La crisis desatada por la pandemia que causó el virus SARS-CoV-2 (COVID-19, de aquí en adelante) magnificó las asimetrías sociales. Caída del ingreso, mayor exposición al paro, inestabilidad laboral, incremento de las inequidades de género, colapso de la sanidad pública, y peores rendimientos en materia de aprendizaje e igualdad educativa se cuentan entre las consecuencias, todavía en proceso de despliegue, del aumento de la desigualdad global. En todo desastre, hay una evidencia incontestable: la desigualdad aumenta y se profundiza (Jetten, 2020). La COVID-19 hizo que los niveles de vida disminuyeran en todo el mundo. Pero quienes sufrieron desproporcionadamente mucho más las consecuencias fueron los trabajadores informales, los poco cualificados e independientes, las mujeres, niñas, ancianos y jóvenes, las personas con discapacidades o enfermedades mentales, y aquellas con menor nivel educativo. De acuerdo con estimaciones de Pew Research Center (2021), en base a datos del Banco Mundial, la recesión económica contrajo la clase media (54 millones menos de personas que antes de la pandemia) y aumentó el número de pobres (131 millones más de personas) ¹ . En Europa aumentaron las disparidades entre grupos sociales, con un impacto desproporcionado en los sectores más vulnerables (European Union, 2022). Un efecto global de la pandemia podría ser la desaparición de «al menos cinco años de crecimiento del ingreso per cápita en varios países y aumentar en 6 millones el número de pobres, principalmente debido a la pérdida de empleos» (Banco Mundial, 2021, p. 34). ² Particularmente en España, también la desigualdad económica y social alcanzaron récords históricos como consecuencia de la consiguiente crisis que siguió a la emergencia sanitaria (CaixaBank Research, 2020). Si antes de la crisis, en una región como América Latina la pobreza y la vulnerabilidad social eran altas (OECD, 2019; Alvaredo y Gasparini, 2015), la pandemia no hizo más que incrementarlas (CEPAL, 2022; Banco Mundial, 2021) ³ . Incluso al punto de que, como destaca CEPAL (2022), enfrentamos el riesgo de tener una generación perdida, dado que las medidas de confinamiento y los efectos socioeconómicos se hicieron sentir particularmente en las nuevas generaciones que debieron hacer frente a «mayores riesgos de rezago y abandono escolar, de desnutrición y malnutrición, y de deterioro de la salud física y mental, así como una mayor exposición a la violencia o el maltrato en el hogar y a situaciones de pobreza y trabajo infantil» (CEPAL, 2022, p. 24). La crisis humanitaria de la COVID-19 tendrá repercusiones a largo plazo, lo que acentuará los rasgos estructurales de la inequidad, esto es, la persistencia de una estructura social y económica con elevada disparidad de riqueza, ingresos, acceso a servicios sociales y participación política (Solimano, 2021).

La desigualdad es un fenómeno multidimensional, y la pandemia hizo que otras de sus dimensiones fueran igualmente visibles. En esta contribución argumento que la inequidad también se manifestó como desigualdad informativa. En un contexto donde la ponderación de la información se tornó más complicada, y donde los aspectos epistémicos y axiológicos de la cultura del riesgo afloraron con singular claridad, la identidad social afectó la capacidad de evaluación de la información técnica y política. ¿Cuál es la extensión real de la enfermedad? ¿Cómo podría evolucionar? ¿Son efectivas las medidas de aislamiento? ¿Hasta cuándo? ¿Qué deberíamos exigir a las autoridades? ¿Están tomando las medidas adecuadas? ¿Por qué hay científicos, médicos o expertos que ponen en duda la eficacia o la seguridad de las vacunas? ¿Son creíbles los medios de comunicación? ¿La vida no será nunca más como antes? ¿Y eso qué significa? ¿Sería deseable volver a la vieja normalidad? ¿Qué recomendaciones deberíamos seguir? ¿Son ciertas las informaciones que circulan en las redes sociales? ¿En quiénes deberíamos confiar? Había que tomar decisiones, pero ninguna de estas preguntas, y de tantas otras que podríamos enumerar, tenía una respuesta fácil o automática. Hay no obstante evidencias de que los grupos sociales con menos educación e ingresos tuvieron una dieta informativa más restringida, con un énfasis especial en las redes sociales, menor conocimiento sobre el virus, ambivalencia frente a las medidas de actuación, o dificultades para ponderar la calidad de la información mediática e institucional. En definitiva, estuvieron más expuestos a las campañas de desinformación, particularmente agudizadas con el auge de las redes sociales en el mundo del capitalismo digital. En un nivel individual, esta asimetría conspira contra la autonomía de las personas, el derecho a la autorrealización y su condición de ciudadanos. En el plano colectivo, amenaza el alcance y la calidad de la cultura científico-tecnológica como cultura política del riesgo y la gobernanza democrática. Por estos motivos, también discuto la relación entre desinformación y democracia, e insisto en el papel de la participación política para la gobernanza democrática, y en la necesidad de revalorizar la educación para la autonomía, el pensamiento y el desarrollo de una ética ciudadana cosmopolita y plural.

