Este artículo tiene como objetivo aclarar la relación que existe entre la biopolítica, la geopolítica y el «paradigma securitario»1 definido por la Escuela de Copenhague de Relaciones Internacionales2. Para ello se toma la pandemia de coronavirus (COVID-19) como estudio de caso debido a que no ha sido abordada desde la perspectiva de la intersección de las tres dimensiones antes mencionadas.

Las investigaciones que exploran la interrelación entre seguridad y espacio3 son abundantes en la disciplina de las Relaciones Internacionales. Este enfoque es evidente no solo en las perspectivas tradicionales de seguridad, como el paradigma realista (Wohlforth, 2017; Quinn, 2018), sino también en los estudios críticos de seguridad, que incluyen la Escuela de Copenhague, la Escuela de París y enfoques postestructuralistas influenciados por el pensamiento de Michel Foucault (Buzan y Wæver, 2003; Bigo, 2002, 2008; Grondin, 2011; Delkáder-Palacios, 2020; Crampton y Elden, 2007; Foucault, 2018a). Igualmente son destacables las investigaciones que desde la geopolítica feminista han señalado las implicaciones espaciales de la biopolítica y de la seguridad, así como las relaciones entre el género y el espacio (Naylor, 2022; Schenk et al., 2022; Stătică, 2021; Longhurst y Melville, 2020; Vaughan-Williams, 2015; Schindel, 2018; Dalby, 1994). De un modo más amplio, y sin abandonar una perspectiva geopolítica, se encuentra el debate entre las aproximaciones geodeterministas que explican las acciones de los Estados en el ámbito de la seguridad a partir de fenómenos ambientales (Kaplan, 2000, 2002; Kagan, 2008, 2018), y los enfoques de la geopolítica crítica que cuestionan este tipo de discursos (Agnew, 2003; Bosoer y Turzi, 2020). Sin embargo, los análisis de estas escuelas de pensamiento no abordan las interrelaciones entre biopolítica, espacio y paradigma securitario de forma conjunta. Tampoco lo hacen los estudios de la geopolítica feminista, que abordan la seguridad a partir de su relación con la biopolítica y el espacio, pero no incorporan los elementos de análisis propios de los estudios críticos de seguridad de la Escuela de Copenhague o de la Escuela de París, y dejan de lado la dimensión securitizadora. Por todo esto, la principal aportación que pretende realizar la presente investigación consiste en reflejar los efectos que los procesos de «securitización»4 de la salud tienen sobre la organización del espacio, para lo que plantea, por un lado, que este tipo de fenómenos son una forma específica de biopolítica y, por otro lado, que la biopolítica constituye una práctica geopolítica.

Los debates antes expuestos tienen en gran medida su reflejo en los análisis de la pandemia realizados desde dichos marcos teóricos. Por ejemplo, abundan los estudios que plantean un enfoque securitario de la pandemia (Hai, 2022; Dela Cruz et al., 2022; Kaunert, Leonard y Wertman, 2022; Kirk y McDonald, 2021; Tifany, 2020; Chairil, 2020; Ganjanakhundee, 2020; Pfrimer y Barbosa, 2020), pero no abordan su dimensión específicamente biopolítica, mientras que el carácter espacial de este fenómeno suele ocupar un lugar secundario en sus análisis cuando es tenido en cuenta. Desde distintas perspectivas geopolíticas sí se han desarrollado análisis que han reflejado la relación entre la seguridad y la organización del espacio en el marco de la pandemia (Iranzo, 2020; Milani, 2020; Oslender, 2020; Lois, 2020; Ferhani y Rushton, 2020), pero que no han integrado la dimensión biopolítica en sus investigaciones. Mientras que los estudios que parten de un enfoque biopolítico asentado en las contribuciones de Foucault tienden a desarrollar sus análisis a partir del concepto de «gubernamentalidad»,5 en la mayoría de los casos dejan de lado la dimensión espacial de la pandemia (Ristić y Marinković, 2022; Lorenzini, 2021; Højme, 2022; Schubert, 2021; Arminjon y Marion-Veyron, 2021; Randolph, 2021) y su faceta securitizadora. Todo esto justifica un abordaje de la pandemia que tenga en cuenta las tres dimensiones antes mencionadas.

Así, para la consecución de los objetivos anteriores el artículo adopta un planteamiento transdisciplinar en la medida en que las fronteras entre las ciencias sociales no son fijas ni inmutables, pues todas ellas se entrecruzan y se interpretan entre sí (Reynaud, 1982, p. 21; Foucault, 1968, p. 347). Esto lleva a combinar elementos de análisis procedentes de ámbitos de conocimiento tan diferentes como las relaciones internacionales, la filosofía, la ciencia política y la geopolítica.

El marco teórico escogido es el de la Escuela de Copenhague y sus contribuciones a los estudios críticos de seguridad. Los antecedentes de esta escuela pueden rastrearse hasta principios de la década de 1980 con el trabajo seminal de Barry Buzan (1983). El paradigma securitario que perfilan los autores de esta corriente de pensamiento constituye la base teórica sobre la que se asienta el análisis del proceso de securitización de la salud y su relación con la biopolítica en este artículo. De este modo, se aborda la biopolítica en términos securitarios, lo que permite redefinir la securitización de la salud como una forma específica de biopolítica. También se han examinado las implicaciones de la biopolítica de la securitización de la salud en la organización del espacio, lo que ha requerido la revisión del concepto de biopolítica para esclarecer su relación con la geopolítica, además de especificar el modo en el que esta última se entiende en esta investigación.

La pregunta que orienta este artículo es ¿qué efectos ha tenido la securitización del COVID-19 en la organización del espacio? La respuesta a esta pregunta se ha construido a través del desarrollo de un marco de análisis exploratorio que permite relacionar a nivel conceptual la securitización de la salud con la biopolítica y la geopolítica. Así, la hipótesis planteada es que la securitización de la salud es una forma específica de biopolítica que en el contexto de la pandemia ha conllevado una organización del espacio que ha maximizado el control de las autoridades sobre la población a través de la restricción o suspensión de los derechos de libre circulación y de reunión.

