más de satisfacer las obligaciones de justicia. Sin embargo, esto contradiría el principio de asistencia, según el cual los Estados tienen la obligación primaria de asistir a las personas pobres en su lugar de residencia. Como sostiene Kieran Oberman (2011), la utilización de la inmigración como política contra la pobreza viola el derecho de las personas a quedarse en su país, en la medida en que no disponen de una alternativa razonable para satisfacer sus necesidades.

El principio de asistencia asumía que los Estados gozan de un amplio margen de discrecionalidad a la hora de controlar sus fronteras y diseñar las políticas migratorias. Junto con el derecho de exclusión, hasta ahora hemos dado por sentada la aquiescencia de los y las potenciales migrantes. Pero ¿qué ocurriría si estas personas no acatasen la decisión del Estado y persistiesen en su empeño por migrar? En este caso, la restricción de la inmigración debería ser el último recurso. Para empezar, no todos los fines legitiman el empleo de la coacción. Por ejemplo, la preocupación por la homogeneidad cultural y la protección del mercado laboral no son motivos suficientes para restringir la inmigración. Esto se debe a que los medios que se utilicen deben ser proporcionales a los fines que se persiguen, por lo que deberían explorarse alternativas menos restrictivas que produzcan los mismos resultados o similares antes de restringir la inmigración. Y de la misma forma que no todos los fines legitiman el empleo de la coacción, tampoco todos aquellos que lo legitiman dan lugar al mismo grado de coacción. Por ejemplo, el uso de la violencia puede estar justificado para impedir el acceso a un o a una terrorista, pero no para deportar a inmigrantes irregulares que no suponen ningún peligro.

Es importante delimitar con precisión las situaciones que podrían dar lugar a la restricción de la inmigración ¹⁴ para que no quede a la entera discreción del gobierno y de los funcionarios y funcionarias de turno, y evitar así que se produzcan abusos de autoridad. Con este fin, propongo tres condiciones que deberían concurrir en una misma situación para que las restricciones a la inmigración estuviesen justificadas. El riesgo de que se produzca la situación indeseada debe ser: (1) inminente, de manera que no exista ninguna otra alternativa menos drástica para evitarla; (2) directo, es decir, el nexo causal entre la inmigración y la situación de riesgo debería ser individualizable, y no el resultado de múltiples factores independientes; y (3) lo suficientemente grave como para justificar la limitación de otros derechos y libertades fundamentales como pueden ser la libertad de circulación interna, la libertad de asociación o el derecho de reunión.

Por ejemplo, si la llegada masiva de personas inmigrantes pusiese en riesgo el estado de bienestar, el país de destino podría, antes de restringir la inmigración, imponer un periodo de carencia durante el cual las personas recién llegadas no pudiesen acceder a prestaciones sociales (primera condición insatisfecha). Si, por el contrario, no estuviese claro que la inmigración fuera la causa principal del problema, sino que este se debe en buena medida a los incentivos perversos del sistema de prestaciones sociales o a la situación de pobreza en los países de origen, entonces se deberían atajar estos otros factores antes de prohibir la entrada de inmigrantes (segunda condición insatisfecha). Por último, si la amenaza fuese lo suficientemente grave y el colapso del sistema pareciese inminente, entonces estaría justificada la adopción de otras medidas igualmente drásticas, como imponer límites a la retirada de dinero en efectivo, aumentar la presión fiscal o recortar las prestaciones sociales. Pero rara vez suele ser este el caso, lo cual indica que la inmigración actúa más bien a modo de chivo expiatorio (tercera condición insatisfecha). Por lo tanto, no se cumpliría, al menos en esta situación, ninguna de las tres condiciones para restringir la inmigración. A medida que vamos delimitando el derecho de exclusión, vemos que no es tan categórico como se dibujaba al principio.