En la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que no solo estábamos combatiendo una epidemia sino también una «infodemia» que hacía difícil que la sociedad encontrase información digna de confianza en medio de la mareas de datos, resultados e interpretaciones contradictorias, mientras que las noticias falsas se distribuían de forma más fácil y rápida que el virus, siendo igual de peligrosas ⁴ . En todo el mundo, la preocupación por la autenticidad de la información está cada vez más extendida, tanto en relación a temas políticos y ambientales como médicos o económicos (Waisbord, 2018; Vosoughi, Rohl y Aral, 2018; Vraga y Bode, 2020; Humprecht, 2018; Bennet y Livingston, 2018; Mahl, Schäfer y Jing, 2022; Scheufele y Krause, 2019; Hopf et al., 2019) ⁵ . La distinción entre información verdadera y falsa se convirtió en una continua batalla que involucra a gobiernos, instituciones, medios, grupos, movimientos sociales y personas que necesitan pautas adecuadas para formarse juicios de valor, posicionarse en el debate social, o actuar en escenarios volátiles y de alta incertidumbre, donde parecen haberse extraviado las guías ideológicas, los consensos políticos o las certezas del pasado. La incertidumbre domina el mundo social contemporáneo. A tono con Ramos Torre y García Selgas (2020), sus manifestaciones son aceleradas y apremiantes «en los mercados financieros, en la tecnociencia, en las redes mundiales de comunicación, en los desasosiegos sobre el cambio climático o en las nuevas formas de vulnerabilidad» (Ramos Torre y García Selgas, 2020, p. 7).

En dos años de pandemia, la información errónea, no intencionada o deliberadamente falsa, circuló (lo sigue haciendo) a velocidad de vértigo. Estuvieron involucrados los medios, los funcionarios de la administración pública, los altos cargos políticos, las celebridades y otras figuras prominentes que, en aras de informar, direccionar el debate político o, simplemente decir algo (porque parece que hoy impera la necesidad de decirlo todo), especularon, exageraron, tergiversaron, o emitieron opiniones apresuradas con poco o ningún sustento técnico. Mientras que la crisis sanitaria dejó al descubierto la fragilidad de los sistemas de comunicación y, especialmente, de la comunicación de los riesgos, la geopolítica de la información falsa, productora de desinformación, siguió ganando terreno. El problema es grave porque nos hemos ido transformando en sociedades emotivas, donde los hechos y la argumentación se olvidan fácilmente, lo que quizás contribuya con la explicación del auge de los nacionalismos y del populismo de derechas e izquierdas. Así, fenómenos como la infodemia, la conspiranoia y la posverdad representan amenazas en la medida en que «fomentan la indiferencia respecto a la distinción entre verdad y mentira, realidad y ficción, opinión y conocimiento, y (por)que están cambiando de forma sigilosa patrones de racionalidad y sentido común en la sociedad» (Wagner, 2022, p. 14).

