En la última década, la migración en Chile ha tenido una transformación importante. Ha pasado de ser un proceso en el cual predominaban los y las extranjeras provenientes de países limítrofes, a transformarse en un flujo heterogéneo de personas y colectivos procedentes de distintos orígenes de América Latina. En la actualidad, se estima que las y los ciudadanos venezolanos conforman el 30,7% de la población migrante, seguidos por ciudadanos/as del Perú (16,3%), y luego, de Haití (12,5%), (Departamento de Extranjería y Migración, DEM, e Instituto nacional de Estadística de Chile, INE) ¹ . Precisamente, la población proveniente desde Venezuela ha cambiado radicalmente el patrón migratorio en Chile: mientras que hasta hace diez años atrás dicho país ni siquiera aparecía en los reportes de las principales nacionalidades de migrantes, hoy se presenta en el primer lugar (Organización Internacional de las Migraciones, OIM Chile) ² . Esta transformación se aprecia con mayor fuerza a partir de 2017, cuando se inicia el llamado éxodo venezolano (Koechlin y Eguren, 2019, p. 9).

La extensión de dicho fenómeno a nivel nacional ha permitido que hoy día existan diversos estudios y enfoques en torno a la transformación de las ciudades a la luz de la migración: mientras algunos ponen atención en el comercio y economías étnicas (Garcés, 2015, p. 151), otros lo hacen en las redes formadas y las etnificaciones urbanas (Imilan, Garcés y Margarit, 2014, p. 25). Y si bien hay un amplio debate en torno a la temática, existe también un relativo consenso en destacar el papel activo de los y las migrantes como productores de lugares (Glick Schiller y Çağlar, 2011, p. 65). Específicamente respecto al acceso a la vivienda, los estudios han enfatizado la necesidad fundamental de contar con una residencia habitual adecuada, accesible y segura durante el proceso migratorio (Murdie, 2008, p. 85), a la vez que se ha evidenciado la discriminación que sufren migrantes en esta búsqueda, pues la mayor parte de viviendas disponibles para las poblaciones migrantes están en malas condiciones, no tienen el tamaño, calidad e incluso condiciones de habitabilidad mínimas (Colom Andrés y Molés Machí, 2017, p. 482). En tal sentido, la precarización habitacional a la que se enfrentan responde a una racialización del espacio urbano (Bonhomme, 2021, p. 167) que determina el acceso a la vivienda y la manera en la que habitan la ciudad. Es más, ello repercute en la reproducción del racismo como mecanismo de exclusión social que condiciona o limita el derecho a la vivienda digna y de acceso igualitario entre población autóctona y migrante.

Dada la considerable crisis en materia de vivienda en Chile (Sugranyes y Jiménez, 2013, p. 20), sumado a las exigencias económicas y administrativas que se exigen a la población migrante, el aseguramiento del acceso a una vivienda adecuada para este colectivo se transforma en uno de los mayores desafíos de la actual política de vivienda, especialmente dado el «incierto estatus migratorio de muchos, debido al tiempo de espera excesivo que implican los procesos de visado y regulación, [lo cual] ocasiona una exclusión financiera» (Bonhomme, 2021, p. 173). Así, para arrendar en el mercado formal se requiere de una serie de requisitos que dificultan su acceso al migrante, como el permiso de residencia (visa temporal o definitiva), además de que «se suelen exigir pruebas de estabilidad laboral (seis meses de cotización, contrato de trabajo), depósitos de garantías por uno o dos meses y el primer mes de arriendo por adelantado» (Bonhomme, 2021, p. 173). Frente a estas dificultades, el arriendo informal se instala como la opción más concreta de acceder a un lugar para habitar y la única opción viable (Domínguez, 2021) ³ .

Desde estas bases, se puede afirmar que la condición migratoria es, en sí misma, un factor de discriminación para acceder a la vivienda, situación que se agudiza aún más para mujeres (Nawyn y Park, 2019, p. 230). Para algunas autorías (Parker y Leviten-Reid, 2021, p. 15) las mujeres migrantes enfrentan discriminación en el mercado de alquiler, sobre todo aquellas que tienen hijos/as, pues muchos propietarios rechazan el alquiler a familias con infantes.