La metodología utilizada para contrastar la hipótesis planteada se basa fundamentalmente en el estudio de las restricciones espaciales derivadas de las políticas públicas de gestión de la pandemia en las democracias liberales de América, Europa, Asia y Oceanía durante los años 2020 y 20216. La razón que justifica este procedimiento radica en la similitud de las medidas que estos países adoptaron y el tipo de sistema político en el que fueron implementadas. Se trata de una aproximación general que no pretende centrar la atención en la política de gestión de la pandemia de ningún país en particular, sino que persigue identificar los efectos comunes que sus respectivas políticas tuvieron en la ordenación del espacio, tanto del espacio internacional como del espacio interno de los Estados. Entre las primeras están las restricciones que se impusieron al acceso al territorio de cada país y al tránsito de personas. Entre las medidas que afectaron al espacio interno se han considerado las restricciones al acceso y uso del espacio público, al tránsito de personas, al derecho de reunión y a las interacciones sociales. Para ello, se ha recurrido a noticias de prensa y a documentos oficiales que reflejan el uso de este tipo de medidas para afrontar la pandemia, así como al análisis de los discursos que justificaron su desarrollo y aplicación. De esta forma, se ha tratado de aclarar el modo en el que estas restricciones afectaron a los derechos y libertades de las personas y cómo repercutieron en el aumento del control de la población por las autoridades. Asimismo, se ha estudiado la relación entre la securitización de la salud y la biopolítica, analizando la genealogía de esta última y del escenario político que generó el proceso de securitización.

La estructura del artículo es la siguiente. En primer lugar se expone el marco teórico en el que se basa la investigación, es decir, el sistema conceptual del paradigma securitario de la Escuela de Copenhague. En este apartado se relaciona además dicho marco teórico con la pandemia, lo que permite constatar su securitización. A continuación, se examina el concepto de biopolítica, su origen y base filosófica, y se pone en relación con la teoría de la securitización. También se aclara la naturaleza biopolítica de la securitización de la salud, lo cual se relaciona con la pandemia de coronavirus. Después de esto se explica el modo en el que se entiende la geopolítica y de qué forma la biopolítica puede conceptualizarse como una práctica geopolítica. A esto se suma la especificación de las escalas geográficas que se utilizan en el análisis espacial de la pandemia. Finalmente, se presentan los resultados de la investigación, para lo que se abordan los efectos de la securitización del coronavirus en la organización del espacio a través de las medidas adoptadas por los diferentes Estados que componen la muestra.

El estudio de la seguridad internacional ha sido abordado desde diferentes enfoques teóricos (Gheciu y Wohlforth, 2018). Entre estos enfoques destacan las aproximaciones constructivistas en las que se ubica la contribución de los autores de la Escuela de Copenhague con la teoría de la securitización (Buzan, Wæver y Wilde, 1998; Wæver, 1995; McSweeney, 1996). A continuación se expone el sistema conceptual que articula a esta teoría y los diferentes niveles de análisis que emplea para estudiar los procesos de securitización, lo que permite aclarar el carácter securitario que adoptó la pandemia de COVID-19 y, por tanto, la idoneidad de este enfoque teórico.

La Escuela de Copenhague se caracteriza por haber ampliado la agenda de estudios de seguridad más allá de las cuestiones militares. Su concepto de seguridad abarca temas variados en áreas diferentes como la social, la económica o la medioambiental, entre otras. Así, en el ámbito medioambiental se incluyen los problemas demográficos entre los que están las epidemias y las malas condiciones de salud de la población (Buzan, Wæver y Wilde, 1998, p. 75; Sjostedt, 2011). Por tanto, una enfermedad es susceptible de ser securitizada para ser gestionada a través de unos cauces distintos de la política ordinaria, tal y como ocurrió con la pandemia de coronavirus.

Según los autores de la Escuela de Copenhague, la seguridad es algo que tiene que ver con la supervivencia, lo que constituye una deuda intelectual con el paradigma realista. Por tanto, una determinada cuestión se convierte en un asunto de seguridad cuando es representada como una amenaza existencial para un objeto de referencia (Estado, sociedad, territorio, etc.), lo que exige medidas excepcionales para su gestión. Cuando se invoca la seguridad se legitima el uso de la fuerza, lo que suele estar acompañado de medidas que implican que el Estado asuma poderes especiales, y que recurra a cualquier medio necesario para poner fin a la amenaza (Enermark, 2009, pp. 199-205; Nunes, 2014, pp. 64-66; Hills, 2016; Benton, 2017, pp. 39-44). Desde esta perspectiva la seguridad es un acto discursivo mediante el que un representante del Estado declara una situación de emergencia y reclama así el uso de los medios precisos para impedir su agravamiento (Wæver, 1995, p. 55; Huysmans, 1998; Dillon, 1996, p. 47). Este acto discursivo tiene, por tanto, un carácter performativo por el cual una declaración pública no se limita a describir un hecho sino que también lo realiza (Austin, 2004).

La securitización de un determinado asunto conlleva la adopción de medidas de emergencia que van más allá de las normas establecidas pues, como ya se ha señalado, la presencia de un peligro existencial justifica y legitima acciones fuera de los procedimientos ordinarios de la política (Schmitt, 2009; Agamben, 2004; Kirk y McDonald, 2021). La securitización es, entonces, un movimiento que representa una cuestión como algo que está por encima de la política o como un tipo especial de política debido a que se trata de una amenaza existencial (Buzan, Wæver y Wilde, 1998, p. 23). No importa que esta amenaza existencial sea real o no, sino que una cuestión concreta sea presentada en estos términos, pues la seguridad es una práctica auto-referencial. Por este motivo, el concepto de seguridad depende del modo en el que implícitamente se utiliza, y este puede dilucidarse a través del análisis discursivo (Wæver, 1995). Los actos discursivos son los que convierten una situación en una cuestión de seguridad al representarla de esta manera. La estructura retórica del discurso es el rasgo distintivo del proceso de securitización, y conlleva la dramatización de un asunto que es presentado como una prioridad absoluta pues pone en peligro la supervivencia del objeto de referencia. De esta forma la supervivencia es equiparada con la seguridad.