La radicalización de la propaganda política y el progresivo declive de la calidad periodística (Newman et al., 2020; Lance y Livingston, 2018; McNair, 2018) están entre las causas que contribuyen a entender cómo se expanden y consolidan las estructuras deliberadamente organizadas de la desinformación que corroen el espacio democrático. Entre las manifestaciones principales del «periodismo sin información» (Ortega et al., 2006) están la banalización, la espectacularización de la información (fenómeno que incluso afecta a los medios considerados tradicionalmente serios), y el predominio de la opinión, a veces exagerada e irresponsable, que por momentos desplaza a la información (Ortega et al., 2006). Y, por supuesto, el intrusismo del mercado que impone la «lógica del rating» (Bourdieu, 2007) y la mercadotecnia de los poderes económicos que deterioran la autonomía de los medios y de los servicios públicos. En estos tiempos, el debate político y la labor periodística están emparentados por el histrionismo en las formas y el extremismo en los contenidos. La filosofía, por contrapartida, postula que precisamos audacia para la verdad como virtud republicana, lo que en el ámbito de la opinión pública y del espacio mediático implica una apuesta «por la crítica frente al aplauso, por la reflexión frente a la locuacidad disparada y a veces disparatada, por la argumentación frente a la demagogia, por las verdades que con razón se pueden sostener frente a la sinrazón de la posverdad» (Pérez Tapias, 2022, p. 121).

Así, podemos ver a la desinformación como el sustrato de la posverdad: los «hechos alternativos» reemplazan a los hechos, y las emociones y los sentimientos ganan más prerrogativas que las evidencias (McIntyre, 2018) ⁶ . Porque aun cuando en «tiempos post-normales» puede que sea más fácil que aceptemos el carácter muchas veces controvertido de las evidencias, o que reconozcamos la inevitable indeterminación e incertidumbre en la evaluación de los riesgos, eso no significa que los hechos no existan, o que no haya criterios para tomar decisiones con las mejores evidencias disponibles. La incertidumbre epistémica tampoco supone la existencia de incertidumbre axiológica. Dicho de otro modo, «se puede ignorar lo que va a ocurrir, pero ello no impide que existan unos criterios de valoración para lo que ocurra, sea lo que sea» (Echeverría, 2009, p. 193). Por tanto, «la incertidumbre epistémica puede producirse en condiciones de certidumbre gradual axiológica» (Echeverría, 2009, p. 193). Mientras que en el enfoque técnico estándar los riesgos eran vistos como probabilidades asociadas a posibles impactos o consecuencias negativas y, por tanto, evaluar riesgos suponía calcular probabilidades de ocurrencia de diferentes fenómenos, la nueva agenda del riesgo está mucho más allá de aquella asociada al paradigma cuantificable: los hechos establecidos por la ciencia y las destrezas técnicas para entender, evaluar y gestionar los riesgos incorporan además intereses sociales y valores de variada condición (López Cerezo y Luján López, 2000) ⁷ . Este es un aspecto crucial para la salud democrática, cuyo cuidado exige la aplicación de conocimiento fiable y el empleo de virtudes éticas en la toma de decisiones, esto es, cuestiones de justicia exigibles moralmente a todos los ciudadanos ⁸ . Pero si el diálogo democrático demanda la búsqueda compartida de lo verdadero y lo justo, la solución racional y justa de los problemas, la desinformación, característica estructural de un nuevo orden de comunicación disruptivo, hostiga las bases democráticas (Lance y Livingston, 2018) y tiene peligrosas consecuencias para la justicia y la igualdad global.

La pandemia también nos obliga a preguntarnos por el fenómeno de la desigualdad informativa. Podemos definir a la desigualdad informativa como la desigual capacidad para buscar información, recibirla e interpretarla de forma crítica, fenómeno que se acentúa cuando ésta crece en complejidad y especialización técnica. Debemos tenerla en cuenta porque, por un lado, el capital escolar y el económico, estrechamente vinculados, determinan pautas diferenciales de acceso a fuentes, tipos y usos de la información. De otro lado, porque una derivación de las diferencias objetivas entre grupos sociales es el hecho de que la infodemia tampoco afecta a todos por igual. Máxime cuando consideramos los cambios estructurales que produce la digitalización y la transformación del sustrato tecnológico en los patrones de adquisición de información (Webster, 2014), incluyendo la altamente especializada (Miller et al., 2021), mientras que se reconfiguran las lógicas de producción de contenidos en los medios, las industrias digitales o en la comunicación institucional (Van Dijck et al., 2018; Van Dijck, 2013). En diferentes niveles, la «sociedad de la plataforma» (Van Dijck et al., 2018), dominada por el inquietante «tecnopoder» (Echeverría y Almendros, 2020) del opaco capitalismo digital de las grandes corporaciones que controlan los datos, acentúa la reproducción de las asimetrías sociales.