En este contexto, el presente estudio se focaliza en comprender cómo la intersección entre género y migración influye en el acceso a la vivienda por parte de mujeres migrantes venezolanas en Chile, observándose procesos de discriminación estructural que inciden directamente en el acceso a esta. Tal aproximación aporta luces para la comprensión de las migraciones en la ciudad y la complejidad del fenómeno, producto de la imbricación de categorías que generan violencias, mayor vulnerabilidad y desigualdades específicas. De esta manera, se busca contribuir a los estudios urbanos latinoamericanos, que, desde la perspectiva feminista, han sido cuestionados no sólo por incorporar tardíamente el análisis de género en las ciudades, sino también por hacerlo parcialmente (Soto Villagrán, 2016, p. 40).

Así, el presente artículo analiza no solo las barreras que encuentran las mujeres en general y las migrantes en particular, sino que también da cuenta de las estrategias de agencia que despliega este colectivo para habitar y construir sus hogares. Cabe precisar que del total de personas extranjeras residiendo en el país, una leve mayoría son hombres (50,9%), aunque, a nivel nacional, la proporción de mujeres migrantes ha aumentado durante los últimos años ⁴ . Desde este incremento, las mujeres han dejado de ser vistas como meras acompañantes, evidenciando el protagonismo femenino en los movimientos transnacionales (Contreras y Alcaide, 2021, p. 503). Por lo demás, este estudio se centra en dos ciudades que han sido opacadas frente a las numerosas investigaciones sobre el fenómeno en Santiago. Para ello, es relevante evidenciar lo que ocurre con las migraciones en ciudades fuera de la capital, en tanto dichos territorios y dinámicas también se ven modificadas a la luz de los procesos migratorios contemporáneos.

Para dar respuesta a estos objetivos, el texto que sigue se ha organizado en los siguientes apartados: primero se da cuenta del contexto migratorio venezolano, para luego exponer el enfoque teórico interseccional relacionado con el acceso a la vivienda y de los procesos de agencia. El apartado siguiente desarrolla la metodología utilizada. El capítulo de análisis está dividido en tres subsecciones, (1) feminización y racialización en el acceso a la vivienda, (2) estrategias: allegamiento ⁵ y cohabitación, y (3) prácticas de agencia: estrategias de gestión colaborativa y redes. En el último apartado se proponen algunas reflexiones finales que apuntan a repensar la vivienda como un eje clave para la integración social.

Según estimaciones de la Naciones Unidas (ONU) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para junio de 2021, 5.6 millones de venezolanos y venezolanas estaban viviendo en el extranjero, de los cuales al menos 4.6 millones se encontraban en países de América Latina y el Caribe (Chaves-González, Amaral y Mora, 2021, p. 4). Entre las principales naciones de destino, se encuentran Colombia, Brasil, Chile, Ecuador y Perú, las cuales reciben al 70% del total de migrantes y refugiados/as venezolanos ⁶ . La masividad de esta migración se enmarca en una de las mayores crisis sociales y económicas que ha atravesado Venezuela durante los últimos años. La escasez de alimentos y medicinas, la permanente inflación, entre otros problemas económicos y sociales, han provocado uno de los movimientos migratorios más numerosos del mundo en la actualidad (Cadenas, 2018) ⁷ .

El flujo migratorio venezolano se inicia con fuerza a partir de 2017. Inicialmente quienes migraron provenían principalmente de clases altas, con altos ingresos y alta formación, sin embargo, en los últimos años se ha visto una migración de clases medias y bajas, con menos niveles de educación, diversificando el patrón migratorio venezolano. Durante el año 2018 surgen una serie de acciones entre los gobiernos de América Latina para dar respuesta a la masividad de los movimientos migratorios de venezolanos. Perú, Ecuador, Colombia y Chile crearon estatus legales que facilitaron el ingreso o el tránsito a través de sus países. En Chile se creó el visado de Responsabilidad Democrática (VRD), que flexibilizó el ingreso y la documentación requerida. Sin embargo, durante el año 2019 las restricciones volvieron a implementarse en distintos países de América Latina. Por ejemplo, en Perú, donde había un clima de apertura hacia la migración venezolana, el 2019 se volcó hacia una política de securitización y criminalización, acompañado de una fuerte xenofobia (Freier y Pérez, 2021, p. 121). En Chile, se limitó el otorgamiento de la VRD y, además, se cambió el mecanismo de solicitud: pasó de otorgarse directamente en la frontera, a concederse a través de una solicitud consular previo al inicio del viaje.