Sin embargo, la securitización únicamente se materializa cuando la audiencia acepta que algo es una amenaza existencial, lo que en última instancia es el resultado de la acción discursiva del actor securitizador al inducir o aumentar la adhesión del público a la tesis que le es presentada (Williams, 2003; Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1969, p. 4; Buzan, Wæver y Wilde, 1998, p. 25; Wæver, 2011, p. 469). Este discurso se caracteriza por utilizar diferentes artefactos heurísticos como analogías, metáforas, metonimias y estereotipos para persuadir al público (Balzacq, 2005; Klüfers, 2014). Además, al efecto que genera el discurso securitizador cabe sumar las condiciones en las que este se desarrolla, es decir, el contexto específico. En cualquier caso, la acción discursiva de la securitización entraña la construcción de una comprensión compartida de cómo debe ser considerada aquella cuestión que es representada como una amenaza existencial y el modo en el que debe ser abordada. Esto tiene relación, a su vez, con las condiciones en las que el contenido y el significado social de la seguridad producen amenazas existenciales, al ser el marco de referencia por medio del que se interpretan determinados acontecimientos como un asunto de seguridad (Balzacq, 2010, p. 64).

La securitización de un determinado asunto es fruto de una decisión política. A diferencia de lo que pudiera pensarse, nadie ostenta de forma concluyente, excluyente y determinante el poder para securitizar una cuestión. Por el contrario, la seguridad es un ámbito en el que participan diferentes actores que ocupan posiciones de poder al ser reconocidos como figuras aceptadas y autorizadas para definir la seguridad (Bigo, 1994; Buzan, Wæver y Wilde, 1998, p. 31). Sin embargo, son las autoridades políticas las que finalmente hacen efectiva la securitización mediante la implementación de una política securitaria en relación con un asunto determinado.

En el caso de la pandemia de coronavirus, se desarrolló una narrativa que presentó esta enfermedad como una amenaza existencial para el conjunto de la sociedad. El discurso público se caracterizó por presentar el desafío del virus como una guerra (Haddad, 2020; Tisdall, 2020; Serhan, 2020; Musu, 2020; Pfrimer y Barbosa, 2020; Caso, 2020; Heffernan, 2020; Wilkinson, 2020; Vidal Pérez, 2023), lo que contribuyó a crear una situación de urgencia que justificó la adopción de medidas excepcionales. De este modo, el discurso adoptado por la mayoría de las autoridades de los Estados analizados sirvió para establecer una comprensión compartida de la amenaza que representaba el virus, lo que facilitó la securitización de la salud de la población con su aceptación de esta narrativa y de las medidas excepcionales que se plantearon (Baele y Rousseau, 2022; Yang, 2022).

La teoría de la securitización parte de la premisa de que existen interdependencias entre países en el ámbito de la seguridad, lo que se concreta en la existencia de complejos de seguridad, es decir, de un conjunto de Estados cuyas principales preocupaciones y percepciones de la seguridad están tan interconectadas que sus problemas de seguridad nacional no pueden ser razonablemente analizados o resueltos de forma separada (Buzan, Wæver y Wilde, 1998, p. 12). Estas interdependencias de seguridad se desarrollan a diferentes escalas geográficas que constituyen distintos niveles de análisis. Por un lado está la escala nacional o seguridad doméstica en la que se ubica la seguridad interna de los Estados. Por otro lado está la escala regional donde se ubican los complejos de seguridad, los cuales se caracterizan por la existencia de un patrón territorial diferenciador de la interdependencia de la seguridad de un conjunto de Estados. Las relaciones entre diferentes complejos de seguridad constituyen una escala transregional. Finalmente se encuentra la escala global del sistema internacional en la que se desarrollan las interdependencias de seguridad entre las grandes potencias, es decir, aquellos Estados que ocupan una posición preeminente en la ordenación común del espacio mundial y que se reconocen entre sí como grandes potencias (Buzan, Wæver y Wilde, 1998, p. 14; Buzan y Wæver, 2003; Schmitt, 1979, pp. 228-229).

Así, la dinámica de seguridad puede ser local, regional, transregional o global, dependiendo del lugar en el que se ubiquen las condiciones que facilitan la securitización, es decir, el lugar en el que se encuentran las relaciones de causa-efecto de las cuestiones en torno a las que tiene lugar la securitización. En ocasiones las causas y los efectos de la securitización se dan en el mismo nivel, pero en otros casos se da una mezcla de niveles con causas locales y efectos globales, o viceversa, causas globales y efectos locales. Así, para determinar el nivel en el que se ubica un determinado proceso de securitización es necesario examinar para quién la seguridad se convierte en un factor a tener en cuenta en relación con quién. Como consecuencia de esto se forman constelaciones políticas de seguridad en torno a determinados asuntos, de modo que el tamaño político de esta constelación es decisivo para conocer el nivel en el que se ubica (Buzan, Wæver y Wilde, 1998, pp. 17-18).

En el caso del coronavirus cabe señalar que su origen fue local en tanto que su epicentro se ubicó en territorio chino. Sin embargo, este fenómeno adquirió una repercusión internacional a partir del momento en el que las autoridades chinas decidieron compartir información con la OMS, al mismo tiempo que se detectó la propagación de la enfermedad en otros países. En la medida en que China securitizó esta enfermedad al representarla como una amenaza existencial para su sociedad, unido a la importancia que este país tiene en el sistema internacional, los restantes países también adoptaron un enfoque securitizador al mismo tiempo que la OMS legitimó este tipo de política y consideró la enfermedad una pandemia mundial en marzo de 2020. Este proceso refleja que los Estados reconocen la existencia de interdependencias en el ámbito de la seguridad, lo que contribuyó a que la mayoría adoptasen un enfoque securitario en el abordaje de la enfermedad.

Este apartado tiene como finalidad establecer los antecedentes del concepto biopolítica para, a continuación, aclarar el modo en el que es conceptualizada en este artículo. Esto sirve para esclarecer la relación entre la biopolítica y la seguridad, así como para dilucidar en qué medida la securitización de la salud constituye una forma específica de biopolítica en el marco de la pandemia de coronavirus.

El concepto de biopolítica tiene su origen en la obra de Rudolf Kjellén, quien acuñó este término en 1905. El significado que le asignó refleja su visión organicista del Estado al considerarlo una forma de vida supraindividual con entidad propia más allá de los individuos que lo integran, y en el seno del cual se desarrollan luchas entre diferentes grupos sociales por intereses e ideas (Kjellén, 1905; Lemke, 2017, p. 22; Marklund, 2021). En este contexto, se ubicaba la biopolítica de Kjellén que resumía el modo en el que entendía la política. Sin embargo, la concepción de Kjellén de la biopolítica no se circunscribe a una forma de vitalismo y organicismo, sino que también incluye la intervención del Estado en el ámbito demográfico, lo que aproxima su punto de vista al de otros autores más recientes que desarrollaron este concepto (Gunneflo, 2015).