Cuando discutimos sobre desinformación no podemos perder de vista que la «tecnocomunicación» del mundo digital está definida por «un nuevo modo de comunicación fruto de la participación de unas pocas compañías en el giro informacional, que redefine lo social en términos económicos de tal manera que anula lo político» (Echeverría y Almendros, 2020: 357) ⁹ . El concepto político de ciudadano de la tradición democrática se pervierte en el mundo de las redes informatizadas, donde el ciudadano, «(...) en un mundo-mercado es más bien ‘usuario/cliente/producto’ es decir, ‘sujeto poco o nada político’» (Zafra, 2022, p. 35). La tesis de Echeverría y Almendros (2020) es que las prácticas del «tercer entorno» que gestionan los «señores del aire» son neofeudales y, por tanto, no hay poder civil constituido ni democracia ¹⁰ . De igual modo, conviene tener presente que la agencia del entorno digital es humana y no-humana (como los robots y los programas de software), en consonancia con la pluralidad de «tecnopersonas» que postulan Echeverría y Almendros (2020). Por eso, y para proteger a los más desprotegidos, debe aumentar la conciencia pública sobre la gobernanza del ecosistema digital con la participación de comunidades locales, regionales, nacionales y supranacionales, ya que la higiene del espacio digital «no se puede dejar en manos de un puñado de corporaciones o naciones (…) requiere regulación y supervisión transnacional y transcorporativa» (Van Dijck, Winkel y Schäfer, 2021, p. 13), que controle tanto el «tecnopoder» de las corporaciones como la vigilancia institucionalizada de los gobiernos autoritarios.

A medida que se desataba la crisis sanitaria, y que la búsqueda activa de información crecía de forma acelerada, fueron las redes sociales (como Facebook o Twitter), los motores de búsqueda (como Google), las plataformas de vídeos de Internet (como YouTube), las aplicaciones de mensajería (como WhatsApp o Instagram), o bien una combinación de todas ellas, las que se transformaron en los principales canales de acceso a noticias e información sobre la crisis (Nielsen et al., 2020). La emergencia sanitaria se transformó en un laboratorio único para estudiar empíricamente los problemas que se venían analizando en relación con las redes sociales y las noticias falsas, la desinformación, la disposición a la vacunación, la toxicidad de los contenidos, su condicionamiento de la política, o su injerencia en las lógicas de producción periodística e institucional (Roozenbeek et al., 2020; Giusti y Pires, 2021; Singh et al., 2022; Ferrara, Cresci y Luceri, 2020; Salaverría et al., 2020; Islam et al., 2021).

Desde el punto de vista de la desigualdad, hay estudios que muestran que durante la pandemia los grupos sociales mejor posicionados estuvieron expuestos a una diversidad más amplia de fuentes de información. Tuvieron, al menos potencialmente, más herramientas para ponderar los discursos y actuar en consecuencia. En contraste, las personas con menor capital escolar y estatus socioeconómico se informaron mucho más a través de los mensajes de aplicaciones y redes sociales que a partir de la información proporcionada por las empresas periodísticas y las fuentes institucionales (Newman et al., 2020; Nielsen et al., 2020) ¹¹ . Dicho de otro modo, si parece que todo el mundo emplea las redes sociales, una mejor posición social ofrece un rango de oportunidades más amplio, acceso a fuentes de información más diversificadas (incluyendo los medios tradicionales y otras fuentes autorizadas), lo que aumenta el espectro de opciones para filtrar la información, encuadrarla y tomar decisiones informadas. Además, dado que la información falsa es particularmente aguda en las redes sociales, la situación se agrava para los grupos con menor escolaridad, capital relacional y estatus socioeconómico, objetivamente más expuestos a los métodos del engaño y a las campañas de desinformación. En la medida en que disponen de menos recursos, incluyendo los cognitivos, los efectos perjudiciales (incluso letales) de la información falsa terminan siendo mucho más pronunciados.