A partir de 2020, producto de la pandemia de COVID-19 y el consecuente cierre de fronteras, los movimientos migratorios de venezolanos/as no han cesado, sino que sus rutas se han transformado. En el caso de Chile, por ejemplo, aunque entre marzo de 2020 y el 01 de noviembre 2021 sus fronteras se mantuvieron cerradas para población extranjera, los migrantes buscaron nuevas formas para llegar al país a través de pasos no habilitados. De hecho, investigaciones recientes dan cuenta de cómo migrantes venezolanos atraviesan caminando países y fronteras, por lo que son llamados los caminantes (Roth, 2021, p. 8). La masividad de este fenómeno, junto con la criminalización de la migración por parte del gobierno y los medios de comunicación, han provocado una ola de xenofobia en la ciudad de Iquique; un ejemplo de ello fue lo sucedido en el mes de septiembre de 2021, donde tras una manifestación antinmigrantes, un grupo de gente procedió a quemar las pocas pertenencias que tenían algunos/as migrantes que vivían en la vía pública.

Es importante mencionar que la migración venezolana está asociada a una experiencia de suspensión en el tiempo, como si el periodo migratorio fuese un intermedio en sus vidas, un espacio in-between (Roth, 2021, p. 8). Allí, la noción de espera adquiere relevancia, pues persiste la idea de que la situación socioeconómica en su país mejorará y podrán regresar, a riesgo de convertirse en un mito perenne, que se traspasa entre generaciones y que tiene implicancias en el acceso a la vivienda: en la esperanza del regreso, se puede tender a aceptar malas condiciones de vivienda, asumiéndola como transitoria, aunque esa transitoriedad pueda durar varios años.

El encuadre teórico que ofrece la interseccionalidad permite analizar cómo se estructuran las opresiones, desigualdades y discriminaciones que enfrenta la población racializada. En concordancia con ello, Crenshaw (1989, p. 145) apunta que, para entender cómo se configura la racialización hacia los grupos oprimidos, en especial hacia las mujeres, es necesario explorar en las estructuras, procesos y representaciones sociales vinculadas al género, la raza y la clase, entre otras. Precisamente, estas categorías, más allá de ser identitarias, se constituyen como clasificaciones sociales que interactúan y generan procesos de racialización, pues son utilizados como marcadores que buscan estructurar una diferencia jerarquizada (Grosfoguel, 2012, p. 55); de manera similar operan aquellas asociadas a aspectos culturales, religiosos, sexuales, etc. La desigualdad estructural producto de dicha intersección deviene en ámbitos como el acceso a la vivienda, el empleo, o, incluso, en situación de violencia machista. En esta línea, Hill Collins (2009) señala que los diferentes ejes de opresión, entrelazados y en codependencia, conforman una matriz de dominación que evidencia un patrón común en torno a cómo se organiza el poder y la estructura social (Cruells, 2015, p. 37). Así, tanto Crenshaw como Hill Collins centran sus análisis en los procesos que genera la intersección de categorías identitarias y/o clasificaciones sociales, destacando que las desigualdades y la relación entre ellas dependerá del contexto en el que se desarrollen (Cruells, 2015, p. 38).

Estudiar el acceso a la vivienda por parte de mujeres migrantes en Chile implica comprender la regulación migratoria como eje analítico, que, cruzado con las categorías de clase social, género y raza, confiere diferenciadas y múltiples experiencias, determinadas por factores contextuales como la existencia de una política migratoria restrictiva, la política de acceso a la vivienda, el racismo social e institucional, la economía informal que deviene en precariedad y las dinámicas de exclusión. Asimismo, se forman contextos de abusos y discriminaciones que pueden derivar en situaciones de subarriendo, ocupación informal, allegamiento, o en la entrada a habitar en campamentos (López-Morales, Flores Pineda y Orozco Ramos, 2018, p. 163). En efecto, el acceso a la vivienda y al espacio urbano de la población migrante se asocia a diversos procesos de segregación, es decir, como formas de inclusión diferencial. En este sentido, se entiende que «la inclusión puede estar sujeta a variantes grados de subordinación, reglas, discriminaciones y segmentación en un ámbito o esfera determinada» (Mezzadra y Neilson, 2017, p. 14).