Si bien la reintroducción de la biopolítica en la ciencia política en la década de 1960 respondió inicialmente a un enfoque naturalista en la explicación del comportamiento político (Blank y Hines, 2001), el despegue de este concepto se produjo en el marco de la filosofía postestructuralista y postmoderna francesa a través de la obra de Michel Foucault. Así, Foucault distinguía entre la disciplina ejercida sobre los cuerpos de los individuos, a la que denominó «anatomopolítica», y la «biopolítica» entendida como control ejercido sobre la población a través de la regularización de sus procesos biológicos (Foucault, 2008). Esta última sería el resultado de la estatización de lo biológico como parte de un proceso dirigido a controlar a la población y, más específicamente, a administrar los procesos propios de la vida como el nacimiento, la muerte, la producción, la enfermedad, etc. (Foucault, 2000, p. 220).

Para Foucault, la aparición de la biopolítica supuso, a su vez, la aparición de la medicina como higiene pública a finales del s. XVIII; la medicina fue así parte de las tecnologías de control y regularización de la vida de la población (Foucault, 1999). Esto supuso un cambio de paradigma debido a que, hasta entonces, había prevalecido el enfoque en el que el poder soberano ejerce su derecho sobre la vida a través de su derecho a matar, lo que se inscribía en el marco de una sociedad en la que predominaba el poder como mecanismo de sustracción y que hacía de la muerte su centro en la forma de castigo o en el ejercicio de la prerrogativa de declarar la guerra (Foucault, 2008, p. 128); sin embargo, a partir de entonces, el poder comenzó a ejercerse positivamente sobre la vida para, por ejemplo, administrarla, regularla, multiplicarla o aumentarla (Hernández Martínez, 2012). De esta forma, la seguridad de la vida se convirtió en el fin de la biopolítica ante las amenazas potenciales a su existencia (Lemke, 2017, p. 55) y en un pretexto para intervenciones biopolíticas extensivas sobre la población (Elbe, 2005, 2009; Enemark, 2017). A esto se suma el discurso de la guerra que Foucault emplea para analizar la biopolítica, y que pone de relieve la redefinición del fenómeno bélico como instrumento a través del que preservar la vida (Foucault, 2008). Esta cuestión es retomada y desarrollada posteriormente por Roberto Esposito quien destaca que la biopolítica ha hecho de la vida humana un objeto de la política (Esposito, 2011, pp. 64-65).

Por otro lado no hay que olvidar que en el s. XVII la vida ya se encontraba en el centro de la política moderna. Prueba de esto es que los teóricos políticos, como Thomas Hobbes, hicieron de la conservatio vitae el objeto predominante de la esfera política, al mismo tiempo que la vida era considerada en su dimensión puramente biológica y física (Esposito, 2011, pp. 92-93). Por tanto, la biopolítica convirtió la forma de vida, la bíos, en existencia biológica, es decir, en zoé (Ríos y Cossio, 2012, p. 126). Así, lo que Giorgio Agamben llamaba la «nuda vida»7 no sólo se introdujo en el espacio político, sino que también se convirtió en el centro de las estrategias políticas (Agamben, 1998). Esto significó convertir los cuerpos de las personas, reconceptualizados en términos agregados como cuerpo social, en un objeto del poder en el que este desarrolla sus intervenciones, lo que está en relación con la aparición de tecnologías de seguridad que operan sobre el conjunto de la población y que, por tanto, aspiran a alcanzar la seguridad del conjunto (Foucault, 2000, pp. 225-226).

La medicina es una estrategia de la biopolítica que hace del cuerpo social su teatro de operaciones (Sorrentino, 2012). De esta manera se ordena, regula, gestiona y somete la existencia física y biológica de la población, lo que entraña la desposesión del cuerpo del individuo al ser convertido en un espacio de poder en el que el Estado, a través de sus instituciones médico-sanitarias, ejerce su dominación por medio de leyes, normativas, reglamentos, protocolos, etc., todo lo cual implica el desarrollo de un aparato policial de supervisión con el que garantizar la seguridad (Foucault, 2018a). El control exhaustivo de la vida se manifiesta en diferentes ámbitos de los que las políticas sanitarias son un ejemplo mediante la categorización de lo normal y anormal, la definición de sano y enfermo, etc.

Foucault explicitó la relación entre biopolítica y seguridad, aunque su aproximación a esta relación se sitúa en el contexto de estrategias de dominación a largo plazo que se desenvuelven en el marco de la existencia cotidiana de la población. En este sentido, consideraba la biopolítica como una tecnología de seguridad del Estado que este despliega en un contexto de relativa normalidad y paz social. Sin embargo, este punto de vista contrasta con los procesos de securitización de la salud que se desarrollan en los contextos de crisis que ellos mismos generan. La securitización crea una situación de urgencia en torno a una determinada cuestión sanitaria, como puede ser una enfermedad concreta, que se presenta al público como una amenaza existencial inminente, estableciéndose así una comprensión común de la situación de emergencia, lo que permite justificar medidas extraordinarias, tal y como sucedió con el COVID-19, para hacer frente a esta amenaza. De este modo se renuncia al uso de los cauces ordinarios de la política para gestionar la amenaza al imponerse un marco temporal de urgencia que exige acciones inmediatas, drásticas y extraordinarias para afrontar con éxito la situación de crisis. La biopolítica no se suspende en este tipo de escenarios, sino que la propia securitización de la salud constituye una forma específica de biopolítica definida por el contexto de emergencia en el que opera y los medios extraordinarios utilizados para administrar la salud. En este sentido puede decirse que la securitización de la salud es una suerte de biopolítica de la emergencia.

El marco temporal de emergencia y los medios excepcionales utilizados para administrar la salud son los factores que hacen de la securitización de la salud un tipo específico de biopolítica. En el caso de la pandemia de coronavirus, la enfermedad adquirió prioridad absoluta lo que hizo que acaparase la atención del público y de las autoridades en detrimento de las demás enfermedades y de todos los demás problemas. Esto se debió a que la narrativa securitaria creó una situación de miedo al representar el coronavirus como una amenaza que comprometía la existencia de toda la población. Prueba de esto es que en España más del 58% de la población pensó que podía llegar a ser una víctima mortal del coronavirus (Ley, 2020). La urgencia creada en torno al COVID-19 y el peligro existencial que se le atribuyó sirvió de justificación para la adopción de medidas excepcionales como la declaración de estados de emergencia y de alarma en numerosos países, y con ello la suspensión de parte del orden jurídico del Estado. Así, la suspensión y limitación de diferentes derechos y libertades conllevó el fortalecimiento de la totalidad política representada por el Estado, a lo que le acompañó la administración del cuerpo social con el establecimiento de una nueva normalidad.