A la diversidad de la dieta informativa hay que añadir los problemas que involucran a la interpretación de la información. Algunas investigaciones indican que a mayor nivel educativo y de ingresos las personas tuvieron información más precisa sobre la COVID-19 y una tendencia menor a creer en conspiraciones (Gerosa et al., 2021; Reisdorf et al., 2021), particularmente significativas en el entorno digital de las «dark platforms» de Internet (Jing y Schäfer, 2021). Estos hallazgos están en sintonía con otros estudios recientes que plantean que las creencias conspirativas son más comunes entre personas que se sienten marginadas (lo que se refleja en bajos niveles de bienestar psicológico), y que tienen menos educación e ingresos (Roozenbeek et al., 2020). O, incluso, con otras investigaciones experimentales en el campo de la psicología social que detectan correlaciones entre creencias conspirativas y desigualdades económicas objetivas y subjetivas (Casara et al., 2022; Jetten et al., 2021; Douglas, Sutton y Cichocka, 2017). Algo que podría llevar a la puesta en cuestionamiento de las certezas sobre el carácter invariablemente irracional de tales creencias, puesto que los factores que desencadenan las creencias conspirativas «podrían ser impulsados tanto por percepciones socioestructurales inducidas por anomia (social) como por la desigualdad económica» (Casara et al., 2022: 11). En dicho sentido, aunque las desigualdades o diferencias en la búsqueda de información pueden existir por varias razones concurrentes, las desventajas socioeconómicas y de otro tipo se tradujeron en brechas de información y conocimiento sobre el virus y crearon individuos y grupos más vulnerables, así como mayores riesgos en el cumplimiento de las pautas generales de salud pública (Gerosa et al., 2021; Reisdorf et al., 2021). Como argumentan Ahmed et al. (2020), así como las personas pobres que carecen de servicios de salud en circunstancias normales son más vulnerables en tiempos de crisis, las dificultades de acceso a las fuentes informativas y la desinformación les afectan de una forma desproporcionada. En suma, la pandemia reprodujo la hipótesis de la brecha de conocimiento (Tichenor et al., 1970), esto es, el hecho de que un incremento de la información ofrecida por los medios, o por la comunicación del riesgo institucional, beneficia principalmente a personas mejor posicionadas en la estructura social porque son quienes tienden a adquirir la información de manera más fácil, rápida y útil (Gerosa et al., 2021).

Un incremento en la distancia de conocimiento reproduce las pautas generales de la inequidad entre los grupos sociales. Si, como argumentaba Bourdieu (1997), no existen límites antropológicos que nos impidan concebir universales (potenciales) como la capacidad para desarrollar un pensamiento lógico complejo o un acto moral riguroso, «no obstante, esas aptitudes o estas capacidades siguen siendo el privilegio de unos pocos, porque estas potencialidades antropológicas solo alcanzan su plena realización en unas condiciones sociales y económicas determinadas; mientras que, inversamente, existen unas condiciones económicas y sociales en las que están como anuladas, atrofiadas» (Bourdieu, 1997, p. 214). De forma específica, la asimetría de información pandémica, como manifestación de la desigualdad, ratifica que las condiciones de apropiación de la cultura científico-tecnológica, al igual que sucede en otros ámbitos sociales, no se distribuyen de forma equilibrada en el espacio social. Por un lado, la cultura científico-tecnológica parece más plena en grupos sociales interesados, atentos e informados y, por tanto, personas capaces de expresar opiniones competentes sobre problemas complejos de interés colectivo. Por otro lado, la identidad social es relevante: practicar una cultura científico-tecnológica activa es más probable en aquellos individuos y grupos dotados de suficiente capital cultural y socioeconómico. La homología estructural entre capital cultural, capital económico y capital científico parece suficientemente demostrada (Polino, 2021; Archer et al., 2015).

La sociología de la pandemia es, siguiendo a Zinn (2021), una oportunidad única para examinar cómo los riesgos se abordaron y equilibraron en la toma de decisiones a nivel mundial, nacional y de la vida cotidiana, y cómo el conocimiento sociocultural, la configuración institucional y los recursos materiales dieron forma a las respuestas. Lo que ilustra «cómo el conocimiento científico incierto y la experiencia de la vida cotidiana se combinan y cambian con el tiempo en la toma de decisiones políticas, así como en el compromiso de la vida cotidiana de las personas con el virus y las regulaciones relacionadas» (Zinn, 2021, p. 436).