Una situación hipotética ¹⁵ en la que sí concurrirían estas tres condiciones sería la creación de asentamientos ilegales en territorio soberano de otro país por parte de una potencia extranjera, una suerte de neocolonialismo. Supongamos que la población colonizadora estuviese instaurando formas paralelas de organización política y no reconociese la autoridad del gobierno legítimo, de manera que tanto el orden constitucional como la integridad territorial del país de destino estuviese en peligro (primera condición satisfecha). Supongamos, además, que estas personas proviniesen en su mayoría del mismo país, una potencia extranjera con ansias expansionistas que estuviese utilizando a su población para invadir otros territorios. En este caso, el vínculo entre la inmigración y la invasión sería más que evidente (segunda condición satisfecha). Por último, supongamos que la gravedad de la situación fuese tal que habilitase al gobierno nacional no solo a prohibir la llegada de nuevos colonos, sino también a expulsar a quienes estuviesen residiendo ya allí y a disolver esos asentamientos por la fuerza, es decir, a violar otros derechos y libertades fundamentales (tercera condición satisfecha). En esta situación sí sería posible restringir la inmigración -aunque, como veremos más adelante, dicha restricción habría de ser parcial y temporal, en ningún caso total e indefinida.

En este punto, debemos considerar una objeción importante. Hemos comenzado el artículo asumiendo el derecho prima facie de los Estados a controlar sus fronteras, pero ahora afirmamos que estos tienen la obligación inexcusable de garantizar la libertad de circulación salvo en circunstancias excepcionales. Parecería, por tanto, que hemos pasado de un extremo a otro, a saber, de proclamar la primacía del derecho de exclusión a adoptar la libertad de circulación como principio rector de la política migratoria. Una posible respuesta a esta objeción sería insistir en que las dos estrategias no son contradictorias entre sí, ya que ambas llegan, aunque por distintas vías, a la misma conclusión: la libertad de movimiento debe ponderarse con los demás intereses en juego, de tal forma que el grado de apertura de las fronteras dependerá en última instancia de la importancia que se le atribuya a cada uno de ellos (Hidalgo, 2016, p. 144). Otra posible respuesta sería que, aunque la justicia no exija la apertura de fronteras, existen buenas razones morales para ello, sobre todo cuando el perjuicio para los y las potenciales inmigrantes sea mucho mayor que el coste para la sociedad receptora. Allí donde no aplica la justicia, Blake (2020) insta a la misericordia. Traído al caso que nos ocupa, la asistencia obedecería a razones de justicia, mientras que la restitución sería más bien una cuestión de misericordia. Joseph Carens (2013, p. 11), por su parte, justifica esta estrategia no solo por mero pragmatismo, en la medida en que el derecho de exclusión es la «posición convencional» respecto a la inmigración, sino como un ejercicio de deliberación democrática en el que adoptamos presuposiciones que no compartimos con el objetivo de llegar a un acuerdo con las demás personas.

Mi respuesta es mucho más sencilla. Reconozco que existe tal contradicción, pero creo que es necesaria. Es más, estoy convencido de que es así como mejor se respeta la agencia de las personas migrantes. Como decíamos al principio, la migración es un proceso difícil que supone romper de forma abrupta los lazos que se han construido en un lugar con sus gentes. Para muchas personas migrar es la última opción, y preferirían quedarse en su país si pudiesen. El principio de asistencia responde a esta realidad, al atender las necesidades de las personas en su país de origen. Sin embargo, es evidente que aun así seguiría habiendo personas que optasen por migrar, personas para quienes la migración no es una salida desesperada a sus problemas, sino una forma legítima de llevar a cabo sus planes de vida. En este caso, el principio de contención, con su énfasis en la libertad de movimiento, respeta la autonomía de las personas en la toma de decisiones. En definitiva, si el grado de coacción debe ser proporcional al fin que se persigue y existen formas menos lesivas de conseguirlo, entonces los gobiernos no deberían excluir a las personas migrantes.

La contención en la aplicación de los controles migratorios es una condición necesaria pero no suficiente para el respeto de la justicia en la política migratoria. El Estado tendría, de acuerdo con el principio de restitución, la obligación adicional de restaurar el tráfico lo antes posible, habilitando mientras tanto cauces alternativos que garantizasen la libertad de circulación; y, en su defecto, compensando a los y las potenciales inmigrantes cuyos intereses legítimos pudieran verse afectados por el cierre de fronteras (por ejemplo, mediante la computación del tiempo transcurrido de cara a la obtención de la residencia permanente ¹⁶ o la regularización de su situación administrativa ¹⁷ ).