En el caso de la pandemia de COVID-19 se constata la utilización de medios extraordinarios cuya legitimidad descansó en que la población aceptó la narrativa securitaria que presentaba al coronavirus como una amenaza existencial inmediata. Esto permitió que las medidas adoptadas fueran las propias de una guerra contra el virus; una guerra para garantizar la supervivencia biológica de la sociedad, es decir, una guerra para salvar vidas, que fue la narrativa utilizada por las autoridades (Baele y Rousseau, 2022; Yang, 2022). Esta misma narrativa situó al cuerpo social en el centro de la intervención política estatal, al mismo tiempo que fue representado como algo vulnerable y desamparado de lo que el Estado debía hacerse cargo mediante una intervención extraordinaria (Sierra González, 2012, pp. 18-19).

En el marco de la suspensión y limitación de ciertos derechos y libertades se utilizaron diversos instrumentos extraordinarios para la administración de la pandemia como sistemas de vigilancia y control de pruebas PCR y de antígenos aplicados a la población, así como cribados masivos realizados en barrios de ciudades y pueblos. Estos estuvieron acompañados de la definición de términos estándar en epidemiología que fueron aplicados al control extensivo de la población como contacto, caso sospechoso, caso positivo, brote o infección, entre otros (Ministerio de Sanidad, 2020). Además, se estableció todo un sistema de rastreo de los contactos de las personas positivas en alguna prueba COVID (PCR o antígenos), lo que llegó a incluir aplicaciones de teléfono móvil que alertaban a las personas usuarias de que habían estado en contacto con alguien que había dado positivo en COVID, además de servir para que las autoridades, gracias a la geolocalización, pudiesen monitorizar los movimientos de la ciudadanía y comprobar así si estaba cumpliendo las directrices sanitarias. En el caso español los servicios de salud autonómicos establecieron extensos registros de contactos que eran sometidos a pruebas, cuarentenas y vigilancias, en algunos casos con la colaboración y supervisión de personal militar (Gutiérrez y Binnie, 2020). La recogida de datos rápidamente se extendió más allá de los contactos de positivos e incluyó, por razones de seguridad, a personas que viajaban en medios de transporte público, a la clientela de bares y restaurantes, y a quienes asistieron al cine, a conciertos, y a otro tipo de eventos similares, de forma que se podía llegar a contactar con estas personas al disponer de sus números de teléfono.

La biopolítica, en tanto que forma de control de la vida biológica de la sociedad, tiene importantes implicaciones en el plano espacial. Si las técnicas de poder centradas en torno al cuerpo del individuo implican una distribución espacial de los cuerpos individuales por medio de su separación, alineamiento, estandarización, vigilancia, etc., (Fillingham y Susser, 1998; Foucault, 2018b) la biopolítica genera efectos similares pero a una escala masiva al abarcar a poblaciones enteras. Esto lleva aparejado el uso de una serie de técnicas que implican la reorganización de las relaciones sociales gracias a todo un sistema de vigilancia, jerarquías, inspecciones, registros, informes, etc. (Foucault, 2000). De esta forma, los cuerpos y vidas de las personas han sido convertidos en un espacio que el Estado, con las instituciones médico-sanitarias, ordena, regula, controla, supervisa, administra, ejecuta, disciplina, interviene y fiscaliza en el ejercicio de su dominación. La gestión de la pandemia de COVID-19 ha conllevado en muchos casos este tipo de medidas tanto a nivel individual como colectivo, desde el uso de mascarillas hasta la prescripción de pruebas PCR para utilizar determinados servicios. La intervención del Estado se ha desarrollado así a un nivel inusual en cuanto a los efectos multiplicadores que ha tenido en todos los ámbitos de la vida de las personas. Esto ha sido posible en gran medida a través de la organización del espacio, lo que ha permitido al Estado controlar el comportamiento de las personas, así como el acceso a ciertos recursos. La biopolítica tiene, entonces, una dimensión geopolítica que se va a analizar en el siguiente apartado.

Rudolf Kjellén, que acuñó el concepto de biopolítica, también acuñó el concepto «geopolítica» a finales del s. XIX (Kjellén, 1899). Esto muestra la estrecha relación entre estos dos ámbitos. Sin embargo, no fue hasta el periodo de entreguerras que diferentes autores alemanes combinaron los análisis espaciales con la biopolítica. El caso más claro es quizás el de Louis von Kohl (1933), aunque es habitual que los trabajos de la Geopolitik 8 integren elementos de ambos puntos de vista (Murphy, 1997).

La perspectiva aquí planteada acerca de la relación de la biopolítica con la geopolítica es diferente, no sólo debido a la conceptualización misma de la biopolítica ya desarrollada, sino también al modo de entender la geopolítica. Acerca de esto último, es necesario destacar que existen importantes divergencias entre los especialistas en relación con el objeto, método y fundamentos de la geopolítica (Cairo Carou, 1993, p. 32; Dodds, 2005, pp. 27-35). Por este motivo, es más correcto hablar de geopolíticas en plural al haber diferentes definiciones de este concepto (Mamadouh, 1998) que obedecen a visiones del mundo divergentes (Dodds y Atkinson, 2003). La existencia de una gran variedad de escuelas de pensamiento geopolítico es una clara muestra de esto (Parker, 2015; Kuus, 2017; Criekemans, 2022). En este artículo se opta por utilizar el término geopolítica en singular porque la perspectiva asumida se adhiere a una de las escuelas de pensamiento geopolítico existentes, tal y como se indica en el párrafo siguiente, sin que ello signifique negar la legitimidad de los puntos de vista que otras corrientes geopolíticas plantean. Pero más allá de estas diferencias, la geopolítica se ocupa de estudiar las interacciones entre los fenómenos políticos y el medio geográfico y cómo esto afecta a la organización del espacio (Kristof, 1960; Lacoste, 1985; Dalby, 2004, p. 234).