La cultura del riesgo es una cultura política en la que sistemas expertos, gobiernos e individuos tratan de decodificar las claves del futuro, a sabiendas de que la evaluación de los riesgos es imperfecta y está dominada por la incertidumbre. ¹² La crisis sanitaria dejó al descubierto la tensión constitutiva que existe en la interacción de los aspectos epistémicos (conocimiento) y las cuestiones axiológicas (valorativas) en la definición y resolución de problemas científicos y sociales. Se trata de las coordenadas que Funtowicz y Ravetz (2000) establecían hace tiempo en relación con la nueva realidad de los sistemas técnicos, es decir, con el advenimiento de una etapa de ciencia post-normal donde «la incertidumbre y lo que se pone en juego en la decisión son los opuestos de los atributos que tradicionalmente se pensaba que caracterizaban a la ciencia, a saber, su certeza y neutralidad valorativa» (Funtowicz y Ravetz, 2000, p. 37) ¹³ . La incorporación de los valores a las decisiones, y la participación política extendida, hacen que las decisiones devengan más complejas, pero también más matizadas y, por tanto, mejores y más compatibles con opciones sociales robustas. La defensa de la «participación extendida» (Funtowicz y Ravetz, 2000) para las decisiones sobre los riesgos tiene así fundamento en perspectivas éticas que persiguen formas legítimas para la convivencia en las sociedades de la alta tecnología. Es la tesis que defendió León Olivé, cuando planteaba que «para todo tipo de riesgo que afecte a intereses colectivos de un sector de la sociedad, o que afecte a la naturaleza, es éticamente indispensable la participación pública en el proceso que va de la identificación a la gestión del riesgo» (Olivé, 2009, p. 291). Además, no hay que perder de vista que la participación en la evaluación y gestión del riesgo y la confrontación de puntos de vista «encuentran su justificación ética en las ideas más acendradas sobre la persona y la democracia del pensamiento moderno» (Olivé, 2009, p. 307).

La comunicación pública de la ciencia es, en dicho sentido, un vector fundamental en el desarrollo y adquisición de cultura científica y cultura tecnológica ciudadana. Pero la crisis también mostró que la comunicación de los riesgos que afectan de forma fuerte la vida de las personas -e incluye las controversias dentro de los campos y las disciplinas científicas- requiere, siguiendo la prescripción metodológica elaborada por José Antonio López Cerezo, capacitar a los receptores para que se formen una opinión equilibrada, en línea con la evidencia empírica, mostrar los argumentos en disputa y los valores implicados, así como facilitar información adicional para que los ciudadanos puedan evaluar diferentes situaciones y escenarios. La claridad en los posicionamientos y la transparencia de la información contribuyen a fortalecer la confianza y, a la larga, terminan siendo vectores de persuasión (López Cerezo, 2017).

Sucede, sin embargo, que la asimetría social debilita tanto el éxito de la comunicación del riesgo como las oportunidades de participación política extendida (Funtowicz y Ravetz, 2000) y, mediante esa vía, compromete los alcances de la democracia deliberativa. La pandemia, que agudizó todo tipo de tensiones sociales, se transformó en una muestra de cómo y por qué ese modelo de cultura política está amenazado. Sin embargo, la convivencia democrática requiere que recuperemos el horizonte participativo, así como los cauces institucionales que lo favorezcan. Si lo que buscamos son decisiones y alternativas legítimas para la convivencia, entonces la participación pública en el proceso que va de la identificación a la gestión del riesgo debe ser aceptada como exigencia ética (Olivé, 2009). Hablamos de una cultura sobre ciencia, tecnología y sociedad (CTS) aristotélica de ciudadanos prudenciales implicados en la gestión de lo público que hoy es tanto territorio geográfico como virtual, y que incluye la desacralización de los poderes públicos y políticos, el desacuerdo y la protesta que, «cimentados en una cierta desconfianza institucional, son signos de una democracia saludable en el actual mundo tecnológico» (López Cerezo, 2017: 181).

La pandemia, aunque en diferentes niveles y de forma desproporcionada en muchísimos casos, nos afectó a todos, y lo seguirá haciendo por mucho tiempo. Por tanto, también todos estamos involucrados. El ideal regulativo de la «ética dialógica» o comunicativa a la Habermas (1985) sigue allí en el horizonte. En democracia no se puede evitar la participación, cuya demanda solo crece. Antes que hacerlo y, con ello, aceptar las agendas refractarias al cambio, lo que debemos es fortalecer sus procedimientos. La negación de que la ciudadanía pueda tomar decisiones complejas «(...) niega de lleno la posibilidad misma de la democracia mientras no ofrece alternativas moral ni racionalmente válidas» (Welp, 2018, p. 305). La democracia de élites no se sostiene en la teoría ni tampoco tiene justificación en la práctica. La respuesta al argumento de que la ciudadanía con frecuencia no dispone de suficiente información para la toma de decisiones complejas no es la exclusión, sino la mejora de las instituciones y de los derechos políticos (Welp, 2020).