La vivienda es uno de los factores claves para luchar contra la exclusión social (Juan Toset, 2011, p. 126) y es un eje esencial para asegurar el derecho a la ciudad (Lefebvre, 2020, p. 20). Esta situación se vuelve fundamental para la población migrante, quienes suelen residir en viviendas de baja calidad y en zonas degradadas de la ciudad. Ahora, cuando a este análisis se añade la categoría de género, el escenario se complejiza aún más, pues, como recuerda Massey (1994, p. 177), los espacios y lugares no son neutrales a las diferencias de género. Las mujeres migrantes se ocupan de organizar y sostener económicamente los cuidados familiares tanto en su hogar de origen como en destino (Magalhães, 2021, p. 6), significando un desgaste que conlleva mayores niveles de estrés y ansiedad. Adicionalmente se configura un escenario con discriminaciones y condiciones laborales adversas, principalmente por desenvolverse en el mercado informal, sin contar con las garantías laborales y sociales mínimas (Parella, 2021, p. 105). Por tanto, observamos cómo el ser inmigrante es una categoría analítica que al imbricarse con el género en un contexto urbano desigual y sociolaboral hostil, provoca inequidades específicas. Sin embargo, en el marco de estos constreñimientos para el acceso a la vivienda, aparecen también estrategias de agencia y/o resistencia que las y los propios actores despliegan, para resolver la situación identificada como problemática (Magliano y Perissinotti, 2020, p. 10).

La interseccionalidad, por tanto, es un enfoque teórico-metodológico que propone analizar cómo los cruces entre categorías identitarias, clasificaciones sociales y estructuras de poder producen contextos complejos de desigualdad y violencia; es decir, «reflexiona acerca de las experiencias de los grupos subordinados y las relaciones de poder que estructuran las sociedades, no subsumiéndolas a una sola forma de clasificación social» (Magliano, 2015, p. 695). Además, y siguiendo a Magliano (2015, p. 694), la interseccionalidad permite analizar la forma en que los sujetos cuestionan y resisten a las lógicas de poder. Precisamente, este enfoque nos remite a la agencia entendida como la capacidad de cuestionar y/o enfrentar situaciones de opresión como también las normas e instituciones que perpetúan la subordinación (Hanmer y Klugman, 2016, p. 238). Al respecto, Güell, Arrasate y Solé indican que el concepto de agencia imbricada permite dar cuenta de «los constreñimientos sociales y culturales bajo los cuales se ejerce la capacidad de decisión y acción en un contexto determinado» (Güell, Arrasate y Solé, 2020, p.53). En este sentido, los escenarios de riesgo pueden ser leídos en clave de vulnerabilidad, justamente porque este concepto se asocia a las amenazas socioeconómicas, la fragilidad institucional y al debilitamiento de las redes sociales, familiares y comunitarias, lo que dificulta o limita la capacidad de respuesta de los individuos (Lenta y Zaldúa, 2020, p. 1). Pero, por otro lado, y tal como plantean Butler, Gambetti y Sabsay (2016, p. 45), es en contextos de vulnerabilidad donde se activa la capacidad de agencia, al ser un motor de transformación por revertir aquello que subordina y genera violencia. Si bien la vulnerabilidad posibilita la acción, no es un indicador totalizante para ello, pero por lo pronto facilita descentrar el análisis dicotómico entre acción/inacción; vulnerabilidad/agencia-resistencias (Contreras y Alcaide, 2021, p. 501).

El presente artículo es el resultado de una investigación cualitativa, focalizado en dos ciudades chilenas, que tradicionalmente han sido opacadas frente a las numerosas investigaciones sobre el fenómeno en Santiago o en las ciudades del norte del país, me refiero a Valparaíso y Viña del Mar. En un principio, la investigación pretendió ser etnográfica, por lo que en junio 2019 se inició una observación participante en tres organizaciones de migrantes y pro-migrantes. El trabajo etnográfico tradicional tuvo una duración de cinco meses, entre junio y octubre de 2019. Durante octubre de ese año, en Chile ocurrió el llamado estallido o revuelta social, eventos que transformaron el quehacer sociopolítico en el país y las organizaciones con las cuales se trabajaba, paralizaron o cambiaron sus actividades; luego de ello, la situación no volvió a la normalidad. Posteriormente, en marzo de 2020 inicia en Chile la pandemia del COVID-19, cuyas medidas sociosanitarias han tenido a la población confinada durante más de un año.