Así pues, la geopolítica es entendida aquí en términos estratégicos al tener como fundamento la geografía que es un saber estratégico (Lacoste, 1977). Asimismo, la geopolítica es concebida a todas las escalas, tanto en el ámbito internacional como en el doméstico (Giblin, 1985), pues se tiene en cuenta tanto la dimensión internacional de la pandemia de COVID-19, con sus correspondientes efectos en las relaciones espaciales exteriores de los Estados en la organización del espacio internacional (East y Moodie, 1956, p. 23), como su dimensión nacional en la esfera interna de los Estados, donde sus efectos se han manifestado en las relaciones espaciales de los Estados con sus respectivas sociedades.

Asimismo, el espacio es considerado una realidad social construida que implica, contiene y disimula las relaciones sociales, además de reflejar las relaciones de poder al ser estas el resultado de superestructuras sociales como el Estado. De esta manera, el espacio es ordenado de acuerdo con los requerimientos específicos de estas estructuras (Lefebvre, 2013, pp. 139, 141). No existen, entonces, procesos puramente espaciales que precedan, influyan e incluso determinen los procesos sociales y políticos que se desarrollan sobre ellos (Cairo Carou, 1993, p. 60).

En la medida en que la geopolítica es considerada en términos estratégicos, la organización del espacio es entendida como el resultado de necesidades estratégicas del poder. Por esta razón, la geopolítica se define aquí como un conjunto de prácticas imbricadas en la política doméstica y exterior en la ordenación del espacio. Mientras que las prácticas discursivas, que son el objeto de estudio de la geopolítica crítica, justifican los cambios en la configuración del espacio (Ó Tuathail y Agnew, 1992; Agnew y Corbridge, 1995, p. 47).

Así pues, la biopolítica puede ser considerada una práctica geopolítica en la medida en que las instituciones encargadas de la gestión de los procesos biológicos de la población organizan y administran el espacio de acuerdo con sus propias necesidades. Este proceso se produce en la esfera de la política doméstica, lo que en el marco de la pandemia de coronavirus se manifestó en las diferentes restricciones a la libre circulación y al derecho de reunión dentro de los Estados, todo lo cual se aborda con mayor detenimiento en el apartado siguiente. Además de esto, la biopolítica desarrolla su propia acción ordenadora del espacio internacional, algo que tiene sus antecedentes en el establecimiento de las fronteras sanitarias como instrumento para prevenir la propagación de enfermedades. La dimensión mundial de la pandemia de coronavirus hizo que la biopolítica trasladase las restricciones a la circulación de personas a la esfera internacional. Por esta razón, el análisis espacial de la biopolítica de la pandemia se desarrolla a escalas geográficas diferentes, lo que permite examinar las interrelaciones que existen entre estas. De esta forma, el análisis de la dimensión geopolítica de la biopolítica en el proceso de securitización de la pandemia se desarrolla, por un lado, en el nivel global del sistema internacional, y por otro en el nivel doméstico de las unidades del sistema.

Este apartado aborda los efectos de la securitización de la salud en la organización del espacio durante la pandemia de COVID-19. Para ello se analizan distintas políticas públicas que se ubican en diferentes escalas geográficas, y que consisten en distintas restricciones impuestas a nivel internacional y nacional, lo cual se estudia en relación con el aumento del control de las autoridades sobre la población.

En el plano internacional cabe destacar el cierre de fronteras de la mayoría de los países, lo que repercutió especialmente en la clausura de aeropuertos y puertos. Ejemplos de esto son, entre otros, Alemania e Islandia en Europa (Wieler et al., 2020; Kolbert, 2020) y Australia y Nueva Zelanda en Oceanía (Kirk y McDonald, 2021). Únicamente se permitió el retorno de nacionales que se encontraban en el exterior en el momento de iniciarse el confinamiento general. Posteriormente, como resultado de la evolución de la pandemia, se redujeron las restricciones a los viajes y se establecieron diferentes condiciones de entrada y salida en función de la política sanitaria de cada país. Estas medidas incluyeron la obligatoriedad de presentar un resultado negativo de una prueba de detección del virus SARS-CoV-2 realizada mediante PCR varias horas antes del desplazamiento, cuarentenas para quienes llegaban desde el exterior, denegación del acceso a viajeros procedentes de determinados países o zonas y, posteriormente, un certificado de haber recibido las dosis de la vacuna contra el virus requeridas. Esta última condición no siempre fue imprescindible y sirvió para evitar guardar una cuarentena, mientras que en ciertos países, como es el caso de EE.UU. (CDC, 2022), ha sido hasta hace poco un requisito necesario para acceder al país. Esto último estuvo condicionado por las vacunas de aquellos fabricantes que las autoridades sanitarias reconocían como válidos (Morán, 2021). En otros casos los Estados establecieron normas por las que los pasajeros procedentes de determinados países estaban exentos de algunas condiciones que eran impuestas al resto, lo que generó sistemas como el semáforo británico (Gobierno del Reino Unido, 2021).

Las políticas sanitarias de cada país y los compromisos adoptados por los Estados entre sí, unidas al papel de la diplomacia de la vacuna9, contribuyeron a una organización del espacio internacional suigéneris en lo que al tránsito de personas se refiere. En este sentido las fronteras exteriores de los Estados operaron de acuerdo con el cometido para el que fueron establecidas, es decir, controlar a las personas y su comportamiento a través del control del acceso al territorio (Sack, 1986, p. 5).

La mayor parte de los efectos de la securitización de la salud en la organización del espacio se concentraron en el nivel de la política doméstica de los Estados. Entre este tipo de medidas destacan las restricciones en el uso y disfrute del espacio público. El ejemplo más claro de esto, debido a que su repercusión fue más notable en términos de control sobre la población, fue el confinamiento obligatorio del conjunto de la sociedad. Esta medida consistió en la denegación del acceso al espacio público y la reclusión forzosa de la ciudadanía en sus respectivos domicilios, de forma que sólo tenía permitido salir a la calle por motivos justificados que se especificaron en las leyes y órdenes gubernamentales aprobadas a tal efecto. El orden público llegó a ser militarizado en algunos casos con el emplazamiento de unidades militares encargadas de patrullar las calles, como ocurrió en Francia y España, a lo que se sumó el establecimiento de innumerables controles policiales y el recurso a métodos no convencionales (satélites, drones, robots, etc.) para supervisar el cumplimiento del confinamiento, tal y como pudo comprobarse en diferentes países de Europa, como Italia y España, y de Asia, como Singapur (ANSA, 2020; Doffman, 2020; Estévez, 2020; CNA, 2020). Así, la exclusión de la población del espacio público sirvió al fin de un mayor control sobre esta, lo que conllevó la reorganización de las relaciones sociales.