La política democrática debería favorecer cauces institucionales adecuados que beneficien la participación, junto con estrategias que hagan frente a la desinformación, a las tácticas del engaño, y a la exacerbación de los discursos del odio, con todas las herramientas institucionales disponibles que faciliten el acceso a información técnica y política de calidad. La tecnocracia como reemplazo de la política es contraria a los principios democráticos de justicia e igualdad en la medida en que «la apuesta a dejarlo todo en manos de las elites o de los expertos intenta ocultar que el capital humano se distribuye según el nivel de acceso a bienes y, por tanto, expresa las desigualdades existentes» (Welp, 2020, p. 64). Sin embargo, eso no significa que haya que prescindir de los expertos, es decir, asumir las lógicas también perniciosas del populismo democrático, sino que deben estar integrados adecuadamente en el juego democrático. La renovación del pensamiento democrático requiere superar el antagonismo entre populismo y democracia (Innerarity, 2020). En definitiva, se trata de la elaboración consensuada de políticas que contribuyan a contrarrestar los efectos de la desigualdad incrementando una cultura científico-tecnológica democrática en escenarios sociales de complejidad creciente. Si, por un lado, las prácticas políticas requieren la participación y la movilización ciudadana, por otro lado eso no asegura automáticamente que la democracia sea más igualitaria. En términos de Daniel Innerarity, «la mejor defensa de lo que estoy llamando democracia compleja -en la que hay también representación y deliberación- es la apelación a la igualdad política, que únicamente se garantizan mediante determinados procesos de mediación política» (Innerarity, 2020, p. 311). Se trata de sofisticar la democracia, hacerla más compleja, menos simplista en sus consignas y en sus métodos.

Los defensores de la democracia y de los principios republicanos de gobierno siempre argumentaron que las desigualdades económicas son enemigas de la democracia (Dahl, 1989). La democracia tiene hoy demasiados «enemigos íntimos» (Todorov, 2012). De un lado, mesianismos políticos que llevan a la guerra geopolítica por la supremacía militar, económica y de la alta tecnología. De otro lado, ultraliberalismo que instaura un modelo económico que subyuga a la política con el ánimo de seguir carcomiendo las conquistas del estado de bienestar. A su vez, el poder de influencia de los medios de comunicación, por momentos incluso desestabilizador, que condiciona la agenda de la política y que, particularmente en el caso de la ciencia, en más de una ocasión erosiona la autonomía necesaria para su normal funcionamiento. Como telón de fondo, el populismo, el aumento de los nacionalismos excluyentes, junto con los desplazados por la violencia de la guerra, la marginalidad, o bien la xenofobia, la aporofobia y otras «patologías sociales» como las designa Cortina (2017). Por eso es prudente aceptar con Lee McIntyre que «es peligroso ignorar la realidad»; y que «una vez que somos conscientes de nuestros sesgos cognitivos, estamos en una mejor posición para derribarlos»; o bien, que «si alguien nos miente, podemos escoger si creerle o no, y desafiar a continuación cualquier falsedad», ya que «cómo reaccionar ante un mundo en el que alguien trata de taparnos los ojos es algo que depende de nuestra decisión», porque «la verdad aún importa, como siempre lo ha hecho» y «reparar a tiempo en ello está en nuestras manos» (McIntyre, 2018: 164). Sin embargo, otra vez nos encontramos con el escollo de que la población más vulnerable tiene menos opciones para actuar de esa forma. La desigualdad opera en detrimento del pensamiento crítico.