Si el gobierno quiere cumplir con este principio, debería procurar vías de tránsito alternativas. Y cuando esto no sea posible y se vea abocado a suspender la libertad de circulación, debería tratar de restablecerla a la mayor brevedad posible, además de resarcir a aquellas personas que hubiesen sido injustamente excluidas. En el ejemplo del estado de bienestar, ¿qué otras vías se podrían habilitar? Por vía no me refiero a construir caminos transitables o permitir otras modalidades de acceso (ya sea por avión, por barco o por tierra), sino a soluciones que respeten el principio de libertad de movimiento en la medida de lo posible. En este caso, si las arcas públicas corriesen el riesgo de agotarse, en lugar de impedir la entrada de inmigrantes, el gobierno podría, en línea con lo que comentábamos antes, proponerles el siguiente acuerdo: «podéis entrar, siempre y cuando renunciéis a las prestaciones sociales, y podréis quedaros aquí mientras seáis autosuficientes» (Kukathas, 2014, p. 382). Algunos autores y autoras se han mostrado muy críticos con esta propuesta, ya sea porque se trata de una restricción encubierta o porque viola el principio de igualdad ante la ley (Miller, 2016). Estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que es mejor eso que prohibir directamente la entrada de inmigrantes sin ofrecerles ninguna alternativa (Huemer, 2010, pp. 443-444).

Si el riesgo de que se produjese la situación indeseada fuese inminente, directo y grave, de manera que al Estado no le quedase otra opción más que restringir la inmigración, dicha restricción debería ser parcial y temporal: parcial porque deberían procurarse vías de tránsito alternativas que permitiesen a las demás personas seguir circulando con normalidad; y temporal porque no debería durar más de lo estrictamente necesario, restaurando la circulación tan pronto como fuera posible. En otras palabras, esto no puede servir de excusa para suspender el derecho a la libertad de circulación de manera generalizada y por tiempo indefinido. En el ejemplo del neocolonialismo, esto implicaría que, si se prohibiese la entrada de personas colonizadoras, esta prohibición no debería extenderse a personas de otros países, ni siquiera a aquellas procedentes del país invasor que migrasen por motivos genuinos ¹⁸ . En conclusión, el Estado debe ofrecer garantías reales de que la limitación de la libertad de movimiento no se va a convertir en un pretexto para derogar de facto este derecho.

Pasemos ahora a despejar algunas de las incógnitas que pueden surgir de la puesta en práctica de esta propuesta. ¿Qué pasaría con aquellas personas que desean migrar a otro país por razones que antes hemos denominado idiosincráticas, pero se les deniega el visado precisamente por este motivo? Si, a pesar de ello, persistiesen en el intento de migrar, las autoridades deberían tomar esa determinación como prueba fehaciente de la intensidad de sus intereses y abstenerse de utilizar la coacción directa para impedir su acceso y permanencia en el país. Esto prohibiría la utilización de la violencia física contra las personas inmigrantes, pero no la imposición de ciertas trabas burocráticas y legales. En este sentido, el Estado podría, durante cierto tiempo, excluir a las personas en situación irregular de ciertas prestaciones sociales y servicios públicos no esenciales, siempre y cuando sus derechos estuviesen adecuadamente protegidos por sus respectivos países o sus necesidades pudiesen ser satisfechas in situ sin necesidad de migrar.

Otra de las afirmaciones que se han hecho era que el Estado podría llegar a deportar a personas inmigrantes sin la debida autorización de residencia. Sin embargo, esta prerrogativa debería disminuir con el paso del tiempo, a medida que estas personas van forjando vínculos sociales y afectivos con otras personas, construyendo proyectos de vida en común y haciendo planes de futuro compartidos cuyo desarrollo y consecución dependen en buena medida de la residencia continuada en ese lugar. Todo esto favorecería a su vez la generación de expectativas recíprocas y relaciones de dependencia mutua, por lo que el interés de estas personas en quedarse, así como el interés del resto en que se quedasen, sería cada vez más fuerte. Llegado un punto ¹⁹ , las personas en situación irregular deberían adquirir plenos derechos de ciudadanía, de tal forma que no pudieran ser deportadas. En resumen, la presente propuesta prohíbe el uso de la violencia física por parte del Estado para excluir a las personas migrantes, así como su exclusión permanente de la ciudadanía.