Junto al confinamiento total cabe destacar el recurso a los cierres perimetrales de ciudades, pueblos y barrios, tal y como pudo comprobarse en diferentes zonas urbanas de Latinoamérica como Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, México, Chile y Brasil (Pichihua, 2021). Esto significó el aislamiento, a veces casi total, de diferentes localidades y vecindarios al impedir el libre tránsito de sus habitantes fuera de las zonas perimetradas. En otros casos las restricciones a la libre circulación fueron circunscritas a las áreas sanitarias locales y comarcales, de forma que sus habitantes únicamente podían desplazarse a través de estos espacios salvo que por razones justificadas tuvieran que salir de los mismos, tal y como fue establecido en España (Viejo, 2020). Este tipo de confinamientos y restricciones supusieron una importante limitación a la movilidad de las personas que alteró la organización del espacio, afectando especialmente a las relaciones que sus habitantes mantenían con su entorno más inmediato. También se cerraron zonas de esparcimiento público en las que es habitual la socialización, como parques, jardines, playas, o áreas forestales (Efe, 2020a, 2020b), sin olvidar otros espacios como los establecimientos del sector hostelero o comercios10, además de lugares públicos formativos como museos, colegios, institutos o universidades. En cada país se aplicó un criterio diferente a la hora de determinar los establecimientos que fueron considerados esenciales y podían permanecer abiertos, a pesar de lo cual imperaron restricciones semejantes. Las restricciones espaciales condicionaron el comportamiento de la ciudadanía, e implicaron la reducción de sus interacciones al mismo tiempo que estas comenzaron a desarrollarse conforme a las indicaciones de las autoridades (Montero, 2020).

En otro lugar están los toques de queda implantados en diferentes ciudades y comunidades autónomas en España (El Mundo, 2021) y también en otros países como en determinados länders de Alemania (Haas, Götz y Heim, 2022). No hay que olvidar que se trata de una medida típicamente securitaria propia de situaciones de guerra o de gran conmoción interna para garantizar el orden público ante posibles disturbios o enfrentamientos. La securitización de la salud hizo justificable los toques de queda y significó el establecimiento de determinados horarios durante los que fue prohibido el libre derecho a la circulación por las calles salvo en determinados casos contemplados por la ley. Con este tipo de medida, en la que el uso y disfrute del espacio público quedó circunscrito temporalmente, el Estado aumentó su capacidad de intervención al condicionar el comportamiento de la población. De este modo la calle se convirtió en un lugar prohibido durante las horas del toque de queda al forzar a los ciudadanos a permanecer en sus domicilios bajo la amenaza de posibles sanciones.

En lo que respecta a las restricciones impuestas a las interacciones sociales destaca la distancia social. Esta medida no fue sólo una recomendación para que la población pudiera reorganizar sus interacciones, sino que llegó a convertirse en un imperativo legal que acarreaba sanciones en caso de no cumplirse en países como España o Italia, entre muchos otros. El principal efecto de esta práctica fue la «espacialización» de las relaciones sociales, lo que repercutió en los vínculos de las personas mediante el alejamiento físico ante el temor a un posible contagio de la enfermedad o al posible castigo por las autoridades. De esta forma, las relaciones personales se rearticularon a través de una barrera espacial que, por un lado, alejó a las personas y, por otro, dificultó sus interacciones bajo los imperativos securitarios para garantizar la salud. Esta nueva disposición del espacio obstaculizó también los procesos de socialización y tendió a aislar al individuo respecto a su entorno inmediato, al mismo tiempo que contribuyó a aumentar el control de las autoridades. Esto último fue evidente en las zonas de tránsito en las que la presencia policial y militar se generalizó, particularmente en las grandes ciudades, pero también se reflejó en la limitación de los aforos en los espacios cerrados abiertos al público (bares, restaurantes, comercios, etc.), el cierre de terrazas, etc. (Esteban, 2020).

Debido a ello, se produjo la reubicación de las relaciones sociales en el marco de las telecomunicaciones. La nueva organización del espacio social contribuyó a que se implantara una telepresencia que mantuvo así la distancia física de la nueva barrera de entre 1,5 y 2 metros pero sin eliminar del todo las interacciones sociales. A esto le acompañó la implantación del uso de aplicaciones de geolocalización y rastreo de contactos con las que las autoridades supervisaron a la población. En algunos casos como Polonia, India, Corea del sur, Taiwán o Singapur fue obligatorio su uso, es decir, la ciudadanía debía instalar estas aplicaciones en sus teléfonos móviles y mantenerlas activadas para poder ser rastreada y monitorizada (O’Neill, 2020; Scott y Wanat, 2020; Kim, 2020; Seydtaghia, 2020; Weber, 2020; Hamilton, 2020). En otras ocasiones se recurrió a la geolocalización de los teléfonos móviles y otros procedimientos similares (Marson, Stupp y Hinshaw, 2020). Así, Google puso a disposición de los Estados su capacidad para geolocalizar teléfonos móviles para comprobar si la ciudadanía estaba cumpliendo las directivas sanitarias de los gobiernos (Overly, 2020).

También destaca la restricción o suspensión de determinados derechos y libertades como el derecho de reunión. Cada país adoptó su propia política de restricciones en el marco de estados de emergencia o de alarma. En algunos casos, como en el Reino Unido, el derecho de reunión en espacios privados fue suspendido al prohibir reuniones entre personas no convivientes (Parlamento británico, 2020). Algo similar cabe decir en Alemania donde las restricciones de este derecho en el ámbito privado condujeron a la irrupción de las fuerzas policiales en domicilios para obligar su cumplimiento (DW, 2020). En otros países, como España, las restricciones al derecho de reunión en espacios privados consistieron en permitir el encuentro de un máximo de seis personas no convivientes, lo que propició la intervención policial en los domicilios, en algunos casos de un modo irregular al no contar con autorización judicial (López-Fonseca, 2021; Europa Press, 2022). Asimismo, el derecho de reunión en espacios públicos fue severamente restringido, lo que afectó indirectamente al ejercicio de otros derechos como el de manifestación. En algunos países, como Suiza, se pasó de limitaciones de 1.000 personas a 5 o incluso a 2 (Burci y Hasselgard-Rowe, 2020). Esta medida sirvió, por un lado, para aislar físicamente las relaciones sociales al impedir en muchos casos las reuniones de personas no convivientes tanto en espacios públicos como privados; y por otro lado, a través de esta nueva organización del espacio, sirvió para incrementar el control de las autoridades sobre las relaciones sociales y ampliar su capacidad de intervención para supervisar el cumplimiento de esta norma. La distinción entre el espacio privado y el espacio público quedó difuminada en la medida en que el Estado asumió la facultad de intervenir también en el espacio privado. De esta forma lo que ocurría en los domicilios de la ciudadanía pasó a ser de la incumbencia del Estado. Además, la prohibición de facto de reuniones en el espacio público reforzó el poder de las autoridades estatales, pues dificultó considerablemente que cualquier forma de descontento social o protesta fuese expresada en las calles, todo ello justificado por razones de seguridad.