Para avanzar con el desarrollo de una cultura democrática igualitaria conviene, por un lado, construir condiciones objetivas de acceso a la educación para quienes tienen dificultades para hacerlo y mantenerse dentro de los sistemas educativos; aquejados, en mayor o menor medida, por tasas de abandono e historias de fracaso escolar incompatibles con los derechos individuales y con la constitución de una sociedad igualitaria. La educación, con sus dificultades, amenazas y contradicciones derivadas de la conflictividad social, sigue siendo la mejor vía de la senda democrática, puesto que «la única salida a la alternativa del populismo o del conservadurismo, dos formas de esencialismo que tienden a consagrar el status quo, consiste en trabajar para universalizar las condiciones de acceso a lo universal» (Bourdieu, 1997, p. 216). No obstante, se trata de recomponer una función educativa reenfocándola desde la visión actual de educación para la renta, impulsada por la hegemonía del mercado y de los poderes económicos, hacia una educación para la democracia. La primera es insensible a las desigualdades sociales y redistributivas, porque le basta con disponer de élites preparadas para los negocios y para gobernar, competentes con las destrezas de la tecnología y las matemáticas (Nussbaum, 2010).

Hay que revalorizar, por otro lado, el papel de la educación en la formación integral de las personas. Una educación que beneficie la gestación de la razón teórica, que lleva al conocimiento, y de la razón práctica, que conduce a la deliberación, a la elección de las mejores alternativas. Aquello que los griegos supieron captar con el concepto de paideía, la enseñanza de saberes y destrezas técnicas, y la transmisión de valores para actuar adecuadamente como ciudadanos. Por eso, la información para los ciudadanos es necesaria pero insuficiente. Si se presume de buena calidad, puede derivar en la generación de conocimiento, como sucede con el conocimiento científico; aunque el conocimiento tampoco alcanza. Lo decía con perspicacia Charles Wright Mills al filo de la década de los años sesenta del siglo XX en su influyente ensayo sobre la imaginación sociológica: en la «edad del dato», la información domina y rebasa la capacidad de las personas para asimilarla. Por este motivo, no se necesitan solo destrezas intelectuales, sino también «una cualidad mental que les ayude a usar la información y a desarrollar la razón para conseguir recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo y de lo que quizás está ocurriendo dentro de ellos» (Mills, 2003, p. 24). En suma, la distinción entre conocer y pensar. Es el pensamiento el que analiza, duda, disiente y puede dirigirnos hacia la responsabilidad moral. Junto con el conocimiento teórico, la educación ciudadana requiere de habilidades de pensamiento y la forja del carácter del individuo como sujeto de derechos y obligaciones que hacen a las «virtudes cívicas» que lo comprometen con el interés general.

La educación es el ámbito por excelencia donde debemos seguir exigiendo el desarrollo de las competencias necesarias vinculadas con la formación de la personalidad moral; donde debemos seguir defendiendo la importancia de los valores morales para la educación ciudadana: libertad, igualdad, solidaridad, respeto activo, predisposición al diálogo, etcétera (Cortina, 1997). Educar es contribuir a la formación de personas autónomas, aunque excede estos propósitos. La tarea fundamental de la educación es formar buenos ciudadanos, que hoy necesariamente deben ser «ciudadanos cosmopolitas» (Cortina, 1997), con la sensibilidad necesaria para afrontar los retos del tiempo que les toca vivir. En la actualidad ese tiempo es el de los algoritmos, el big data, la inteligencia artificial, el cambio climático y la intromisión del capitalismo en todos los órdenes de la vida. Es, así, el mundo de la perniciosa ideología de la autoayuda y de la efímera felicidad (Salecl, 2010); en el que se mide el éxito social con el baremo de los «likes»; se recompensa la ley del menor esfuerzo y la inmediatez; se prohíbe la frustración, el aburrimiento, o se condena el silencio al ostracismo. Es igualmente el mundo en el que triunfó el ecosistema digital, y donde los «señores de las nubes» (Echeverría y Almendros, 2020) ejercen un peligroso dominio disfrazando al mercado de democracia. En suma, un «tercer entorno» (Echeverría, 1999) de redes informatizadas que reproduce las estructuras sociales de la desigualdad. Como hace tiempo planteaba Cortina (1997), una respuesta a los efectos de la globalización económica es la globalización de la ética y la universalización de la justicia social. Es, por tanto, también el momento de la responsabilidad moral de la que habla Sennet (2006) frente al hiriente abismo de la desigualdad global. En este terreno, la educación puede marcar diferencias fundamentales. Si como argumenta Camps (2008), la educación es impotente frente a las desigualdades de la renta, no lo es para fomentar valores cívicos y virtudes políticas que, como todo hábito, se adquieren por la repetición de comportamientos.