En este contexto y apelando a la flexibilidad propia de la investigación cualitativa (Vasilachis, 2006, p. 23), hemos debido transformar la estrategia metodológica, ya no basada en la presencialidad de la observación participante, sino en estrategias de investigación no-presenciales. Para ello se realizaron entrevistas cualitativas semiestructuradas, las cuales se llevaron a cabo de manera audiovisual, a través de plataformas digitales como Zoom. Para este artículo, se presenta el análisis de 20 entrevistas a mujeres venezolanas, llevadas a cabo entre marzo 2020 y enero 2021. Las entrevistadas son mujeres adultas, entre 20 y 59 años. En la selección de las entrevistadas se priorizó la heterogeneidad, por ejemplo, si bien la mayoría de ellas son madres, también hay algunas que no lo son. Aunque la mayor parte tiene vínculos familiares -ya sea en Chile o Venezuela-, cuatro de las entrevistadas no los tiene. Cinco entrevistadas lideran familias monomarentales; mientras que otras once entrevistadas viven con su pareja e hijos, o con otro tipo de familiares. En general, tienen un alto nivel de educación, pues seis de las participantes tienen educación media o técnica completa, mientras que catorce entrevistadas cuentan con educación superior completa. Del total de entrevistadas, sólo una de ellas se desempeña en el ámbito laboral de su profesión, y, en contraste, la gran mayoría realiza trabajos vinculados a servicios domésticos, comercio o servicios.

Reconociendo que el acceso a una vivienda digna y adecuada es una de las piedras angulares en la lucha por mayor equidad y que a su vez es una pieza clave para asegurar el derecho a la ciudad (Lefebvre, 2020), este artículo se ha propuesto reflexionar en torno a cuáles son las barreras que enfrenta una parte de la población para contar con un lugar donde vivir, pero también ha pretendido dar cuenta de las múltiples formas que adquiere la vivienda migrante. De este modo, nuestro objetivo ha sido analizar el clivaje entre género y migración como enclave que genera procesos de racialización y discriminación hacia las mujeres venezolanas en el acceso a la vivienda.

Como ha quedado en evidencia a lo largo de este documento, acceder a la vivienda no implica sólo asegurar un techo. Acceder a una vivienda adecuada significa contar con un espacio que proteja la vida, que resguarde no sólo del clima, sino también de las heterogéneas violencias a las que son sujetas las mujeres, y que además permita la reproducción de la vida. Reconocemos que el derecho a una vivienda adecuada y digna se vulnera en muchas ocasiones en Chile, dada la crisis de la vivienda antes mencionada, sin embargo, en un contexto caracterizado por las dificultades relacionadas con la irregularidad migratoria, la precariedad laboral y la conciliación familiar, se hace trascendental asegurar el acceso a una vivienda adecuada. La vivienda cobra aún más relevancia si consideramos que esta ejerce como un pivote para asegurar estabilidad en otras dimensiones de la vida, tanto la vida laboral como familiar.

En este sentido, ha quedado en evidencia que las barreras institucionales, así como los impedimentos informales dificultades el acceso a una vivienda adecuada para las mujeres venezolanas; pero también se han expuesto las diversas estrategias que tienen estas mujeres para sobrepasar estas barreras, conformando múltiples formas de habitar. En este sentido, se destacan experiencias residenciales que dan cuenta de cómo las mujeres adoptan estrategias para sortear, a corto y mediano plazo, el acceso a la vivienda. Destaca particularmente la reconfiguración del allegamiento, que permite entrever que en los procesos migratorios las concepciones de familia son flexibles y se adaptan al contexto. Por lo demás, estas nuevas formas familiares y de vivienda permiten entender la articulación de redes de soporte entre mujeres, la formación de espacios compartidos para habitar, y la construcción de relaciones de soporte y apoyo mutuo que facilitan -o permiten menguar- la complejidad que conlleva la precariedad habitacional.

La vivienda para las mujeres migrantes debe ser comprendida desde una mirada compleja, que integre las dificultades del acceso a la vivienda, con la dimensión de los cuidados, la conciliación del trabajo remunerado y no remunerado y que permita avanzar hacia una noción de vivienda que favorezca la reproducción de la vida.

Precisamente, bajo estas consideraciones es posible analizar cómo se va tejiendo una vulnerabilidad imbricada que nos devela la urgencia por trabajar, teórica y metodológicamente, desde la interseccionalidad, pues ofrece un marco en el que se logra comprender la multicausalidad y dimensionalidad de los fenómenos sociales. De esta manera, situar desde la interseccionalidad la relación entre territorio, vivienda, género y migración permite profundizar en una problemática tan relevante como contingente para nuestras ciudades.