Finalmente, cabe mencionar la instauración del certificado de vacunación como medida imprescindible para acceder a determinados espacios abiertos al público11. El alcance de esta medida en términos espaciales fue variable entre los diferentes países que la aplicaron, pero en todos ellos fue utilizada como un instrumento de presión sobre la población para que se vacunase, el cual se justificó por razones de seguridad. La implantación de este certificado conllevó la restricción del acceso a determinados lugares en los que se desarrollaba la vida social. En Francia, por ejemplo, fue exigido en bares, pubs, restaurantes, estadios, conciertos, ferias, etc. (Consulat Général de France à Londres, 2022). En España este certificado se pidió en algunas comunidades autónomas, donde cada gobierno autonómico estableció su propia política con la que autorizó el acceso a espacios diferentes, generalmente a locales de hostelería y ocio nocturno (El País, 2021).12 Así, el certificado fue un instrumento para reorganizar el espacio que, a su vez, afectó al comportamiento de la ciudadanía al poder quedar excluidos de la vida social. El conocido como pasaporte sanitario sirvió para establecer zonas comunes para personas vacunadas y no vacunadas y zonas exclusivas únicamente para personas que recibieron aquellas vacunas reconocidas por la autoridad sanitaria.

La pandemia de COVID-19 constituye un fenómeno singular por muy diversas razones. Así, desde una perspectiva espacial destaca por su alcance mundial, pues no todas las pandemias han alcanzado esta dimensión planetaria13. Desde el punto de vista de la seguridad sobresale el modo en el que fue gestionada en las democracias liberales de distintos continentes. En lo que a esto último respecta, las políticas públicas adoptadas para administrar la pandemia siguieron el mismo patrón de todos los procesos de securitización. Las autoridades de los diferentes Estados presentaron esta enfermedad como una amenaza existencial inminente, para lo que hicieron uso de una narrativa específica que creó una situación de urgencia. De este modo, y en la medida en que la población aceptó dicha narrativa, se implantó una comprensión común del fenómeno pandémico que justificó la adopción de medidas excepcionales que supusieron la suspensión de la política ordinaria, además de la restricción de determinados derechos y libertades en nombre de la salud pública. Esto estuvo acompañado de la declaración de estados de alarma, de emergencia o de excepción, según el ordenamiento jurídico de cada país. En suma, la salud fue securitizada y transformada así en un asunto de seguridad nacional, lo que conllevó que el Estado asumiese poderes especiales y recurriese al uso de la fuerza.

En otro lugar está la relación entre la securitización de la pandemia y la biopolítica. Se ha podido constatar que la biopolítica constituye una tecnología de dominación que consiste en administrar los procesos biológicos de grupos extensos de población en condiciones de normalidad social. Sin embargo, la securitización de la salud, como ha sido en el caso de la pandemia de coronavirus, constituye una forma específica de biopolítica debido al escenario de emergencia en el que se desenvuelve y a los instrumentos extraordinarios a los que recurre. Por esta razón, la securitización de la salud es una biopolítica de la emergencia propia de las situaciones de crisis que los procesos de securitización desencadenan.

La biopolítica, además de tener una dimensión claramente securitaria que diferentes autores se encargaron de constatar en su desarrollo conceptual, también tiene una dimensión espacial que el propio Michel Foucault destacaba especialmente cuando abordaba la sociedad disciplinaria. En este sentido, la biopolítica puede ser conceptualizada como una práctica geopolítica pues conlleva una determinada organización del espacio para, así, determinar o condicionar el comportamiento de las personas. La pandemia de COVID-19 constituye un ejemplo bastante claro de esto debido a que, bajo el pretexto de garantizar la seguridad de la sociedad en el ámbito de la salud, las autoridades reorganizaron el espacio para conseguir que el conjunto de la población se comportase conforme a sus directrices.

La restricción y suspensión del derecho de libre circulación y de reunión implicó la reordenación del espacio, lo que conllevó la maximización del control de los gobiernos sobre la población al hacer efectivas sus directrices acerca del modo en el que el espacio social, tanto en la esfera pública como privada, debía articularse. Este procedimiento permitió a los Estados definir la forma en la que su ciudadanía debía relacionarse y también con quién podían relacionarse en ciertos lugares. De esta manera, se creó un espacio biopolítico que amplió el ámbito de intervención de las autoridades al extenderse hasta prácticamente todos los aspectos de la vida en todos los lugares dentro del territorio nacional, lo que alteró significativamente las relaciones sociales, pero sobre todo las relaciones entre el Estado y la sociedad.

Si bien es cierto que los principales efectos de las restricciones impuestas se produjeron a nivel local, también tuvieron su repercusión en la organización del espacio internacional cuando se cerraron las fronteras, puertos, aeropuertos, etc., además de la implantación de diferentes restricciones de entrada y salida en cada país como requerir un certificado de vacunación, resultados negativos de pruebas PCR, etc., que impactaron en el tránsito de personas entre Estados. Así, las interacciones sociales no sólo se vieron afectadas en los ámbitos local y nacional, sino también en el internacional con una reducción significativa de los flujos transfronterizos de personas. Por tanto, la securitización de la salud repercutió en la ordenación del espacio internacional en la medida en que las autoridades de los Estados no sólo maximizaron su control dentro de sus fronteras, sino también hacia fuera, lo que afectó significativamente al comportamiento de todas las personas. Así, el espacio biopolítico no se circunscribió a una escala local o nacional, sino que también se extendió a una escala mundial que abarcó a toda la población del planeta, lo que hace de la pandemia un fenómeno único desde el punto de vista geopolítico.